A finales de enero, la Fiscalía General de Cuba informó que 790 personas enfrentaban procesos penales por haber participado de las protestas del 11 de julio de 2021, entre ellas 115 acusados/as con edades entre 16 y 20 años. De ese número de acusados, 68% se encontraba en prisión provisional desde julio.
Por: Daniel Sugasti
El 14 de febrero se hicieron públicas las primeras sentencias por sedición a 20 manifestantes de Holguín (oriente de la isla), incluidos cinco menores de edad. Desglosando, fueron dos condenas a 20 años de prisión, tres a 18 años, dos a 17, uno a 15, dos a 14, dos a 12 y dos a siete. Un joven de 18 años fue condenando a cinco años de “trabajo correccional sin internamiento”. Los cinco menores (cuatro de 17 años y uno de 16) fueron sentenciados a “cinco años de limitación de libertad”, cuando la fiscalía cubana solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel.
El pasado 16 de marzo, el régimen cubano dio a conocer más sentencias: 128 personas fueron condenadas a penas de entre seis y 30 años de cárcel. Específicamente, las sentencias corresponden a los acusados involucrados en los sucesos de la esquina de Toyo y en el barrio la Güinera, Arroyo Naranjo. Planteado de otro modo, el total de pena suma 1.916 años de privación de libertad. Según la ONG Prisoners Defenders, siete adolescentes de 16 y 17 años fueron condenados a penas de entre siete y 19 años en la cárcel. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, “…77% de los condenados no contaba con antecedentes penales…”[1].
El proceso del Tribunal Provincial Popular de La Habana, realizado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, contaba con 130 imputados. Es decir, solo uno resultó absuelto. Otro acusado recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”.
Las sentencias fueron, principalmente, por sedición y hurto, presentados como “…graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”[2].
Una muestra del carácter político-represivo de las sentencias emitidas es que las “evidencias” presentadas por los acusadores fueron, justamente, las consignas planteadas por las manifestaciones a las que los acusados adhirieron. De acuerdo con la lógica utilizada por los jueces, la configuración del delito de “sedición” se concretó porque la supuesta intención de los que protestaban consistía en “…lacerar el orden constitucional popularmente respaldado, pues eran esas las consignas que se enarbolaban”[3]. En otras palabras, consignas tales como “patria y vida”, “libertad”, “Díaz-Canel, singao”, “policía, pinga”, “policías singaos, váyanse de aquí”, “asesinos”, “esbirros”, “abajo Díaz-Canel”, “abajo Raúl” y “abajo la dictadura” fueron la “prueba” que justificó la condena por delito de sedición y no por otro.
Cabe recordar que hasta diciembre de 2021 más de 1.300 personas habían sido detenidas a raíz del 11J, según la iniciativa Justicia 11J[4].
Las justificaciones de las sentencias del 14 de febrero ofrecen más elementos para comprender la persecución del régimen, en el mismo sentido de las del 16 de marzo. Los acusados fueron condenados, sencillamente, porque habían salido a protestar “exhortados por las maniobras que desde los Estados Unidos de América se hacían para desestabilizar el proceso revolucionario en Cuba, desconcertar el orden y la tranquilidad ciudadana, tratar de desalentar y confundir” al pueblo. Además, habrían cometido el delito de invitar “…insistentemente a ciudadanos que transitaban por la vía por otros motivos”, con la finalidad de exponer “la idea de un estado de inconformidad generalizado en el pueblo”. Para empeorar, el Estado cubano les achacó el delito de “insultar” a Díaz-Canel: “multitud de personas (…), siguiendo los modelos de actuación enseñados por los enemigos del sistema socialista, lanzaron insultos contra el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, con menoscabo del clima de quietud que ha caracterizado a la sociedad cubana”[5].
¿Cuáles fueron las pruebas que presentó el régimen? Meros testimonios de empleados del Estado, del propio Partido Comunista de Cuba (PCC) y agentes de Ministerio del Interior. En otros casos, información obtenida, sin permiso de los acusados, de sus teléfonos móviles o contenido publicado en redes sociales.
Tanto la acusación, la justificación y el proceso en sí, completamente viciado, dan cuenta de la completa ausencia de garantías jurídicas y libertades democráticas elementales. Los argumentos de los fiscales cubanos son dignos de los nefastos Juicios de Moscú, la farsa jurídica emprendida por el estalinismo en la década de 1930.
La acusación de atentar contra “el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”, o bien la supuesta intención de “destruir a la Revolución”, como explicamos en otras ocasiones, no tiene fundamento.
No se puede atentar contra algo que no existe. Y la realidad es que no existe “socialismo” en Cuba, puesto que la propia dirección castrista encabezó el proceso de restauración capitalista (liquidando lo que, en su momento, fue un Estado obrero burocratizado) asociado a capitales e intereses imperialistas, sobre todo europeos y canadienses. Lo que existe en Cuba es un régimen autoritario, policiaco y represor, controlado por la cúpula de Partido Comunista de Cuba (PCC) y el alto mando de las FFAA, que garantiza con mano de hierro la buena marcha de lucrativos negocios para los capitales extranjeros, asumiendo para sí un papel de “socio menor” de la entrega del país al imperialismo. Para ese régimen, es intolerable cualquier organización y acción independiente de la clase trabajadora y el pueblo cubanos. Su peor pesadilla es un estallido social, con las características que tuvo el 11J. Por esa razón, en Cuba no existe el derecho a la sindicalización independiente, a la reunión, a la huelga.
La intención del régimen al imponer condenas “ejemplares” contra los manifestantes del 11J es amilanar, desmoralizar a quienes se atrevieron a movilizarse contra la carestía, la crisis sanitaria, la asfixia política, la ausencia de las libertades democráticas más elementales hace más de ocho meses.
Desde el inicio, la LIT-CI se sumó a la campaña exigiendo la libertad inmediata de todos/as los/as presos/as políticos/as en Cuba y el fin de la represión del régimen liderado por Díaz-Canel. El avance de la criminalización hace imperioso redoblar esfuerzos, ampliar esta campaña democrática e internacionalista. Para ello, llamamos a todas las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, colectivos de artistas, intelectuales, en definitiva, a todos/as aquellos/as que defiendan los derechos humanos y las garantías democráticas, a que colaboren con esta iniciativa democrática.
La mayor parte de la izquierda mundial, influenciada por el castrismo y el estalinismo, guarda un silencio cómplice y criminal ante la represión del Estado cubano a los/as luchadores/as sociales. Es imperioso abandonar esta posición y sumarse a la campaña contra las prisiones, juicios sumarios, condenas ejemplarizantes, contra el intento de sofocar la protesta en Cuba.
En ese sentido, entre otras cuestiones, coincidimos con quienes firman un Manifiesto publicado por La Joven Cuba, cuando dicen que: “Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional”[6].
La persecución en Cuba no es un caso aislado. En realidad, la difamación, la criminalización, la represión son la respuesta a la que apela todo Estado burgués ante cualquier proceso de levantamiento popular que se les sale de las manos. Es el caso de los cientos de presos políticos a raíz de la revolución en Chile, o bien la persecución a dirigentes obreros como Sebastián Romero y Daniel Ruiz en Argentina. La represión, por otra parte, es particularmente descarda en regímenes autoritarios, apoyados más directamente en la cúpula de las FFAA, como es el propio caso cubano, pero también el de Venezuela, Nicaragua, Siria, China y Rusia. La izquierda castrochavista y estalinista, cuando apoya incondicionalmente esos regímenes, no hace otra cosa sino manchar el nombre del socialismo ante los pueblos valientemente enfrentan esos gobiernos.
Nosotros seguiremos sosteniendo la bandera de las libertades democráticas en Cuba, contra el régimen autoritario del PCC y las FFAA que, lejos de lo que representa el socialismo, siembra y cosecha terror, desigualdad social, hambre y migraciones forzadas. Consideramos esta tarea un punto de partida esencial para una lucha estratégica: una nueva revolución en la isla, que recupere las conquistas de 1959, ahora con profunda democracia obrera, combate permanente a las opresiones, con respeto a la diversidad y que inicie el camino hacia el socialismo.
¡Libertad a los presos políticos en Cuba! ¡Basta de represión!
¡Ninguna injerencia imperialista!
¡Abajo el régimen autoritario y capitalista de Díaz-Canel!
Notas:
[1] Ver: <https://observacuba.org/ocdh-condena-sentencias-tribunal-habana-falsa-criminalizacion-manifestantes-11j-cuba/ >.
[2] Ver: <https://www.efe.com/efe/america/portada/condenan-en-cuba-a-127-personas-1-916-anos-de-carcel-por-las-protestas-del-11j/20000064-4762984>.
[3] Ver: <https://eltoque.com/claves-sobre-las-sentencias-de-toyo-y-la-guinera>.
[4] Ver: <https://www.facebook.com/justicia11j/photos/209698907983152>.
[5] Ver: <https://eltoque.com/primeros-manifestantes-del-11j-condenados-por-sedicion>.
[6] Ver: < https://telegra.ph/Manifiesto-contra-el-silencio-por-la-justicia-03-21 >.
