A siete meses de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, recrudece la represión contra quienes se manifestaron. El 25 de enero, luego de más de medio año de silencio, la Fiscalía general de Cuba ofreció datos acerca de los procesos penales de los acusados por haber participado de las manifestaciones.
Por Daniel Sugasti
El informe oficial revela 117 expedientes abiertos contra 790 personas, entre las cuales hay 115 acusados que tienen entre 16 y 20 años[1]. El número de expedientes indica que se juzgaron o juzgarán a varias personas de modo simultáneo. Las autoridades cubanas, por otra parte, reconocieron que 68% de los acusados está en prisión provisional desde julio.
Sin embargo, la información de la Fiscalía es incompleta, puesto que solo recoge los casos en que las investigaciones han sido completadas, dejando de lado aquellas que están en fase inicial del proceso penal. Tampoco hablan del número exacto de personas que han sido detenidas durante y después del 11J. Según Justicia 11J, que, con familiares, los mismos encarcelados y otros activistas realizan un recuento de las prisiones, 1.393 personas perdieron su libertad con motivo de las protestas del 11 de julio. Puesto que las autoridades solo reconocen 489 presos, es evidente existen decenas de casos sin documentar y, por lo tanto, sin contabilizar por parte del Estado[2]. De acuerdo con esos datos, por lo menos 730 cubanos siguen en prisión, entre los que se cuentan “135 entre 12 y 20 años de edad, 7 menores de 16 años, 72 entre 16 y 18 años, y 56 entre 19 y 20 años”[3]. Sin embargo, ante tamaña persecución y aberraciones jurídicas, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró que en Cuba “no hay presos políticos”[4].
Los acusados enfrentan penas de hasta 30 años de prisión. La intención imponer castigos ejemplares para atemorizar a un pueblo y una juventud trabajadora y precarizada que despierta a la lucha política y se levantó contra décadas de penurias y represión. El estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA), Abel Lescay, por ejemplo, puede ser condenado a siete años de cárcel por el “desorden público” de haber insultado a un policía durante las protestas[5].
Diversos grupos de activistas y familiares han denunciado estas penas injustas y desproporcionadas, Hasta finales de enero, ocurrieron 84 juicios que dictaron sentencia a 172 personas, sin que la Fiscalía haya informado las penas impuestas. Pero los activistas y organizaciones de DDHH contabilizan muchas más sentencias. No existe transparencia. En todos los juicios se han negado los pedidos para televisarlos o que la prensa ingrese pueda ingresas para hacer una cobertura.
Según el Granma, los cargos son múltiples: “…desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición”, pero la Fiscalía deja claro que su respuesta legal ocurre en el marco de la acusación de atentado “contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”, puesto que, para ellos, el 11 de julio fue una conspiración para “destruir a la Revolución”[6]. En primer lugar, esta es una mentira del tamaño de la propia isla. Como hemos explicado en otros materiales, no existe “socialismo” en Cuba, puesto que la propia dirección castrista encabezó el proceso de restauración capitalista (liquidando lo que, en su momento, fue un Estado obrero burocratizado) asociado a capitales e intereses imperialistas, sobre todo europeos y canadienses.
Lo que existe en Cuba es un régimen autoritario, policiaco y represor, controlado por la cúpula de Partido Comunista de Cuba (PCC) y el alto mando de las FFAA, que garantiza con mano de hierro la buena marcha de lucrativos negocios para los capitales extranjeros, asumiendo para sí un papel de “socio menor” de la entrega del país al imperialismo. Para ese régimen, es intolerable cualquier organización y acción independiente de la clase trabajadora y el pueblo cubanos. Su peor pesadilla es un estallido social, con las características que tuvo el 11J. Por ese motivo, en Cuba no existe el derecho a la sindicalización independiente, a la reunión, a la huelga. Las características brutales del régimen castrista explican la saña de la persecución a todo lo que significó el 11J; su intención es amilanar, desmoralizar a quienes se atrevieron a movilizarse contra la carestía, la crisis sanitaria, la asfixia política, la ausencia de las libertades democráticas más elementales hace seis meses.
Entre el 31 de enero y el 7 de febrero se desarrolló el juicio a unas 33 personas “manifestantes del Toyo”, acusados de “sedición”, entre ellos seis menores de edad. No se conoce el resultado, pero la Fiscalía pedía penas de hasta 25 años de cárcel. El mismo 31 de enero hubo una protesta de más de 30 personas frente al tribunal del municipio habanero 10 de octubre, en la que fueron agredidas y arrestadas al menos 14 activistas, incluso muchos familiares de las personas encarceladas que, simplemente, protestaban gritando “justicia” y “libertad”. También fueron detenidas las activistas Daniela Rojo, Tata Poet, Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Carolina Barrero y Camila Rodríguez[7]. Carolina Barrero, luego de una fuerte presión y amenazas de la Seguridad del Estado (órgano encargado de vigilar e interrogar a cualquiera en el país) partió rumbo a Madrid: “La Seguridad del Estado me dio 48 horas para salir”, publicó en Facebook, puesto que, si no se marchaba, las madres detenidas y otros activistas “serían instruidos por el delito de desorden público”[8]. El 10 de febrero, la coordinadora de Justicia 11J, Camila Rodríguez, denunció en las redes de la organización que las puniciones por la protesta en el juicio llegaron a los mismos encarcelados, que fueron impedidos de recibir la “jaba” (bolsa con víveres, materiales de aseo y vestimenta) y visitas por 6 meses[9].
Aunque sometidos a interrogatorios constantes, como se puede ver frecuentemente en sus testimonios en redes sociales, acosados en sus ambientes laborales o locales de estudio, o incluso extendiendo ese acoso a sus familias, existen muchos activistas que, pese a las campañas de difamación, actos de repudio (escraches) y el clima de terror impuesto por la policía política castrista, están firmes, resistiendo y organizándose.
Desde la LIT-CI nos solidarizamos con todos/as los/as presos/as, sus familias, amigos/as, con los/as activistas cubanos/as que luchan contra el gobierno y régimen autoritario en la isla.
Desde el inicio nos hemos sumado a la campaña exigiendo la libertad inmediata de todos/as los/as presos/as políticos/as en Cuba y el fin de la represión del régimen liderado por Díaz-Canel. Es imperioso redoblar esfuerzos, ampliar esta campaña democrática e internacionalista. Para ello, llamamos a todas las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, colectivos de artistas, intelectuales, en definitiva, a todos/as aquellos/as que defiendan los derechos humanos y las garantías democráticas, a que colaboren con esta iniciativa democrática.
La mayor parte de la izquierda mundial, influenciada por el castrismo, guarda un silencio cómplice y criminal ante la represión del Estado cubano a los/as luchadores/as sociales. Todavía hay tiempo para abandonar esta posición y sumarse a la campaña contra las prisiones, juicios sumarios, condenas ejemplarizantes, contra el intento de sofocar la protesta en Cuba.
De nuestra parte, en la medida de nuestras fuerzas, seguiremos sosteniendo la bandera de las libertades democráticas en Cuba, contra el régimen autoritario del PCC y las FFAA que, lejos de lo que representa el socialismo, siembra y cosecha terror, desigualdad social, hambre y migraciones forzadas. Consideramos esta tarea un punto de partida esencial para una lucha estratégica: una nueva revolución en la isla, que recupere las conquistas de 1959, ahora con profunda democracia obrera, combate permanente a las opresiones, con respecto a la diversidad y rumbo al socialismo.
¡Libertad a los presos políticos en Cuba! ¡Basta de represión!
¡Ninguna injerencia imperialista!
¡Abajo el régimen autoritario y capitalista de Díaz-Canel!
Notas:
[1] Justicia11J denuncia que, de 520 ciudadanos enjuiciados, unos 67 tienen entre 16 y 20 años, y que de ellos 52 permanecen bajo prisión provisional.
[2] Ver: <https://eltoque.com/la-fiscalia-cubana-y-el-11j-silencio-y-manipulacion>.
[3] Ver: <https://www.facebook.com/justicia11j/videos/1509623116087696/ >.
[4] Ver: <https://www.dw.com/es/cuba-denuncian-juicios-masivos-tras-protestas-del-11j/a-60394153>.
[5] Ver: <https://litci.org/es/llamamiento-a-la-solidaridad-por-la-causa-de-los-presos-politicos-del-11-de-julio-en-cuba-el-caso-del-joven-artista-abel-lescay/>.
[6] Ver: <https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-01-24/informacion-sobre-los-procesos-penales-derivados-de-los-disturbios-del-11-de-julio-de-2021-24-01-2022-23-01-35 >.
[7] Ver: <https://litci.org/es/alto-a-la-represion-de-la-dictadura-diaz-canel/ >.
[8] Ver: <https://www.facebook.com/octavia.caseres.1/posts/469422628011549>.
[9] Ver: <https://www.facebook.com/119947266958317/posts/246093937676982/?app=fbl >.
