El gobierno y los empresarios preparan nuevos ataques contra la clase trabajadora frente a la profundización de la crisis económica y la creciente deuda que consume la mayor parte del presupuesto nacional. El Plan Fiscal, con IVA incluido, no les bastó y es seguro que vienen por más: nuevos impuestos, más recortes al presupuesto público, reducción de salarios mínimos, modificación de la jornada de 8 horas bajo la llamada flexibilización laboral (12 horas, 4 días a la semana), Educación Dual para contratar sin paga mano de obra joven, privatización y cierre de instituciones públicas para entregar esos negocios a empresas privadas –como está sucediendo con los puertos de Limón y el cierre de JAPDEVA con cientos de despidos-, entre muchas otras medidas.

Por Jhon Vega

Los más optimistas dicen que la economía crecerá apenas un 2%, pero en los sectores más importantes para el empleo nacional como la construcción o la industria manufacturera fuera de las Zonas Francas más bien decrecerá. Esto en pocas palabras significa que seguirá aumentando la cifra de desempleados que ha crecido hasta un 11,9%, lo que equivale a casi 300 mil personas que buscaron un empleo y no lo encontraron.  Junto a los desempleados casi un millón de personas están sumidas en la precariedad laboral, es decir, trabajan sin un empleo formal ni garantías laborales.

Mientras tanto la vida está cada vez más cara, en un año el 60% de productos de la canasta básica aumentó de precio lo que se reflejó en un crecimiento anual del 2,89% en los precios al consumidor.

La combinación de crisis fiscal, recortes al presupuesto público para pagar la deuda, desempleo y costo de vida al alza hacen que el gobierno acumule gran descontento popular. Solo en la primera semana del mes de setiembre miles de trabajadores salen a protestar junto a sectores como taxistas y pescadores; por eso al gobierno y los diputados les urge poner un tapa bocas a la clase trabajadora para lograr que sus planes avancen en este mar de penurias al que someten a los trabajadores para salvar a los grandes ricos del país.

Una ley mordaza para todos los trabajadores públicos y privados

El proyecto 21.049 conocido como Ley Antihuelgas lo que busca es atar de pies y manos a toda la clase trabajadora del país frente a todos los abusos que seguirán aplicando. Este proyecto es uno de los más grandes atentados a las libertades democráticas, el cual amenaza las posibilidades de expresión y organización de toda la clase trabajadora del país.

Los proyectos que han implementado en los últimos años han enfrentado el rechazo de los trabajadores organizados en sindicatos del sector público, desde el combo del ICE (2000) hasta el plan fiscal (2018), pasando por el TLC con Estados Unidos (2007). El gobierno sin ningún reparo ha dicho que para lograr lo que quieren necesitan acabar de una vez por todas con las pocas posibilidades de que haya huelgas.

Aunque en la empresa privada hoy los empresarios aplican una dictadura que impide a los trabajadores organizar sindicatos, más tarde que temprano los trabajadores tendrán que hacerle frente para organizar la resistencia por sus salarios y condiciones de vida. Es para ese momento de resistencia que los empresarios aplauden esta ley antihuelgas para despedazar en cuestión de días cualquier intento de los trabajadores privados de paralizar la producción y exigir sus derechos.

Aunque hoy nos parezca extraña y muy lejana la posibilidad de huelgas en el sector privado, en el pasado el país ha experimentado importantes luchas de obreros de la empresa  privada como la gran huelga bananera de 1934 o las llamadas huelgas para  conquistar el aguinaldo en los años 50’s. La aprobación de esa ley busca que no se repitan esas experiencias y que se profundice la dictadura antisindical que ya existe en la empresa privada.

Lo que dice la Ley Antihuelgas *

  • La prohibición de las huelgas políticas o contra las políticas públicas, es decir contra las acciones que emprenda el gobierno aunque afecten a los trabajadores. Este tipo de huelgas son indispensables para enfrentar las medidas autoritarias y anti obreras de los gobiernos.
  • Rebajar salarios desde el primer día que inicia la huelga en el caso de declararse ilegal, algunos incluso quieren dejar de pagar salarios desde el primer día de huelga aunque no haya declaratoria de un juzgado. Amenazar a los trabajadores con la rebaja de salarios es una clara intimidación para que no recurran a ese mecanismo legal y legítimo que es la huelga.
  • Disolver sindicatos y declarar ilegal la huelga si hay bloqueos por considerarlos actos violentos.  Paralizar calles o salidas de empresas son medidas a las que recurren los trabajadores para presionar al gobierno y los empresarios por una solución o para hacer frente a la violencia que ejerce el mismo Estado con la policía y otros medios.
  • Poner requisitos que obligan a resolver las huelgas en juzgados o en un arbitraje en el Misterio de Trabajo, ya sea porque están prohibidas del todo según el sector o porque obliga a presentarse ante un arbitraje. Se deja nuestros destinos en manos de los jueces o del Ministerio, que siempre quedan del lado de los ricos y poderosos.
  • Fijar plazos y requisitos legales que son imposibles de cumplir para un grupo de trabajadores en huelga que no cuentan con recursos para contratar un abogado para su defensa o para responder en plazos cortos de apenas unas cuantas horas.
  • Prohibir la huelga a sectores como los choferes de transporte público, que son de los grupos de trabajadores a los que más se les violentan los derechos laborales.

Rechacemos juntos una ley antidemocrática contra el derecho de huelga

Esta ley pretende impedir las huelgas tanto en el sector público como el sector privado. Surge como una reacción a la gran oposición que hubo el año pasado a la Reforma Fiscal y como medida preventiva ante las protestas populares que sin duda seguirán creciendo.

Esto no es una lucha contra “abusos de los sindicatos del sector público” como dicen el Gobierno y los diputados. Es una clara ofensiva antisindical para que no podamos defendernos de los ricos y empresarios que son los que todos los días abusan de nuestros derechos y se roban el presupuesto público.

Nosotros nos oponemos a esta ley, creemos que toda la clase trabajadora en su conjunto debe oponerse a esas medidas autoritarias. Los sindicatos del sector público deberían ser los más interesados en sumar el apoyo de los trabajadores privados sin los cuales es muy difícil evitar la aprobación de estas y otras medidas contra los trabajadores.

Lamentablemente muchos de los sindicatos del sector público son dirigidos por un puño de burócratas que viven del sindicalismo y traicionan las luchas de los trabajadores. Uno de los que más aparece en la tele es Albino Vargas de la ANEP; nosotros como partido nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a dirigentes como estos que le hacen un gran daño a lucha de los trabajadores. Pero no podemos pretender “tirar el traste con el agua sucia”, es decir, acabar con las huelgas porque repudiamos a dirigentes como Vargas. La huelga y la posibilidad de constituir sindicatos son los dos derechos más importantes para cualquier trabajador público o privado. Defender este derecho a como dé lugar es una tarea de todos. Si se lograra aprobar esta ley sin duda nos enfrentaremos a un Estado más represivo, autoritario y antidemocrático que solo busca aplastar la voz de los trabajadores.


Nota del editor: Este artículo fue redactado y publicado días antes de la sesión del plenario legislativo en el cual fue cambiado y aprobado este proyecto de ley (3 de setiembre de 2019), por lo que algunos cambios de último momento en el texto podrían no verse reflejados.