El 18 de julio, el ministro de Defensa, Braga Netto, junto con los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, lanzó una nota de repudio a una intervención del presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Pandemia, Omar Aziz. Ese día, el senador hizo una crítica a los militares que ocuparon el Ministerio de Salud y son sospechosos de participar en las chalanerías de compra de vacunas.

Por: PSTU Brasil

“Mire, le voy a decir una cosa: los buenos de las Fuerzas Armadas deben estar muy avergonzados con algunas personas que hoy están en los medios, porque hacía mucho tiempo, hacía muchos años que el Brasil no veía miembros del lado podrido de las Fuerzas Armadas involucrados en engaños dentro del gobierno”, dijo el senador.

En reacción a Aziz, los militares afirmaron en nota: “Las Fuerzas Armadas no aceptarán ningún ataque imprudente a las instituciones que defienden la democracia y la libertad del pueblo brasileño”. También estuvieron en contra de la narrativa de la CPI que, según los militares, “afecta a las Fuerzas Armadas de forma vil y frívola, tratándose de una acusación grave, infundada y, sobre todo, irresponsable”. El comunicado aún habla de que las Fuerzas Armadas “gozan de elevada credibilidad junto a nuestra sociedad”.

De acuerdo con la columnista Bela Megale del diario O Globo, los “integrantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas prometen una reacción ‘más dura’, caso la CPI del Covid vuelva a hacer citaciones de sospechas de corrupción envolviendo a militares. Miembros de las Fuerzas oídos por la columnista afirmaron que ‘no aceptarán no ser respetados por la CPI y que las próximas manifestaciones pueden tener respuestas más críticas’”.

En entrevista para O Globo (9/7), el comandante de la Aeronáutica, brigadier Carlos Almeida Baptista Junior, refuerza la amenaza.

Cuando cuestionado sobre lo que en la nota quiso decir con “no vamos a aceptar”, el brigadier respondió que es un “alerta” y que no enviarán “50 notas para él (Omar Aziz). Es apenas esa”. Cuando cuestionado por la reportera sobre qué puede acontecer, el militar dijo que las Fuerzas Armadas tienen “mecanismos dentro de la base legal para evitar eso”, sin explicar qué mecanismo es ese exactamente. En otro punto, el brigadier afirmó que “hombre armado no amenaza”.

Pazuello en acto pro Bolsonaro, el 23 de mayo (Fernando Frazão/Agencia Brasil).

El episodio demuestra una enorme preocupación de la cúpula militar, toda vez que integrantes de las Fuerzas Armadas pasaron a ser blancos de la investigación de la CPI, especialmente el general Eduardo Pazuello, ministro del genocidio orquestado por el gobierno Bolsonaro y su brazo derecho, el ex coronel Elcio Franco.

En la entrevista, el brigadier no escondió los objetivos de la cúpula militar, diciendo que no se puede investigar ni a Pazuello ni a Elcio Franco y que la CPI está juzgando al ex ministro de Salud prematuramente: “Un general activo, eso es muy desagradable y no lo podemos aceptar”.

En los últimos días, el cerco a los dos militares comenzó a cerrarse. Elcio Franco fue secretario ejecutivo del Ministerio de Salud en la gestión de Pazuello, responsable por las negociaciones con fabricantes para la compra de vacunas contra el Covid-19. Su nombre está en el centro de las chalanerías de corrupción en esa compra. Franco es actualmente asesor de la Casa Civil [ente de coordinación general de los Ministerios] en el gobierno de Jair Bolsonaro.

La cúpula militar teme que el avance de las investigaciones desgaste la imagen de las Fuerzas Armadas y la arrastre en los escándalos de corrupción. Al final, las chalanerías de Franco y Pazuello pueden ser solo la punta del iceberg de todo un océano de corrupción y coimas en el cual los militares están hundidos.

Hoy, más de 6.000 militares están en cargos de los más diferentes escalones en el gobierno Bolsonaro. Eso fue una oportunidad para que muchos oficiales asumiesen algunos “bocados” del Estado brasileño. Los militares ahora pasaron a administrar funciones de intermediación de contratos del gobierno con empresas privadas (bocados). No por casualidad, se tornaron comunes los casos de sobrefacturación, como los gastos de 80.000 cervezas y 714 toneladas de “picanha” [considerada la mejor carne en el Brasil] (prácticamente sin licitación) en 2020; de R$ 15 millones en adquisición de leche condensada destinada a todo el Ejecutivo; el uso del dinero para combatir el desmonte de la Amazonía para reformar cuarteles –el doble del dinero de los organismos ambientales y de investigación– o incluso la sobrefacturación en la producción del cloroquina, un medicamento totalmente ineficaz en el combate al Covid-19.

Más recientemente, la revista Piauí publicó un reportaje, sobre la base de datos del Tesoro Nacional, explicando cómo las Fuerzas Armadas usaron más de 110 millones de reales [alrededor de 22 millones dólares] del dinero destinado a la vacunación contra el Covid-19 para comprar combustible y piezas de aeronaves.

Eso, sin mencionar la participación de militares con el tráfico internacional de drogas, como expresa la prisión de tres miembros de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el 18 de marzo; o incluso el caso de los 39 kg de cocaína llevada a Sevilla por un sargento dentro del avión presidencial.

Por lo tanto, lo que se ve hasta ahora en la CPI es solo una pequeña parte de un profundo esquema de corrupción que involucra a las Fuerzas Armadas y a muchos de sus oficiales. Eso terminaría con la vieja leyenda de que las Fuerzas Armadas son inmunes a la corrupción. En verdad, esa es una de las instituciones más corruptas del Estado brasileño, algo que sería fácilmente revelado por una investigación independiente que no temiese a esa corporación.

Esa leyenda viene de los tiempos de la dictadura. Había corrupción, pero los militares censuraban, arrestaban y reventaban a todos los que osasen divulgarla. La corrupción corrió suelta en aquellos tiempos e hizo la fiesta de las contratistas. La Odebrecht, por ejemplo, en 1971 era la 19° mayor constructora del país. Dos años después, alcanzaba el tercer lugar. El propio dueño de la constructora, Emílio Odebrecht, ya habló innumerables veces sobre las relaciones corruptas con los militares y de cómo buscó al entonces ministro jefe del Gabinete Civil de la presidencia, general Golbery de Couto e Silva, para hacer negociaciones turbias.

La verdad es que generales y constructoras se hicieron millonarios promoviendo muchas obras faraónicas como la [carretera] Transamazónica, el Proyecto Jari [para producción de celulosa, energía y otros] y el Ferrocarril del Acero, entre otras. La corrupción de los milicos, no obstante, no podía ser publicada en los diarios, pues había censura en el país. Y quien osase desafiar a los militares podía ser torturado o muerto.

Uno de los casos más notorios de corrupción fue divulgado por la prensa alemana, en el caso de la construcción de la Usina Nuclear de Angra, que apuntaba ligazones de ministros con las empresas contratadas, atrasos de las obras y el encarecimiento del proyecto. Fue en esa época que se dio la concesión de préstamos a la familia del ex gobernador Paulo Maluf y a Delfim Neto, hombres de confianza de los militares, que se enriquecieron durante la dictadura.

La leyenda de que los militares fueron “sacerdotisas vestais” incorruptibles solo permanece por el simple hecho de que esa parte de nuestra historia no fue pasada en limpio. Al realizar una transición democrática pactada con los militares, y frente al compromiso de todos los gobiernos –de Fernando Henrique Cardoso a Dilma Rousseff– de no investigar nunca sus crímenes, la basura fue toda barrida para debajo de la alfombra.

Tal pacto también se expresa en el artículo 142 de la Constitución de 1988, otro ejemplo de basura autoritaria aún presente en la llamada Nueva República, que sirve a los generales para mantener la tutela sobre el régimen, a partir de la creencia de que las Fuerzas Armadas son un poder moderador frente a las crisis sociales y políticas.

Lamentablemente, los gobiernos del PT contribuyeron para eso al negarse a abrir los archivos de la dictadura. Se perdió la oportunidad de barrer la basura autoritaria y hacer como algunos de nuestros vecinos, como Argentina, que juzgaron y arrestaron a generales. Hicieron lo contrario. Aceptaron participar de una odiosa ocupación militar en Haití, que acabó revelando figuras como los generales Augusto Heleno, Fernando Azevedo e Silva, Tarcísio de Freitas y Carlos Alberto dos Santos Cruz: todos ocuparon cargos en el gobierno Bolsonaro.

La transición pactada, mantenida por todos los gobiernos brasileños de la Nueva República, de derecha, centro e izquierda, mantuvo intacta la estructura ideológica de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo que gozaba de confortable situación, su cúpula siempre defendió los crímenes de la dictadura. Nunca ningún gobierno cuestionó eso. Con Bolsonaro, los milicos vieron una oportunidad más para acumular unos “bocados”, apoyar una política económica entreguista marcada por privatizaciones y alineamiento ciego al imperialismo, mientras se llenan la boca hablando de “patriotismo” y “valores nacionales”.

Al contrario de otra vieja leyenda liberal, muchas veces compartida por la izquierda reformista, las Fuerzas Armadas nunca fueron una institución neutra. Son una institución “del Estado”, el cual es un órgano de las clases dominantes de los capitalistas que defiende los intereses de esa clase, de sus fracciones dominantes, incluso contra otros sectores, particularmente contra la clase trabajadora. Nuestra historia está repleta de ejemplos de autoritarismo y de violencia practicados por esa institución en momentos en que los de abajo resuelven levantarse contra la explotación.

En contraste con el privilegio gozado por las altas patentes, están los soldados, cabos y sargentos y su baja remuneración y la prohibición de sindicalizarse –un canon de las clases dominantes para evitar que la tropa sea contaminada por la acción política de los trabajadores–. Pero que un general participe de comicios del presidente genocida, sí se puede.

Corrupta, autoritaria y entreguista: esa es la esencia de las Fuerzas Armadas, que ellos quieren continuar ocultando a la población.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 10/7/2021.-
Traducción: Natalia Estrada.