El último 6 de diciembre, el diario “Folha de S. Paulo” publicó un reportaje mostrando que, este año, el general Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia, autorizó siete proyectos de exploración de oro en la región de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas). La decisión fue tomada sobre la base de proyectos encaminados por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Por: Jeferson Choma
La región, en el Noroeste del Amazonas, es conocida como Cabeça do Cachorro. Es una de las más preservadas de la selva tropical, repleta de tierras indígenas: hay aproximadamente 23 etnias viviendo en el lugar. La presencia indígena es tan fuerte que la región de São Gabriel es conocida como la capital del nheengatu y de otras lenguas de pueblos originarios, como la de los Tukanos y los Baniwas.
Deforestación
Todas las áreas autorizadas por el general son de tierras de la Unión, vecinas a las Tierras Indígenas. Se trata, por lo tanto, de una acción más del gobierno Bolsonaro destinada a incentivar la minería sobre tierras públicas de la Amazonía, sean ellas desocupadas (sin destino por el poder público y que nunca integraron el patrimonio de un particular), indígenas o Unidades de Conservación.
Además, esa política criminal resultó en la deforestación de 405,36 km2 de la Amazonía Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, y parte del Maranhão) en los últimos cinco años, según datos del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), del Instituto de Pesquisas Espaciales (Inpe).
En lo que respecta a las Unidades de Conservación, la deforestación por minería creció 80,62% en el primer trimestre de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con la ONG Greenpeace.
Genocidio de los pueblos de la selva
Además de la selva, los pueblos que viven en ella son las mayores víctimas de la expansión de la minería, que contamina ríos, suelos y personas, genera violencia y desagrega comunidades tradicionales.
Los pueblos indígenas, particularmente, viven bajo la amenaza de un nuevo genocidio. Actualmente, más de 3.000 requerimientos mineros sobrepuestos a tierras indígenas de la Amazonía Legal tramitan en la ANM. De acuerdo con el proyecto “Amazonía Minada”, del InfoAmazonia, por lo menos 58 requerimientos de pesquisa o laboreo de mineral fueron aprobados por la agencia, incluso afectando tierras indígenas, lo que es prohibido por la Constitución.
La minera Anglo American es dueña de casi la mitad de las autorizaciones hechas por la ANM, con 27 pedidos válidos de pesquisa de cobre en tierras indígenas del Mato Grosso y del Pará. Su principal blanco, con 13 pedidos, es la tierra Sawré Muybu (Pimental), en el sudeste del Pará, un área tradicionalmente ocupada por el pueblo Munduruku.
Invasión y contaminación
Hace más de setenta años, el pueblo Munduruku enfrenta la invasión del garimpo [minería furtiva] en sus tierras, localizadas en medio del río Tapajós. Una pesquisa realizada por la Fiocruz en sociedad con el WWF-Brasil muestra que, como resultado de la actividad “garimpeira” [de explotación de metales y minerales preciosos], 100% de los indígenas están contaminados por mercurio.
El pueblo Yanomami enfrenta la misma situación en Roraima. Desde que Bolsonaro fue electo, más de 20.000 “garimpeiros” invadieron sus tierras, asesinaron a indígenas, y contaminan los ríos y los peces.
No obstante, el compromiso de Bolsonaro en promover el genocidio de esa población es tal que la Fundación Nacional del Indio (Funai) prohibió que investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizasen un estudio sobre la contaminación de mercurio (o sea, causada por la minería) en los Yanomami.
Quién es quién en la minería de la Amazonía. Explotación o minería ‘legal’: destrucción, saqueo y muerte
Hoy en día, el “garimpo” [búsqueda y explotación de metales y minerales preciosos] tiene muy poco en común con lo que ocurrió en otros tiempos, como en la década de 1970, en Serra Pelada. En aquel momento, Serra Pelada atrajo a campesinos pobres, desposeídos y peones que trabajaban en obras de autopistas promovidas por la dictadura.
Después, vinieron los desvalidos del fin del llamado “milagro económico”, y aventureros de todas partes. Por algún tiempo, la propia dictadura fomentó el “garimpo”, queriendo garantizar la ocupación de tierras en la región e impedir el movimiento de guerrillas.
Pero, actualmente, no es más el “garimpeiro” quien financia la actividad ilegal. Y esta no se realiza más con picos ni reúne un “hormiguero humano”. El “garimpo” en la Amazonía es hoy más empresarial y desmonta, contamina y degrada mucho más, comenzando por el uso de excavadoras, tractores y maquinaria pesada.
Un esquema criminal
Además, quien financia la actividad son políticos, empresarios, el crimen organizado, cuadrillas de grillaje [apropiación de tierras con documentos falsos, ndt.] de tierras y milicias que atraen a trabajadores, personas vulnerables, y corrompen a líderes comunitarios. Son los líderes de esas cuadrillas que se enriquecen, y no el “garimpeiro” que muchas veces trabaja en condiciones análogas a la esclavitud (desde 2008, 333 trabajadores en “garimpos” fueron rescatados en esas condiciones).
Generalmente, el “garimpaje” está asociado a otras actividades ilegales, como explotación de la madera, invasión de tierras públicas, pecuaria, tráfico de drogas, etc. O sea, el “garimpo” ilegal es un capítulo más de la acumulación capitalista realizada en la Amazonía, que hoy es palco de una “territorialización miliciana”, realizada por grupos criminales.
La destructiva “legalidad” del capitalismo
Pero, existe también la minería “legal” capitalista, realizada en la región por grandes industrias, generalmente extranjeras. Reza la leyenda que estas serían “menos predatorias”, pues tendrían la autorización de la Agencia Nacional de Minería. La filtración en la represa de residuos [sustancias sometidas a agentes físicos o químicos, ndt.] de la empresa Hydro Alunorte, en diciembre de 2018, que contaminó con mercurio, arsenio y plomo a ciudades del Pará, muestra que eso es una farsa. No hay fiscalización y, como vimos, la minería “legal” también invade tierras indígenas.
Actualmente, las mineras presionan por la flexibilización de la legislación ambiental, como prevé, por ejemplo, el Proyecto de Ley 3729 en trámite en el Congreso Nacional, que propone el fin del licenciamiento ambiental. El proyecto ya fue denominado “el pai de todas las boiadas” (en referencia a la famosa frase del ex ministro Ricardo Salles)[1].
Legal o ilegal, la minería en la Amazonía representa la destrucción y el genocidio de pueblos indígenas, mientras media docena de criminales –milicianos o de saco y corbata de la Faria Lima (avenida que concentra el centro neural de la burguesía en San Pablo)– facturan miles de millones con el robo, el saqueo y la muerte.
[1] Ricardo Salles, en la época ministro del Medio Ambiente del gobierno Bolsonaro, afirmó en video de la reunión ministerial del 22 de abril de 2020, que el período de la pandemia sería ideal para pasar reformas “infralegales” [que no están perfectamente de acuerdo con los mecanismos legales], de “simplificción” y “desregulación” de leyes ambientales. A continuación, llegó a convocar a otros ministros para “ir pasando la boiada” [expresión que tiene la intención de referirse a una situación de fácil entrada para algo o algún lugar], ir cambiando todo el reglamento”, mientras la prensa estaba ocupada tratando el impacto del nuevo coronavirus en el Brasil. Fuente: Brasil de Fato, edición Leandro Melito, São Paulo, 9 de junio de 2020.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 8/12/2021.-
Traducción: Natalia Estrada.
