La elección de Iván Duque es a todas luces ilegal, pero el régimen político en Colombia es en general un régimen que se funda en la ilegalidad, no podemos esperar que desde las instituciones se haga justicia, menos en asuntos electorales, pero desconocer que Duque está en la presidencia y que desde allí decreta en favor de sus financiadores, no tiene ningún efecto en la realidad.

Por Diego Lares

En la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, el uribismo obtuvo 7.615.857 votos frente a 4.859.069 votos de Gustavo Petro. Con menos de tres millones de votos de diferencia, la preocupación en las huestes del Centro Democrático era mayúscula, pues contaban con una reserva de 1.500.000 votos de Vargas Lleras, pero había 4.500.000 de votos de la coalición de Sergio Fajardo y Claudia López, que representaban un voto anti-uribista.

Así, el uribismo llegaba con 9 millones de votos a segunda vuelta, pero la suma de los votos opositores llegaba a los 10 millones, pues a pesar de que Sergio Fajardo y unos de sus lugartenientes, el senador Jorge Robledo, decidieron votar en blanco, la polarización política indicaba que la mayoría de esos votos irían a Gustavo Petro.

Y así ocurrió, en segunda vuelta Gustavo Petro obtuvo 8 millones de votos y los votos en blanco llegaron a 807 mil. Por su parte, el uribismo recibió el apoyo del Partido Liberal y Cambio Radical, pero la votación superó las expectativas de la suma de votaciones y llegó a 10 millones de votos.

¿Cómo se dieron estos resultados? ¿de dónde salió el millón de votos adicionales de la nueva coalición? En Colombia las elecciones están marcadas por la compra de votos, la coacción del electorado por parte de grupos armados, la financiación ilegal y la manipulación de los escrutinios en la Registraduría, pero – salvo contadas excepciones – estos crímenes electorales quedan en la impunidad.

Ñeñepolítica

En el caso de esta segunda vuelta presidencial, las pruebas del fraude electoral son de conocimiento público, las filtraciones de las conversaciones entre María Claudia Daza, alias Cayita, asesora del senador Álvaro Uribe Vélez, y el asesinado narcotraficante Ñeñe Hernández, muestran con claridad la operación por medio de la cual se compraron votos en tres departamentos de la Región Caribe, en los cuales el uribismo había perdido en primera vuelta.

Las conversaciones fueron conocidas y engavetadas por el ex Fiscal Néstor Humberto Martínez y hubiesen seguido archivadas por el actual Fiscal, Francisco Barbosa, si las investigaciones periodísticas no hubiesen dado a conocer grabaciones que se habían hecho de manera legal, en la investigación por la muerte del Ñeñe.

Recientemente, el portal La Nueva Prensa reveló las conversaciones de la empresaria vinculada a la campaña de Duque en Santander con el Ñeñe en la que manifiesta: “a mí me interesa mucho ahorita este tema porque, tú sabes, yo voté por Duque de las personas que yo conozco y estas personas, que yo he trabajado con ellos, tienen grupos grandes entonces son de esos que han votado: unos votaron por Fajardo, ahí entonces pues esa gente quiere direccionarla con Duque, y yo estoy pendiente de eso, y ayúdame…”.

Pero a pesar de que las filtraciones son de público conocimiento, la impunidad para el uribismo está garantizada, días después de conocerse las grabaciones, Cayita salió del país y el Centro Democrático en coro salió a decir que las negociaciones solo las conocía la fugada asesora.

Por su parte, el Fiscal Barbosa, quien hizo parte de la campaña de Duque, presionado por los medios de comunicación, abrió una investigación general e inocua en la que incluso vincula a Gustavo Petro, quien es mencionado en las grabaciones por el Ñeñe, señalando que su triunfo en La Guajira se debía al apoyo de los trabajadores del carbón.

Pero la financiación por parte del narcotráfico de la campaña uribista no es la única fuente de ilegalidad de la elección de Duque, también hay grabaciones entre la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Gómez, con el empresario venezolano Oswaldo Cisneros, sobre el ingreso de recursos del exterior, que se habrían hecho a través de las empresas de la familia Ricaurte Silva.

Desconocer o tumbar a Duque

Ante esta situación, el candidato opositor Gustavo Petro, quien fue apoyado de manera crítica por el Partido Socialista de los Trabajadores, ha hecho un llamado a desconocer a Iván Duque y a la desobediencia civil, que para Petro consiste en enfrentar la política de Duque de abrir la economía en medio de la pandemia, es decir, no enviar a los estudiantes al colegio, no pagar arriendos y servicios públicos, no pagar deudas bancarias. Petro, además, en entrevista realizada a W Radio, manifestó que está dialogando con el Comité Nacional de Paro para que acoja estas propuestas.

Pero la propuesta de Petro – además de intentar buscar apoyo en el lugar equivocado, pues el Comité Nacional de Paro está reducido a dirigentes sindicales colaboracionistas con los alcaldes alternativos y el gobierno de Duque – tiene la debilidad de que no se corresponde con el desconocimiento de unas elecciones.

Por ejemplo, ante la propuesta de Petro, el senador Antonio Sanguino del Partido Verde dice, sin ningún rubor, que el llamado es inoportuno porque dice que el papel de la oposición es hacer control político parlamentario y apoyar las alcaldías alternativas, llamando a confiar en las instituciones y en la Comisión de Acusaciones.

La desobediencia civil descarga a los dirigentes de la oposición y a las centrales sindicales de su responsabilidad colectiva y la convierte en un asunto individual. Lo correcto sería un llamado a tumbar a Duque a través de la movilización de la clase trabajadora y los pobres.

Compartimos con Gustavo Petro su llamado a la responsabilidad que se debe tener en los llamados a la movilización en medio de la pandemia, pero creemos que se debe seguir presionando para que se haga una jornada nacional de protesta unificada que enfrente la política de Duque en el Estado de Emergencia y que nos prepare para retomar la agenda de luchas de finales del año pasado.

El degaste de Duque es evidente, la burguesía sabe que hay una generación que está cansada de la corrupción, de los vínculos de los políticos con la mafia, que hay una nueva generación a la que no convencen con el discurso anti-insurgente, que con el proceso de paz se les acabó, y por eso preparan una nueva alternativa política distinta al uribismo.

Por ello, los medios de comunicación han adelantado la campaña electoral, buscando candidaturas que enfrenten a esta nueva generación, de allí la necesidad de tener propuestas reales para enfrentar a Duque, no se puede caer en el modelo Guaidó que desconoce a un presidente que tiene el poder y lo ejerce, a Duque no hay que desconocerlo, a Duque hay que tumbarlo.