Al momento de escribir esta nota, estando el peor momento de la pandemia con los peores índices de contagio, los mayores índices de muertes diarias, 100% de ocupación UCI en la mayoría de ciudades,  300% de ocupación en los servicios de urgencias, el Gobierno paradójicamente aprovechó el paro nacional y la distracción para abrir todos los sectores de la economía incluidos bares, iglesias y demás, empeorando la situación ya calamitosa, ahora nos adentramos en  las vacaciones de mitad de año con las cuales seguramente las cosas empeorarán.

Por Maria H.

Más de cien mil muertes – cerca de cinco veces Armero-  parecen haberse vuelto parte del paisaje, nuevas cepas aumentan el riesgo de mortalidad de personas jóvenes y secuelas; medio millar de familias lloran diariamente a sus seres queridos, mientras que el Gobierno hace la vista gorda y con la ayuda de los mandatarios locales como Claudia López, culpan descaradamente a las movilizaciones del fatídico tercer pico, que más que pico se convirtió en una meseta mortal.

No somos negacionistas y sabemos que es posible que una parte de los contagios se han podido dar durante las movilizaciones, pero ¿quién es más responsable de las movilizaciones que un Gobierno que propone una reforma de hambre a un país ya acosado por la miseria? Por otro lado, mientras se condenaban las marchas y concentraciones, nunca dejaron de funcionar fábricas, call centers y otros centros de explotación, y las aglomeraciones en el transporte público se hicieron tan cotidianas como antes de la pandemia.

Las cuarentenas y cierres son medidas temporales que salvan vidas, pero son insostenibles sin un plan de choque para paliar el hambre, el Gobierno se negó a una renta básica de emergencia, a suspender el pago de servicios públicos y a subsidiar la nómina de las pequeñas empresas, a cambio favoreció a las grandes empresas y a los bancos, luego usó el hambre para justificar las reaperturas criminales y el fomento del turismo. Justamente, luego de la Semana Santa es cuando la situación se descontroló por completo.

Pero más allá de los focos de contagio es necesario ver el problema sanitario de una manera mucho más amplia. La verdadera solución al problema de la pandemia no es dejar de movilizarse, ni siquiera dejar de ir al trabajo. Las cuarentenas debieron servir para adelantar el proceso de vacunación masiva y fortalecer el sistema de salud. Pero a 16 meses de iniciada la emergencia, el Gobierno no hizo ni la una ni la otra.

La salud, sigue en manos de los mercaderes de las EPS quienes administran y se apoderan de los recursos públicos, adeudando miles de millones a los hospitales, en especial los públicos y siendo una verdadera traba para que se haga un verdadero plan centralizado de atención a la emergencia. La capacidad ampliada de Cuidado Intensivo fue escasa, pero más que eso fue discriminatoria y desigual al ser centralizada en las grandes ciudades y en el sector privado. Esta ampliación en la mayoría de casos se realizó estirando el ya exiguo presupuesto, hacinando a los pacientes y sometiendo a los trabajadores a mayores jornadas y carga laboral.

El 85% de trabajadores de la salud continúan con contratos basura mediante Órdenes de Prestación de Servicios OPS, a pesar de que sus labores son misionales, siendo el Estado quien más realiza este tipo de contratación ilegal. En diferentes lugares como el hospital de Sahagún Córdoba, personal de salud denuncia varios meses sin salario. Y por si fuera poco, cientos de ellos denuncian que están sin vacuna, al no aparecer en el aplicativo mivacuna, por errores en la parametrización y el reporte ajenos por completo a su voluntad.

Desde el inicio, hemos denunciado la negligencia de Duque a la hora de negociar y buscar las vacunas, sus demoras criminales las pagaremos con vidas durante varios meses y tal vez años. A pesar de las declaraciones rimbombantes, la verdad es que al momento vamos en el 12 % de la meta de 35 millones de vacunados con dos dosis para lograr la inmunidad colectiva, siendo la ciudad más adelantada Bogotá con cerca del 15%. La realidad es sencilla, muchas de las personas que hoy están muriendo debieron estar vacunadas hace meses, morir por una enfermedad de la que existe la vacuna y nos es negada, ya no es sencillamente una “muerte natural” sino un asesinato.

Ante la falta de dosis, el Gobierno en su afán de anunciar la entrada en la fase dos del proceso de vacunación, aumenta el intervalo de biológicos como Pfizer de 21 días a 12 semanas, disfrazando la realidad del desastre de su gestión. Es una total burla anunciar avances y abrir nuevas fases cuando no han sido terminadas las anteriores, y cientos de personas que deberían estar en etapas 2 y 3 denuncian que no han sido vacunados, esto lo único que ha generado es un mayor desorden en el proceso y el “embolate” de las segundas dosis. Los medios entretanto, ocultan tanto la ineficacia como la situación real.

Por eso creemos que hay que continuar denunciando la política criminal del Gobierno, y exigiendo un plan realmente masivo de vacunación, que emplee de manera formal el personal necesario, que centralice los recursos y los datos, e incluso que contemple la fabricación local de vacunas para lo cual la propia industria farmacéutica local ha dicho están listos. Sabemos que para esto el principal obstáculo es la patente, por lo que insistimos en el llamado a la eliminación de las mismas ante la situación de emergencia nacional.

Pero sabemos que este Gobierno no adelantará ninguna de estas propuestas, seguirá mintiendo por televisión y anunciando nuevas fases sin terminar las primeras, para intentar recuperar algo de su popularidad. Por eso invitamos a los trabajadores del sector salud, a todos quienes hemos perdido nuestros familiares y amigos, a todos quienes queremos preservar nuestras vidas, a que incorporemos las demandas sanitarias y la vacunación en una de las banderas de la lucha, y a que nos unamos para derrotar a este gobierno criminal.