A pesar de las denúncias y alertas sobre irregularidades, la mayoría de los ministros del TCU (Tribunal de Cuontas de la Unión) [1] aprobó este miércoles (18), por 7 votos a 1, el modelo de privatización de la Eletrobras, estatal considerada la mayor empresa de energía de América Latina.
Por: CSP-Conlutas
Esta era la última etapa pendiente del gobierno de Bolsonaro para llevar a cabo el proceso de privatización de la empresa, que pretende concretar incluso en 2022.
Votaron a favor los ministros Aroldo Cedraz (relator), Benjamin Zymler, Bruno Dantas, Augusto Nardes, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia y Walton Alencar Rodrigues. El ministro Vital do Rêgo, que era revisor del proceso, votó en contra.
Aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por Bolsonaro a mediados del año pasado, la privatización de Eletrobras estaba pendiente de un análisis del TCU para ser concluida. En medio de polémicas, la Corte aprobó en febrero de este año el modelo financiero de la privatización y, ahora, validó la forma en que la empresa pasará al control accionario privado, en la línea propuesta por el gobierno de Bolsonaro, a través de la venta de papeles.
El proceso de privatización prevé una capitalización de la compañía. Esto significa que, en principio, el gobierno no venderá su participación actual. Se emitirán acciones para la entrada de nuevos inversores, diluyendo así el capital de la empresa hasta que la participación de la Unión sea, como máximo, de 45%. Solo si esta oferta primaria no da el resultado esperado, habrá una nueva oferta que incluya la venta de acciones de la propia Unión.
Irregularidades
El juicio incluso llegó a ser suspendido a finales de abril, luego de un pedido de vistas del ministro revisor, Vital do Rêgo. Al retomar la votación este miércoles, Vital do Rêgo afirmó que la privatización presenta seis ilegalidades y defendió que el proceso no puede continuar sin que sean corregidas.
Antes de que el proceso judicial como tal se iniciase [juzgamiento de mérito], Vital do Rêgo solicitó al tribunal que suspenda dicho proceso hasta que el área técnica del tribunal concluyese la inspección sobre deudas judiciales vinculadas a la compañía, que podrían impactar en su valor de mercado. La solicitud, sin embargo, fue negada por 7 votos contra 1.
En su voto divergente, Vital do Rêgo señaló las posibles irregularidades en el proceso. Una de ellas serían los dividendos devengados y no pagados por la Eletronuclear a la Eletrobras y, en consecuencia, al Gobierno Federal [Gobierno de la Unión]. Los valores actualizados alcanzan R$ 2,7 mil millones. Sin este pago, después de ser privatizada, la Eletrobras mantendría el control de la Eletronuclear, anulando la transferencia del control accionario de la Eletronuclear para la ENBpar (Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional).
Esta nueva empresa estatal fue creada en setiembre del año pasado para controlar la Eletronuclear e Itaipú Binacional, dos compañías públicas que fueron retiradas de la privatización de la Eletrobras.
“Mientras no se resuelva el tema de los dividendos, señores, la Eletrobras privada tendrá la mayor participación presupuestaria votante en la Eletronuclear, desvirtuando la premisa impuesta por la Ley 14.182, de que la Eletronuclear debe permanecer controlada por el poder público ”, argumentó el ministro. La Constitución Federal define que la energía nuclear es tema de seguridad nacional y debe tener su generación controlada por el Estado.
Vital do Rêgo también cuestionó la valoración de la Itaipú Binacional. Según la ley de privatización, la nueva ENBPar, de propiedad estatal, debe pagar un monto a la Eletrobras por la adquisición del control accionario de la Itaipú Binacional. Ese valor, de R$ 1,2 mil millones, fue considerado “irrisorio” por el ministro.
Otro punto cuestionado por el ministro fueron las evaluaciones independientes contratadas por el gobierno, que habrían sido erróneas en las estimaciones de los activos de la Eletrobras. “Tenemos errores de R$ 40 mil millones que deben ser revisados antes de concluir esta privatización ”.
Crimen de lesa patria
La privatización de la Eletrobras es un crimen de lesa patria y significa la pérdida del control sobre la generación, transmisión y distribución de energía, un bien esencial para la población.
Lucrativa, la estatal tuvo un superávit de más de R$ 30 mil millones en los últimos tres años, y distribuyó más de R$ 20 mil millones para la Unión en concepto de dividendos en los últimos 20 años. En 2022, la empresa anunció un lucro líquido de R$ 2,7 mil millones solo en el primer trimestre.
La empresa representa 32% de la capacidad instalada de generación de energía, opera en la distribución en seis estados de las regiones Norte y Nordeste y es responsable por 47% de las líneas de transmisión de energía del país. Tiene usinas de varios tipos de energía, como eólica, nuclear, solar y termonuclear, pero las que se destacan son las hidroeléctricas.
Los especialistas también destacan que no solo está en juego el control de la producción de energía eléctrica, sino también la gestión del uso de las aguas, como irrigación y navegación, lo que afectaría el volumen de agua para la agricultura familiar, por ejemplo.
Aumento de la factura de la luz y apagón
Otro absurdo de esta ofensiva privatizadora del gobierno de Bolsonaro y Mourão es realizar este ataque en un momento en que la población sufre con un aumento en las tarifas de la cuenta de luz.
El presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras (Aesel), Ikaro Chaves, dijo durante una audiencia realizada en el Senado en junio del año pasado, que la privatización de la empresa pondrá en riesgo la seguridad de suministro del país. “La privatización de la Eletrobras es la nueva cloroquina del sector eléctrico, porque no resuelve los problemas y aun puede matar al paciente ”, afirmó el ingeniero.
La MP permite que la energía producida por las usinas se venda al precio más alto (la llamado descotización). En consecuencia, estudios de la propia Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) indican que la privatización en un principio ya significaría un aumento de 16,7% en los precios de las tarifas.
En entrevistas el año pasado, el ingeniero y profesor de la USP [Universidad de San Pablo] Ildo Sauer, director del Instituto de Electrotécnica y Energía de la universidad, clasificó el apagón en Amapá como “la punta del iceberg”. Según Sauer, el incidente fue “una cabal demostración de cómo, a lo largo de las últimas tres décadas, han fracasado las reformas en el sector eléctrico, que es objeto de presión permanente para excluir a las empresas públicas y dar paso a las empresas privadas”.
Fue categórico al afirmar que no se han confirmado los argumentos según los cuales las empresas privadas serían más eficientes y flexibles, tendrían mayor capacidad técnica y de gestión, y que la privatización permitiría reducir la deuda pública. “La promesa que se hizo, cuando empezó la reforma en la década de 1990, de que en el Brasil íbamos a privatizar para reducir la deuda pública, y que mejoraríamos la calidad de la energía y reduciríamos los precios, nada de eso se cumplió. Actualmente tenemos una de las tarifas más caras del mundo, en términos de paridad de poder adquisitivo, la calidad es precaria y hemos tenido varios apagones”, dijo Ildo.
Próximos pasos
Después de la validación de la privatización de Eletrobras por parte del TCU, el siguiente paso es registrar la operación en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), autarquía federal responsable por la fiscalización del mercado de valores, y ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que sería equivalente a la CVM en Estados Unidos. Esto se debe a que Eletrobras posee acciones negociadas en la bolsa de valores del país norteamericano.
Luego, comienza una etapa de presentaciones de la Eletrobras a potenciales inversores, denominada road show, y, finalmente, se realiza la subasta de la compañía en la Bolsa de Valores brasileña (B3), aún sin fecha prevista.
La privatización significa la entrega del patrimonio nacional para garantizar ganancias a los sectores privados, mientras el país pierde soberanía y la población paga la cuenta. Junto con la Eletrobras, Bolsonaro y Paulo Guedes pretenden encaminar ya la privatización de los Correos, otra empresa estratégica.
Es necesario luchar contra la privatización de la Eletrobras, así como de la de los Correos, la Petrobras y demás empresas estatales incluidas en el Plan de Privatización del gobierno.
[1] TCU: Tribunal de Cuentas de la Unión, organismo judicial federal que controla la aplicación del presupuesto del país, votado en el Congreso Nacional, ndt.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 20/5/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.
