Brasil | La política económica del gobierno Lula atiende a los ricos
El llamado nuevo Marco Fiscal, ya aprobado, y la Reforma Tributaria presentada recientemente, son dos caras de una misma moneda. Además de no poner a los pobres en el presupuesto, ni cobrar impuestos a los ricos, como dijo Lula que haría, mantiene a los pobres pagando impuestos y entrega aún más del presupuesto a los ricos. Es decir, hacen lo mismo que con todo el resto de la política económica del gobierno.
Por PSTU (Brasil)
La industria automotriz recibió R$ 1,5 mil millones en exención para “automóviles populares” y la respuesta, en todo el país, fue una sucesión de cierres de líneas de producción y suspensión de contratos de trabajo. El agronegocio, por otro lado, acabó de recibir financiamiento de R$ 287.000 millones, simplemente el mayor plan de capitalización del agro en nuestra historia.
Las grandes constructoras continúan siendo las principales beneficiarias del programa “Minha Casa Minha Vida”, mientras las familias más pobres sufren desalojos o, junto con la clase media, sufren altas tasas de interés para un financiamiento, mientras el déficit habitacional se perpetúa.
Banqueros elogian al gobierno
El gobierno está imponiendo toda la política exigida por el capital financiero, la gran industria y el agronegocio. Hasta el punto de que el presidente del BTG Pactual (el banco fundado por Paulo Guedes), Roberto Sallouti, se deshizo en elogios a Haddad: “Está sorprendiendo positivamente a los agentes económicos. El ministro Haddad se convirtió en un bastión de credibilidad de este gobierno” .
Mientras tanto, el día a día de millones de trabajadores y trabajadoras sigue marcado por el subempleo y la precariedad, un salario mínimo de hambre, con un “aumento” de R$ 18, y una inflación que, aunque se desaceleró, persiste, principalmente en los productos y servicios más básicos.
La hipocresía del discurso contra las tasas de interés
Desde el inicio del gobierno, Lula y su entorno han criticado las altas tasas de interés impuestas por el Banco Central (BC). Pero el gobierno no toma ninguna acción para cambiar eso, incluso teniendo instrumentos para defenestrar a Campos Neto, el presidente de BC .
Al no hacer eso, se hace cada vez más evidente que el gobierno sólo expresa los intereses de un sector de la burguesía, sin estar dispuesto a cambiar nada que pueda generar fricciones con alguno de sus sectores, incluso en los marcos del propio capitalismo.
También es evidente que este discurso, lejos de pretender cambiar nada de hecho, es solo una expresión de irritación por parte de la burguesía industrial y del propio sector financiero, para quienes las altas tasas de interés ya comienzan a trastornar sus negocios.
El trabajador sigue pagando la cuenta. La reforma tributaria beneficia a los capitalistas
La reforma del sistema de impuestos es tan prioritaria para el gobierno que, al inicio de la gestión, se creó una secretaría específica en el Ministerio de Hacienda para llevarla a cabo. Y, en ella, se puso al economista Bernard Appy, exasesor de Guido Mantega, cuando este era ministro de Hacienda, en el segundo mandato de Lula , y trató de imponer una reforma similar.
El argumento es que la Reforma Tributaria pretende simplificar la maraña de impuestos en el país, unificando todos los tributos en un Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La lógica, sin embargo, es unificar todos los impuestos sobre el consumidor final. En la propuesta del gobierno, los tres impuestos federales (Cofins, IPI y PIS) estarán concentrados en un IVA federal, denominado Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS). Los impuestos municipales y estatales (ICMS e ISS) también se fusionarán en uno solo: el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS).
Disputa entre sectores de la burguesía
Los monopolios industriales y el sector financiero cerraron filas en torno a la Reforma Tributaria, mientras sectores del agro, de servicios y del comercio minorista se oponen a la propuesta. Entidades como la Confederación Nacional de Industrias (CNI) y la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) hacen propaganda, afirmando que la reforma traerá desarrollo y crecimiento, mientras la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS) divulga que, con la medida, la canasta básica de alimentos se incrementará en 60%.
Esta pelea de guadañas en la oscuridad se extiende a los Estados y municipios, que no quieren perder recaudación y los instrumentos con que cuentan, hoy, para la guerra fiscal: la posibilidad de ofrecer exenciones a las grandes empresas. Incluso con la Unión [el gobierno federal] prometiendo un fondo para compensar la pérdida de recaudación, la desconfianza permanece.
Lo que está detrás de esta reforma es una disputa entre sectores de la burguesía, para ver quien gana más privilegios con los tributos, pagando aún menos y garantizando mayores ganancias. Todos quieren mantener y ampliar los muchos privilegios que ya tienen hoy, sin perder los innumerables resquicios que tienen en el enmarañado de la actual legislación para todo tipo de exenciones.
Mantener la carga sobre las espaldas de los trabajadores
La pelea se da porque la alícuota unificada significaría que unos sectores pagarían más, y otros pagarían menos, en comparación con lo que sucede hoy. Pero este debate esconde el hecho de que la propuesta apunta precisamente a reducir el monto de impuestos que paga el empresariado.
En otras palabras, la burguesía en su conjunto, el gobierno y el Congreso Nacional de Centrão mantienen un acuerdo por encima de todo eso: mantener la carga tributaria sobre los hombros de la clase trabajadora.
La reforma unifica tributos en un solo impuesto sobre el consumo (IVA)
Cofins + IPI + PIS = Contribución en Bienes y Servicios (CBS)
ICMS + ISS = Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS)
No son los ricos. ¿Quién paga impuestos en Brasil?
Al contrario de lo que escuchamos a menudo, la carga tributaria del Brasil, incluso alcanzando un récord de 33,9% bajo el gobierno de Bolsonaro en 2021, no es alta en relacieon con otros países. Lo que sí ocurre, y pocos lo dicen, es que es extremadamente regresiva, incidiendo precisamente sobre los más pobres y eximiendo a los capitalistas multimillonarios.
Es decir, son los pobres y la clase media los que pagan impuestos, tanto a través de los impuestos directos retenidos en la fuente como, principalmente, a través de los impuestos indirectos, los embutidos en los productos, que inciden sobre el consumo y tasan, por igual, tanto al multimillonario como al pobre.
Esta estructura perversa y desigual hace que las familias más pobres paguen, proporcionalmente, más impuestos que los súper ricos, porque pagan cuando reciben su salario, y vuelven a pagar cuando van al supermercado a comprar alimentos, gastando casi la mitad de sus ingresos en impuestos.
Un sistema que favorece principalmente al imperialismo, a través de las multinacionales y del capital asociado a sectores como el agro, y que retira sus ganancias limpias, sin impuesto alguno, a través de dividendos, remesas de utilidades, etc.
Robo legalizado
Al contrario de lo que afirman la burguesía y los representantes del capital financiero, no es el gasto público, la Bolsa Família o cualquier otro gasto social lo que presiona los impuestos. En el capitalismo, los impuestos sirven para mantener este Estado, este régimen de explotación y, en consecuencia, beneficiar aún más a los ricos.
Por ejemplo, en el Brasil, la carga tributaria tuvo dos grandes aumentos. Primero, durante la dictadura militar, para financiar la industria de base, lo que viabilizaría las multinacionales, principalmente las de la industria automotriz. Luego, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC), para pagar la deuda a los banqueros.
La clase trabajadora es asaltada innumerables veces. Ella, que produce todas las riquezas, recibe una ínfima parte de ellas en forma de salario. De inmediato, ya le retienen parte de su salario con el Impuesto a la Renta.
De cualquier otra cosa que produzca, una parte se la embolsa directamente el capitalista, como ganancia. Otra parte paga los impuestos propios del patrón, cuando este no evade. Y, aún, una parte se drena en la forma de impuestos indirectos.
Esta parte, que va al Estado en la forma de impuestos directos e indirectos, no es revertida en servicios públicos; sino que va a los banqueros, en forma de intereses de la deuda, para subsidiar las grandes empresas y multinacionales y bancar exenciones multimillonarias.
Los trabajadores pagan más
Una encuesta realizada por el Instituto Latinoamericano de Estudios Socioeconómicos, Ilaese, reveló que, en 2021, los impuestos directos sobre la clase trabajadora (Impuesto de Renta y sobre las Personas Físicas), recaudaron R$ 583.000 millones. Mientras tanto, las 72 mayores empresas del país (entre las 100 mayores), pagaron apenas R$ 112.000 millones.
En el mismo año, considerando el total de impuestos, casi 70% provino de impuestos directos e indirectos sobre la clase trabajadora. Y, también en 2021, los privilegios tributarios de las grandes empresas y del agro sumaron R$ 456.000 millones, según relevamiento de la Asociación Nacional de Auditores Fiscales de la Recaudación Federal (Unafisco).
Las exportaciones, la gran propiedad y los dividendos multimillonarios remitidos a los accionistas, incluidos los extranjeros, como los de la CSN [Compañía Siderúrgica Nacional] o la Petrobras, a su vez, están exentos de cualquier tasa.
Impuestos directos sobre los ingresos de los trabajadores, ganancias e importaciones (2021)
– Impuesto de Renta – R$ 583,5 mil millones
– Impuesto Directo sobre las Ganancias (72 mayores empresas) – R$ 112,4 mil millones
– Impuesto Directo sobre el Capital Internacional (importaciones) – R$ 61,8 mil millones
Fuente: ILAESE
Marco Fiscal de Lula saca dinero de los salarios, pensiones y servicios públicos para beneficiar a los banqueros
Cuando cerrábamos esta edición, el llamado nuevo Marco Fiscal estaba en proceso de ser aprobado definitivamente por la Cámara. Este reemplaza el Techo de Gastos de Temer por un nuevo techo, más flexible, pero con el mismo objetivo: imponer un régimen de austeridad fiscal para los próximos años, restringiendo los gastos públicos, para garantizar el pago de la deuda a los banqueros.
A su paso por el Senado echa por tierra el argumento de que este nuevo techo es una especie de “combinación posible” de cara a un Congreso Nacional más conservador. Por el contrario, el proyecto fue diseñado directamente por el gobierno de Lula, con Haddad a la cabeza, y cosido junto con Lira y el Centrão.
Y, así, fue arduamente defendido. Tanto es así que, si en la Cámara, el PT prohibió cualquier enmienda para suavizar el proyecto, en el Senado, Haddad trabajó personalmente para que el texto fuese aprobado sin alteraciones.
Aún así, en el Senado, el Marco Fiscal fue modificado por el relator Omar Aziz (PSD-AM) y por el senador Renan Calheiros (PMDB-AL) quienes, en contra de la voluntad del gobierno, retiraron del techo de gastos el Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación ( Fundeb) y los gastos con ciencia y tecnología, manteniendo el grueso de los ataques.
Es decir, justamente lo que reclamaban sectores como la CUT y otras centrales sindicales. Y eso, aun así, mantiene la lógica perversa del proyecto. Recordando, también, que incluso estos puntos tenían una gran posibilidad de volver a la Cámara.
Tras su aprobación y la tramitación de la Reforma Tributaria, el Ministerio de Hacienda ya adelantó que el próximo paso será el envío de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que desvincule del Presupuesto los gastos de Salud y Educación. Esa era una obsesión de Paulo Guedes, que nunca logró implementar.
Marco Fiscal: entender el nuevo techo de gastos
– El crecimiento de los gastos solo puede subir hasta 70% del aumento de los ingresos.
– Independientemente de la recaudación, el crecimiento de los gastos debería variar entre 0,6% y 2,5% respecto del año anterior. Es decir, si el país experimentara un “boom” económico y una explosión en la recaudación, los gastos solo aumentarán hasta 2,5%.
– Ese nivel de gasto es inferior al de los tres gobiernos del PT y, en promedio, la mitad de lo que fueron en los años de FHC.
– Impondrá un ajuste en los servicios públicos y en el propio salario mínimo, ya que prestaciones como pensiones, o el Beneficio de Prestación Continua (BPC), continúan por debajo del techo.
– Si no se cumple la meta de superávit primario (ahorro para pagar los intereses de la deuda a los banqueros), quedan prohibidas las licitaciones públicas e incluso los reajustes por inflación a los empleados.
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
