Me duele en el alma ver el video de Bruno Pereira entonando cánticos indígenas en medio del bosque. Uno de los indigenistas más talentosos del país, dedicado a la defensa de los pueblos originarios, especialista en pueblos aislados, fue despedido por la jefatura de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en 2019 por hacer con excelencia su trabajo: tener el coraje de conducir un operativo que expulsó a cientos de garimpeiros de la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima.
Por: Jeferson Choma
En aquel tiempo, Bolsonaro ya defendía a los buscadores de oro en Tierras Indígenas y, algún tiempo después, incluso visitó una región de garimpo ilegal en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en el municipio de Uiramutã, también en Roraima.
Desde el pasado 5 de junio, Bruno y el periodista inglés Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian , desaparecieron en Vale do Javari, en el Amazonas, cuando viajaban entre la comunidad Ribeirinha São Rafael y la ciudad de Atalaia do Norte. Este miércoles 15, la policía anunció la solución del caso. Ambos fueron bárbaramente ejecutados y sus cuerpos cortados e incendiados por Amarildo da Costa de Oliveira, conocido como Pelado, y por Ozinei da Costa Oliveira, quien confesó el crimen. Las muertes del periodista y del indigenista fueron confirmadas la noche del 15 de junio por todas las organizaciones indígenas.
Bruno ayudaba a un equipo de vigilancia de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja) a resguardar su territorio. Ayudaba en entrenamiento con drones, en el georreferenciación, en el uso de imágenes satelitales para que los indígenas pudiesen documentar la invasión de su territorio por garimpeiros, traficantes, cazadores y pescadores ilegales. Ayudó a producir documentos con relatos de invasiones, señalando la presencia de grupos armados, denunciando amenazas e incluso ataques a tiros contra indígenas.
Con todo esto, se entregó un informe al Ministerio Público Federal de Tabatinga, a la Fuerza de Seguridad Nacional, con sede en la región, y a la propia Funai. El documento incluso mencionaba el nombre del Pelado.
Hace dos años y medio, Maxciel Pereira dos Santos, colaborador de la Funai en Tabatinga, fue asesinado por pistoleros frente a su familia. Bruno firmó una oficio con otros diez empleados, remitido a la Defensoría Pública de la Unión (DPU) para denunciar el asesinato y ocho tiroteos en Vale do Javari (Amapá). En la época, Adelson Korá Kanamary, coordinador de la Asociación Kanamary del Valle de Javari (Akavaja), dijo al Consejo Indígenista Misionario (Cimi): “El problema más grave que enfrentamos aquí en el Valle de Javari, ahora, no es ni siquiera las invasiones. Son las amenazas de muerte”.
Todos sabían que nuevas ejecuciones serían una cuestión de tiempo. Y la razón fue explicada por el propio oficio firmado por Bruno: el desmantelamiento de la Funai, los sucesivos cortes presupuestarios y el debilitamiento de la fiscalización que atizaron los delincuentes. “Antes, los invasores se evadían al avistar los equipos [de vigilancia]. En los últimos años, sin embargo, la realidad ha ido cambiando gradualmente, caracterizada por la presencia cada vez mayor de audacia y violencia”, citaba el documento entregado a la DPU.
Líderes indígenas de la región denunciaron la demora del Estado brasileño en iniciar la búsqueda de los desaparecidos. Solo después de una fuerte demanda internacional, el gobierno decidió moverse. Pero Bolsonaro y el presidente de la Funai no dejaron de lanzar un sórdido intento de desmoralización de las víctimas, como un perfume barato rociado en el aire para avivar a su caterva. El primero dijo que serían “aventureros” en tierras peligrosas y, luego, que Dom Phillips era “mal visto en la región”, en su ya tradicional línea de sembrar noticias falsas y culpar a las víctimas. Y el segundo dijo que el indigenista y el periodista inglés no estaban autorizados a entrar en la Tierra Indígena Vale do Javari. En una nota, la Univaja rebatió a la Funai y dijo que Bruno tenía licencia para ingresar en territorio indígena. Según la entidad, el indigenista salió de la tierra indígena para encontrarse con Dom Phillips, quien nunca pisó la Tierra Indígena. Ambos, de hecho, desaparecieron fuera de ella. En protesta contra las declaraciones del delegado que desmantela la Funai, los empleados del organismo realizaron un paro de 24 horas (el día 15) exigiendo su retractación sobre la falsa información respecto de Bruno y Dom Phillips.
Mientras intentan desmoralizar a las víctimas, siempre es bueno recordar que el gobierno permitió que los misioneros evangélicos tomaran contacto con los pueblos indígenas aislados en el Valle de Javari, cuando Bolsonaro nombró al pastor Ricardo Lopes Dias para comandar la Coordinación General de Indios Aislados. Hoy, las ciudades cercanas al Vale do Javari están abarrotadas de misiones evangélicas que intentan contactar a los indígenas, aunque existen mandatos judiciales que impiden que los misioneros hagan contacto. Es la conquista del alma para conquistar el territorio.
‘Guadañazo en la Funai’
“Si soy elegido, voy a dar un guadañazo en la Funai, pero un guadañazo en el cuello. No hay otro camino. No sirve más”, declaró Bolsonaro en agosto de 2018, en plena campaña presidencial.
El guadañazo comenzó con la designación del delegado de la Policía Federal Marcelo Xavier para la presidencia de la Funai, un lacayo del pecuarista Nabhan Garcia, exjefe de la Unión Democrática Ruralista (UDR) y vinculado a las milicias rurales que sembraron el terror en la región del Pontal do Paranapanema (SP) entre 1990 y 2000. Hoy es secretario especial de Asuntos Territoriales del gobierno federal, organismo del Ministerio de Agricultura.
Guadaña en mano, el delegado policial Xavier redujo en 40% el presupuesto de la Funai. Paralizó 620 procesos de demarcación de tierras indígenas que se encontraban en la fase inicial. Encajonó 117 procesos más que se encontraban en la fase final de homologación de la Presidencia de la República.
Al igual que con Bruno, la Funai pasó a perseguir a innumerables empleados. Los informes realizados por los trabajadores en campo comenzaron a ser tratados como «opiniones personales» en lugar de constataciones realizadas por profesionales en el lugar. Muchos fueron transferidos a la fuerza hacia actividades burocráticas y otros simplemente no pueden trabajar debido a las trabas burocráticas, autorizaciones, además de la falta de fondos necesarios para el trabajo en campo.
Además, la Funai fue “manipulada” por militares (siempre ellos, en busca de negociados [boquinhas]…). Hubo reemplazos de empleados públicos con concursos de la Funai por personal militar de las Fuerzas Armadas y de la policía. De las 39 coordinaciones regionales de la Funai, solo dos son administradas por empleados con concurso público. En Vale do Javari, por ejemplo, el responsable era Henry Charlles Lima da Silva, un teniente de reserva del Ejército que fue exonerado hace un año por decir que “prendería fuego” a indígenas aislados.
Además de negociados y puestos de poder, los militares buscan conquistar alguna sociedad en el garimpaje [actividad extractiva de minerales, en particular, oro, ndt.] de la Amazonía. Hay sospechas de que el general Mourão [vicepresidente en el gobierno Bolsonaro] y otros militares se estén asociando a proyectos mineros en la región. Según un reportaje del diario Folha de S. Paulo, el general de reserva Cláudio Barroso Magno Filho es un lobista de la empresa minera Potássio do Brasil, acusada por el Ministerio Público Federal (MPF) de cooptación de indígenas del pueblo Mura para la exploración minera en la Amazonía, más específicamente en la región de Autazes (AM), entre los ríos Madeira y Amazonas. La empresa minera incluso llegó a operar dentro del territorio indígena, conforme la acción del MPF, incluso sin licencia ambiental y sin una autorización formal de los indígenas, como exige la legislación. Personal militar equipado en la Funai realiza prospección de minerales en la Tierra Indígena de la Amazonía.
Pero no es solo eso. El equipamiento también obedece a las demandas de la vieja e infame UDR. Con la publicación de la Instrucción Normativa N° 9/2020 de la Funai, Nabhan Garcia logró que su lacayo borrara del Sistema de Gestión Territorial (Sigef) las tierras no homologadas, en proceso de demarcación, y áreas descubiertas de indígenas aislados, además de terrenos baldíos de la Unión. Esto imposibilitó constatar la superposición de tierras de propietarios privados en tierras indígenas, al mismo tiempo que permitió que los 237 territorios que aún se encuentran en proceso de demarcación puedan ser vendidos o loteados. El viejo Marx llamaría esto acumulación primitiva. Es el «enclosure» siendo borrado del sistema.
La caballería de Bolsonaro
Desde su campaña electoral, Bolsonaro decía que no demarcaría ni un milímetro de tierras indígenas. En varias ocasiones se pronunció contra los derechos de los pueblos originarios, defiende la tesis del marco temporal y el garimpaje en tierras indígenas. Junto con el Congreso, el gobierno prepara el “paquete de destrucción”, un ataque de proporciones históricas contra el medio ambiente, los pueblos de la selva y toda la población.
Su política debe ser catalogada como de exterminio de los pueblos originarios, y así lo dejó muy claro en una entrevista al Correio Braziliense, el 12 de abril de 1998: “Es una pena que la caballería brasileña no haya sido tan eficiente como la caballería americana, que exterminó a los indios”. Incluso con abundantes demostraciones de su política genocida, Bolsonaro tuvo la desfachatez de otorgarse a sí mismo la Medalla del Mérito Indigenista.
La “guadaña en la Funai” es la guadaña de la muerte, del exterminio indígena promovido por Bolsonaro y atiza a criminales y milicianos. Todos se frotaron las manos y vieron la oportunidad para hacer lo que la caballería brasileña no hizo. “Estos hombres [criminales y bandidos] se sienten protegidos por la Presidencia de la República”, explicó Sydney Possuelo sobre invasores de tierras indígenas, en una entrevista al programa Roda Viva que se emitió el 13 de junio. Possuelo, por cierto, devolvió la Medalla del Mérito Indigenista que recibió hace 35 años. El gesto fue en protesta por la concesión de ese honor a Bolsonaro.
En la Amazonía existen verdaderas bandas que roban tierras, extraen maderas y minerales ilegalmente en estas zonas, controlan ríos y rutas para el narcotráfico en áreas de frontera. Si antes actuaban en las sombras, estaban dispersas y actuaban de forma poco coordinada, ahora actúan a la luz del día, sin mayores constricciones y con más letalidad.
No es casualidad que, entre 2020 y 2021, el número de conflictos en el campo sea el más alto en 35 años, y el número de asesinatos en este tipo de enfrentamientos haya crecido 75%, según un relevamiento anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, hubo un crecimiento de 9,2% en la violencia letal entre 2018 y 2020 en ciudades boscosas de la región Norte del país. Esto incluye un guiño en la ocupación del área demarcada, en el avance del narcotráfico, de la caza y la pesca clandestinas, de la extracción ilegal de madera y de la minería aurífera.
En toda la Amazonía ha habido un incremento en los asesinatos de indígenas, quilombolas, ribereños, campesinos, indigenistas, ambientalistas y activistas. La desaparición de un periodista reconocido como Dom, blanco y europeo, dio una fuerte evidencia a la violencia en la región, como fue también el caso de la misionera estadounidense Dorothy Stang, asesinada en 2005, en el municipio de Anapu (Pará). Pero también revela cómo el bandidaje se siente a voluntad en el ambiente político proporcionado por Bolsonaro.
La Tierra Indígena Vale do Javari viene sufriendo ataques de madereros, pescadores, cazadores, buscadores de oro y traficantes, que actúan en forma de consorcio. En general, el “patrón” de los cazadores y pescadores ilegales, es decir, quien los financia, es el traficante y el maderero, y todo el consorcio de criminales tiene profundas ramificaciones con agentes públicos de seguridad, políticos locales, comerciantes y autoridades. En el Valle de Javari ya se han registrado al menos 12 masacres contra los pueblos indígenas aislados, entre 1966 y 2001 (ver aquí ). Uno de los más conocidos ocurrió en setiembre de 1989, cuando un grupo del pueblo Korubo, aún sin ningún contacto con la sociedad circundante, fue masacrado por invasores y sus cuerpos enterrados en una fosa poco profunda en una de las playas del río Itacoaí.
Otros ejemplos de la acción de criminales del consorcio tuvieron lugar en agosto de 2021, cuando en la región de Nova Mutum, en Porto Velho, una operación policial llevó a la muerte de tres trabajadores sin tierra. En la época, otras cinco personas fueron desaparecidas, según la CPT. Un año antes, dos policías acusados de ser milicianos fueron asesinados en el lugar. En ese momento, la Policía Federal investigaba a empresarios, abogados, jueces, servidores públicos y empresas que formaron una banda y consiguieron lucrar más de R$ 330 millones a través del grillaje de tierras y el fraude.
En el norte del país, el garimpo ilegal provocó nueve muertes en 2020 y 109 en 2021, lo que significa un incremento de 1.110%. De las 109 muertes en 2021, 101 fueron indígenas yanomamis de Roraima. La explosión del garimpaje en la Tierra Indígena Yanomami también tiene el dedo del crimen organizado. Según información de los indígenas e investigaciones de la PF, los garimpeiros son dirigidos por el PCC [Primer Comando de la Capital] y están fuertemente armados. Es el narcogarimpo expandiendo sus tentáculos en la Amazonía.
En la ciudad donde fue asesinada Dorothy Stang, crece el ataque a los trabajadores rurales e indígenas de Anapu (PA), con asesinatos, prisiones y amenazas de muerte, y Erasmo Teófilo, presidente de la Cooperativa de Agricultores Volta Grande do Xingu, está en la mira de la escopeta.
Si coyunturalmente toda esta violencia tiene relación con el ambiente político brindado por el gobierno de Bolsonaro, desde un punto de vista estructural se explica por el avance del capitalismo en la Amazonía que, a lo largo de la historia, convierte medios y situaciones no capitalistas o precapitalistas en instrumentos de la producción capitalista propiamente dicha, es decir, de producción de más valor. Esta es la clave para entender la expropiación territorial, la disolución de las relaciones sociales que bloquean su reproducción ampliada o incluso la incorporación de aquellas que no pueden ser reemplazadas. Así, son recreadas, pero bajo nuevas determinaciones resultantes de la mediación del capital. Esto explica la colonización sistemática, la existencia del peonaje, del trabajo esclavo en la región (incluso entre garimpeiros); cómo la deforestación y los incendios forestales son formas de expansión de la propiedad privada de la tierra; el proceso de anomia social de las comunidades tradicionales, o de parte de ellas; la deshumanización y el racismo contra indígenas, quilombolas y campesinos de la selva.
El bandolerismo, el crimen y los negocios ilegales capitalistas solo abren la carrera para los “negocios legales” del gran capital, como lo demuestra la historia reciente de la Amazonía. Mientras exista el capital, el bosque, su población y la humanidad seguirán amenazados.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 16/6/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.
