[A inicios de este mes de agosto], el país quedó aterrorizado con el caso de la niña de 10 años embarazada víctima de violación. La violencia fue descubierta el 8 de agosto en São Mateus, en Espírito Santo, cuando en razón de dolores abdominales, la niña fue llevada al hospital y los exámenes constataron el embarazo.

Por: Fabiola Valdambrini y Marisa Mendes – Secretaría Regional de Mujeres del PSTU San Pablo

La niña, que vive con la abuela, contó que era violada por el tío desde los 6 años de edad. Se registró la denuncia y la policía expidió un pedido de prisión preventiva contra el agresor, que estaba prófugo y solo fue preso el 18 de agosto.

El caso salió a la luz luego de que la ministro de la Mujer, Damares Alves, divulgó la violación en sus redes sociales, afirmando que su equipo estaba siendo accionado para entrar en contacto con las autoridades del lugar para “acompañar el proceso criminal hasta el fin”. Sabemos que por tratarse de violación de vulnerable, todo debería haber ocurrido en sigilo absoluto y quedado en el ámbito de la salud, una vez que casos semejantes no son sometidos a la justicia y tampoco divulgados en los medios, lo que no ocurrió en este caso.

A pesar que en el Brasil la interrupción del embarazo en casos de violación esté asegurada por ley, no dependiendo de medida judicial y permitiendo que el procedimiento se realice por medio del servicio público de salud y tiene que ser respetada la protección integral de las niñas y adolescentes, como consta en el Estatuto del Niño y los Adolescentes, esa garantía legal no se cumplió. Incluso con la gestación avanzada y los riesgos para la vida de la niña, los órganos competentes condicionaron el aborto a la determinación judicial.

Violaciones sistemáticas, exposición criminal y sensacionalismo

Como si no bastase que la Secretaría de Salud no haya ofrecido atención adecuada a la víctima, una vez que el procedimiento para la interrupción del embarazo debería haber sido realizado con la simple concordancia del responsable, ya que es un derecho de la víctima y no hay necesidad siquiera de denuncia policial, de acuerdo con la prensa, la niña lloraba mucho y entraba en desesperación solamente con que se le preguntara sobre el deseo de dar continuidad al embarazo.

Para empeorar aún más la situación, fue encaminada para un abrigo mientras el caso quedó bajo análisis del Tribunal de Justicia de Espírito Santo, prolongando y provocando aún más sufrimiento a la víctima, ya que la decisión que autorizó la realización del aborto solo fue emitida el viernes 14 de agosto.

Además, luego de la sentencia judicial, la niña llegó a ser internada en un hospital de Vitória, pero el equipo del Programa de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual (PAVIVI) se negó a realizar el procedimiento, alegando que no poseía protocolo instituido para tales casos. Frente a la negativa, la niña debió ser transferida de Estado para la realización del aborto.

Con todo, en la fecha en que la interrupción del embarazo sería realizada, la activista de extrema derecha y ex funcionaria del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, Sara Giromini, investigada en sumario sobre fake news y actos antidemocráticos, y que llegó a ser presa, vino a público a través de las redes sociales y divulgó indiscriminadamente la identidad de la víctima y el nombre del hospital donde estaba internada, así como del médico que realizaría el procedimiento.

Hasta el momento, no se sabe cómo Sara Winter, como es conocida, obtuvo los datos de la niña y los detalles de dónde sería atendida, pero el hecho es que la divulgación públicamente no solo violó la Constitución Federal, que en su artículo 227 prevé que niñas y adolescentes son prioridad absoluta y deben ser protegidas por la familia, por la sociedad y por el Estado, sino también el Estatuto del Niño y el Adolescente. Afrontó incluso la Declaración Universal de los Derechos del Niño de la ONU, de la cual el Brasil es firmante, que reitera con más fuerza que ningún niño puede tener su nombre mencionado sin autorización de los padres.

Desde el punto de vista de los Derechos Humanos también hubo violación, en vista de que estos están consagrados internacionalmente por la esencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primado básico es la integridad.

No satisfecha, la simpatizante de Bolsonaro incitó a grupos de fundamentalistas religiosos, políticos ligados a partidos conservadores y simpatizantes del gobierno federal, a que comparecieran al hospital en una tentativa de impedir el procedimiento. Ocurrió aglomeración y tentativa de invasión al hospital, también agresión a los profesionales, profirieron palabrotas contra una niña de 10 años que fue víctima de violación, llamándola de asesina, así como contra el médico responsable por el equipo que la atendería, culpabilizando a la víctima en lugar de reclamar la prisión y la punición del estuprador.

No fue un caso aislado

Aunque esta situación venga siendo tratada como un caso aislado, la realidad es muy diferente. De acuerdo con los datos oficiales, el Brasil registra en media seis internaciones diarias para aborto de niñas entre 10 y 14 años víctimas de violación. Desde 2008 se han registrado casi 32.000 abortos que involucran a jóvenes en esa franja etaria, siendo que solo en 2020 fueron al menos 642 internaciones. Si fuesen consideradas las 20.000 internaciones en las cuales constan datos de raza o color de piel, 13.200 fueron de niñas pardas (66%) y 5.600 de blancas (28%). Esos datos incluyen abortos realizados por razones médicas, espontáneos y de otros tipos.

No es para menos –conforme el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2019–; por hora cuatro niñas de hasta 13 años son violadas en el país, más de la mitad de las víctimas de violación son niñas de hasta 13 años, y la mayoría absoluta de los violadores son conocidos de las víctimas.

Si por un lado esos números inaceptables evidencian la naturalización del machismo y una cultura de la violación, por otro, demuestran también la necesidad de políticas públicas e inversión consecuente para preservar a niñas y mujeres. ¡Ningún niño puede ser la próxima víctima!

Lamentablemente, el empeño de la ministro Damares en divulgar el caso en las redes sociales y presionar a la niña para seguir hasta el fin con el embarazo, no es visto cuando se trata de invertir más recursos para la atención de las víctimas de violencia. Por el contrario, el Estado no tiene esa misma dedicación en el sentido de invertir más recursos para la atención de víctimas de violencia, expandiendo los servicios para las mujeres y las niñas que son cotidianamente violentadas. Lo que hemos visto son cortes sucesivos de dinero para el combate a la violencia por parte del gobierno Bolsonaro, al mismo tiempo que su discurso machista perpetúa la violencia.

Por su parte, los sectores de ultraderecha que apoyan el proyecto genocida de Bolsonaro y se manifiestan contra una niña de 10 años, cierran los ojos y se callan ante la falta de inversión de este gobierno en políticas de combate a la violencia contra las mujeres y las niños.

Aborto es cuestión de salud pública

Este caso arroja luz también sobre otra cuestión: en el Brasil, millares de mujeres son obligadas a recurrir al aborto clandestino todos los años, y acaban muriendo o quedan con secuelas graves, además de traumas, síndromes y secuelas psicológicas que pueden desarrollar. Entre 2008 y 2017, cerca de 2,8 millones de mujeres fueron internadas con complicaciones en virtud de la práctica clandestina de aborto, siendo la cuarta causa de muerte materna en nuestro país.

Esa es la realidad de muchas mujeres y adolescentes de la clase trabajadora, de las desempleadas, de las negras, de las que viven en la periferia, pero no de las burguesas y de las de la alta clase media, que pueden recurrir a clínicas carísimas o viajar para países donde el procedimiento es legalizado; o sea, para las mujeres ricas que tienen dinero para pagar, el aborto es legal.

La mayoría de las mujeres que recurren al aborto tiene religión, ellas son casadas y tienen otros hijos, o sea, lo inverso del estereotipo de la llamada mujer promiscua o de comportamiento irresponsable que sectores contrarios a la legalización del aborto propagan falsamente.

No podemos permitir la hipocresía y que preceptos morales y religiosos como vimos en este caso, estén por encima de la vida y de la salud de las mujeres trabajadoras. Las leyes y políticas públicas deben servir a toda la población, por eso defendemos la descriminalización y la legalización del aborto, y que sea tratado como cuestión de salud pública.

No obstante, lo estamos asistiendo es que en incluso en casos en que el aborto es legal, como el embarazo resultado de violación, riesgo de vida de la mujer y fetos anencéfalos (que no desarrollan el cerebro), las mujeres continúan siendo oprimidas, criminalizadas y teniendo sus derechos violados. Muchas veces quedan sometidas a la repetición de la situación de abuso por la cual pasaron, son maltratadas por profesionales de la salud, son expuestas a cumplir exigencias ilegales, como tener una denuncia hecha o la determinación judicial para realizar el procedimiento.

Mientras, en los servicios públicos predomina la desinformación y la intolerancia, combinadas con la falta de inversión y el desmantelamiento de los servicios, pues, conforme el relevamiento de la organización Artículo 19 en asociación con la revista Azmina y Gênero y Número, se apunta que en el Brasil solo 55% de los hospitales que atienden a mujeres víctimas de violencia para la realización del aborto legal están en funcionamiento durante el periodo de la pandemia. Vale destacar que esa restricción de acceso a la atención viene arrastrándose desde antes de la pandemia; en 2019, de los 176 hospitales que constaban en la lista de aptos para realizar la atención, apenas 76 estaban funcionando.

Punición

Junto con la punición del agresor, tío de la niña que fue preso el martes pasado, es flagrante y urgente que las circunstancias que involucran este caso sean severamente investigadas, y todos los responsables por las sistemáticas violaciones de los derechos de la niña también sean responsabilizados.

Frente a todos estos hechos, queremos saber por qué dos hospitales se negaron a realizar un procedimiento que está garantizado por ley, siendo que uno de ellos, incluso después de la determinación judicial, obligó a la niña a tener que viajar a otro Estado para realizar el aborto. Queremos saber por cuál motivo la justicia fue accionada a pesar de que el aborto en caso de violación no necesite de decisión judicial, saber también cómo las informaciones de la niña fueron filtradas de los organismos públicos.

Exigimos también la prisión de Sara Winter, que de manera intencional divulgó los datos, incitó a personas y violó las garantías básicas para la preservación de la vida de una niña de 10 años.

Es por la vida de las mujeres

Vivimos en plena pandemia de Covid-19, que ya mató a más de 110.000 personas en el país, en su mayoría trabajadores y trabajadoras que mueren en la periferia. Situación que se agrava por la profunda crisis económica, que es aprovechada por los gobiernos para arrojar la crisis del capitalismo encima de la clase trabajadora en el país y en el mundo.

La combinación de la pandemia con la crisis económica ha profundizado los males del capitalismo en el país y en el mundo, siendo que los sectores oprimidos de la clase trabajadora son los más penalizados. Aumentaron los casos de violencia doméstica y feminicidios; las mujeres son las más afectadas con los despidos y el aumento de la miseria; las empleadas domésticas, en su mayoría mujeres negras, son obligadas a seguir trabajando para mantener el confort de la burguesía racista y parásita; dentro de casa también aumenta la jornada de trabajo con el cuidado de los niños y los servicios de limpieza; la población LGBT también enfrenta la violencia y la opresión dentro de casa.

Pero el capitalismo, que es impiadoso con la clase trabajadora, con las víctimas de violencia y con el pueblo pobre de la periferia, es benevolente con las ganancias de la burguesía que nos explota y que se hace más rica durante la pandemia. Eso es lo que ha hecho el gobierno Bolsonaro, uniendo ataques a nuestros derechos con un discurso de odio a las mujeres, negros y negras, inmigrantes, LGBTs.

El sistema capitalista combina de una forma muy nefasta la explotación y la opresión volviendo la vida de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos cada vez más miserable e insoportable. Por eso precisamos de una sociedad socialista que acabe con la opresión y la explotación, que acabe con la desigualdad social, para que tengamos una vida digna y plena.

Es por la vida de las mujeres que reafirmamos que la descriminalización y la legalización del aborto es una lucha de toda la clase trabajadora. Mujeres y hombres que sufren con la explotación y la opresión deben estar en unión para acabar de una vez con esta sociedad que discrimina, explota y ataca nuestros derechos.

  • ¡Todo apoyo y solidaridad con esa niña y con todas las víctimas de la violencia contra la mujer y los niños!
  • ¡Punición al agresor y a todos los agresores!
  • ¡Punición para quien filtró las informaciones sigilosas!
  • ¡Prisión para Sara Winter por divulgar la identidad de la niña e incitar a la violencia contra la víctima!
  • ¡Educación sexual laica para decidir, anticonceptivos para no abortar!
  • ¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
  • ¡Descriminalización y legalización del aborto!
  • ¡Fuera Bolsonaro, Mourão y Damares!
  • ¡Por una sociedad socialista sin explotación ni opresión!

Artículo publicado el 20 de agosto de 2020, en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.