Ante el proceso electoral en Ecuador
Articulación Revolucionaria de los Trabajadores[1] frente a la coyuntura electoral
El proceso electoral realizado el 7 de febrero para elegir a las principales autoridades ejecutivas y legislativas del Ecuador, arroja resultados con importantes novedades y cambios en el escenario político, los cuales marcan un hito en la región.
Este proceso se enmarca en un contexto internacional caracterizado por una grave situación de hambre, desempleo, desigualdad y miseria que sufren los trabajadores y las mayorías oprimidas propias del capitalismo, agudizadas por la imparable pandemia del Covid 19. La recuperación de la economía mundial es muy lenta y existe la amenaza de una recesión económica y financiera semejante a la ocurrida entre el 2007 y el 2009. Frente a esta situación se experimenta un ascenso de las luchas de diversos sectores y movimientos sociales en diversas regiones y países del mundo, entre ellas las que se han presentado en los Estados Unidos contra el racismo y las políticas antimigratorias. En América Latina existe una polarización entre la derecha neoliberal y la nueva derecha denominada “progresismo” que ha llegado al poder nuevamente en países como Argentina y Bolivia, por primera vez en México y tiene altas posibilidades de volver al poder en el Ecuador.
Un primer fenómeno que se evidencia en el caso ecuatoriano, aunque ya se lo esperaba, es el rechazo masivo de los electores al régimen presidido por Lenin Moreno, hecho que se expresa en la bajísima votación obtenida por los candidatos más cercanos al mismo, como la asambleísta Jimena Peña y el ex-Ministro de Cultura Juan Fernando Velasco, cuya votación fue inferior al 2% de los sufragantes. Sus políticas abiertamente neoliberales dictadas por el FMI y los grupos empresariales más poderosos, han conducido a los sectores más pobres de la población a una situación de muerte, dolor y desesperación, producto de la inoperancia y la indolencia de las autoridades gubernamentales.
Un segundo resultado de las elecciones es la derrota de la derecha conservadora-neoliberal, representada por la alianza entre los dos principales partidos de dicha tendencia: CREO y el PSC (Partido Social Cristiano), cuyo candidato presidencial, el banquero Guillermo Lasso, ha quedado relegado a una disputa cerrada por el segundo lugar con el candidato indígena Yaku Pérez, pese a disponer de cuantiosos recursos económicos para la campaña, el apoyo de los grupos empresariales más poderosos y de los grandes medios de comunicación. El retroceso de este sector se refleja también en la Asamblea Nacional donde los asambleístas de dichos partidos han sido desplazados a las minorías, mientras la UNES (correísmo), Pachakútik (movimiento indígena – CONAIE) y la ID (Izquierda Democrática) cuenta con los bloques mayoritarios (aproximadamente 46 asambleístas del primero, 27 el segundo y 17 el tercero).
En tercer término, si bien el candidato designado por el correísmo, Andrés Arauz obtuvo el primer lugar con un 32,7% de los votantes aproximadamente, no cumplió con las expectativas de sus dirigentes y partidarios que esperaban una votación más alta, e inclusive aspiraban a ganar en primera vuelta. Su campaña de ofertas demagógicas como la entrega de un bono de mil dólares a un millón de personas, o de adquirir 4 millones de vacunas que supuestamente serían enviadas desde Argentina, no calaron en las masas. Aunque la UNES aprovechó el descrédito del gobierno actual, la gente no olvida que en los diez años del gobierno correísta no cumplieron promesas como el cambio de la matriz productiva, la no explotación petrolera en Yasuní, respetar la autonomía del Seguro Social, democratizar la educación especialmente superior, entre otras ofertas. Pesó también la galopante corrupción en los contratos de obras públicas y el rechazo al autoritarismo fundamentado en el control de todos los poderes del Estado, la persecución a los opositores y la criminalización de la protesta social.
Una de las sorpresas más importantes del proceso electoral es la alta votación obtenida por el candidato indígena Yaku Pérez (19,4%) y su movimiento político Pachakútik que se encuentran disputando el segundo lugar con un margen muy cerrado frente al candidato de la derecha y le permite a PK contar con un importante bloque de 27 asambleístas. Este hecho rompe la dicotomía política entre la derecha neoliberal y el desarrollismo correista y abre las puertas a una tercera opción que cuenta con una base social social muy importante conformada no solamente por los indígenas y campesinos, especialmente de la Sierra, sino también por movimientos sociales como los ecologistas, feministas, organizaciones de trabajadores, populares y barriales, jóvenes urbanos agobiados por el desempleo y la falta de oportunidades de un sistema excluyente.
Ha surgido una discusión muy importante en la izquierda sobre si Yaku Pérez expresa a ese gran conglomerado popular que participó en la gran insurrección de Octubre del 2019 y también, de manera correlacionada, sobre los intereses de clase que representa. Son temas complejos que se debe profundizar. Sobre el primer tema nosotros pensamos que Yaku Pérez sí expresa el proceso insurgente de Octubre aunque de manera distorsionada por el tema electoral. Su trayectoria política, a diferencia de Correa y Arauz, está muy vinculada a las luchas por el agua y el medio ambiente, en oposición al extractivismo minero, principalmente en su provincia natal Azuay.
Su programa recoge los postulados de la cosmovisión indígena y plantea la armonía con la madre naturaleza (la Pachamama) y la sociedad. “Vamos a pasar -dice- de la visión individualista de la modernidad capitalista, para actuar desde el sentido de la comunidad, desde el nosotros”. Algunos de sus postulados son el combate a la violencia de género, la regulación de la minería y la reversión al Estado de todas las concesiones mineras, la defensa del agua y la autodeterminación de los territorios. En lo referente a la economía plantea su reorganización en base a las necesidades básicas de la población, partiendo del fundamento de la salud y la educación. También la separación entre la banca y el Estado. La política de empleo será la prioridad como norma de organización de la producción. Propone reestructurar un sistema de redistribución de los ingresos y de los productores para reactivar la economía y fortalecer el desarrollo del mercado interno. Adicionalmente una política agraria integral que significa acceso a la tierra mediante reformas a la Ley de Tierras, Seguridad y soberanía alimentaria. En cuanto a la deuda externa plantea el no pago de la deuda externa ilegítima. Propone una reforma tributaria bajo el principio de quien más gana más contribuye y la planificación mediante redes de producción social y seguridad social solidaria y universal. En síntesis, aunque el programa presentado es bastante general y ambiguo, podemos concluir que no es un programa revolucionario anticapitalista sino un programa reformista y de conciliación de clases.
Sobre el tema de los intereses de clase, conocemos que el movimiento indígena es muy heterogéneo y policlasista. A su interior coexisten grupos que van desde una burguesía indígena (propietarios de empresas donde contratan y explotan a los trabajadores asalariados), a sectores pequeñoburgueses dueños de medianas propiedades especialmente agrícolas, o intelectuales que han logrado acceder a la educación superior, hasta una amplia mayoría conformada por el grueso del campesinado pobre que cuenta con pequeñas parcelas de tierra que no les permiten una subsistencia familiar adecuada y se ven obligados a trabajar como jornaleros en el campo o la ciudad (semiproletarios), o dedicarse al trabajo informal en las ciudades. Yaku Pérez pertenece al segundo estrato de la pequeñoburguesía campesina, pero como se conoce, esta clase no tiene por sí misma la capacidad para formular un proyecto de sociedad propio, sino que oscila entre los intereses de la burguesía o los del proletariado, dependiendo de las circunstancias históricas y sociales.
Se observa que esta heterogeneidad se refleja también al interior de la CONAIE, la organización que históricamente ha tenido un papel protagónico en las luchas indígenas, pues es la que ha encabezado varios levantamientos y movilizaciones que se han producido desde 1990, año de un gran levantamiento que dio cuenta de una nueva etapa, en que el movimiento indígena pasa a cumplir el papel de de vanguardia de las luchas populares. En Octubre del 2019 ya se observó contradicciones entre los diferentes grupos, las cuales se evidenciaron en la coyuntura electoral cuando Pérez fue designado como candidato presidencial de manera poco democrática por la cúpula de PK, sin tomar en cuenta a las bases de la CONAIE que estaban planteando las candidaturas más identificadas con las bases empobrecidas, como las de Leonidas Iza y Jaime Vargas.
De todas maneras, pese a estas divergencias al interior del movimiento indígena, se puede apreciar que en las elecciones pasadas, una amplia mayoría de las bases indígenas, especialmente en las provincias del Sur de la Sierra y en las de la Amazonia, optó por la candidatura de Yaku Pérez, lo cual muestra una identificación que rebasa el fenómeno de la clase social y se ubica mas bien en el campo de lo étnico, lo cual se explica por el racismo y la terrible discriminación que han sufrido los pueblos y nacionalidades indígenas desde la época colonial.
En el momento actual Yaku Pérez, con el respaldo de Pachakútik y la CONAIE ha denunciado un fraude electoral en su contra por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que ha jugado un papel desastroso en este proceso. Se han presentado alguna evidencias para demostrarlo, pero un hecho muy sospechoso es que una enorme cantidad de actas de la provincia del Guayas, el doble de lo normal en estos procesos, presentaron irregularidades e inconsistencias. Debemos puntualizar que en esta provincia el Consejo Electoral encargado de los comicios en dicha provincia está controlado por el PSC, en tanto que PK y los indígenas no tienen la capacidad para poner observadores en las juntas electorales de una región altamente poblada.
Además, luego de que Yaku Pérez realizó un acuerdo público con el candidato Guillermo Lasso para que se realizara un nuevo conteo de los votos en siete provincias, el candidato derechista se echó atrás. El Consejo Nacional Electoral, visiblemente divido, no dio paso a la revisión del 100% de las actas en Guayas y del 50% en 16 provincias, como se anunció al país, de manera que en la práctica Pérez ha sido prácticamente eliminado de la segunda vuelta.
En estas circunstancias varias organizaciones regionales de la CONAIE, como la Ecuarunari (filial de la CONAIE en la Sierra) y la CONAICE de la Costa, han realizado un llamamiento a la movilización de sus bases en contra del fraude electoral, misma que ya está en curso y ha partido desde el sur de Ecuador, planificando llegar el día 23 de febrero a la capital de Ecuador.
Como ART consideramos que más allá de las limitaciones ideológicas y políticas de Yaku Pérez y la dirección de Pachakútik, las denuncias de un posible fraude electoral, las demandas por una mayor participación democrática desde las bases y, sobretodo, la movilización como medio para reclamar los derechos de los pueblos, son hechos altamente progresivos. Nos parece que más allá de las elecciones formales que es un terreno favorable siempre a los grupos burgueses, se abre la posibilidad de una nueva etapa de movilizaciones y luchas sociales que den continuidad a la insurrección de Octubre del 2019. Lo fundamental en el momento actual es retomar un proyecto de lucha por las transformación social y los derechos fundamentales de las clases empobrecidas por el modelo neoliberal y la nefasta actuación del gobierno ante la pandemia. En esta perspectiva hemos decidido apoyar las movilizaciones convocadas por los indígenas y otras organizaciones sociales y políticas de izquierda para defender sus derechos de participación y resistencia.
Nota
[1] Articulación Revolucionaria de Trabajadores es una organización de la izquierda ecuatoriana, simpatizante de la Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional.
