¡Hasta derrotar al gobierno de Correa y la derecha oligárquica y neoliberal!
El descontento popular contra las políticas, leyes y el modelo de desarrollo adoptado por el régimen burgués y proimperialista de Correa se ha expresado en masivas movilizaciones de diversos sectores sociales que se iniciaron desde mediados del 2014 y han continuado y se han potenciado en el 2015. Se realizaron cuatro grandes jornadas el año pasado y cuatro en lo que va del presente (incluida la masiva marcha del 1 de Mayo), las que han marcado un nuevo escenario en la lucha de clases y el ambiente social y político del país.
Estas luchas se han desarrollado en una situación de crisis económica, sobretodo de carácter fiscal, ocasionado por la drástica caída en los precios del petróleo, el pago de una creciente y onerosa deuda externa, especialmente con la China, y el encarecimiento de las exportaciones por la revalorización del dólar, lo cual las vuelve menos competitivas. Tal situación ha colocado en serios aprietos al modelo de crecimiento y modernización capitalista impulsada desde el estado, en el contexto de una crisis del capitalismo mundial que no permite avizorar un panorama optimista para economías como la ecuatoriana, dependientes de la venta de petróleo y de unas pocas materias primas agrícolas y pesqueras. Pese al publicitado discurso gobiernista del “cambio de la matriz productiva”, se mantiene el modelo primario-exportador de carácter extractivista que ha sido profundizado con la decisión de impulsar la minería a gran escala. La decisión de explotar el Yasuní significó enterrar el sueño ambientalista de proteger los derechos de la naturaleza y permitió desenmascarar la real política del régimen correista.
Frente a la crisis, el gobierno se vio obligado a tomar medidas económicas como la disminución del presupuesto del 2015 en 1420 millones de dólares, las “salvaguardias”, es decir impuestos que van desde el 5% hasta el 45% a 2.800 productos importados, medida que tiene impactos negativos sobre el costo de la vida y la actividad de varios sectores económicos, así como recurrir a un nuevo endeudamiento externo e interno.
Autoritarismo político y represión social
A esta situación económica se suma el autoritarismo del gobierno que ha concentrado en sus manos todos los poderes del Estado y ha anunciado su intención de perpetuarse en el poder a través de la aprobación de la reelección indefinida por parte de la Asamblea Nacional, asunto no contemplado en la Constitución vigente. Junto a esta reforma de la Constitución que debería haber sido sometida a una consulta popular, se han propuesto más de 30 enmiendas constitucionales, algunas de la cuales afectan derechos básicos, como el derecho de los trabajadores del sector público a estar amparados por el Código del Trabajo, la consulta popular sobre cualquier tema de interés nacional que ahora deberá ser calificada por el Consejo Nacional Electoral, la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de control del orden público interno y la declaratoria de las actividades de comunicación como un servicio público.
Presionado por el déficit presupuestario (alrededor de seis mil millones en el 2015) el gobierno optó por medidas muy polémicas como es el retiro del 40% del financiamiento del Estado para garantizar los fondos de jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la intervención en los fondos de cesantía del magisterio y otros gremios de carácter social.
La política del gobierno en estos ocho años de dominación ha consistido en dividir, cooptar y controlar a las organizaciones y movimientos sociales que estuvieron al frente de la lucha contra los gobiernos neoliberales, como es el caso de los trabajadores, de los campesinos e indígenas, del magisterio, de los estudiantes universitarios, de las mujeres, etc., cuyas organizaciones históricas han sufrido un proceso de resquebrajamiento y debilitamiento. Para los sectores críticos que no nos hemos sometido a la voluntad del gobierno la respuesta ha sido la estigmatización, la aplicación de juicios contra dirigentes y activistas y, en no pocos casos, la cárcel. En contraste, los grandes grupos empresariales de carácter monopólico, tanto nacionales como extranjeros, han experimentado una gran bonanza en sus negocios, logrando un récord en sus utilidades.
La resistencia social se hace presente. Plataforma de lucha
La clase obrera organizada en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Coordinadora Unitaria de Trabajadores, Campesinos, Indígenas y Organizaciones Populares de Pichincha (CUTCOP) en unidad con otras organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, de maestros, mujeres, ecologistas, jubilados, pobladores de los barrios, pequeños comerciantes, etc. tomaron la iniciativa de movilizarse para protestar en torno a un plataforma de lucha que contiene cinco ejes fundamentales:
1) Oposición ante el creciente costo de la vida ocasionado por una serie de impuestos, el incremento de los pasajes del transporte público interprovincial y la anunciada eliminación de los subsidios a los combustibles en el 2016, especialmente el gas de uso doméstico que deberá ser sustituido por cocinas de inducción eléctrica. Paradójicamente los sueldos de la clase trabajadora aumentaron en la irrisoria cantidad de 14 dólares en el presente año, la cual no compensa la elevación de los precios de la canasta básica (354 dólares de salario básico frente a 665 dólares de la canasta básica). Proponemos dejar insubsistente la eliminación del subsidio al gas, alza de salarios acorde a la canasta básica, mantener congelados los precios del transporte y los bienes de primera necesidad, apoyo estatal a las actividades productivas que generen fuentes de trabajo, entre otras.
2) Respeto a los derechos laborales y sindicales y a la seguridad social y el futuro de jubilados y afiliados gravemente amenazada por el retiro del 40% del aporte del Estado; rechazo a los despidos masivos y permanentes y declaratoria de inconstitucionalidad de la mal llamada Ley de “Justicia Laboral” que conculca varios derechos de los trabajadores, especialmente del sector público.
3) Rechazo a la política agraria del gobierno que ha impuesto leyes como las de minería y agua con graves impactos ambientales, firmó un TLC con Europa y se apresta a dictar la ley de tierras, que favorece a las grandes empresas capitalistas y al agronegocio impulsado por grandes transnacionales. Proponemos una reforma agraria integral que entregue la tierra a quienes la trabajan, redistribuya el agua y fortalezca los sistemas comunitarios de producción para garantizar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos.
4) Denuncia y oposición a las políticas educativas como el Bachillerato General Unificado (BGU), la Ley de Educación Superior (LOES) y el desmantelamiento de la educación intercultural bilingüe. Se trata de imponer modelos educativos extranjerizantes y neocoloniales, que a través de la estandarización favorecen la elitización de la educación (cientos de miles de bachilleres han quedado excluidos de la educación superior), promueven la mercantilización, limitan principios como el de la autonomía universitaria y el cogobierno y concentran los recursos presupuestarios en unas pocas universidades controladas por el gobierno. Planteamos reformas que garanticen la democratización de la educación, su vinculación con las necesidades sociales y el libre ingreso de los bachilleres a la educación universitaria.
5) Defensa de los derechos humanos y las libertades básicas como la libertad de expresión, de organización y de protesta social que han sido fuertemente restringidas por el Código Integral Penal (COIP), el decreto 16 que establece un rígido control del Estado sobre las organizaciones sociales y la Ley de Comunicación que restringe la libertad de prensa han sido motivo de intimidación y sanciones a varios periodistas. Denunciamos la criminalización de la lucha social a través de sanciones y juicios penales a dirigentes y activistas sociales que se oponen a las políticas del gobierno, como el caso de la minería a gran escala.
Leyes de la herencia y la plusvalía: detonante de nuevas movilizaciones
En medio de este conflictivo panorama político el gobierno anunció dos nuevas leyes de aplicación urgente: la de nuevos impuestos a la herencia y a la plusvalía en la venta de bienes inmuebles, con el supuesto objetivo de redistribuir mejor la riqueza social concentrada en pocas manos. Esta fue la gota que derramó el vaso y que ha detonado múltiples protestas a nivel nacional, en nuevos escenarios como la avenida de los Shyris ubicada en el norte comercial de Quito, protagonizadas principalmente por la denominada “clase media”, las cuales le han significado un alto costo político al régimen, al punto de tener que suspender temporalmente la aplicación de las mismas para abrir un “diálogo” a nivel nacional. Es decir, el régimen de Alianza País cede fácilmente cuando la presión viene de los empresarios y la derecha, con quienes busca acuerdos a través del diálogo, pero se niega hacerlo con las organizaciones más representativas de los trabajadores (FUT), los indígenas (CONAIE) y diversos movimientos sociales que luchan por los derechos de las clases populares.
Las movilizaciones continúan produciéndose y han sido aprovechadas por la derecha oligárquica que ha vuelto a posicionarse en el tablero político con el afán de retomar el poder en las próximas elecciones que se llevarán a cabo a fines del 2016. Nuevas figuras como el banquero Guillermo Lasso y Mauricio Rodas, alcalde de Quito, y viejas como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, han resucitado para cobrar protagonismo, e intentan disputarle a Correa el liderazgo político nacional.
La propuesta de la clase trabajadora: realizar el Paro Nacional del Pueblo
Vivimos un momento de aguda conflictividad y disputa política e ideológica entre tres bloques o fuerzas principales: 1) la burguesía “moderna” y la tecnocracia estatal que se expresan en Alianza País bajo el liderazgo declinante de Correa; 2) la burguesía tradicional y oligárquica que plantea un proyecto neoliberal, expresada por varios partidos y grupos políticos donde destacan las figuras del banquero Lasso y los alcaldes Nebot y Rodas y, 3) la clase obrera en unidad con sectores de campesinos, indígenas y varios movimientos y organizaciones sociales que han conformado la unidad a través de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores, Campesinos, Indígenas y Organizaciones Populares. Pese a que este bloque popular se halla débil y atomizado y no existe un liderazgo claro y definido, ha experimentado un avance en este proceso de luchas y movilizaciones. Se ha logrado discutir y promover una plataforma de lucha común y la consolidación de una coordinación unitaria en Quito y otras provincias, pero existen contradicciones con la dirección nacional del FUT y entre diversos grupos políticos que participan en la misma. Nuestra propuesta es que al interior de este espacio se discuta también la política electoral y que posicionemos un programa de clase y candidatos obreros y campesinos de trayectoria probada que respondan orgánicamente a los intereses de la clase trabajadora.
La falta de decisión de la dirección nacional del FUT para fijar la fecha de un Paro Nacional del Pueblo en la Convención realizada el 30 de mayo en Riobamba, ha permitido que la iniciativa de la movilización y la protesta en las calles pase ahora a manos de la clase media y sea aprovechada por la derecha.
Nuestra propuesta es retomar la iniciativa de la movilización permanente por parte de la clase trabajadora hasta confluir en la realización de un Paro Nacional del Pueblo, manteniendo nuestra independencia de clase frente al gobierno y la derecha. Sería importante además buscar estrategias para lograr un acercamiento con sectores de la clase media afectados por las políticas del gobierno y que no están dispuestos a dejarse seducir por las ofertas demagógicas de la derecha.
¡Que la crisis no la paguen los trabajadores y los pobres sino los grandes empresarios!
¡Basta de criminalizar la lucha social, cese de la persecución a dirigentes y activistas sociales!
¡Vigencia de los derechos humanos y las libertades básicas!
¡A preparar el Paro Nacional del Pueblo para derogar o reformar las leyes antipopulares!
¡Ni Lassos ni Correas!
¡Por un gobierno que represente los intereses de los obreros, campesinos y demás sectores populares!
