Aumenta la lucha social contra el sicariato y el gobierno
Por Partido Socialista de los Trabajadores – Perú
En marzo, el asesinato de un cantante popular por parte de sicarios provocó una reacción combativa de los artistas populares y fue el desencadenante de una movilización nacional que terminó enfrentando al gobierno y los partidos del Congreso que lo respaldan, tal como lo hicieron el año pasado los transportistas, comerciantes y pequeños productores. En abril, nuevos asesinatos de transportistas provocaron un estallido de mayores proporciones que volvieron a cuestionar la permanencia del gobierno con el cual la delincuencia, la común y la política, escala aceleradamente.
La multitudinaria movilización popular del 21 de marzo tuvo un resultado con sabor a victoria, que fue la caída del entonces inamovible ministro del Interior, brazo de un gobierno que podría ser calificado simplemente de inútil si no fuera por su responsabilidad directa en el crecimiento del crimen organizado, tanto el de las extorsiones como el crimen organizado en los linderos del Congreso y de Palacio de Gobierno.
Las bancadas que mantienen de hecho un pacto con el gobierno, Fuerza Popular que es heredera de la dictadura fujimorista; Alianza para el Progreso del impresentable César Acuña; Avanza País y Renovación Popular, los adalides de la ultraderecha criolla; Podemos de Luna Gálvez, implicado en el caso los “gánster de la política”; y Perú Libre y la mayoría de sus grupos desmembrados que enlodan el concepto de una izquierda política; todos trabajan conjuntamente para blindar al gobierno desde que fuera impuesto de manera ilegítima al costo de decenas de muertos.
Pero la multitudinaria movilización popular, que se sobrepuso al estado de emergencia decretado por el gobierno, y que fue seguida por otras movilizaciones de sindicatos obreros que vienen luchando contra los ceses colectivos y otros sindicatos en la lucha por sus demandas, obligó a posturas de cálculo electoral, especialmente de la bancada fujimorista, que terminó posibilitando la censura, y también a la aprobación de la interpelación al premier y dejando otras cuatro interpelaciones en camino.
Nueva escalada con el regreso de los transportistas
Como era previsible la situación no cambió y la criminalidad sigue avanzando, y el gobierno y los partidos del Congreso parecen más interesados en fomentar la inseguridad para explotar el miedo de la población con fines políticos; por ejemplo, pocos recuerdan siquiera cómo se llama el nuevo ministro del Interior.
A los pocos días, grupos de padres de familia protestaban por el recrudecimiento de las extorsiones que ya comenzaron a amenazar hasta a los alumnos y sus familias; y, muy poco después, más transportistas cayeron acribillados por sicarios, motivando esta vez un estallido social, o algo poco menos, que desembocó en un paro contundente del transporte el 10 de abril.
La inseguridad ciudadana, que desde hace unos años escaló en las encuestas de opinión a los primeros lugares de importancia, se ha transformado en clamor por la vida y, lo que es más destacable, en una bandera de lucha de masas en las calles.
Como si todo esto no fuese suficiente, el gobierno muestra más signos de su descomposición como la intoxicación masiva de escolares por causa de un esquema de corrupción vinculada a mafias proveedoras de alimentos contaminados a los programas sociales del Estado, primero Qali Warma y luego a Wasi Mikuna. También el relajamiento del control a los mercaderes de la salud, como el oligopolio Medifarma que comercializó suero fisiológico contaminado causando la muerte de por lo menos cuatro personas y muchos casos de gravedad.
“Mano dura” contra quiénes
Las luchas sociales contra la criminalidad, que enfilan contra el gobierno y el Congreso porque son visto como el principal obstáculo para una solución, por inacción o por funcionalidad con el crimen, solo pueden vislumbrar el comienzo de una solución poniendo fin a ese gobierno y ese Congreso. La lucha unitaria es el principal desafío en ese sentido ya que no faltan sectores que cifran esperanzas en mesas de trabajo como la convocada por el Congreso, o peor aún sectores que caen atrapados en el discurso demagógico de la “mano dura” que las autoridades enarbolan para no hacer nada.
Los sectores de extrema, que están comprometidos hasta el tuétano con el actual gobierno y su desastrosa política, son los más cínicos embaucadores que, para no hacer nada contra el crimen, hablan de “pena de muerte”, “estado de emergencia”, “retiro de la Corte Interamericana”, “cambiar de nombre al sicariato por terrorismo”; mientras tanto meten de contrabando leyes que protegen a la criminalidad, a sus propias organizaciones; incluso mientras blindan a Dina Boluarte y archivan acusaciones como la de los asesinatos y la del caso Rolex, y seguro seguirá el mismo camino el caso de las cirujías.
Aprovechan, eso sí, el pánico de la población que ellos mismos avivan, para aprobar y promulgar leyes como la reciente que autoriza a policías “usar armas de fuego en casos de flagrancia”. Con el antecedente de los asesinatos de 2022-2023, esta ley parece más destinada a reprimir las protestas sociales con armas de fuego.
Proceso electoral en contexto de luchas sociales
En medio de la crisis por el escalamiento del crimen, el gobierno en su desesperación adelantó la convocatoria a las elecciones generales 2026. Con ello busca que las más de 40 organizaciones políticas se lancen a la disputa electoral y así eludir las presiones sobre Palacio. Sin embargo, la situación para las masas trabajadoras sigue siendo un caldero que anuncia un proceso electoral con más luchas, no con menos.
Para los luchadores sindicales y populares consecuentes, la necesidad seguirá siendo la lucha por la derrota del actual gobierno y el pacto de la corrupción que la sostiene, y en ese sentido el fortalecimiento de sus organizaciones, el avance de las coordinaciones y el forjamiento de una nueva dirección de esas luchas no solo para medidas concretas que frenen al sicariato y las extorsiones, solución al impacto de las lluvias y huaicos, reposición de los trabajadores despedidos por ceses colectivos; sanción por los asesinatos del 2022-2023.
