Venezuela: Un programa para el proceso de luchas obreras en curso en el país
La dinámica de reflujo en las luchas obreras en el país comenzó a mostrar signos de cambios desde 2018, Venezuela, durante los años 2019-2022, aparecía como nota discordante en el concierto de la lucha de clases en el continente, marcado por ascensos de luchas en países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá e incluso Cuba; pese a esto, algunos elementos y sectores de vanguardia mantenían alguna pequeña resistencia en las calles, pero estas luchas retrocedían, se dispersaban y se atomizaban rápidamente.
Por: Unidad Socialista de los Trabajadores
Las luchas de 2018 contra la oficialización de la aplicación del paquete de ajuste de Maduro, contra las tablas del hambre, la devaluación y el memorándum 2792. Las luchas laborales, por servicios y libertades democráticas de 2019, las movilizaciones de jubilados, sector salud y otros sectores durante 2020 y 2021, rápidamente eran controladas y aisladas, no obstante mostraban que la bronca contra el gobierno se incrementaba, la ruptura del movimiento obrero y de los sectores populares con el chavismo y que la disposición de lucha iba en aumento. Así con avances, retrocesos y con cambios en los sectores que encabezaban las luchas, la clase obrera venezolana empezaba a recomponerse.
La ola de luchas iniciada por el sector magisterial, durante el mes de agosto de 2022, en reclamo del pago completo del bono vacacional y su reedición durante todo el primer semestre del año 2023, está vez por exigencias salariales, entre otras, señalaron el camino para el inicio de un importante proceso de movilizaciones y manifestaciones obreras, en el que profesor@s, maestr@s y trabajador@s educacionales fueron la indiscutible vanguardia, pero que se extendió luego a otros sectores de trabajadores de la administración pública nacional, de empresas estatales como SIDOR y en menor medida a otras empresas básicas de Guayana y PDVSA. Haciendo que Venezuela entrase oficialmente en la dinámica de ascenso de luchas continental; acelerando además la crisis interburguesa a nivel interno.
A partir de allí, la burguesía, tanto la llamada boliburguesía, como la tradicional, representada políticamente en su mayoría por la oposición burguesa (aunque también tiene representación en el oficialismo), con el apoyo del reformismo, adelantó el debate electoral, incrementó su ofensiva para tratar de demostrarnos que estamos ante una encrucijada. Maduro o María Corina Machado (MCM) nos dicen. Intentan desviar el curso de las luchas hacia el debate y la salida electoral, pretendiendo mostrarnos que en las elecciones estarían las soluciones a todas nuestras calamidades.
Mientras tanto, el hambre, los altos precios de los alimentos, medicinas, alquileres y servicios; el desastre de los servicios público y todas las penurias que azotan a la clase trabajadora y a los habitantes de los sectores populares siguen su curso.
Las elecciones no son la salida
Los sectores burgueses representados en la oposición patronal, así como sus representantes sindicales, a lo interno del movimiento de los trabajadores, pretenden convencernos de que toda la salida a la crisis pasa por las elecciones, por un cambio de gobierno, sin cambiar el carácter capitalista del país, reducen esto en la máxima salir de Maduro como sea. Lo cual no es más que un chantaje para llamar a la clase trabajadora a apoyar cualquier candidatura burguesa (mayoritariamente la de MCM), independientemente del contenido antiobrero y antipopular de su programa económico y su política. Argumentan además una posible amplitud de garantías y libertades democráticas.
La burguesía oficialista y sus burócratas sindicales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), nos quieren convencer que la culpa de todo la tienen las sanciones, que ahora sí Maduro y el oficialismo solucionaran los problemas, que por eso debemos votar por ellos, «para seguir construyendo el socialismo», «derrotar al imperialismo», sus sanciones y ahora sí «lograr el bienestar para los venezolanos». Nada más falso.
Lo cierto es que, las elecciones no son garantía ni salida de nada. En primer lugar, bajo la dictadura madurista no tenemos incluso garantías de que estas elecciones se lleven a cabo, o si las mismas se realizan no tenemos ninguna garantía de que sean libres, es decir, con posibilidades reales de triunfo para alguna opción opositora.
Además, siguiendo el cronograma electoral legal, los comicios presidenciales, que pretenden mostrarnos como la solución a todos nuestros males, deberían realizarse en el segundo semestre de 2024 (posiblemente en diciembre) o incluso si el gobierno en algún tipo de maniobra fraudulenta, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), los convoca de manera adelantada, los mismos serían en todo caso el año que viene, mientras que el hambre y las penurias que padecemos los trabajadores venezolanos, los soportamos ahora, de manera cada vez más brutal.
Por lo tanto consideramos que no debemos condicionar nuestras alternativas de salida a la crisis a un proceso electoral, que más allá de quien resulte vencedor en los mismos, no son garantía de ninguna solución a la crisis, favorable a los trabajadores. Al contrario nuestra prioridad debe ser, seguir organizando las luchas y seguir movilizados para exigir nuestras reivindicaciones. Las direcciones sindicales, gremiales y políticas que se reclaman de la clase trabajadora, no pueden subordinar la lucha a la comparsa electoral burguesa. La experiencia de 2019, cuando la dirección de la intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV), abandonó la lucha para ir detrás del fenómeno Guaidó y su llamado gobierno interino, nos muestra que es un error que no se debe volver a cometer.
El hambre no espera. Salario igual a la canasta básica
Los trabajadores venezolanos seguimos padeciendo muchas penurias, malos servicios, deterioro de las condiciones de vida y principalmente hambre. Estos males no pueden esperar hasta las elecciones presidenciales para ser solucionados, necesitamos salir a luchar ya.
La incesante y cada vez más acelerada devaluación[1], ubica al salario mínimo en apenas 3.8 $ al mes. Las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), señalan una inflación durante el mes de agosto de 13,6%; lo que representa el mayor aumento de precios durante un mes en lo que va de año; mientras que la inflación anualizada y acumulada la sitúan en 422% y 144,6% respectivamente. Lo que muestra que el país está entrando en un proceso de aceleración muy pronunciada de incremento de los precios.
Los datos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM), revelan que para el cierre del mes de julio de 2023 la canasta alimentaria familiar alcanzó los 502,27$. Esto significa que sumados el salario (3.8$) con un cesta ticket de 40$ y el bono de guerra económica de 30$[2], es decir, un ingreso mínimo mensual de 73.8$, apenas cubre 14,6% de la canasta alimentaria. La relación es peor si se toma en cuenta la canasta básica -alimentación, vestido, alquiler, servicios, medicinas-, que el mismo organismo calcula en el doble de la canasta alimentaria familiar (1004.54)[3].
Es por eso que si a los trabajadores venezolanos antes el dinero no nos alcanzaba, hoy prácticamente no podemos comprar nada. La carne, el pollo, el aceite y otros rubros están inaccesibles, ahora se suma el incremento de los pasajes del transporte público, una situación que nos arrastra al hambre.
Debemos movilizarnos para exigir un salario mínimo mensual igual a la canasta básica del Cendas, indexado a su valor.
Por el rescate de las convenciones colectivas. Derogación del memorándum 2792
Para agravar toda la situación salarial antes descrita, debemos señalar que las convenciones colectivas en el país, tanto en el sector público como en el privado son prácticamente inexistentes, la mayoría de las mismas están vencidas y las que se aplican se hacen a discreción de los patronos, es decir, ellos deciden que beneficios contractuales pagan, cuales no y como los pagan.
Todo esto es consecuencia de la aplicación a partir de 2018 del memorándum 2792, que constituyó la parte gruesa del contenido antiobrero y antisindical del programa de ajustes aplicado por Maduro contra los trabajadores y los sectores populares del país, en beneficio de la patronal pública y privada, en octubre de ese año, bautizado con el pomposo nombre de Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica (PRCPE). Exigimos respeto a las convenciones colectivas, la inmediata negociación de las convenciones colectivas vencidas, la defensa del derecho a la sindicalización y del derecho de los sindicatos a la negociación colectiva y la inmediata derogación del memorándum 2792.
Defensa de la libertad sindical
Los trabajadores venezolanos necesitamos recuperar nuestras organizaciones sindicales y gremiales, la mayoría de ellas secuestradas por burocracias prooficialistas u opositoras, ambas propatronales, muchas de ellas con sus periodos vencidos. Mientras que muchas otras que mantienen independencia del gobierno y de la patronal pública o privada, que están dispuestas a movilizarse y de hecho lo vienen haciendo, se encuentran aisladas, atomizadas y también en situación de ilegitimidad (periodos vencidos) víctimas de la injerencia gubernamental. Esto luego es utilizado por el gobierno como una excusa más para negarse a discutir los contratos colectivos y negar los pliegos conflictivos.
Es preciso movilizarnos para exigir elecciones sindicales. Que estas se lleven a cabo en todos los sindicatos con periodos vencidos (burocráticos o combativos), conforme a lo establecido en sus estatutos y sin injerencia del Estado. Por el rescate de la autonomía sindical, elecciones libres e independientes en los sindicatos, no a la injerencia del CNE, el MPPPST y de la patronal en las elecciones sindicales, por la defensa de los derechos y garantías sindicales.
Abajo el Instructivo ONAPRE
El memorándum 2792 y las llamadas tablas del hambre de la administración pública, que hicieron parte del PRCPE, encontraron su reedición en agosto de 2022 con la implementación del denominado Instructivo ONAPRE (siglas de la Oficina Nacional de Presupuesto). Nefasto instrumento que empuja hacia abajo los sueldos de los trabajadores de la administración pública, sacando el carácter salarial de varias bonificaciones y/o primas de los trabajadores de los organismos públicos y empresas del Estado, o directamente eliminándolas. Lo que hace que los ya alicaídos salarios de los trabajadores de la administración pública nacional (APN), como también de las administraciones regionales y municipales se deterioren cada vez más, destruyendo totalmente su poder adquisitivo. Demandamos la eliminación inmediata del Instructivo ONAPRE.
Libertad para los trabajadores presos por protestar, contra la criminalización de la protesta laboral y social
Más de trescientos activistas, luchadores sociales, dirigentes sindicales e incluso trabajadores de base sin cargo de representación (también dirigentes políticos), permanecen hoy detenidos (en las prisiones o con casa o ciudad por cárcel) o judicializados por protestar en defensa de sus derechos laborales y sociales. Lo que es una clara muestra del carácter altamente represivo y coercitivo de la dictadura madurista, dirigido principalmente a criminalizar la protesta laboral y social a fin de disciplinar a los luchadores para de esta manera facilitar la aplicación de su paquete antiobrero y antipopular en beneficio tanto de la boliburguesía como de la burguesía tradicional (FEDECÁMARAS, CONSECOMERCIO, CONINDUSTRIA, POLAR, entre otros), nacional y foránea (Chevron, Eni, Repsol, empresas de telefonía y telecomunicaciones, entre otras).
En está política represiva, hasta ahora principalmente selectiva, el gobierno, viene mostrando indicios de elevarla de nivel, pasando a reprimir con fuerza y de manera directa las manifestaciones obreras y populares, como lo viene mostrando la represión a las movilizaciones en SIDOR, los conatos de represión el 1° de mayo en Caracas y últimamente la dura represión a las etnias Yukpas en el estado Zulia y a los mineros en la población de Yapacana en el estado Amazonas.
Otro elemento repugnante de esta política, es la presencia coercitiva de efectivos militares, mayormente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en las áreas productivas y administrativas de empresas del Estado como PDVSA y las empresas básicas de Guayana, en actitud de intimidación contra los trabajadores de dichas empresas.
De otra parte, las patronales estatales, es decir, organismos públicos y empresas del Estado (SIDOR PDVSA, entre otras), aplican su propio método de coerción y criminalización contra los trabajadores que se atreven a protestar para defender sus derechos. Consistiendo el mismo en suspensiones de sueldo y/o de labores (despidos en muchos casos), chantajes a través de amenazas de traslados o desmejoras de condiciones de trabajo, exclusión de pagos de primas o bonificaciones canceladas sólo a los «trabajadores disciplinados», así como de otros beneficios laborales y sociales, e incluso jubilaciones forzosas de dirigentes luchadores y activistas.
Exigimos, la libertad plena e inmediata de todos los trabajadores, dirigentes sindicales, sociales y políticos presos y judicializados, por protestar, no a la criminalización de la protesta, contra la represión de las movilizaciones y manifestaciones, fuera las fuerzas de la GNB y del SEBIN de las empresas estatales, derogacion de la Ley contra el odio. Basta de suspensiones de sueldo y exclusiones de beneficios laborales contractuales o extracontractuales, no a los chantajes y amenazas contra los trabajadores que protestan, no a las jubilaciones forzosas de dirigentes y activistas luchadores.
Por una huelga general de 48 horas
Está claro que ningún proceso electoral nos va a garantizar la consecución de tales reivindicaciones. Solo la movilización independiente y unitaria de la clase trabajadora es capaz de hacer que logremos las mismas, es por eso que consideramos necesario la realización de una Huelga General Nacional de 48 horas, construida democráticamente desde las bases de los trabajadores, a través de sus discusiones y asambleas, las organizaciones sindicales hoy en lucha en todo el país deben propiciar los espacios de discusión para la preparación y convocatoria de tal acción de protesta nacional. Solo así se le puede quebrar el brazo y derrotar la política propatronal, antiobrera y antipopular del gobierno de Maduro, a sus aliados de Fedecámaras y al resto de la patronal nacional y transnacional en el país.
[1] Según el OVF, la devaluación en el mes de agosto fue de 8,3% en el mercado paralelo y 10,5% a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
[2] Estos dos últimos conceptos no tienen incidencia salarial.
[3] www.talcualdigital.com/www.cendas.org.ve
