Agro no es pop: es recolonización, violencia y persecución en el campo brasileño
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) está siendo víctima de una sórdida campaña de persecución por parte de los terratenientes. La bancada “ruralista” [de terratenientes] del Congreso Nacional prepara una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) contra el movimiento. Se trata de un ataque del latifundio contra el movimiento, pero que afecta a todos los movimientos que luchan por la reforma agraria, los pueblos indígenas, quilombolas y campesinos. Pelear es derecho, no es crimen. El MST lucha por la reforma agraria y por la agricultura campesina. Quienes deberían ser investigados son los representantes del agronegocio. Ellos son los que delinquen, propagan la violencia con sus bandidos, y roban tierras de pequeños poseedores a través del fraude y el acaparamiento de tierras [grilagem]. Muchos están en el Congreso aprobando leyes a favor del robo de tierras, contra poblaciones indígenas y quilombolas, y el medio ambiente.
Por: Jeferson Choma
Ataques también vienen de ministros
Y, una vez más, los terratenientes siguen ocupando los ministerios de un gobierno del PT, y desde ahí atacan al movimiento, como lo hizo el ministro de Agricultura, el sojero Carlos Fávaro (PSD). Fávaro hizo una extraña comparación de las acciones del MST durante el Abril Rojo con los actos golpistas de los bolsonaristas el 8 de enero último. También dejó claro que apoya la CPI.
“El Congreso Nacional tiene la prerrogativa de instalar una comisión parlamentaria de investigación para investigar cuando considere que hay alguna cosa que anda mal en la sociedad”, declaró el 27 de abril.
Las declaraciones del ministro sojero deben ser repudiadas con vehemencia. El ministro es responsable de autorizar la liberación de 166 productos agrotóxicos hasta el pasado 30 de abril. Es aliado de la bancada ruralista y apoya las demandas del agronegocio.
Los ministros del PT también atacaron a los sin tierra, como Alexandre Padilha, de Relaciones Institucionales y Paulo Teixeira, de Desarrollo Agrario, quienes amenazaron al movimiento diciendo que “la desocupación de tierras invadidas en los últimos días es una condición para que el gobierno prosiga con el programa de la reforma agraria”.
Defender el MST
Es necesario defender al MST y a todos los movimientos del campo de los ataques de los ruralistas y de las ocupaciones de tierras, como instrumento legítimo de presión por la reforma agraria. Por cierto, los asentamientos existentes hoy en día fueron conquistados con este método de lucha. Es necesario investigar y castigar los crímenes del agronegocio, estos sí verdaderos invasores de tierras. El agro debe ser estatizado y puesto bajo el control de los trabajadores.
Dirección del MST necesita romper con el gobierno
En 2002, Lula dijo que llevaría a cabo la reforma agraria “de un plumazo”. Pero el PT gobernó durante 14 años con el agro e hizo muy poco por los sin tierra, que continuaron siendo blanco de la violencia de los terratenientes. No se puede tratar a este gobierno como un aliado ni decir que Carlos Fávaro es un “hombre serio”, como dijo João Pedro Stédile, dirigente del MST.
Alertamos a los activistas del MST: este gobierno no es “nuestro”. La dirección del MST necesita romper los lazos con el gobierno para que los sin tierra luchen, derroten al agro y conquisten la reforma agraria y el apoyo económico necesario para los miles de campesinos.
Neocolonial: el agronegocio brasileño es una expresión del declive económico del país
El agronegocio es una expresión de la decadencia brasileña, de la reprimarización económica del país que provoca la desindustrialización y convierte a Brasil en un mero exportador de materias primas, minerales y agrícolas.
Desde 1980, la reducción de la participación del sector industrial en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño ha sido brutal. En 1985, la industria representaba 47,9% del PIB; en 2013, 24,8%; y en 2019, 22%. El agronegocio representó 47,6% del total exportado por Brasil en 2022.
En 2020, aproximadamente 60% de la soja brasileña fue adquirida por China, que, a cambio, nos proporcionó productos industrializados, como máscaras y respiradores, que no pudimos fabricar a nivel nacional durante la pandemia.
Lula nunca ocultó que apoya el agronegocio. En 2010, en un discurso pronunciado en una ceremonia de graduación de nuevos diplomáticos, afirmó que “los productos básicos [commodities] se están volviendo más valiosos que los llamados productos manufacturados”. Ahora, en su tercer mandato, Lula sigue defendiendo el sector. En la 27ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP-27, Lula incluso dijo que “el agronegocio será un aliado estratégico en la búsqueda de una agricultura regenerativa y sostenible”. El problema, sin embargo, es que defender un agronegocio sostenible es insostenible, por la propia naturaleza de este modelo agrícola.
El agro es robo de tierras y violencia
La mayoría de los grandes “productores” del agronegocio se apropiaron de tierras públicas, especialmente en el bioma amazónico y en el Cerrado. En el Brasil, hay varios tipos de tierras públicas. Las tierras sobre las que no consta oficialmente un propietario son un tipo de suelo público que no se identifica, no se sabe dónde está y, por ello, ni siquiera se integra al patrimonio público. Estas suman alrededor de 141,5 millones de hectáreas y son las preferidas por los ladrones del agro, quienes las registran de manera fraudulenta en alguna Oficina de Registro de Propiedades corrupto. Este proceso se conoce como grilagem.
Otra modalidad son las tierras federales y estaduales, alrededor de 263 millones de hectáreas (aproximadamente 30% del territorio nacional), que se dividen entre Tierras y Reservas Indígenas, Quilombolas, Unidades de Conservación. Estas modalidades también son blanco de terratenientes, que invaden Tierras Indígenas, parques nacionales, provocan incendios, deforestan, y contratan pistoleros para expulsar a indígenas y campesinos.
Luego de “limpiar la tierra”, esperan un gobierno que les permita legalizar el robo de tierras, como sucedió con la aprobación de la Ley 11.952 durante el gobierno de Lula en 2009. Esa ley permitió la emisión de títulos de propiedad de áreas públicas en la Amazonía, ocupadas y deforestadas ilegalmente hasta diciembre de 2004, en áreas de hasta 1.500 hectáreas. Lo mismo sucedió con la Medida Provisoria [MP] 759, en el gobierno de Michel Temer, que aumentó el área pasible de regularización hasta 2.500 hectáreas y legalizó la apropiación de tierras públicas invadidas hasta diciembre de 2011.
El agro es fuego y deforestación
Un relevamiento del área quemada por el fuego en el Brasil muestra que, entre 1985 y 2022, se quemaron 185,7 millones de hectáreas, lo que equivale a 21,8% del territorio nacional. Esta extensión es comparable a la suma de Colombia y Chile, según datos de MapBiomas.
El Cerrado y la Amazonía concentraron alrededor de 86% del área quemada en Brasil. Es importante recordar que incluso bajo Lula, la deforestación en la Amazonía se triplicó en marzo de 2023, con casi el equivalente a mil canchas de fútbol destruidas por día.
El Cerrado, en promedio, tenía cada año un área quemada más grande que Escocia. En el caso de la Amazonía, era casi una Irlanda por año (6,8 millones de hectáreas). Pero el liderazgo pertenece al Pantanal, que tuvo 51% de su territorio consumido por el fuego durante este período. Este bioma sufre la invasión del agro y tuvo el mayor incendio jamás registrado en el Brasil.
El agro también es sequía. Más de 70% del agua que se consume en el Brasil es utilizada en la agricultura. En 30 años, el país ha perdido 1,5 millones de hectáreas de superficie de agua, según datos de MapBiomas. Solo en el Pantanal, la pérdida de superficie de agua fue de 81,7%.
El agro es hambre
Pero, ¿cómo producir alimentos sin el agro que lleva el país en sus espaldas? Esta es la mentira colosal, repetida a diario por los medios, por el agro y por Lula. Un verdadero mantra del agronegocio.
La verdad es que el agronegocio no produce ningún alimento. Por el contrario, representa una amenaza para la seguridad alimentaria del país. Solo para quedarnos con el feijão [frijoles, porotos] y el arroz, veamos los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Desde 2006, la superficie sembrada de arroz en el país se ha reducido casi a la mitad (-44%); mientras que la de frijol se contrajo 32%. En el mismo período, la de la soja casi se duplicó (+86%), mientras que la de maíz avanzó 66%, dos de las commodities más importantes vendidas en el mercado internacional.
Es la agricultura campesina la que garantiza buena parte del arroz y los frijoles para abastecer el mercado brasileño. Es responsable de producir 70% de los alimentos que se consumen en todo el país. Según el Censo Agropecuario de 2006, el sector produce 87% de mandioca [yuca], 70% de frijol, 46% de maíz, 38% de café, 34% de arroz y 21% de trigo del Brasil. En ganadería, es responsable por 60% de la producción de leche, además de 59% del hato porcino, 50% de la avicultura y el 30% del ganado vacuno del país. Esos son los datos, esa es la realidad.
El agro es mano de obra esclava
El agro es el ejemplo del desarrollo desigual y combinado del proceso de expansión del capitalismo en el Brasil. El agronegocio combina la más fina tecnología de la llamada agricultura de precisión con la vieja concentración agraria, la violencia, empleando poca gente e incluso valiéndose del trabajo esclavo moderno.
El crecimiento del agro impulsó el trabajo esclavo en el país. Según el Ministerio del Trabajo, entre 2003 y 2014 el agronegocio fue campeón absoluto en la utilización de trabajo esclavo, con prácticamente 80% de los trabajadores liberados.
No sólo tenemos “esclavos del vino”, como es el caso de las vinícolas de Rio Grande do Sul, sino también de la madera, de la carne, de la soja, del algodón, del café, del jugo de naranja, del mate, del sisal, del azúcar…
El agro se banca con dinero público
Según el informe publicado por Oxfam, 4.013 propietarios deben casi R$ 1 billón. Un grupo selecto de 729 propietarios suma una deuda de R$ 200 mil millones. La deuda de esta clase es siempre empujada con la barriga [hacia adelante] por los gobiernos de turno. El gobierno de Temer, por ejemplo, editó la MP 733 para que los terratenientes salden la deuda con bonos entre 60% y 95%.
El agro es veneno en su mesa
Durante la administración de Bolsonaro, Brasil aprobó el uso de 2.170 nuevos pesticidas. Desde enero de este año se han liberado 166 más. De los productos aprobados anteriormente, 1.056, el equivalente a 49% del total, están prohibidos en la Unión Europea. En otras palabras, nos estamos convirtiendo en un depósito de desechos químicos de las grandes empresas que fabrican esos productos.
El aumento de los plaguicidas acompaña directamente la expansión de los cultivos de commodities. Según la profesora de Geografía de la Universidad de São Paulo (USP) Larissa Mies Bombardi, mientras el área de cultivo de soja aumentó 53,95% entre 2010 y 2019, el uso de pesticidas creció 71,46% en el mismo período. La investigadora destaca que el área cultivada con soja en el Brasil equivale a todo el territorio de Alemania.
La lucha por la tierra, y el agronegocio
La lucha por la tierra en el Brasil exige tres tareas fundamentales. La primera de ellas es apoyar la lucha por una reforma agraria radical, bajo control obrero. Asimismo, es necesario avanzar en la demarcación de todas las Tierras Indígenas y en la titularidad de los territorios quilombolas. La segunda tarea es la nacionalización dl agronegocio, sin indemnizar a los terratenientes y revolucionando por completo el modelo agrícola del país. Además, se necesita una transformación completa en la política de concesión de crédito y, en consecuencia, en la estructura financiera de la nación. Sin esto, se hace inviable brindar al pequeño productor las condiciones necesarias para la producción. Sin nacionalizar el agronegocio, desde la gran producción hasta las grandes cadenas comerciales, será imposible llevar el producto del pequeño productor a las ciudades.
Este programa es el que necesitan los campesinos, quilombolas e indígenas, así como también los trabajadores y la mayoría del pueblo de las ciudades. Pero eso está muy lejos de los objetivos del gobierno de Lula, que sigue gobernando para el agronegocio.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 10/5/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
