Polémica | Hechos y mitos sobre el nazismo

El presentador Bruno Aiub, conocido como Monark, defendió la noche del 7 de febrero, durante el Flow Podcast, la existencia de un partido nazi en Brasil.
Por: Jeferson Choma
“La izquierda radical tiene mucho más espacio que la derecha radical, en mi opinión. Los dos tendrían que tener espacio. Yo soy más loco que todos ustedes. Creo que el nazista tenía que tener el partido nazi reconocido por la ley ”, afirmó.
Bruno Aiub hizo la declaración durante una entrevista que realizaba con los diputados federales Kim Kataguiri (DEM-SP) y Tabata Amaral (PSB-SP). Tabata repudió de inmediato la declaración y recordó la persecución de los judíos por parte del régimen nazista de Hitler. Bruno Aiub, sin embargo, rebatió y dijo que un partido nazi tiene el derecho de ser antijudío.
Kataguiri, por su parte, coincidió con el presentador y afirmó que el nazismo no debería ser considerado un delito en el Brasil –hoy la ley prevé una pena de prisión de dos a cinco años para quien “fabrique, venda, distribuya o transmita símbolos, emblemas, adornos, insignias o propaganda que utilicen la esvástica o cruz gamada, con el propósito de difundir el nazismo”. El diputado del Movimento Brasil Livre (MBL) también dijo que Alemania se equivocó al criminalizar el nazismo luego del final de la Segunda Guerra Mundial.
Ante todo, expresamos un vehemente repudio a las declaraciones que no hacen más que afianzar lo más bárbaro de la historia reciente. Afortunadamente, hubo una avalancha de repudio tanto de la comunidad judaica como de personalidades y autoridades, llegando hasta los patrocinadores de Flow, empresa creada en 2018 por Bruno y su socio Igor Coelho, “Igor 3K”.
A lo largo del martes (8/2), varias empresas anunciaron que dejarían de patrocinar el Flow Podcast, como, por ejemplo, Amazon, Fatal Model (el sitio más grande de anuncios de acompañantes del Brasil) y la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro ( Ferj).
Al darse cuenta del enorme perjuicio financiero que estaba teniendo, además de la enorme repercusión negativa, Bruno, visiblemente borracho en la transmisión, dijo que la cachaça lo hizo hablar lo indecible. Pero, así como nadie se convierte en un asesino en serie al beber, nadie se convierte en nazi después de beber unas copas de más. La cachaça no tiene la culpa por linchamientos, violaciones, asesinatos, crímenes de odio, racismo, o agresión contra mujeres y LGBTs. Así como no fue el alcohol lo que provocó la perversa muerte de Möïse Kabagambe, quien fue asesinado a garrotazos en un puesto de playa de Río de Janeiro, cuyos autores también intentaron imputar el hecho a la embriaguez. Fue, en cambio, la manifestación cruel del racismo y de la xenofobia de un sistema en descomposición.
Y vale recordar que las declaraciones de Bruno se suman a una explosión de apología del nazismo en el Brasil, desde que Bolsonaro asumió el gobierno. Según una encuesta realizada por la antropóloga Adriana Dias, actualmente existen al menos 530 núcleos neonazis, un universo que puede llegar a las 10.000 personas. Esto representa un crecimiento de 270,6%, de enero de 2019 a mayo de 2021. La existencia de un gobierno de ultraderecha dejó a voluntad a esta banda, incluso dentro del gobierno. Basta recordar, por ejemplo, el episodio del exsecretario de Cultura disfrazado de Goebbels.
Pero no era la primera vez que el presentador del podcast hacía declaraciones deplorables, racistas y LGBTfóbicas. A principios de año, Bruno se opuso a la vacunación obligatoria contra el Covid. En otra ocasión, también dijo que estaba en contra de prohibir los discursos LGTBofóbicos. “No me gusta esa idea”, dijo. Y a finales de octubre, Bruno publicó una serie de tuits en los que hacía una defensa radical de la libertad de expresión, incluido el derecho de las personas a tener opiniones racistas. En todas esas ocasiones, el presentador no responsabilizó a la cachaza por sus declaraciones.
Pero incluso su pobre pedido de disculpas no lo libró de las consecuencias. La Estudios Flow, productora del Flow Podcast, anunció la salida de Bruno Aiub. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que Kim Kataguiri y Bruno serán investigados por el episodio.
Sin embargo, el episodio también suscitó otras discusiones importantes, como la criminalización del nazismo y la tosca comparación entre nazismo y comunismo, como hizo Kataguiri y su MBL, considerando ambos polos extremistas autoritarios.
Y aún, en un intento de justificar lo injustificable en su ridículo pedido de disculpas, Kataguiri apeló a una afirmación absurda que confunde antisionismo con antisemitismo. “No hay nadie más pro-Israel en el Parlamento que yo”, afirmó, antes de decir que sería “incluso gracioso tener gente anti-Israel llamándome ahora antisemita, nazista”. Nada de «gracioso» o contradictorio en eso, al contrario. Ser antisionista es oponerse a un proyecto político racista y colonial: el sionismo. Es, por lo tanto, posicionarse contra los crímenes contra la humanidad, contra la limpieza étnica del pueblo palestino en curso desde hace más de siete décadas, contra el apartheid israelí, reconocido incluso por Amnistía Internacional. Nada que ver con ser antisemita y defender que no se debe criminalizar el nazismo, como hicieron Kataguiri y Bruno.
El nazismo sí debe ser criminalizado
Durante la conversación, Kataguiri declaró que “por más absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que sea lo que el sujeto defienda, esto no debe ser un crimen. Porque la mejor forma que tienes de reprimir una idea (…) es que des a luz a esa idea, para que sea rechazada socialmente y entonces socialmente descartada ”.
La historia demuestra, sin embargo, que “idiotas, antidemocráticos, bizarros y toscos” sí pueden llegar al poder, y la mayoría de las veces con la colaboración de “liberales” como Kataguiri. Después de todo, siempre es bueno recordar que la figura deplorable que habita el Planalto [Casa de Gobierno] (defendiendo la dictadura, a torturadores, violaciones, ideas racistas, machistas, etc.) fue apoyada por Kim y su MBL.
Esta posición ganó un aliado poco probable, a raíz de la controversia con Monark: el Partido da Causa Operária (PCO). En un tuit, la organización de Rui Costa Pimenta dice que “Monark es una víctima más de la persecución autoritaria de los derechos democráticos” y que él “ha hecho uso de su derecho a la libre expresión”. Como cereza en un postre envenenado, el partido afirma que ilegalizar el fascismo “abre margen para criminalizar el comunismo”. Pimenta remató diciendo que esa sería “una posición clásica del marxismo”, sin mencionar, sin embargo, a un único marxista que a lo largo de la historia haya defendido la legalización de un partido nazi.
Todas estas opiniones parten de una defensa idealista y abstracta de una supuesta “libertad de expresión”, aunque la defensa de esa tal libertad sin restricciones signifique defender que alguna agrupación política pueda matar y violentar libremente a las personas. Y el programa del nazismo es precisamente este: holocausto para judíos, gitanos, LGBTs, y asesinato en masa de militantes comunistas; cierre de los sindicatos, fin de los partidos políticos, censura y liquidación de cualquier derecho democrático y de cualquier libertad de expresión.
La defensa de un principio abstracto –“libertad de expresión”– para la legalización de un partido nazi es tan irracional como un condenado que ofrece municiones a su pelotón de fusilamiento. Más concretamente, despenalizar el nazismo en el Brasil significa dar un impulso para que estos grupos neonazis que han crecido casi un 300% en los últimos cuatro años salgan de las cunetas en las que habitan y puedan postularse para cargos electivos, divulgar su programa, organizan “legalmente” sus milicias contra los movimientos sociales, al estilo de la Sturmabteilung(SA) y –quién sabe– tomar el poder, liquidando la libertad de expresión de Rui Pimenta, Kataguiri, cerrando el PCO, el MBL… y, sobre todo, aplastando con sangre cualquier organización de los trabajadores y de los movimientos sociales, persiguiendo y asesinando a sus activistas.
Por supuesto, la criminalización del nazismo está lejos de ser suficiente para impedir la creación de alguna organización neonazi o fascista. El combate contra este tipo de movimientos se da a través de un frente único con todos los que quieren combatirlo (“con el diablo y con su abuela”, como diría León Trotsky) y, principalmente, con la formación de grupos de autodefensa de la clase trabajadora para defenderse físicamente de los nazifascistas (leer más aquí).
Sin embargo, no deja de ser necesario mencionar que muchos de los que defienden la legalidad de un partido nazi, como Kataguiri y Monark, lo hacen para mantener sus posiciones de poder, sus intereses y sus privilegios. Es la vieja historia de cuando una persona blanca cuestiona la agenda antirracista o habla de «racismo inverso». Eso no es libertad de expresión, es racismo. Lo mismo es válido para los cuestionamientos sobre los derechos de las mujeres y las personas LGBTs. No se trata de “libertad de expresión”, sino de reforzar el discurso del odio, colaborar con los nazifascistas y ganar audiencia y dinero con ello.
Nazismo no es lo mismo que socialismo
La derecha está obsesionada con trazar un signo igual entre el socialismo y el nazifascismo. Bolsonaro y sus secuaces ya intentaron hacer esto en el pasado, diciendo que el nazismo sería “un movimiento de izquierda”. Nada más falso.
El nazismo alemán y el fascismo italiano fueron dos respuestas de extrema derecha a las condiciones sociales creadas por la crisis económica mundial iniciada en 1929, que sacudió la estabilidad del capitalismo y definió un nuevo rol para el Estado. Fueron movimientos políticos impulsados por y al servicio de los sectores más concentrados del capital financiero y monopolista, por lo tanto imperialistas, que reclutaban a la pequeña burguesía desesperada y empobrecida por la crisis, militares humillados por la guerra y elementos lúmpenes, para atacar y derrotar al movimiento obrero y de masas con métodos de guerra civil.
Una vez en el poder, el nazifascismo impone un régimen político autoritario y dictatorial. No cualquier tipo de dictadura, sino una especial, cuya misión es la liquidación total de las organizaciones de la clase obrera, de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Es la supresión autoritaria de organizaciones como todos los partidos, incluidos los más moderados, y de la oposición liberal.
Como recuerda Trotsky, en un contexto de polarización social, el nazifascismo fue la última apuesta de la burguesía contra los movimientos obreros y sociales populares que amenazaban con levantarse contra el orden capitalista. Por eso, la burguesía no dudó en detonar la democracia parlamentaria para sustituirla por el nazifascismo y sus métodos de guerra civil contra el proletariado.
Aún según Trotsky, es a través de la represión brutal de la clase obrera que el fascismo pretende reducirla “a un estado de completa apatía y crear una red de instituciones que penetre profundamente en las masas para evitar toda cristalización independiente del proletariado. Es precisamente en esto que reside la esencia del régimen fascista”. Para eso, se apoya en milicias armadas que atacan las organizaciones obreras, partidos y sindicatos.
En términos territoriales, el nazismo tenía como objetivo la conquista imperialista del llamado “espacio vital” (Lebensraum), es decir, de una gran extensión territorial sobre Europa, particularmente sobre la Unión Soviética, que se convertiría en una colonia de Alemania ofreciendo mano de obra esclava y recursos naturales.
El socialismo, en cambio, es un sistema que presupone el fin de la propiedad privada de los grandes medios de producción. El proletariado, aliado a los sectores oprimidos de la sociedad, se convierte en clase dominante gracias a la expropiación de la burguesía, controla racionalmente la producción y el consumo, de acuerdo las necesidades de la población y la capacidad de la economía. Es lo que llamamos planificación económica.
El socialismo exige también una forma política, un tipo de Estado. En el capitalismo, el Estado tiene un carácter de clase. Es un aparato jurídico-militar que busca defender la propiedad privada y el dominio del capital. Es, por lo tanto, una dictadura de la burguesía sobre el proletariado.
En el socialismo, el Estado también tiene un carácter de clase, pero su contenido es opuesto al del Estado burgués: se convierte, por primera vez en la historia, en un Estado de la amplia mayoría explotada contra la ínfima minoría explotadora o privilegiada. Es lo que llamamos dictadura del proletariado.
La dictadura del proletariado tiene como función preservar la propiedad social de los medios de producción, impedir el retorno del capitalismo y combatir los grupos privilegiados que aún subsistan tras la expropiación de la burguesía. Y lo más importante: es el instrumento de defensa de la nación proletaria contra lo que quede del imperialismo y de la burguesía mundial.
El socialismo exige una participación activa y permanente de los trabajadores en la vida económica, política y cultural del país. Por eso, la dictadura del proletariado es un régimen mucho más democrático que la democracia burguesa. El fin de la explotación del trabajo permitirá la politización y la participación de las grandes masas en la toma de decisiones de los rumbos políticos del país a través de una red de consejos obreros, cuyos miembros son elegidos en los lugares de trabajo y residencia, con mandatos revocables. Estos consejos reemplazarán el congreso burgués y unificarán los tres poderes que ahora están separados, o sea, son órganos al mismo tiempo ejecutivos, legislativos y de justicia, controlados por la población. Son estos consejos obreros, organizados sobre el principio del pluripartidismo y abiertos a todos los trabajadores, la base fundamental del Estado socialista.
Ver en Youtube: Nazismo e comunismo são iguais?, en: https://www.youtube.com/watch?v=VubmY2aocCM
Sobre extremismos
Otro argumento de Monark y Kataguiri a favor de la legalización de un partido nazi es que en el polo opuesto, el de la izquierda, ya hay extremistas que pueden ejercer su derecho a la libre expresión. Uno de esos partidos sería el PSTU, como escribieron muchos heraldos de la derecha en Twitter, haciéndose eco de una falsa simetría para reforzar el estigma de “autoritario” al partido, repetido hasta el cansancio por los grandes medios.
Una simple búsqueda en internet convertiría en humo estas calumnias. Demostraría las credenciales históricas de un partido que siempre ha luchado por las libertades democráticas, contra la dictadura y que ha sentido en carne propia la persecución de este régimen que unió a la cúpula de las Fuerzas Armadas, el capital nacional y extranjero. La principal corriente política a partir de la cual se formó el partido se forjó en la lucha contra la dictadura militar, y muchos militantes fueron detenidos, torturados y perseguidos por la dictadura.
Más aún, el PSTU hoy defiende no solo las libertades democráticas actuales contra los ataques de Bolsonaro, sino la expansión de estas libertades. Medidas como la incondicional libertad de prensa, revocabilidad de los mandatos políticos en cualquier momento, salario de los parlamentarios igual al de un obrero o maestro, fin de los privilegios de los políticos, jueces y cúpula de las Fuerzas Armadas, elecciones más democráticas y en igualdad de condiciones para todos, el fin de las Policías Militares (PMs), entre muchas otras.
Pero, ¿cuál es el motivo de los ataques? ¿Pura ignorancia? No solo eso. El PSTU defiende un nuevo tipo de sociedad, una sociedad socialista en la que la mayoría del pueblo, los trabajadores, detenten el poder político, gobernando a través de un nuevo tipo de Estado, y el poder económico, con el fin de la propiedad privada de los grandes medios de producción, es decir, fábricas, bancos y grandes propiedades rurales. Un régimen verdaderamente democrático, donde la mayoría oprimida del pueblo gobierna, y no esta actual dictadura de la minoría (banqueros, grandes empresarios y terratenientes) disfrazada de democracia.
Lo que genéricamente llaman “democracia” es, en realidad, una democracia para la burguesía, para los ricos, y una dictadura para los pobres, los oprimidos y los trabajadores. Una dictadura sí, controlada por una minoría de explotadores que controla el Estado capitalista (las elecciones, la Justicia y las Fuerzas Armadas) a fin de mantener este sistema de explotación. Es esa minoría la que decide, ostenta el poder económico y controla todas las instituciones. La inmensa mayoría del pueblo está totalmente excluida de la vida política, es sobreexplotada diariamente, pero tiene la “libertad” en la democracia de los ricos de votar y elegir los representantes que la explotará por los cuatro años siguientes. Así, son elegidos aquellos que votarán leyes en su contra, destruirán sus derechos, facilitarán el trabajo precario, traerán más violencia contra los oprimidos, y atacarán el medio ambiente.
La pandemia ha abierto esta realidad. Los derechos fueron destruidos, millones quedaron desempleados y arrojados a la miseria. Según una encuesta de la Oxfam, el Brasil tiene 55 multimillonarios con una riqueza total de US$ 176.000 millones. Con la pandemia, el país ganó diez nuevos multimillonarios. Los 20 mayores multimillonarios del país tienen más riqueza (US$ 121.000 millones) que 128 millones de brasileños (60% de la población). Mientras tanto, 116,8 millones de personas padecen actualmente inseguridad alimentaria y 19,1 millones pasan hambre.
El PSTU es acusado de ser “extremista” porque defiende el fin del capitalismo y un nuevo tipo de estado obrero que sirva a la clase trabajadora, contra los intereses de la minoría burguesa. Donde la mayoría del pueblo trabajador pueda ejercer su dominación de clase sobre los capitalistas. De esta manera, sería posible garantizar libertades democráticas superiores a cualquier democracia de los ricos, como nunca antes existió en la historia.
Sobre nazismo y estalinismo
Kataguiri y Monark sugieren que el comunismo es inherentemente genocida y totalitario, como lo fue el nazifascismo. Para eso recurren a ejemplos con el régimen político existente en la Unión Soviética y, más recientemente, en los regímenes de Venezuela, Cuba y Corea del Norte, catalogados como “socialistas”.
El problema es que el socialismo –es decir, el control del poder político, de la producción y de la riqueza por parte de la clase trabajadora– no existe en Venezuela, Cuba o Corea del Norte. Todos son países capitalistas, y sus gobernantes son burgueses privilegiados que viven en el lujo mientras imponen una dictadura sobre el pueblo.
La Unión Soviética, por otro lado, no era una nación capitalista. Hubo una revolución en 1917 que expropió a los capitalistas y dio el poder a los trabajadores organizados en Consejos Populares, los llamados Soviets. Sin embargo, el aislamiento de la joven república soviética fortaleció a una casta burocrática que impuso una contrarrevolución y una dictadura en el país. El gran jefe de esta dictadura burocrática que se impuso en la URSS fue Joseph Stalin. El estalinismo se apropió del aparato del Estado soviético y del Partido Comunista, asesinó a cientos de miles de comunistas, incluidos los líderes de la Revolución de Octubre, impidió las libertades democráticas y condujo, como había previsto Trotsky 50 años antes, la restauración del capitalismo.
La historia del estalinismo es sumamente compleja, por eso recomendamos la serie presentada por Bernardo Cerdeira: Série Stalin, en: https://www.youtube.com/watch?v=qk6RENsQqsM&t=14s
En varias ocasiones, Trotsky trazó una similitud entre el nazismo y el estalinismo. Pero siempre resaltó las diferencias desde el punto de vista de las clases sociales que sostenían tales regímenes.
El nazismo se apoyaba en los grandes monopolios capitalistas e imprimía una política de expansión colonial imperialista. El estalinismo fue la manifestación política de una casta burocrática parasitaria que derrotó a la clase obrera, se apropió de las conquistas sociales de la revolución, liquidó comunistas e impuso una dictadura para mantener sus privilegios.
En otras palabras, los Estados fascistas y estalinistas tenían regímenes similares, pero orígenes diferentes desde el punto de vista de clase. Sus semejanzas residían en el hecho de que ambos regímenes estaban encabezados por una burocracia que se elevaba por encima de la sociedad y tenía un poder dictatorial sobre todas las instituciones y del pueblo. En muchas polémicas contra sectores que no comprendían la naturaleza del Estado soviético, Trotsky decía que la URSS, despojada de su carácter de clase, es decir, de su carácter de Estado obrero, no era más que un Estado fascista.
Establecer una igualdad mecánica entre nazismo y estalinismo es ignorar solemnemente todo el proceso histórico que dio origen al nazismo alemán y al fascismo italiano y el surgimiento de la Unión Soviética, así como la base social que sostenía cada uno de estos regímenes. En verdad, tal simplificación excesiva de la historia es una torpe campaña “anticomunista”, ya intentada antes por Bolsonaro y sus consortes. Pero negar las atrocidades del régimen estalinista y reivindicarlo como «socialista» es más que «terraplanismo de izquierda», es colaborar con la torpe extrema derecha en su campaña para ensuciar el socialismo.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 9/2/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.