En las elecciones de segunda vuelta realizadas el pasado 11 de abril, la población ecuatoriana debió escoger entre el cáncer y el sida. Es una expresión popular que traduce el sentimiento de ausencia de una alternativa electoral para la clase trabajadora y los movimientos sociales que buscan, no más de lo mismo, sino transformaciones sociales de fondo. El voto nulo alcanzó un récord histórico del 16,3 por ciento y si lo sumamos al ausentismo del 17,2%, tenemos que más de la tercera parte de los electores inscritos no apoyaron ni al candidato Lasso de la derecha tradicional, ni al candidato Arauz del populismo correísta.

Por ART-Ecuador

El banquero Guillermo Lasso, promovido por la alianza entre los partidos más fuertes de la derecha CREO-PSC ganó la contienda electoral con el 52,36 % de los votos válidos (no se contabilizan los nulos), logrando remontar el escaso 19,74% de votación que alcanzó en la primera vuelta. Esta última cifra significa que solamente uno de cada cinco electores le apoyó al inicio. Pero, además, su paso a la segunda vuelta fue muy cuestionado y poco transparente, debido la denuncia de fraude del candidato Yaku Pérez de Pachakútik, quien obtuvo unas pocas décimas menos que Lasso. Su legítima solicitud para que se realice un recuento de los votos no fue acogida por el TCE, dejando la sensación de un acuerdo de conveniencia entre las cúpulas políticas que han gobernado el país en las últimas décadas, para dejarlo fuera de la contienda electoral. Los grupos políticos hegemónicos se unificaron para impedir que una “tercera vía” forjada desde el movimiento indígena y movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo y los trabajadores organizados pudiera disputar la presidencia de la República.

Factores explicativos del triunfo de Lasso

¿Qué factores explican el triunfo del candidato poco carismático de la banca y la derecha conservadora, frente al candidato correísta que contaba con un cómodo margen de diferencia en la primera ronda, lo cual parecía le permitiría un triunfo fácil en la segunda vuelta? En primer lugar, el voto duro anticorreísta, presente en diversas clases y sectores sociales y políticos del país. El hecho que más rechazo provocó, tanto en la derecha como en la izquierda, fue su autoritarismo en el ejercicio del poder. Correa concentró en sus manos todas las funciones del Estado y con su prepotencia se dedicó a perseguir y denigrar a sus opositores políticos. Fueron blanco especial de sus ataques organizaciones sociales como la CONAIE, la UNE y lo que él llamaba la “izquierda infantil”, logrando dividir y cooptar a diversas organizaciones sociales de trabajadores, indígenas, estudiantes, profesores, etc. Muchos ecuatorianos, especialmente los jóvenes, estaban cansados de la confrontación entre la derecha tradicional y el correísmo, una nueva versión de la derecha camuflada como progresista, y por eso apoyaron a gente nueva como Yaku Pérez de Pachakútik y Xavier Hervas de la Izquierda Democrática. Asimismo, buena parte de los electores, asociaron la figura de Andrés Arauz con el continuismo del desastroso gobierno de Lenin Moreno, el cual se entregó sin disimulos a los intereses de los grandes empresarios y del imperialismo norteamericano y encabezó una fuerte represión en el estallido social de Octubre de 2019.

Sin duda, otro factor determinante del resultado final fue el enorme poder económico del banquero Lasso, quien contó con el financiamiento de los grupos empresariales más poderosos que lo veían como a un miembro propio de su club. De igual manera, fue clave el apoyo incondicional de los grandes medios de comunicación como la TV, la prensa escrita y la radio, muy resentidos por ciertos límites y restricciones que Correa les impuso durante su mandato. El candidato de la empresa CREO, en alianza con el partido más fuerte de la derecha, el Partido Socialcristiano, contrató a los mejores expertos en marketing electoral, quienes le permitieron remozar su gastada y apergaminada imagen por una nueva y artificial en la que vestía a la moda, calzaba zapatos rojos, se reunía con grupos ecologistas, feministas, GLBTI. Así, llamó al “Ecuador del encuentro” y utilizó un lenguaje más acorde a los tiempos actuales, que incluso contradecía los viejos moldes de su conservadurismo moral y político. También le funcionó, aunque en menor medida, la estrategia de asociar a Arauz y al correísmo con la dramática situación que vive la Venezuela de Maduro y la acusación de que la dolarización corría peligro en el caso de llegar al poder.  En conclusión, más que un voto de confianza en la propuesta de Lasso, fue un voto de rechazo al correísmo, de hastío con la politiquería y los políticos que han manejado el poder, de desesperación ante la crisis agravada por la pandemia, de despecho ante el desempleo y la “falta de oportunidades”.

La campaña de Andrés Arauz en la segunda etapa fue deslucida y sin una estrategia clara. El candidato del correísmo se empantanó al no definir con claridad su posición frente a Correa: ¿era un simple títere del líder o tenía su personalidad propia?  Su discurso también fue ambiguo frente a temas claves como el socialismo, el pago de la deuda, la posición ante el FMI, el modelo extractivista, el imperialismo. Más bien trató de mostrarse cercano a los Estados Unidos e inclusive realizó un viaje a dicho país para entrevistarse con los representantes del FMI.  Otro error estratégico fue no hacer propuestas claras y tender puentes hacia las organizaciones indígenas como la CONAIE, las ecologistas y feministas. El apoyo del dirigente de la CONAIE Jaime Vargas le resultó un tiro por la culata, pues fue mirado como un pacto personal y oportunista de Vargas a cambio de favores políticos.

¿Quién es Guillermo Lasso y qué intereses representa?

La trayectoria laboral y política del nuevo presidente Guillermo Lasso está profundamente vinculada a la banca, así como a la derecha y el conservadurismo políticos. Aunque proviene de una familia de clase media serrana, desde muy joven trabajó en la Bolsa de Valores de Guayaquil. A los 22 años fue designado gerente de la empresa Procrédito y luego de Finansur, que se fusionó con el Banco de Guayaquil, del cual es actualmente el principal accionista. Recordemos que este es el segundo banco más fuerte del país en cuanto a capital, después del Banco del Pichincha. Se conoce que luego del feriado bancario en 1999-2000, su fortuna pasó de 1 millón de dólares a 30 millones de dólares aproximadamente, gracias a la especulación con los CDR (Certificados de Depósitos Reprogramados). También, su fortuna creció exponencialmente gracias a sus vínculos con bancos off shore ubicados en los llamados “paraísos fiscales”, donde los ricos envían su dinero con la finalidad de eludir impuestos. Por ejemplo, en el año 2016, en que ocurrió el terremoto de Manabí y se decretó contribuciones especiales a los poseedores de ingresos más altos, Lasso declaró que su patrimonio era de USD 24´566.017, por lo cual pagó una contribución de USD 221.094. Sin embargo, el SRI determinó que el verdadero patrimonio, directo e indirecto, era de USD 174´292.280, es decir había una diferencia de USD 149´726.262 y su contribución debió haber sido de USD 1´345.884. (Artículo de Orlando Pérez). No obstante ¡Lasso acaba de declarar su patrimonio en 39 millones de dólares!

En su trayectoria política está el haber sido gobernador del Guayas en el gobierno de Jamil Mahuad y como tal ordenó desalojos de moradores de barrios populares y pedía prisión para los médicos por pedir que se les pague su sueldo. Luego fue nombrado Superministro de Economía con la responsabilidad de coordinar los ministerios de Finanzas y Energía en el gobierno antipopular y proimperialista de Lucio Gutiérrez, que fue derrocado por la insurrección del pueblo de Quito conocida como la “Rebelión de los Forajidos”. Lasso se desempeñó como embajador itinerante con la tarea de buscar acuerdos comerciales, especialmente con los Estados Unidos. En el año 2012 aparece su movimiento político Creando Oportunidades (CREO), que más que un partid, en el sentido estricto del término, es una empresa electoral creada con el objetivo de llevar a su líder a la presidencia. Es así como participó en los comicios del 2013 y el 2017, en los cuales se ubicó en el segundo puesto. En la gran movilización nacional de Octubre del 2019 contra las medidas antipopulares del gobierno de Moreno (decreto 883) se pronunció abiertamente contra las movilizaciones y a favor de la represión a los manifestantes.

Desde la perspectiva ideológica Lasso se ubica en la derecha conservadora. Es católico practicante y pertenece al grupo fundamentalista del Opus Dei. Como tal ha condenado abiertamente el aborto, inclusive en el caso de violación, así como el matrimonio homosexual y resalta los valores tradicionales de la familia, la religión y principalmente la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, presionado por la coyuntura electoral, ha modificado su discurso, por el momento, hacia el centro político.

Pensamiento económico neoliberal: fundamento de la propuesta de CREO y Lasso

La propuesta económica de CREO y su líder Guillermo Lasso se identifican plenamente con los postulados del neoliberalismo, es decir, una versión actualizada del liberalismo económico. Dicha visión aparece en la declaración de principios de su Plan de Gobierno que dice: “creemos en una economía libre, emprendedora y de oportunidades para todos”. El neoliberalismo es una teoría que se desarrolla en las universidades norteamericanas durante los años 60 y 70, como una respuesta ante una nueva crisis capitalista, luego de la reactivación que lograron Estados Unidos y Europa, una vez superada la gran depresión de los años 30, de mano de la teoría keynesiana y el aparecimiento del llamado “Estado de bienestar”.

Su lema fundamental es la libertad económica, entendida como libertad para emprender por parte de la empresa privada y el libre mercado, en tanto que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. Los economistas más representativos de la doctrina neoliberal como Hayek y Friedman dieron como explicación a la crisis de la economía mundial abierta en 1967, los gastos excesivos del Estado por su intervencionismo en la economía y el papel “nefasto” de los sindicatos. En consecuencia, el Estado debe minimizarse y permitir a los monopolios definir las reglas. Plantea reducir el aparato estatal y la burocracia, sanear las finanzas públicas y privatizar toda actividad que pueda desarrollarse como negocio. Esta visión general tiene implicaciones macroeconómicas y microeconómicas.

Desde el punto de vista macroeconómico se plantea:

– Incorporación activa del Ecuador al mercado mundial en calidad de exportador de materias primas e importador de productos industrializados y tecnología, es decir, continuar y profundizar el modelo primario exportador y extractivista que coloca a los países semicoloniales en una situación de subordinación frente a las grandes potencias imperialistas y provoca la descapitalización de sus economías.

– Apertura incondicional a la inversión extranjera, tanto directa (transnacionales) como indirecta (endeudamiento externo), lo cual en varios casos puede acarrear efectos perniciosos como la fuga de capitales del país, la depredación de los recursos naturales y la explotación de la mano de obra nacional.

– Privatización (ahora llamada monetización) y concesión de áreas y empresas estratégicas del Estado como telecomunicaciones, petróleo, energía eléctrica, bancos como el Banco del Pacífico, correos, ferrocarriles, etc. para ser entregadas en manos privadas de empresas nacionales y extranjeras.

– Negociación y firma de tratados comerciales con diversos bloques y países (los conocidos TLCs), los cuales favorecen a las grandes empresas nacionales y extranjeras y afectan a los pequeños negocios por la competencia desigual, en especial a las economías campesinas que producen para el mercado interno.

– Recurrir al endeudamiento externo con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la CAF, entre otros, a fin de cubrir los déficits fiscales, el pago de las deudas anteriores y algunos programas sociales. Tal endeudamiento implica aceptar condicionamientos sobre políticas económicas y sociales, de manera que países y gobiernos ven disminuida su soberanía y su capacidad de decisión en función de las necesidades internas.

En cuanto a la microeconomía, referente a las políticas para las empresas, el principio del libre mercado significa:

– El Estado no debe fijar los precios de los productos, ni siquiera los de primera necesidad como el pan, sino que los mismos deben estar determinados por la ley de la oferta y la demanda, es decir, por las empresas.

– Las tasas de interés no deben ser reguladas por el Estado sino por el mismo principio del mercado, lo cual significa que son los bancos los que determinan las tasas de interés tanto activas como pasivas, de acuerdo a sus propias políticas financieras.

– Los salarios de los trabajadores tampoco deben ser regulados por el Estado, es decir que son las empresas las que deciden cuanto pagar a los trabajadores en base a su conveniencia. Por supuesto, la mayoría de las empresas optarán por pagar salarios bajos aprovechándose de la gran cantidad de mano de obra disponible en el país.

En base a estos lineamientos generales, el plan de gobierno presentado por el equipo económico de Lasso se concreta en cuatro ejes: empleo, tributos, comercio interno y externo y financiamiento (El Comercio, 15 de abril del 2021).

Sobre el empleo la propuesta es fomentar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral, “dando mayor libertad de contrato a las empresas”. También propone subir el salario básico a USD 500, a lo largo de su período presidencial de cuatro años, aunque esta propuesta surgió al calor del baratillo de ofertas propio de la campaña electoral.

Se ha difundido que el equipo de Lasso presentará una docena de proyectos legislativos que deberán ser aprobados en coalición con otras fuerzas políticas, pues no cuenta con mayoría en la Asamblea. Entre estos consta la “Ley de Oportunidades Laborales” con la que se buscarán mecanismos especiales de contratación para universitarios, técnicos, empíricos y madres. Un mecanismo que contendrá la Ley es la doble deducción del impuesto a la renta por la contratación de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. También se elaborará una regla técnica para el cálculo del salario básico y unificado y se fomentarán las modalidades de contrato estacional y por tareas, es decir, se profundizará la política de flexibilización laboral aplicada por Moreno que ha eliminado varios derechos de la clase trabajadora.

En el tema tributario Lasso ha ofrecido eliminar el impuesto del 2% para microempresarios y, de forma progresiva, el 5% del impuesto de salida de divisas (ISD). Sobre el impuesto al valor agregado (IVA), dijo que planteará bajarlo en cuatro feriados al año, a fin de fomentar el turismo. La vía para cristalizar su plan, es una reforma tributaria que es uno de los requisitos del FMI para continuar desembolsando créditos según los términos de la Carta de Intención suscrita por el gobierno de Moreno con dicho organismo. La reforma tributaria está atada al tercer punto que es el comercio. La visión de Lasso es promercado, es decir “priorizar la búsqueda de nichos para la colocación de más productos ecuatorianos en el mundo”.

Sobre el financiamiento, el plan de Lasso tiene dos objetivos: fortalecer el sistema financiero con el incremento de las reservas internacionales y bajar el riesgo país para lograr financiamiento externo en     mejores condiciones (El Comercio, 15 de abril del 2021).

Fragilidad política del nuevo régimen y conflictos en la Asamblea Nacional

Luego de las elecciones, se ha abierto una nueva coyuntura política que ha traído no pocas sorpresas y resulta muy ilustrativa para el pueblo ecuatoriano, por cuanto permite visualizar que más allá de los discursos, las promesas de campaña, e inclusive las supuestas ideologías de los partidos políticos, lo que prima son los intereses concretos para repartirse el botín del poder.

Lasso y su partido político CREO tendrán dificultades de gobernabilidad debido a que en la Asamblea Nacional cuentan solamente con 12 legisladores de un total de 137. El acuerdo que mantenían desde agosto del 2020 con el PSC, y les permitió alcanzar el poder ejecutivo en los comicios del pasado 11 de abril, se rompió debido a que, a último momento, Lasso decidió romper con el pacto (UNES-PSC-CREO) y no apoyar la candidatura del empresario Henry Kronfle, militante del socialcristianismo, a la presidencia de la Asamblea Nacional, ni apoyar las pretensiones de UNES para que se conforme una “comisión de la verdad” a fin de revisar los fallos judiciales contra los dirigentes correistas. Más bien, los asambleístas de CREO posibilitaron que la alianza establecida entre Pachakútik y la Izquierda Democrática, que juntos suman 45 asambleístas, más un grupo de 12 grupos minoritarios, eligiera sorpresivamente a Guadalupe Llori de Pachakútik como nueva presidenta de la Asamblea Nacional, a Virgilio Saquicela de Democracia SI como primer vicepresidente y a Bella Jiménez de la ID como segunda vicepresidenta. La Asamblea Nacional se encuentra muy polarizada. La mayoría lograda para elegir a sus autoridades es muy frágil, lo cual permite avizorar que su funcionamiento será muy conflictivo.

Se han producido entonces dos pactos o acuerdos políticos que hasta hace poco tiempo parecían impensables. El primero entre el PSC, principal fuerza política de la derecha y la UNES (correístas), y el segundo, entre el bloque de Pachakútik y la ID, fuerzas que se ubican en el centro izquierda, con el gobierno derechista de Guillermo Lasso, en principio con el objetivo pragmático de elegir las principales dignidades de la Asamblea Nacional.

Pero más allá del reparto en la función legislativa, es necesario indagar sobre los reales intereses que están detrás de estos acuerdos. La primera alianza (PSC-UNES-CREO) beneficiaba claramente al PSC que, a pesar de que en la actualidad solamente cuenta con 17 legisladores, tenía por objetivo controlar la Asamblea y usar esa posición privilegiada para someter a CREO a su agenda política. Agenda en la que están en juego temas como la privatización de las empresas públicas, los negocios relacionados con el sector petrolero y la minería, las relaciones comerciales con las grandes potencias, entre otros. En cambio, el correísmo, pese a contar con la bancada más numerosa, decidió apoyar a los candidatos socialcristianos con el objetivo de buscar que sus líderes presos o en el exilio, por juicios de corrupción en varios casos, puedan ser sobreseídos por la justicia y así regresar al país para poder encarar las elecciones en el próximo periodo.

En el segundo caso, Pachakútik y la Izquierda Democrática, no solo acordaron nombrar autoridades en la Asamblea Nacional, sino también una agenda legislativa de 26 puntos entre los que se destacan: la derogatoria de la Ley Humanitaria, la reducción de las tasas de interés a un dígito en todos los segmentos, impulsar un nuevo Código Orgánico de Salud Pública, una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, despenalización del aborto por violación, impedir contratos con petroleras y mineras en zonas protegidas y fiscalizar estas concesiones, entre otras propuestas.

Sin embargo, como su número de asambleístas no les alcanzaba para designar a las autoridades de la Asamblea, terminaron pactando con 12 asambleístas pertenecientes a diversas fuerzas políticas minoritarias e incluso, y de forma sorpresiva, con el Movimiento CREO del presidente Lasso, que traicionó la alianza con el PSC y UNES y los dejó sin representación en la Asamblea. No está claro cuál es el alcance de dicho pacto, pero en los pronunciamientos de las autoridades recientemente elegidas para la Asamblea Nacional, han hablado de dar gobernabilidad al presidente Lasso, es decir, no se acordó solamente los nombres para dirigir el parlamento, sino que se halla implícita una agenda legislativa que resulta vital para el nuevo gobierno. También podría especularse en el sentido de que es una movida del nuevo mandatario y sus asesores para evitar una movilización del movimiento indígena y otras fuerzas sociales contra las políticas neoliberales y las medidas de ajuste que, tarde o temprano, impulsará el nuevo régimen. Esta situación ha provocado ya incertidumbre al interior del movimiento indígena y la CONAIE y muestra de ello es la desafiliación del ex candidato Yaku Pérez de Pachakútik.

Más allá de estos enredos y maniobras de la política parlamentaria burguesa, para las fuerzas populares y de izquierda que luchamos, no solamente por reformas democráticas sino por un cambio radical del sistema capitalista que se halla en crisis a nivel global y ha demostrado su ineptitud frente a la pandemia, es necesario que nos preparemos para enfrentar unidos la arremetida de un nuevo gobierno burgués neoliberal. El movimiento indígena con la movilización de la filial de la CONAIE en Ibarra y la convocatoria para la movilización del 11 de junio nos muestran el camino.