Después de cuatro días de protestas masivas en el Paro Nacional, el gobierno de Duque ha ordenado la militarización de las ciudades para contener las movilizaciones que continúan a pesar de haber sido agredidas con brutalidad por parte de la Policía Nacional, que dejan ya hasta 35 personas asesinadas, 400 detenidas, más de diez jóvenes lisiados y 2 mujeres violadas por la Policía Nacional, quienes usan armas de fuego a quemarropa para dispersar a los manifestantes e ingresan a domicilios y conjuntos residenciales disparando gases y aturdidoras.

Por PST-Colombia

La juventud, la clase trabajadora y los pobres – a pesar de la pandemia – ha salido a las calles a arriesgar sus vidas, no solo ante la posibilidad de contagio sino ante la represión por parte de la Policía. Las masas no solo salen a enfrentar la reforma tributaria y el Paquetazo de Duque sino a protestar contra las condiciones de miseria en la que viven.

Las protestas son lideradas por una juventud a la que solo le espera el desempleo, el endeudamiento para el estudio y condiciones laborales precarias, también por los sectores populares que en su mayoría viven de la economía informal y deben soportar la persecución policial de manera cotidiana.

Y es que el año pasado, según las cifras maquilladas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la pobreza extrema alcanzó el 42,5% de la población, un aumento de casi siete puntos respecto a 2019, que fue de 35,7%. Es decir, la pandemia dejó en la pobreza extrema a 3,6 millones de personas.

Militarización de las ciudades

Ivan Duque, anunció en la noche del 1° de Mayo que acudiría a la “asistencia militar”, una figura de la Ley 1801 de 2016 o Código de Policía que se define como “el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”. Esta medida la toma después de que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez a través de las redes sociales invitara a apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas”.

Esta medida autoritaria por parte del gobierno uribista de Iván Duque, es muestra de la debilidad del régimen ante una oleada de protestas en todo el país que no han podido de contener y que ha tenido su epicentro en la ciudad de Cali y en el Suroccidente de Colombia.

De hecho, la Policía ha venido asumiendo el control en las ciudades, por encima de las alcaldías, que se han quedado viendo los toros desde la barrera, limitándose a hacer declaraciones de apoyo a las instituciones o asistir a los centros de detención para ‘verificar’ las acciones policiales.

El silencio ante la masacre

Esta masacre, que deja más de 20 jóvenes asesinados en Cali, Bogotá e Ibagué, que deja varios lisiados por las armas del ESMAD, que deja más de 400 detenidos, ha contado con el silencio de los supuestos organismos de control, ni la Procuraduría General de la Nación ni la Defensoría del Pueblo han hecho presencia ante la barbarie policial; con el silencio de las alcaldías, que se han limitado a respaldar a la Policía y a acusar a la juventud de vandalismo; con el silencio de los organismos multilaterales que en otras ocasiones se han pronunciado contra los gobiernos que reprimen las manifestaciones; con el silencio de los medios de comunicación que defendiendo su régimen son voceros de la Policía Nacional y no mencionan sus crímenes y esconden las cifras de los asesinados.

Sin embargo, la gente está en las calles y está dispuesta a seguir luchando, a seguir convocando las movilizaciones en un Paro Nacional que, como en 2019, superó los cálculos de la burocracia de las centrales sindicales que controlan el Comité Nacional de Paro, quienes convocaban un concierto virtual mientras miles de personas estaban en las calles, en un acto de traición a las protestas.

También superó los cálculos de los partidos de oposición, algunos que han respaldado a sus alcaldías alternativas en la represión policial y otros que han preferido ‘apoyar’ las luchas, pero no ponerse al frente, para mostrarse ‘ecuánimes ante el régimen.

Mientras tanto, miles de jóvenes, de campesinos, de mujeres, de comunidades afro e indígenas y la clase trabajadora, salen a las calles no solo contra la reforma tributaria que ha sido rechazada hasta por los partidos de gobierno, sino contra las condiciones de pobreza y miseria que han tenido que soportar por decenios y que se han agravado durante la pandemia.

SOS Colombia

Por ello, hacemos un llamado para que las organizaciones de la clase trabajadora, defensoras de derechos humanos, sociales y populares a nivel internacional, se solidaricen con las luchas en Colombia, que denuncien la masacre que se viene perpetrando contra quienes han salido a las calles y rechacen la militarización que ordenó el gobierno autoritario de Iván Duque.

Hacemos un llamado también a los soldados y policías a no seguir cumpliendo estas órdenes de masacrar a la población de la cual hacen parte, a no disparar contra su propio pueblo, a negarse a reprimir y a unirse a las luchas heroicas que libra la juventud.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores, hacemos un llamado para que se haga una campaña a nivel internacional de SOS Colombia, es necesario respaldar las luchas con movilizaciones en el exterior, con plantones en las Embajadas de Colombia, con boicot a los productos colombianos, exigiendo que se detenga esta masacre.

También es urgente un Encuentro de Emergencia que pueda dirigir el Paro Nacional contra el Gobierno de Duque, porque el Comité Nacional de Paro controlado por las burocracias sindicales no ha sido capaz de ponerse al frente, se requiere una nueva dirección de las organizaciones sindicales y populares para enfrentar esta declaración de guerra del Gobierno de Duque contra la clase trabajadora y los pobres.