Mientras se trabajaba este texto, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso asesinaban, en Lima, a Víctor Santisteban Yacsacilca (55 años), una nueva acción represiva de la policía nacional. Víctor Santisteban recibió impactos de perdigón en la cabeza, como tantos otros heridos de la jornada del 28 de enero, sin embargo las heridas acabaron con su vida.
Por PST – Perú
El Perú vive una rebelión popular cuyo epicentro es el sur andino (en especial Cusco y Puno), y en las últimas semanas se ha desplazado a Lima, la capital del país.
Luego de la masacre que se produjo en Juliaca (Puno), en la que la policía asesinó a 17 luchadores, miles de pobladores provenientes fundamentalmente de la sierra sur, marcharon a Lima para extender y hacer sentir su protesta.
Ante el crecimiento de la rebelión la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), convocó y realizó una jornada de lucha el 19 de enero, la que fue multitudinaria y concluyó en fuertes enfrentamientos con la policía, y en un dantesco incendio en una vieja casona, en pleno centro de la ciudad.
Desde ese día la jornada se hizo permanente y en Lima se suceden las marchas masivas todos los días, y siempre terminan en serias refriegas con la policía, dejando a su paso una estela de heridos, detenidos y caos.
Para poner “orden”, en una situación que el gobierno estimaba “controlada”, el día 21 decidió intervenir la Universidad de San Marcos en cuyo campus pernoctaban 200 manifestantes venidos de provincias (de un promedio de 7 a 8 mil que permanecen en la capital). El operativo realizado con tanquetas rompiendo las puertas de ingreso y cientos de policías de asalto irrumpiendo en el campus deteniendo violentamente a todos los ahí presentes, enmarrocándolos y colocándolos contra el suelo para luego conducirlos a la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo), trajo a la memoria los peores tiempos del dictador y genocida Fujimori, con quien en forma automática se asoció la identidad del régimen que encabeza Boluarte.
Lo mismo se pretendió en el interior. Las fuerzas policiales contraatacaron en las zonas más radicalizadas en su intento por liberar las vías bloqueadas, produciendo nuevos y fuertes enfrentamientos con hechos de sangre. En Chao (costa norte del país donde también se mantiene un bloqueo) cayó abaleada otra víctima. En Ilave (Puno, en la frontera con Bolivia) asesinaron a otra persona, esta vez un adulto de 62 años y miembro de la comunidad aymara. Ambos crímenes provocaron más reacciones violentas. El pueblo aymara salió en masa y enfrentó a la policía hasta que huyó, y quemaron la comisaría y otras dependencias públicas y privadas.
Lima no se quedó atrás. Los sectores democráticos, ya conmovidos por la matanza de los que luchan, vieron en la ocupación de la universidad no solo la violación de su autonomía, sino una brutal trasgresión de las libertades democráticas, realizado tras un discurso oficial que etiqueta a los que luchan como “terroristas”. Para mayor verisimilitud, un policía que formó parte del operativo (Ricardo Quiñe), se grabó y difundió en redes un video donde se muestra satisfecho mostrando a los supuestos terroristas atrapados. Los detenidos, no obstante, eran simples campesinos en cuyas alforjas no se encontró nada que los asociara como violentos y menos como terroristas. Este hecho inició la reacción del movimiento estudiantil, hasta ese momento fuera de escena, que por cientos se convocaron a manifestarse en la sede de la prefectura. Al mismo tiempo, los paisanos de los detenidos organizaban nuevos convoyes para reforzar su presencia en Lima.
En este contexto la CGTP, que sigue a remolque de los acontecimientos, convocó a una nueva jornada para el martes 24, cuando ya los detenidos habían sido liberados, presionada por la movilización y la protesta de diversos sectores
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La jornada del 24
El día 24 fue un verdadero día de furia. A la movilización confluyeron tres sectores. De un lado la «oficial» la CGTP y los partidos de izquierda, que marcharon, dieron una vuelta y luego se disolvieron. La columna provinciana, más numerosa y combativa, que salió desde tempranas horas, se concentró y se dirigió hacia la Plaza San Martín (ubicada a pocas cuadras de la sede de Palacio de Gobierno y del Congreso), cuyos accesos están fortificadas por varias filas de policías y tanques de las FFAA, donde se produjeron fuertes enfrentamientos. Y la juventud universitaria, que salió en distintos horarios haciendo una fuerte columna que también hizo parte de los enfrentamientos.
Desde los grandes medios que señalan de “violentistas” y “terroristas” a los manifestantes, se cuentan historias de cómo las marchas son dirigidas y planificadas por supuestos aparatos subversivos, y cómo son financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Un simple observador de las marchas puede ver que la verdad no solo es otra sino especialmente conmovedora.
Los que han llegado a Lima son, en su mayoría, campesinos pobres y miembros de comunidades andinas ancestralmente olvidadas, que, al caer Castillo, vieron naufragar sus esperanzas de cambio y salieron a reclamar por el cierre del Congreso (en su mayoría de derecha) y la renuncia de Boluarte (vista como “traidora”), y al recibir una cruenta represión simplemente explotaron.
Ellos se muestran como son: ataviados de sus ropas típicas con sombreros y algunos llevando látigos. En las marchas portan carteles con el nombre de sus pueblos de origen, en otros llevan los nombres de los caídos, y blanden la wiphala (bandera del Tahuantinsuyo) mostrando su identidad y orgullo.
Una asamblea de egresados de psicología de la universidad de San Marcos mostró cómo es que se organiza esta gran lucha desde las bases. La asamblea discute la organización de grupos de defensa, equipados de cascos, mascarillas y escudos; los grupos de ayuda, que brindan vinagre, agua y trapos para contrarrestar los efectos de las lacrimógenas; los grupos de asistencia paramédica, que asisten a los heridos; los que preparan alimentos, los que juntan recursos, y hasta los encargados de desactivar las lacrimógenas usando agua con bicarbonato de sodio. Es evidente: todos saben que no es una lucha pacífica porque las fuerzas policiales (y, en su defecto, las FFAA), atacan con ferocidad, hieren a muchos y tiran a matar. Y todo es medianamente coordinado por whatsapp por los que se colocan al frente de las diversas organizaciones.
La precariedad e improvisación de la dirección y organización de la lucha se pone de manifiesto en todo sentido. Por ejemplo, da pie al vandalismo, y de otro no permite atender las emergencias en los bloqueos.
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Autoorganización y solidaridad
Y se los ve en todas sus limitaciones cuando entran en acción durante la lucha. Las marchas son o terminan en enfrentamientos que son verdaderos campos de batalla que lo que se cuece como organización es muy poco, aunque profundamente significativo porque es autoorganización.
En la jornada del martes 24 los enfrentamientos se concentraron en torno a la Plaza San Martín, copada por sus cuatro costados por inmensas masas de manifestantes en su intento por llegar al Congreso. Ocupando el centro de la plaza, un ejército policial atacó a los cuatro costados lanzando una lluvia de lacrimógenas, algunas de ellas disparadas al cuerpo, y disparando perdigones; y controlando todo el escenario con drones y cámaras de vigilancia. El ataque solo enciende la bronca y los más experimentados –algunos de ellos licenciados de las fuerzas armadas– van al choque cuerpo a cuerpo.
En el caos del enfrentamiento donde algunos se ahogan por los gases, todos entran en acción: los más experimentados –alguno de ellos licenciados del ejercito- van con sus escudos y palos a repeler a la policía. Otros, desde la retaguardia proveen de vinagre, toallas, mascarillas y agua a los que los salen del epicentro en su búsqueda; y otros asisten a los heridos en camillas improvisadas. Incluso, entre los que corren para protegerse de las bombas, se ve a algunos cargando ollas grandes de comida preparada para alimentar a los manifestantes.
En la previa, en Plaza 2 de mayo donde se inició la concentración, había voluntarios proveyendo comida y botellas de agua que distribuían a todos. Así se desarrolla la lucha. En el interior, una precaria organización y donde, los que hacen parte de ella, muestran un enorme grado de hermandad, se apoyan, se dan la mano, se asisten. Desde el exterior la ayuda es infinita. La gente de la calle aplaude y suma sus gritos, otros alcanzan botellas de agua y alimentos a los manifestantes.
El resultado de la jornada de ese día es de varios detenidos, heridos y una ciudad envuelta en el caos. Hasta el día siguiente.
El caos y la crisis se extienden
Todos los días es así en Lima. Y es más grave en las localidades en conflicto, que comprende el sur (11 regiones) y varios puntos del país.
El miércoles 25 los manifestantes se dirigieron a la embajada de EE.UU. y otra columna se desplazó hacia el centro residencial de San Isidro buscando tocar otras fibras. El jueves 26 una gran marcha de las delegaciones del interio salió desde «Puente Piedra» (25 km al norte de Lima) con dirección al centro, con la presencia de pobladores del lugar, cerrando toda la vía principal. El viernes 27 se realizó otra marcha, desde la zona Este (San Juan de Lurigancho, el barrio más grande de la capital), también hacia el centro. Ese mismo día, e Ica, un nuevo enfrentamiento con la policía dejó un saldo de más de 30 heridos en ambos bandos, entre ellos un policía grave.
Al momento de cerrar esta nota, miles de estudiantes universitarios y las delegaciones del interior realizan otra marcha por el centro.
El caos parece no tener fin. Pero ella hace sentir más sus estragos en las zonas más convulsionadas donde los manifestantes ejercen el control. Hay desabastecimiento de todo lo esencial, y lo que hay se vende a precios prohibitivos: en Madre de Dios (oriente peruano), el balón doméstico de GLP llega a costar 100 dólares. Los cajeros automáticos no tienen dinero. Se ve a productores arrojar sus productos, como la leche, o tratar de rematarlos. La economía local de muchos de ellos que viven de la pequeña producción y del comercio, lucen arruinados. Los grandes negocios también sufren el impacto: algunas mineras (Antapaccay, Cusco), han suspendido sus operaciones; los grandes agroexportadores sufren grandes pérdidas por cosechas que no se realizan y productos que no pueden despachar. El turismo (una de los principales ingresos de estas economías, sobre todo del Cusco), está frenado: Machu Picchu está vacío. Y, en general, la economía nacional, parece haberse paralizado, profundizando la sensación de desesperación.
El sufrimiento de la población que lucha no tiene como describirse. Ella se sostiene estoicamente porque se sabe ante una lucha no solo justa, sino ante un desafío donde sienten que el gobierno les ha declarado la guerra y, ante ella, no hay marcha atrás, aun a costa de causar más dolor y la posibilidad de perder la vida propia.
Gobierno en crisis
Tras su pretendida solidez (así como su pretendido control de la situación), el gobierno comienza a hacer agua. Su política represiva fracasó y solo ha incrementado las protestas y la convulsión social.
El gobierno de Boluarte fue colocado y es sostenido por el apoyo de la derecha del Congreso, un sector que cuenta entre sus filas a altos oficiales en retiro de las FF.AA. que estuvieron en la lucha contrasubversiva de los años 80 y 90; el mismo presidente del Congreso es un ex general con acusaciones de delitos de lesa humanidad.
Para dicho sector, con la elección de Pedro Castillo (junio 2021) fue Sendero que tomó el poder, y por eso no le dieron respiro hasta que lograron vacarlo. Luego de celebrar este acto, ven en las manifestaciones una “resaca” de la subversión y por eso, junto a los grandes medios que le hacen el coro, alientan se descargue sobre ellas toda la represión. Ya van 60 muertos. Y al amparo del “estado de emergencia” se produce toda clase de arbitrariedades, como la irrupción en locales partidarios, el asalto a la Universidad de San Marcos, la detención indiscriminada de activistas. Lo peor es que estas detenciones se realizan bajo la acusación de “terrorismo”. Los dirigentes del Fredepa (Frente de Defensa de Ayacucho), fueron aprendidos por la Dircote, donde se intenta procesarlos por “terrorismo” usando como única prueba el que se hayan “pronunciado” por una Asamblea Constituyente.
Asociado al sector de derecha actúa el llamado centro político (los partidos viejos y nuevos de la burguesía), que ven en estas movilizaciones una amenaza al régimen democrático sobre el que asientan su poder, y también quieren que sean derrotarlos, aunque con “formas” más legales y constitucionales, pero no menos suaves. El premier Otárola actúa como nexo directo del ala más conservadora del Congreso con el Gobierno, mientras la Boluarte zigzaguea entre ambos bandos.
Pero, al fracasar la embestida represiva la Boluarte ha pretendido renunciar, algunos de sus ministros la abandonaron y se sostiene en medio de contramarchas, apuntalada por esos sectores que quieren que ella les allane el camino antes de las elecciones.
Un nuevo frente se le abrió a Boluarte en el sector externo. Al reconocimiento inicial que le dieron la mayoría de países, ahora los pronunciamientos son casi unánimes contra la flagrante violación de los Derechos Humanos y la necesidad de una salida política a la crisis que sacude al país. En este sentido, llegan los pronunciamientos desde el Vaticano hasta la ONU y la OEA. El pronunciamiento de Boric, presidente de Chile, fue particularmente firme, cuando dijo: “las personas que salen a marchar son baleadas por quienes deben defenderlos”. La misma Comisión de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que es un escándalo mundial: las muertes producidas, en su mayoría, responden a un patrón: son disparos dirigidos a la cabeza o a la región abdominal, con el fin de matar, y no de disuadir, y las víctimas en su mayoría ni se encontraban en la primera línea.
El gobierno pretende enfrentar a todos en el terreno diplomático, y sus discursos hacia afuera (Boluarte se presentó vía virtual en una audiencia con la OEA), son tan falaces que nadie le cree. El régimen está acorralado aquí y afuera.
Aun así, un sector, la derecha extrema, quiere ir hasta el fin y lograr su cometido de derrotar la rebelión; el otro se allana a una salida, ahora ofreciendo adelantar más la convocatoria a elecciones, pero manteniendo a Boluarte hasta el momento que se produzca la transferencia.
La salida
En este contexto el mismo posicionamiento de las clases fundamentales tiende a cambiar. Sectores importantes de las clases medias, que asustados por los “violentistas”, apoyaban o callaban ante la represión cruenta, ahora respaldan parte de las demandas, como es el rechazo a la represión y al adelanto de las elecciones. La burguesía, toma distancias de su ala derecha que muestra disposición de llevarla al borde del precipicio, y ahora se inclina por el adelanto de elecciones para fines de este año, en una suerte de mal menor, al menos para evitar un mayor agravamiento y ganar tiempo mientras se hace de un nuevo plan. Por supuesto que esto no va con la exigencia fundamental de los manifestantes, que, como mínimo, van por la cabeza de Boluarte. Pero juegan a aislarla volviendo a colocar de su lado a los sectores democráticos, y piensan aprovechar la angustia que se vive en las localidades en conflicto.
La máxima expresión de esta reubicación la da el fujimorismo. Este partido con una fuerte presencia en el Congreso, pasó de apuntalar la política oficial a plantear el adelanto de elecciones para este año (octubre), coincidiendo con la pléyade democrática y la izquierda reformista de Verónica Mendoza. La propuesta implica un cambio del acuerdo anterior (tomado también bajo la presión de las luchas el 29 de diciembre), de realizar elecciones el (abril 2024), y debe aprobarse hasta el lunes 31, fecha en que cierra la presente legislatura. La segunda legislatura convocada para el 15 de febrero, votaría la ratificación. Pero la aprobación por el Congreso de estos cambios para “salir” de la crisis no es nada fácil.
La votación requiere más de dos tercios de votos (87) y para alcanzarla requiere un acuerdo multipartidario, de tal manera que la sola oposición de uno de los bloques parlamentarios imposibilita un acuerdo. El debate de la propuesta en la noche del 27 de enero arrojó una votación de 45 a favor del adelanto de elecciones para octubre de este año (y de 65 en contra); mostrando que están muy lejos de los 87 que necesita.
Por ello, la crisis se va a agravar más antes de encontrar alguna salida. Así, las manifestaciones y los choques van a crecer estos días y bajo su fuego las diversas fuerzas del parlamento estirarán como chicle todas las posibilidades de dilatar sus mandos.
Sabiendo de esa realidad, los manifestantes plantean como salida –que es la única viable desde su sentir– la caída de Boluarte. No solo porque es responsable de las muertes, sino porque con ella se precipitaría la convocatoria a elecciones, de acuerdo a la Constitución.
Pero lograr esta salida implica una lucha mayor. Se trata de vencer a la política de la central que sigue siendo de acompañar la lucha y no hacerla suya para garantizar el triunfo de sus demandas fundamentales. Y de la propia “izquierda” reformista, que centra todo en la salida parlamentaria: unos aliados al fujimorismo para aprobar el proyecto de adelanto de elecciones para octubre, y otros (Bloque Magisterial y Perú Libre) aliándose a los otros sectores de derecha que se oponen.
