Por: Redacción Opinião Socialista, Brasil
Al cerrar esta edición, Lula acababa de anunciar una serie de medidas para ayudar a los afectados por la catástrofe en Río Grande do Sul. A pesar de que en su discurso habló de un supuesto “Plan Marshall” (en referencia al plan de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial), lo que tenemos, al menos hasta ahora, son medidas extremadamente insuficientes para reparar las pérdidas de trabajadores y pequeños empresarios, y también para defender la naturaleza.
Al contrario, son medidas que favorecen mucho más a los mismos multimillonarios capitalistas responsables por la catástrofe.
Durante una visita a la ciudad de São Leopoldo, Lula anunció la concesión de 5.100 reales, en una sola cuota, a las familias afectadas por las inundaciones, algo que costaría alrededor de 1.200 millones de reales. También anunció la disponibilidad de nuevas viviendas para las familias de bajos ingresos, en las franjas 1 y 2 de “Minha Casa, Minha Vida”, que alcanzan un ingreso familiar de hasta R$ 4.400. Para otros rangos de ingresos, solo determinó la suspensión del pago de las cuotas por hasta seis meses.
Mientras tanto, para las medianas empresas se estudian ayudas de 4.000 millones de reales. Y para las grandes empresas, se habla de R$ 4.500 millones.
Las medidas de Lula son insuficientes
Mientras la extrema derecha bolsonarista difunde fake news, el alcalde bolsonarista Sebastião Melo (MDB) propone, para las personas sin hogar, viviendas temporales de lona, cercadas por el Ejército, además de la contratación de una empresa norteamericana, indicada por Moro, para llevar a cabo la reconstrucción, en la línea de lo que hicieron en Nueva Orleans, Estados Unidos, después del huracán Katrina.
El gobernador Eduardo Leite (PSDB) llegó incluso a quejarse de las donaciones realizadas al pueblo gaúcho, que, según él, podrían “perjudicar el comercio local”.
Sin embargo, las medidas recientemente anunciadas por Lula no son suficientes para reparar las pérdidas de la clase trabajadora y de los pequeños empresarios y reconstruir el Estado para evitar que esta catástrofe se repita.
La razón es que sus medidas, al fin y al cabo, benefician mucho más a las grandes empresas, bancos, constructoras e incluso megaempresas del agronegocio, responsables de la devastación ambiental. Empezando por el hecho de que no proponen la cancelación de la deuda de Rio Grande do Sul y mantienen el pago de la deuda de la Unión, el Marco Fiscal y todo el mecanismo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exigirá, en el futuro, cortes en el gasto aún más grandes.
Rio Grande do Sul ya estaba endeudado, en una verdadera sangría, que creció 13% en 2023 y hoy suma R$ 92,8 mil millones. Se trata de un mecanismo que ayuda a alimentar el sistema de pago de la deuda pública de la Unión, que, sólo en 2023, desembolsó 1,89 billones de reales, entre amortizaciones y pagos de intereses a los banqueros.
La mera suspensión de la deuda del Estado con la Unión sólo retrasaría la cuestión, ya que, en el futuro, esa misma deuda se volvería a cobrar y a costa de lo ya se viene haciendo: ajuste fiscal y un plan neoliberal. Cosas que ayudaron a producir la mayor catástrofe climática del país.
Mucho para pocos, poco para muchos
Si las medidas de emergencia anunciadas recientemente por el gobierno ya expresan enormes desigualdades, como los 4,5 mil millones de reales para las grandes empresas, mientras que los más pobres recibirán el equivalente a 1,2 mil millones de reales, en un pix [transferencia] de 5.000 reales que ni siquiera reponen en los hogares los electrodomésticos y muebles arrastrados por la lluvia, lo mismo puede decirse de las medidas ya anunciadas.
Las grandes empresas y los multimillonarios agrícolas presionan para obtener aún más exenciones y utilizarán la tragedia que ellos mismos ayudaron a crear para tener más exenciones y como justificación para despedir, reducir costos y lucrar aún más encima de la destrucción de millones de personas.
Se trata de justicia. ¿Reparación o endeudamiento?
Las medidas recientemente anunciadas por Lula dejan fuera a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que perdieron todo a causa de la catástrofe.
¿Qué pasa con un jubilado, un obrero, un maestro, una enfermera o un empleado de banco, que, con gran dificultad, adquirió una propiedad o un automóvil, después de 20 o 30 años de trabajo, y que vio todo perderse en medio de la inundación, cuya responsabilidad recae en los capitalistas del agronegocio y también en los gobiernos?
Con las medidas presentadas hasta ahora, los “de abajo” no solo no tendrán de vuelta lo que perdieron, sino además saldrán de esta crisis endeudados, debiendo al banco o a la MRV, la empresa que maneja las obra de “Minha Casa, Minha Vida” en el Estado.
Es necesario garantizar ayuda inmediata y de emergencia, pero también es necesario garantizar indemnizaciones por todas las pérdidas de los trabajadores y trabajadoras que vieron sus propiedades, sus coches, sus motos ser llevados por las aguas; o del pequeño empresario, que perdió su establecimiento, su stock o su maquinaria.
No puede ser una “ayuda” como una línea de crédito, para que este trabajador tenga que pagar otros 30 años por una casa que le llevó 20 años comprar. Es necesario devolver los bienes perdidos por el trabajador o por el pequeño empresario.
Esto no es un favor. Se trata de justicia. Por una reparación justa. Porque esta catástrofe tiene responsables, tanto por la devastación ambiental como de la falta de prevención y verdadera deforestación y falta de mantenimiento de las estructuras de protección, como en el caso de Porto Alegre.
La exigencia de reparación de sus muebles, electrodomésticos, etc., de su vivienda, si quedó destruida, de su pequeño negocio, por lo tanto, es un derecho fundamental. Y quienes deben pagar todo esto son los que tienen mucho dinero, que son los que lucraron con la devastación ambiental, preparando el desastre para la mayoría. Los mismos que ahora quieren volver a lucrar con la reconstrucción.
Medidas urgentes para socorrer a la población afectada
Es necesario garantizar asistencia inmediata a la población afectada y que sufre un flagelo que aún no tiene previsión para terminar. Se necesita desde ya:
- Garantizar alojamiento a todas las personas sin hogar, incluso utilizando propiedades vacías destinadas a la especulación (sólo en Porto Alegre hay 110.000), con la requisición de plazas en hoteles, además de las escuelas públicas que se están utilizando.
- Apoyo a los comedores solidarios que se están organizando por la propia población, en una solidaridad de clase, donde los trabajadores ayudan a los trabajadores, ante la ineficiencia del Estado. En lugar de quejarse de las donaciones que “perturbarían” las ganancias comerciales, el gobierno debería garantizar alimentación y alojamiento decentes y adecuados para todos los afectados.
- Formación de comités de afectados, por barrios o regiones, para gestionar las donaciones y garantizar la seguridad y autodefensa de los afectados. En cuanto a la autodefensa, también es necesario fomentar la autoorganización de las mujeres, ante las lamentables denuncias de asedio y violencia sexual en los albergues.
- Nada de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), como defienden el general Mourão y el alcalde bolsonarista, Sebastião Melo (MDB), ni el traslado de personas sin hogar a lugares remotos y “protegidos” por el Ejército, que, en la práctica, serían verdaderos campos de concentración para pobres y crearían aún más propiedades vacías para la especulación una vez que las aguas retrocedan.
Reparar pérdidas y garantizar empleo e ingresos
Además de las personas sin hogar, innumerables trabajadores han perdido todo lo que tenían y sus ingresos, sus empleos y su supervivencia están amenazados. Las “ayudas”, como el Retiro por Calamidad del FGTS [Fondo de Garantía], o la reducción salarial, a cambio de estabilidad por algunos meses, el adelanto del 13º salario o la devolución del Impuesto de Renta son medidas que hacen que el trabajador pague de su propio bolsillo las pérdidas. Es necesario garantizar medidas de emergencia para reanudar la vida, incluida la reparación de todas las pérdidas sufridas por la clase trabajadora.
- Suspensión del cobro de agua, luz e impuestos pagados por la población afectada.
- Amnistiar las deudas y préstamos de trabajadores y jubilados (incluidos los consignados).
- Beneficio de al menos R$ 10.000 para todos aquellos cuyas viviendas fueron invadidas por las aguas, con el fin de reponer electrodomésticos y muebles perdidos.
- Reparación integral para todos los trabajadores y pequeños empresarios que perdieron sus viviendas, automóviles o cualquier otro bien.
- Crédito, sin intereses y a fondo perdido, para el funcionamiento y reconstrucción de los pequeños comercios y negocios, incluso para capital de giro, pago de empleados, reparación o reposición de maquinaria y stocks perdidos. Cancelación de deudas y de pago de préstamos.
- Prohibición de despidos, no permitiéndose la suspensión de contratos ni descuentos salariales a los afectados. Las grandes empresas que despidan deben ser expropiadas y puestas bajo control de los trabajadores. ¡Despidió, expropió!
- Congelamiento de precios a los valores anteriores a las inundaciones, so pena de multas e incluso la expropiación de supermercados, farmacias y distribuidores de combustible, cohibiendo la especulación con los precios de los alimentos y del agua.
Reconstrucción bajo el control de comisiones de afectados y de la clase trabajadora
La prioridad de los gobiernos debe ser el pueblo trabajador y la inversión social, no las parcerías [asociaciones] público-privadas (PPP), una forma encubierta de privatización que coloca los servicios públicos (como el agua, la energía, la salud y la educación) en beneficio de las ganancias y por encima de la vida. Necesitamos luchar por las siguientes medidas:
- Formación de una empresa estatal de obras públicas, para reconstruir infraestructura de prevención y viviendas en lugares seguros, generando miles de empleos.
- Obras como contención de aludes, drenaje, construcción de represas y desazolve de lechos de los ríos, estudios de zonas de riesgo, creación de reservas forestales en las márgenes de ríos, fin de la deforestación, entre otras medidas encaminadas a la prevención.
- La orla del río Guaíba y las riberas de los ríos deben ser áreas protegidas, de propiedad pública, así como las áreas de preservación ambiental y los parques de protección de especies en peligro de extinción. Se necesitan áreas verdes para la absorción de las aguas hacia el nivel freático y drenaje del agua. Además, es fundamental implementar reservorios naturales de agua, que actúen como barreras efectivas contra los desbordes, protegiendo de las inundaciones las áreas urbanas.
- Control de los trabajadores sobre el plan de obras públicas. La reconstrucción no puede quedar en manos de empresas constructoras privadas, que sólo beneficiarán a quienes puedan pagar.
Para que la catástrofe no se repita
Los agromillonarios, banqueros y grandes empresarios deben pagar por la crisis que ellos mismos crearon.
- Es necesario cancelar la deuda de Rio Grande do Sul. No basta con suspender el pago por tres años, porque es poco dinero y, manteniendo la deuda y los mecanismos de la LRF, el Estado tendrá que volver a pagar y someterse al eterno recorte de gastos en inversiones, mantenimiento, servicios públicos y gastos sociales. Es necesario suspender el pago de la deuda federal a los banqueros, que sólo el año pasado generó intereses por valor de un billón de reales. El 10% de esta cantidad permitiría reparar las pérdidas de los afectados y reconstruir el Estado sobre nuevas bases, donde la naturaleza se preserve y no se destruya.
- Confiscar 50% de las grandes fortunas de los multimillonarios capitalistas. Ellos no serán pobres por eso.
- Es necesario cobrar un impuesto fuertemente progresivo sobre los grandes capitales que operan en RS: sobre el patrimonio y, también, sobre las ganancias y dividendos.
- Reestatizar, sin indemnización, empresas como la CEEE Equatorial, que deja a la población sin luz y corta la electricidad y las bombas, sin avisar a la población. Es necesario retomarla, ponerla bajo control de los trabajadores, revertir y suspender todas las PPP.
- Expropiar, sin indemnización, las grandes empresas del agronegocio.
Control obrero: el pueblo y los trabajadores deben tomar la reconstrucción en sus propias manos
Siguiendo el ejemplo de los comedores solidarios y de la organización interna en los albergues, la población afectada y los trabajadores deben organizarse para discutir sus necesidades y exigir los recursos para reconstruir o reformar sus viviendas, así como exigir obras que garanticen que no se repetirá otra tragedia por falta de prevención.
Un ejemplo de esto es lo que viene sucediendo en Santa Cruz, donde vecinos de alrededor de mil casas se reúnen en una comisión para discutir, exigir y garantizar la preservación ambiental y obras que eviten otras inundaciones. De la misma manera, los barrios de Porto Alegre también necesitan organizarse.
También es necesario exigir el retorno del Departamento de Alcantarillado Pluvial (DEP), la duplicación del personal del Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (Demae), poniéndolos bajo control de los trabajadores de estas empresas y de la comunidad, para la prevención y el funcionamiento de las casas de bombas y de toda la infraestructura antiinundaciones, ya que no será un alcalde que tiene como suplente a un negacionista quien garantice que el año que viene no pasaremos por otra pesadilla.
Esto también se aplica a la CEEE Equatorial que, además de ser reestatizada, necesita estar bajo el control de trabajadores y usuarios, de modo que se garantice el mantenimiento e inversiones suficientes para parar los cortes de luz en los barrios.
De esta manera, los comités de afectados en los barrios, los comedores solidarios y los voluntarios de los albergues, entre otras iniciativas, pueden organizar un verdadero consejo popular, donde discutir sus demandas y, posteriormente, avanzar en la construcción de un consejo de representantes de todos los barrios.
Autodefensa
La organización y movilización de los afectados es necesaria incluso para garantizar la seguridad de la población ante los robos, la presión de los delincuentes (e incluso del “tráfico”) en los albergues, o el saqueo de viviendas. Estas amenazas no necesitan del Ejército ni de la seguridad privada, sino más bien de la organización de comités que elijan personas de confianza de la población para formar comités de autodefensa.
¿Qué necesitamos? Por una verdadera política ambiental y de prevención
Los planes de reconstrucción que se están elaborando van en la misma dirección que los programas de vivienda del gobierno Lula: obras para beneficiar a las grandes empresas constructoras y no a la población en su conjunto.
Es necesario, por el contrario, construir una empresa pública, contratando a los desocupados, y controlada por afectados y trabajadores, con asesoramiento de personal técnico vinculado a la protección del medio ambiente. Una empresa pública y estatal, bajo control obrero y popular, que realice obras de contención, como los diques de Porto Alegre, el Muro de Mauá, las casas de bombas de drenaje.
Nada de privatización del Cais [Muelle]. Nada de empresas privadas en servicios públicos esenciales. Todo esto debe quedar bajo el control de los trabajadores.
En el mismo sentido, es necesario revocar, ahora, las 500 normas de flexibilización ambiental elaboradas por Eduardo Leite y la Asamblea Legislativa, así como recuperar áreas de llanuras aluviales, como las que destruyó el alcalde de Eldorado do Sul.
Política nacional de prevención
También existe la necesidad urgente de una política nacional de prevención de desastres relacionados con el clima, que serán cada vez más frecuentes y generalizados. Tuvimos inundaciones en el Noreste y, más recientemente, en Acre. Es necesario construir un sistema estatal y público que agrupe a científicos e investigadores, como el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), que sea independiente y controlado por los trabajadores.
Cambiar el sistema. Socialismo o barbarie
La tragedia revela el carácter cada vez más destructivo de un capitalismo en crisis, que amenaza la existencia misma de la humanidad. Lula, en su discurso, se opone a los negacionistas de la crisis climática, como el ultraderechista Sebastião Melo o los negacionistas del entonces gobierno Bolsonaro; al mismo tiempo, sin embargo, en su política de gestión del capitalismo, él mismo defiende la exploración petrolera en el Margen Ecuatorial, que sólo puede promover aún más los combustibles fósiles en beneficio de las grandes petroleras y de la industria automotriz.
Es necesario derrotar la política económica de austeridad del gobierno, responsable del desmantelamiento de los sistemas de prevención. Pero también es necesario hacer frente a su política de beneficiar a los banqueros y a los grandes empresarios, incluidos los megainversores que hoy se benefician con la Petrobras. Es necesario reestatizar la empresa y emprender realmente una política de descarbonización, mediante investigación e inversiones.
Pero los capitalistas no renunciarán a sus ganancias, incluso si destruyen la Tierra o ahogan al pueblo en inundaciones. Se necesita otro sistema, con los trabajadores en el poder, gobernando a la gran mayoría y no a un puñado de multimillonarios. Se necesita un gobierno socialista de trabajadores, apoyado en Consejos Populares.
Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 16/5/2024.-
Traducción: Natalia Estrada.
