Durante la noche del 19 de enero, Dina Boluarte, dio un “mensaje a la nación”. Con absoluto cinismo, un gobierno que ha asesinado a 50 personas en sus primeros 44 días, herido a cerca de 800 personas y detenido a más de 370, declaró que “caerá todo el peso de la ley” sobre quienes hayan realizado “actos violentos” en las protestas.
Por Víctor Montes
Los medios de comunicación comprendieron rápidamente el mensaje: había que redoblar la “cruzada” contra los pueblos en lucha, acusándolos de “vándalos”, “violentistas” y “delincuentes”, cuando no de “terroristas” (o como se suele decir acá, “terrucos”).
No es una cruzada gratuita. Los mismos medios que en noviembre de 2020 denunciaban la brutalidad de la represión policial cuando estalló la protesta contra el gobierno de Merino, y que consideraron inaceptable el asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado, hoy se rasgan las vestiduras e invocan el sometimiento de las protestas al “imperio de la ley”, a los cauces de la “protesta pacífica”, y pintan como víctima a la policía. ¿Qué ha cambiado?
¿De dónde viene la violencia?
Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, así como las comunidades que enfrentan el abuso de las mineras, las petroleras o las empresas agroindustriales. Que enfrentan despidos, bajos salarios, violaciones a sus derechos. Que durante la pandemia pusieron los muertos frente al colapso del sistema de salud asfixiado por la política neoliberal que impusieron los gobiernos de los últimos 32 años… saben que lamentablemente, sin salir a luchar, no hay posibilidad alguna de hallar soluciones a sus demandas. Y decimos “lamentablemente”, porque nadie sale a luchar de buenas a primeras, por el puro gusto de hacerlo.
Es esa realidad la que, en primer lugar, les violenta día a día, poniendo en cuestión su supervivencia y la de sus familias, mientras un puñado de grandes empresas se llenan los bolsillos con las riquezas y el trabajo de este suelo. Y es esa realidad la que les empuja a la protesta.
Sin embargo, quienes han salido a luchar saben también que, además de la más absoluta intransigencia de parte de las empresas, que ignoran los reclamos con la complicidad de las autoridades de gobierno, se van a encontrar a la policía resguardando a los patrones y sus intereses, contra quienes luchan.
Y la policía hace su trabajo: provoca a quienes se movilizan, con la finalidad de propiciar un enfrentamiento que les permita dispersar la acción de lucha, detener gente y descabezar el movimiento.
Y cuando no pueden detener la movilización de esa forma, por su masividad y combatividad, comienzan a reprimir con mayor violencia, haciendo uso de sus armas de fuego, disparando perdigones, bombas y balas al cuerpo de quienes se movilizan.
Peor aún cuando en medio de esta situación, el gobierno decreta el estado de emergencia, que recorta los derechos fundamentales, y entrega parcial o completamente el control del “orden público” a las Fuerzas Armadas… Entonces crece el número de gente que muere a manos de sus balas, o que terminan en las cárceles. Tal como viene pasando ahora.
¿Y todo para qué? Para acallar la protesta. Para no tener que dar solución a las justas demandas de quienes luchan. En otras palabras, para mantener el control de la situación e impedir que se ponga en cuestión el orden existente: su poder.
Y es que ese es el rol fundamental de las fuerzas armadas y policiales: defender mediante el uso de la fuerza (violencia), el orden de quienes tienen el control de la economía (las grandes empresas) y toman las decisiones a su antojo por medio de sus partidos políticos corruptos, sea en “democracia” o bajo gobiernos dictatoriales o autoritarios.
Lea también | La jornada del 19 de enero en Perú
En defensa de sus intereses
Por eso mismo, hoy, a diferencia de 2020, los medios cantan loas al unísono ante la actuación (represión) policial: porque después de 17 meses con Pedro Castillo (hostigándolo permanentemente), las grandes empresas se desembarazaron de su gobierno. Un gobierno que, aunque mantuvo incólume la política económica neoliberal, heredada de la dictadura de Fujimori, expresaba de manera distorsionada el anhelo de cambios profundos de las masas empobrecidas y explotadas del país, que creyeron en Castillo y su programa, y que además, construyeron una identificación cercana con él, a partir de su origen andino y campesino.
Hoy la violencia policial y de las fuerzas armadas defiende a un gobierno que los patrones tienen directamente en sus manos.
Y por eso aunque Boluarte intenta aparecer como concilidora, todos sus llamados al diálogo son una “mesedora”[1] que sirve como excusa para invalidar las acciones de protesta, con el fin de encasillar la movilización en lo que llaman “protesta pacífica”, que en realidad significa aceptar que solo podemos movilizarnos por los lugares que el gobierno diga, gritando nuestras consignas en el volumen que el gobierno diga, y solo cuando el gobierno diga…
¿Quiénes apoyan hoy la violencia del Estado?
Esta mirada de lo que debe ser la “protesta” (un paseo estéril en voz baja), que expresa el interés de las grandes empresas, es apoyado en el país por sectores de la llamada “clase media” en las ciudades, que han sido ganadas por el discurso reaccionario del gobierno y los medios, que identifican las protestas con las acciones terroristas que realizaron grupos como Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990, así como por quienes se convencieron de las “bondades” del modelo económico neoliberal durante el “boom” de los precios de las materias primas (2004-2013 aproximadamente), y desprecian a los pueblos del interior, para quienes solo tienen adjetivos racistas y humillantes.
Son esos sectores los que gritan en favor de que se “imponga orden” en el país, es decir, que se reprima y se acabe con la movilización, sin importar el costo. Son esos mismos sectores los que, arrastrando tras de sí a sectores aún más precarios y pobres de la ciudad, conforman algunos grupos de choque que no dudan en usar sus propios métodos violentos contra quienes se movilizan. Claro está, contra esos grupos de choque, la policía no disparó jamás un solo tiro.
Lea también | Perú: El régimen de las balas y el hambre debe caer
¡Tenemos derecho a defendernos de la represión!
Es esta realidad, la violencia que desata el Estado por medio de las fuerzas armadas y policiales contra quienes marchan, y la indolencia del gobierno ante sus reclamos, lo que obliga a los sectores en lucha a realizar medidas más radicales (tomas de locales, bloqueos de carretera).
Y es para defenderse de la acción represiva de la policía y las fuerzas armadas, que usan sus escopetas de perdigones y pistolas de reglamento, cuando no sus fusiles de guerra, que las comunidades del campo salen a luchar con lo que tienen a la mano: tablas, palos, piedras, warakas[2]… ¿Qué tiene que ver con esto una supuesta conjura “violentista” o “terrorista” de la que hablan el gobierno y los medios?
Más aún, después de 50 personas asesinadas por la represión, lo mínimo que debe hacer cualquier organización que sale a luchar, es pensar de antemano en la forma en que se va a defender de la policía y las fuerzas armadas, y en cuanto pueda, cómo avanzar sobre sus posiciones para lograr los objetivos de la lucha.
Por eso es clave que, desde las organizaciones obreras, campesinas y populares, reivindiquemos el derecho a la autodefensa: porque nos defendemos de la acción violenta del Estado que, por medio del gobierno de turno (en el caso peruano, hoy, el de Boluarte y el Congreso), quiere callar la protesta haciendo uso de las balas. Tal como hizo como hizo el pueblo chileno durante el estallido de 2019 (la llamada “primera línea”) o el pueblo del valle de Tambo en su lucha contra Tía María (los “espartambos”).
Esta es una necesidad urgente de la lucha en curso, que lamentablemente se enfrenta, además de con el discurso oficial, con la política de la dirigencias de las centrales (como la CGTP) y partidos reformistas (Nuevo Perú, PC-Unidad o Patria Roja) que se dicen “de izquierda”, que atrapadas en la lógica de la “protesta pacífica”, han renunciado a enfrentar la represión del gobierno. Incluso abandonaron la movilización a la primera bomba lacrimógena, como demostraron el pasado 19 de enero.
Por eso, defender el derecho a la autodefensa debe ser una conquista de la organización de la base obrera y popular, que no puede permitir, que el gobierno siga matando impunemente a quienes cometen el único “delito” de luchar.
[1] Término que en el Perú hace referencia a una pérdida de tiempo o a un engaño.
[2] Arma usada tradicionalmente para cacería y guerra. Es elaborada con una faja estrecha de tejido con ensanchamiento central abultado y extremos más delgados. Se utiliza colocando una piedra o proyectil en la zona central, más ancha, haciendo girar la piedra envuelta en la tela, cogiendo el artefacto de los extremos, para luego arrojar el proyectil soltando uno de los extremos de la waraka.
