Rio Grande do Sul fue víctima de dos catástrofes. Por un lado, las fuertes inundaciones están ligadas al cambio climático provocado por el calentamiento global, impulsado por la industria capitalista, y que se traduce en fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Por otro lado, el desastre “natural” ganó mayor volumen y extensión debido a las políticas neoliberales de los gobiernos estaduales, municipales y tambieen del gobierno federal, que debilitaron el sector público y desmantelaron la legislación ambiental en favor del agronegocio.
Por: Redacción Opinião Socialista, Brasil
La situación climática de la Tierra es alarmante. El año 2023 fue el más caluroso jamás registrado en la historia. Las temperaturas de los océanos también fueron las más altas (ver gráfico). Son los grandes reguladores del clima en la Tierra.
Todo esto convirtió a El Niño de 2023-2024 en uno de los más intensos jamás registrados desde el inicio de los relevamientos modernos, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Por si fuera poco, también según los registros, la concentración actual de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es la más alta de los últimos 800.000 años, totalizando 424 partes por millón (ppm). En comparación, en 1850, el nivel de CO2 era de 280 ppm.
¡Ignorando la ciencia, vendrán días peores!
Casi 80% de los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) prevén al menos 2,5 °C de calentamiento global, mientras casi la mitad prevé al menos 3 °C. Esto significa un futuro marcado por conflictos y migraciones en masa, impulsados por olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tempestades.
Todo ello con una intensidad y frecuencia muy superiores a la que ya ha ocurrido. En otras palabras, nos dirigimos rápidamente hacia una situación climática incontrolable que amenaza la civilización, especialmente a los más pobres y vulnerables.
La catástrofe en Rio Grande de Sul, lamentablemente, no es un caso aislado. A esta se suman otras ocurridas a lo largo de 2023-2024, como las olas de calor e incendios forestales en Estados Unidos, Canadá y Chile; las inundaciones torrenciales en la ciudad costera de Derna, Libia, que mató a más de 10.000 personas; o las inundaciones de Kenia a finales de abril, que acabaron con la vida de casi 200 personas.
El calentamiento fue producido por el capitalismo
Una encuesta realizada por Genial/Quaest, publicada el día 9 de mayo, muestra que 64% de la población entiende que el cambio climático provocó las inundaciones en Rio Grande do Sul. Otro 30% ve el cambio climático sólo como una de las causas; y 1% no identifica ninguna relación.
Esta percepción de la población es muy positiva. Pero los trabajadores necesitan saber que la catástrofe climática no es una venganza ciega de la naturaleza. Es resultado de la industria capitalista y del colosal consumo de combustibles fósiles, la sangre que fluye por las arterias de la acumulación del capital. Los principales responsables son los países imperialistas y sus burguesías, cuyas industrias son responsables de más de 70% de las emisiones globales de carbono.
La responsabilidad del agronegocio
En el Brasil, sin embargo, el modelo de agricultura capitalista, el llamado agronegocio, es el principal responsable de las emisiones. Sólo el sector emitió 75% de los gases de efecto invernadero en el país, según el Sistema de Estimación de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG).
Esta es una expresión evidente de la reprimarización económica del país (retorno al rol de exportador de materias primas y recursos naturales), con el crecimiento del sector extractivo agrominero, siempre apoyado en gordos incentivos estatales. De hecho, es este sector el que apoya el negacionismo climático en el Brasil, difundido por la ultraderecha bolsonarista.
El agro es también la “vanguardia del atraso” cuando se trata de la ofensiva para destruir la legislación ambiental del país. La Banca Ruralista es responsable de los 25 proyectos de ley y las tres propuestas de enmiendas a la Constitución que se tramitan en el Congreso brasileño, conocido como “Paquete de la Destrucción”.
Es necesario revocar estas leyes, organizar grandes movilizaciones y enterrar la agenda del agro, antes de que estas entierren el país.
Catástrofe social: austeridad fiscal, privatizaciones y ataques al medio ambiente
Pero, por otro lado, tenemos una catástrofe social producida por décadas de neoliberalismo, austeridad fiscal y privatizaciones, que se combina mortalmente con la catástrofe climática.
Este cóctel mortal fue llamado “Capitalismo del Desastre” por la periodista canadiense Naomi Klein, luego de que el huracán Katrina devastara la ciudad de Nueva Orleans (Luisiana, en el sur de Estados Unidos), en 2005. En el Brasil, esa ha sido la receta de todos los gobiernos. Y desde hace décadas.
El gobierno de Eduardo Leite saboteó todo el sistema de prevención y combate a desastres naturales, sector al que asignó magros presupuestos. Para enfrentar los eventos climáticos, el gobierno destinó menos de 0,2% del presupuesto total aprobado para 2024. Para la Defensa Civil, se agregaron unos miserables 50.000 reales.
Como consecuencia de esto, durante todo el período de El Niño, que siempre provoca fuertes precipitaciones en la región mientras está activo, se desmantelaron todos los equipos de prevención y combate contra desastres naturales.
El gobernador flexibilizó leyes ambientales para favorecer el agronegocio
Leite promovió una ofensiva contra las leyes ambientales del Estado. En 2020, en su primer mandato, aprobó, en la Asamblea Legislativa, la Ley 15.434, que suprimió y flexibilizó más de 500 artículos e incisos del Código Ambiental del Estado, flexibilizando reglas de protección ambiental para los biomas de la Pampa y la Mata Atlántica.
Al año siguiente, el gobierno permitió la autolicencia de grandes proyectos, mediante la emisión de una Licencia Ambiental por Compromiso (LAC). La medida permitió autorizar de forma inmediata 49 actividades económicas (31 de ellas con alto y medio potencial contaminante), independientemente de su tamaño. Entre las actividades que lograron autolicencias se destacan las plantas de concreto y de asfalto, la ganadería semiconfinada y la silvicultura (“reforestación”, con pino y eucalipto).
La autolicencia es el sueño del agronegocio brasileño, hecho realidad gracias a Leite en su Estado. Funciona así: si un capitalista quiere producir eucalipto, no necesita realizar una solicitud ni someterse a una evaluación por parte de los organismos ambientales estatales. Basta con pagar a una empresa privada de consultoría ambiental, que “certifique” que su negocio es sostenible.
El gobierno también amplió la Zonificación para Actividades de Silvicultura en el Estado. Y, más recientemente, flexibilizó aún más la legislación ambiental, para permitir la construcción de represas y embalses en Áreas de Preservación Permanente (APP), y, de esta manera, permitir el almacenamiento de agua para la agricultura y la ganadería.
Las privatizaciones completaron el desastre
Toda la situación empeoró con la privatización de las empresas estatales. Incluso antes de la catástrofe, el empeoramiento de los servicios ya era visible. Con la inundación, quedó demostrado que las privatizaciones profundizaron el colapso. La empresa privada CEEE Equatorial, por ejemplo, incluso cortó la electricidad en una casa de bombas, sin informar a la población ni al alcalde, lo que obligó a la evacuación de los vecinos de dos barrios porque el agua estaba subiendo.
Reestatizar las empresas privatizadas del Estado será absolutamente necesario para cualquier plan de reconstrucción y de adaptación al cambio climático. De lo contrario, la población quedará en manos de capitalistas sin escrúpulos, que anteponen las ganancias a las vidas.
Ninguna reconstrucción del Estado es posible sin la derogación de todas estas leyes que atacan el medio ambiente, además de la reestatización inmediata, bajo control de los trabajadores, de las empresas privatizadas.
Inversión cero: alcalde de Porto Alegre saboteó sistema de contención de inundaciones
Esta misma cartilla de promoción de la catástrofe social fue adoptada por el alcalde de Porto Alegre, el bolsonarista Sebastião Melo (MDB), y explica la falla del sistema de contención de inundaciones del río Guaíba, formado por 18 casas de bombas, diques y el Muro Mauá. El sistema colapsó y el 7 de mayo sólo cuatro casas de bombas estaban operando en la ciudad. Los diques de contención también fallaron y muchos cedieron ante la fuerza de las aguas.
Lo cierto es que el sistema estaba en total abandono, a pesar de que la alcaldía era consciente de los riesgos de nuevas y torrenciales lluvias. En 2023, la alcaldía no invirtió ni un solo dólar en la prevención de inundaciones. Así es: invirtió R$0.
Y cuando el sistema colapsó y la ciudad se inundó, la alcaldía no tenía un “plan B”. En caso de inundaciones, no existía ningún plan de contingencia ni plan de evacuación para los residentes.
«Compensación ambiental»: la alcaldía quiere pagar R$ 1.700 millones al “Véio da Havan”
Pero, si la alcaldía destinó cero reales para las inundaciones, ella fue protagonista de uno de los episodios más absurdos de toda esta tragedia, al intentar pagar R$ 1.700 millones, en concepto de “compensación ambiental”, a una cadena de tiendas de Havan, con recursos del Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillados (Dmae).
El plan de la alcaldía era pagar con dinero público una “compensación ambiental” a una empresa privada que había provocado, ella misma, los daños al instalar la empresa. Según la legislación, es la empresa la que debe pagar las compensaciones ambientales derivadas de las obras y nunca al revés. El Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) prohibió al alcalde pagar a Luciano Hang, el millonario y bolsonarista “Véio da Havan” [Viejo de la Havan], pero la administración había dicho que apelaría.
Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 16/5/2024.-
Traducción: Natalia Estrada.
