Lun Ene 30, 2023
30 enero, 2023

Perú: La segunda ola va por la cabeza de Boluarte

Como en toda segunda ola que se produce en las batallas largas –como la que se vive en Perú contra el régimen que ahora encabeza Boluarte–, es también más radical, decisiva y, lamentablemente, sangrienta. Y no va a tener salida positiva sin la derrota del régimen.

Por Simon Lazara, PST Peru

Solo el día 09 de enero, al quinto día del reinicio de la protesta, la contienda dejó en un solo acto el saldo de 17 muertos y medio centenar de heridos graves en Juliaca (sur peruano y frontera con Bolivia), todos por balas disparadas por las tropas desplegadas al lugar.

Es el saldo más alto de muertos infligidos por la represión de movimientos sociales en lo que va de este siglo, y que ya suma cerca al medio centenar desde que en diciembre se iniciaran las protestas ante la vacancia de Pedro Castillo.

En la práctica, se vive un estado de ocupación en las zonas de conflicto por las fuerzas policiales y militares, colocadas bajo estado de emergencia y reprimidos brutalmente con armas de guerra, con lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y con disparos hasta a los que van a auxiliar a las víctimas, en su mayoría jóvenes. Y en lugar de resarcirse, el gobierno anuncia que no va a retroceder en su decisión de reestablecer el “orden”, y en esa línea refuerza sus efectivos en la zona al mismo tiempo que establece toque de queda.

Sin embargo, en lugar de amainar la protesta lo único que han logrado es encender más hoguera. Mientras llora a sus muertos, el pueblo puneño y con él todo el pueblo pobre, siente que le han declarado la guerra, y se apresta a librar la batalla final para acabar con el gobierno responsable de esta masacre.

En tanto, hasta en los heridos y muertos se muestra la división de clases. Mientras los puneños se unen, juntan sus monedas para asistir a las familias de los caídos, asisten a sus heridos con lo que tienen a mano y rinden homenaje a sus héroes en las calles que mantienen tomadas, en los atrios oficiales solo se habla y se homenajea al policía victimado en la refriega.

¿Cómo se explica esta situación? ¿Cuáles son las condiciones que nos han llevado a semejante enfrentamiento, muy cercano a una forma de guerra civil?

Boluarte: de la izquierda a un gobierno de derecha

Y no estamos enfrentando a una dictadura militar, ni fascista ni a una reacción cívico-militar como la que impuso Fujimori en 1992. Tenemos enfrente a un gobierno precario encabezada por Dina Boluarte, aupada al poder en su calidad de vicepresidenta elegida en la misma fórmula de izquierda de Pedro Castillo, luego de su vacancia, y que es sostenido por el apoyo del Congreso.

El gobierno y el estallido social en curso son productos de un cruce de caminos que han construido una coyuntura sui generis. Boluarte se ciñó la banda presidencial el 07 de diciembre, no como producto de un golpe reaccionario al estilo de Jeanine Añez en Bolivia, en 2019, tal como ansiaba y buscaba la derecha. Ella asumió como una mediación o un plan de transición promovido por esos sectores, en alianza con el centro político y la complicidad de izquierda oficialista, con el plan de restablecer la gobernabilidad patronal.

El plan reaccionario para vacar a Castillo y a su vicepresidenta para colocar un gobierno de su signo, fue inútil, y no solo por la ausencia de votos suficientes (87), sino por la fuerte adhesión que generaba el presidente en los sectores más pobres del país y de más tradición de lucha, como el sur andino.

Pero para el 07 de diciembre se habían creado condiciones para intentarlo otra vez. En medio de crecientes denuncias de corrupción y luego de su alejamiento de Perú Libre –el partido que lo llevó al poder–, Castillo ya no contaba con la seguridad de sus votos.  Además, era público el distanciamiento de su vicepresidenta, que negociaba con las bancadas de derecha y era avalado por Perú Libre, para librarse de un pedido de inhabilitación, quedando así expedito su camino para hacerse de las riendas del Estado en caso Castillo sea vacado.

La cereza que completó la torta sería colocada por el propio Castillo. En un acto poco comprensible a primera vista, anunció un fallido golpe de Estado que no solo justificaría su vacancia, sino que lo llevaría a la cárcel donde se encuentra recluido acusado de rebelión. Perú Libre y Juntos por el Perú votaron por la vacancia, con algunas excepciones y la abstención o ausencia de otros, revelando que había algún acuerdo o convergencia de este sector con la derecha para mantener una continuidad post-Castillo que les asegurase cuotas de poder y, sobre todo, sus curules, hasta completar el mandato. La nueva presidenta fue muy clara y enfática sobre este implícito acuerdo cuando tomó juramento: “juro hasta el 2026”, dijo, mientras todas las bancadas la aplaudían y se tomaron selfis en medio de congratulaciones.

Para la derecha Dina Boluarte era una especie de mal menor, porque solo alcanzaría los votos que necesitaba con el apoyo de al menos un sector de Perú Libre. Por otro lado, la ilusión de un nuevo gobierno de “izquierda” más centrado se puso de manifiesto con el abierto apoyo de algunos sectores que iban más allá de la bancada oficialista, como Patria Roja. La propia CGTP aceptaría conversar con Boluarte aprobando su llamado a un gobierno de “concertación”. Lo cierto es que, en la práctica, el punto de apoyo fundamental de Boluarte era la mayoría derechista del Congreso y sus medios. De aquí que, ante la ola de protestas que se inició el mismo día que se produjo la vacancia y que fue creciendo, tuvo como sola respuesta la política y orientación trazadas desde dicho sector.

El factor dinámico en todo este proceso fue la entrada en escena de las masas populares. Desde su lado, sobre todo los del sur andino más fieles e incondicionales de Castillo por apego a su origen e identidad, se veía otra película: se vio la consumación del golpe que tanto alentaron la derecha y sus medios, y se vio a la Boluarte como traidora, usurpadora y marioneta de esos mismos sectores que solo habían vomitado odio contra ellos. Y se echaron a la calle. Nadie o muy pocos esperaban esto. Aunque esos mismos medios acusen a Perú Libre y del Bloque Magisterial de instigar las protestas, lo cierto es que sus parlamentarios tuvieron que esconder su mano vacadora y reacomodarse.

La reacción de estos sectores era natural, pero podía desvanecerse con el pasar de los días con una eficaz política de gobierno centrada en concertar, dialogar y sobre todo atender sus sentidas demandas. Pero pedir esto a un gobierno sostenido por la derecha era iluso: su respuesta fue, por demás, reaccionaria. La Boluarte concertadora del primer discurso se revelaría como un monigote de las alas más reaccionarias del Congreso, las FFAA y la patronal, y oficializó el discurso contra el terrorismo y la violencia que la derecha había destilado durante la gestión de Castillo, ahora contra las movilizaciones, y volcaron contra ellas una represión feroz.

El mismo Otárola ha sido muy claro a este especto: desde el gobierno (y la derecha) se ve a las actuales protestas como la “resaca” del gobierno de Castillo, que asocian al terrorismo y a la izquierda marxista, y luego de vacarlo ahora ven la necesidad de derrotar sus bases de apoyo. La verdadera resaca es el fantasma construido por la burguesía en estos dos años.

Así, se ordenó disparar. En las jornadas de diciembre en Ayacucho se asesinó a 11 en un solo acto, y otros 18 cayeron en otros puntos del país. La agencia Reuter filmó la manera impune como se disparaba contra un joven que asistía a un herido.

Los discursos reaccionarios y las muertes producidas solo atizarían la bronca. La lucha se aplazó por las fiestas y por la necesidad de reorganizarse, y fue relanzada para el 04 de enero con la convocatoria a la huelga indefinida de una serie de organizaciones de base de la macroregión sur. La respuesta del gobierno fue dar un paso más a la derecha: ascendió a Alberto Otárola, ministro de defensa y responsable directo de la masacre de diciembre, al cargo de primer ministro.

Así se crearon las condiciones para una confrontación mayor que ha producido la nueva masacre en Juliaca. De un lado tenemos a una Boluarte que actúa como un pelele que balbucea incoherencias y no entiende nada de lo que ocurre, y a la deriva, donde quien manda es un primer ministro que realmente tiene la batuta con todo el beneplácito de la derecha, los medios y la CONFIEP, que creen estar librando la madre de todas las batallas en contra de la subversión. Y de otro, a un movimiento de masas liderado por el campo sureño, enardecido y envalentonado contra la nefasta podredumbre del régimen, y contra la masacre con la que responde. 

Acción de “terroristas” o lucha de masas

La polarización que se vive se ve hasta en el discurso oficial propalado por todos los medios y matizado por los que producen opinión: las protestas –se dice– son urdidas por terroristas, subversivos y tienen el financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal; y las formas violentas como se manifiestan serían la muestra de esa intervención. La verdad es que este discurso viene desde antes de la elección de Castillo y hoy ha cobrado oficialidad. Es un discurso ultrareaccionario que esconde una verdad: todos a los que se señala con dichos calificativos, durante el gobierno de Castillo, se adocenaron al régimen, colaboraron con la burguesía y abandonaron la calle junto a su programa.

Por supuesto, esos mismos sectores que han visto perder el poder o cuotas de él, hacen parte de la lucha actual, pero están lejos de dirigirlas porque perdieron créditos. Y no hay duda que en todo río revuelto se produce ganancia de pescadores. Sin embargo, el carácter popular autoorganizado y autoconvocado de la lucha está fuera de toda duda.

Hay grupos de vanguardia como en toda lucha. Pero la lucha es protagonizada y sostenida por organismos de base, como comunidades campesinas, que democráticamente han decidido pelear. Comunidades enteras se organizan y marchan disciplinadas desde sus alejados pueblos hacia los centros urbanos del interior. Solo en Puno 20 mil pobladores de las comunidades aymaras se han desplazado a la ciudad.

Y la propia “violencia” es de masas, y es producto de la bronca que alienta la forma como vienen siendo respondidos. Se acusa de vándalos a los que intentaron tomar el aeropuerto en Puno y que fue el pretexto para la orden de disparar a mansalva. Pero esos “vándalos” fueron 2 mil. Y los caídos ahora no son tratados como delincuentes sino como héroes por decenas de miles que los lloran y homenajean en Puno.

La rebelión iniciada en diciembre y que ahora asiste a su segundo episodio, se ha caracterizado por su radicalidad y violencia. Locales públicos y algunas sedes empresariales han sido quemados y saqueados. Algunos aeropuertos fueron tomados. Hay enfrentamientos con la policía. Todo lo cual conlleva a niveles mínimos de coordinación y de armamento artesanal, como pirotécnicos, y algunos otros de “autodefensa”.

Todo esto, visto desde la perspectiva de los que sostienen que el Estado tiene el monopolio de las armas y el uso de la violencia, sirve de pretexto para mostrar que estamos ante una escalada dirigida por terroristas que amenazan la “democracia”, reviviendo los miedos alimentados por las acciones de Sendero Luminoso en los años 80, que justificaría la represión sangrienta.

En definitiva, no estamos ante un acto “violento” desatado por grupos minoritarios, menos aún de “terroristas”, sino ante una lucha de masas con características radicales, que se explican, primero, por la condición social de los que luchan, constituido sobre todo por campesinos y habitantes de las localidades más pobres del interior del país que siempre, o por lo general, se expresan de esa manera. Pero además tiene que ver con los que lo produce: lo sucedido en Juliaca es un desborde provocado por la incesante campaña oficial que los señalan como violentos, terroristas y financiados por el narcotráfico, lo que no es más que reiteración de la eterna discriminación y ninguneo que sufren, en especial, los pobres del campo.

Ceguera

La lógica perversa de la clase dominante y de sus ideólogos se explica por su incapacidad absoluta para entender la crisis actual. Ya no hablemos de los voceros de derecha de inspiración fascista, sino de su consciencia crítica expresada por la prensa (e intelectualidad) llamada progre como el diario La República. Dice su columnista: lo sucedido en Puno debe ser investigado por la Fiscalía, sobre si hubo desborde de las fuerzas del orden o de las manifestaciones, porque no es legítimo intentar tomar el aeropuerto (Álvarez Rodrich, 10.01.23). En consecuencia, es legítimo disparar a los que se atreven a hacerlo.

En la misma línea, otro periodista de investigación reconocido por su seriedad y equilibrio, habla de muertes “injustificadas” en las manifestaciones, dando por supuesto que las muertes solo deben ser justas (EC, R. Uceda, 08.01.23).

¿Cómo se entiende que aquí se justifique la muerte y el asesinato cuando se trata de defender el “orden”, y en Brasil se produzca algo varias veces más grave como ha sido el asalto a las sedes del Ejecutivo y Legislativo por miles de arrebatados bolsonaristas sin que se produzca una sola muerte?

Lo cierto es que detrás del neoliberalismo ramplón encumbrado en los últimos 30 años, se construyó también una ideología reaccionaria que no admite mediaciones y reformas del modelo, y que es dominante en las élites y los sectores medios. De aquí que el discurso que ahora es oficial haya sido construido por la derecha; un discurso que llama a la unidad en “defensa” de la democracia y la institucionalidad, y en contra de lo que estiman es una subversión del orden, y que se habría iniciado e instigado con Castillo durante su gobierno. Desde el otro campo, el de las masas en lucha, lo que se reclama y aspira es a cambios democráticos profundos y verdaderos, que cambien y mejoren sus vidas.

La elección y el gobierno de Castillo

De hecho, esta reacción popular con sus características radicales, tiene que ver con su percepción de lo que ocurrió con Castillo.

El régimen, esto es el plan económico y la institucionalidad puesto en marcha desde la vuelta a la democracia tras la caída de Fujimori, se vio cuestionado radicalmente por primera vez, con el resultado electoral que colocó en la presidencia a Pedro Castillo el 2021. Castillo era un profesor rural proveniente de una de las localidades más pobres del país, y fue elegido con un programa y un partido de filiación castro-chavista.

No olvidemos: la economía nacional es una de las más noeliberales del continente, lo que le permitió conocer un decenio de acelerado crecimiento que enriqueció a una élite y alimentó a una numerosa clase media, mientras chorreó miserias para las mayorías. El modelo se aplicó entregando grandes recursos naturales a las multinacionales, y avanzó de la mano de la corrupción que involucró a todos los que gobernaron, de derecha e izquierda, creando tal desafección hacia todos los partidos que algunos académicos hablan y escriben sobre una “Democracia sin partidos” (M. Tanaka), o una democracia con inestabilidad crónica.

La inestabilidad total comenzaría en 2016, con el gobierno del banquero PPK, que fue obligado a renunciar, y fue seguido de otros episodios cada vez más dramáticos, como el golpe del Congreso del 2020 y la rebelión que derrocó a Merino, hasta la elección de Castillo en junio del 2021. Esta misma elección fue una expresión de esa crisis, pues su partido y su candidatura eran absolutamente improvisados.

La elección de Castillo se produce como la búsqueda de las mayorías de una salida a la emergencia que vivían luego de una pandemia atroz, y que pudo realizarse solo en esas circunstancias extraordinarias de grave crisis institucional y de ausencia de representación política sólida de la burguesía. Pero fue un triunfo histórico celebrado por las mayorías más pobres, pues fue la primera vez que se impuso en las urnas un gobierno de “izquierda” y un presidente de procedencia rural.

La elección de Castillo apareció como una mosca en la sopa más suculenta de la que se servían las clases dominantes hasta entonces, incluso bajo las condiciones de crisis institucional. No era tolerable. Más, cuando había sido resultado del voto y no de un cambio de correlación de fuerzas en el terreno de la lucha de clases. Además, luego del receso de la pandemia, la burguesía venía con sed de recuperar ganancias, y bien que lo logró, pero era insuficiente para sus expectativas porque el gobierno no la acompañaba –ni podía hacerlo– con medidas que alentaran los negocios. Por eso desataría todo su odio a través de sus voceros de derecha y con el apoyo de la gran prensa concentrada en un sector (El Comercio). Hostigaron a Castillo y sus socios desde antes de ser elegido y no le dieron ni un minuto de tregua. Castillo pondría su parte haciendo un gobierno completamente incompetente, cambiando ministros a cada rato y repartiendo cargos entre sus allegados, cada uno con más angurria predadora que el otro, mientras sus socios de “izquierda” se disputaban cupos de la administración pública también para medrar en ella. Al mismo tiempo, ambos archivarían su programa y promesas de campaña para conciliar con la burguesía y hacerse funcionales al orden que decían combatir. Castillo puso en el closet su vestimenta originaria, incluido su sombrero chotano, y empezó a lucir un reluciente terno con corbata, mostrando su intención de hacerse funcional a la burguesía en contenido y forma.

Al mismo tiempo, el gobierno de Castillo incumplía sus promesas de campaña para adaptarse al plan neoliberal, y no hizo nada para contrarrestar la inflación y la crisis alimentaria que golpearía la economía popular en todo el año 2022. No tocó los grandes intereses y dejó correr la crisis haciéndoselos pagar a los trabajadores y más pobres, nada menos quienes los apoyaban. Y fueron desmovilizados con la colaboración de las direcciones, con la creencia de que no había otra salida, y de que la principal amenaza eran los ataques de la derecha.

La parálisis del movimiento de masas le regalaría toda la iniciativa a la derecha que coparía los medios, y ganaría a cada vez sectores más amplios de las clases medias para su relato reaccionario. Así logró un primer triunfo, aunque pírrico, en las elecciones locales municipales de noviembre, en las que eligió en Lima a Rafel López Aliaga, su portavoz más reaccionario. 

Sobre este piso comenzarían a actuar las múltiples denuncias de corrupción de Castillo y su entorno, como principal tema para inclinar las fuerzas en favor de su defenestración.

La corrupción y el apoyo popular de Castillo

Castillo fue seguido e investigado desde el primer día hasta en lo que comía, para encontrarle indicios de corrupción. No podía esperarse otra cosa. Y le fueron encontrando casos. La Fiscalía le tiene abierto 6 expedientes de investigación por organización criminal, asociación ilícita y otros delitos. Al principio todo parecía una patraña urdida por sus enemigos y pocos les daban créditos. Pero miembros de su entorno, al ser investigados, algunos se escondieron y huyeron del país, otros, como su secretario y sub secretario, empezaron a delatarlo para acogerse al beneficio de la “colaboración eficaz”, mostrando una verdadera red de reparto de favores y beneficios pecuniarios a expensas del Estado, hechos que aún debe corroborarse. Pero una red que, comparado con los ex presidentes corruptos (Toledo se alzó en una sola licitación 20 millones de dólares), sería equivalente a verdaderos pájaros fruteros, aunque corrupción al fin de cuentas.

Todo esto fue usado por los políticos de derecha y los medios para, de manera sistemática, desacreditar, aislar y cocinar el golpe contra Castillo. Así, el chotano llegaría muy precario a diciembre, a enfrentar una nueva moción de vacancia. Pero su apoyo en los trabajadores y, sobre todo los sectores más empobrecidos, se mantendría firme: las encuestas le otorgaban 30% de aprobación, y en las zonas rurales era arriba de 40%. Un apoyo que parecía alucinante para las élites que vivían enfrascados en denuncias diarias y en destapes contra el gobierno.

¿Por qué ese 30% mantuvo su apoyo a Castillo pese a su convivencia con el régimen, su incompetencia y las dudas que revelaban las numerosas denuncias de corrupción? Para la burguesía es un misterio. Lo cierto es que ese 30% que lo apoyaba contra viento y marea, había sido inmunizado por el discurso reaccionario y los actos de la derecha y sus medios, todos de odio e intolerancia hacia Castillo y sus seguidores; y había sido alimentado por él mismo, que seguía encarnando la esperanza de un futuro mejor. Se trata del sector históricamente más marginado, explotado y oprimido del país, que esperaba realizar, en algún momento, su esperanza de cambio con la elección de uno de los suyos.

Así, la vacancia se produciría en las condiciones más favorable que podían imaginarse sus instigadores, pero ciegos ante esta realidad profunda.

En el Congreso 102 de todas las bancadas votaron a favor y solo 6 votaron en contra; Castillo había sido abandonado hasta por sus más cercanos amigos. Todos los voluminosos expedientes de denuncias en su contra y que eran discutibles para un pedido de vacancia, quedarían en nada ante el acto fallido de Castillo. De acuerdo a la Constitución, el cierre del Congreso por parte del presidente es causal de vacancia. Así todo era “constitucional” y “legal”. Hasta la OEA, que había sido convocada por el propio Castillo invocando la Carta Democrática para evitar una alternación constitucional por la amenaza de vacancia, se tuvo que pronunciar en contra del golpe y reconocer la sucesión “legal y constitucional” resuelta por el Congreso.

El plan de la burguesía

El plan inicial con la asunción de Boluarte era hacer de este un gobierno de “transición”. De transición no en el sentido que reclaman las masas que es hacia nuevas elecciones, sino en el sentido burgués de restablecer las condiciones de normalidad institucional previas a Castillo. Las jornadas de diciembre infligieron un retroceso a este plan forzando a acortar el plazo que debía extenderse hasta el 2026 a abril del 2024, fecha en que se ha ofrecido realizar elecciones. Más allá de la angurria por aferrarse a los cargos, lo que existe aquí es el propósito de realizar cambios institucionales y reformas que permitan garantizar las condiciones para una renovación del poder burgués y su estabilidad desde dicho año, y conjurar una reedición de la experiencia ocurrida con Castillo.

Así, los más ilusos demócratas creen que con algunas reformas el sistema puede ser rescatado, en tanto desde la derecha se pretende ir más lejos, como por ejemplo cambiar a los actuales miembros de los organismos electorales para poder manipularlos y, llegado el caso, actúen contra dicha eventualidad. En cualquier caso, todos reconocen que convocar de inmediato a nuevas elecciones equivale a prolongar o extender la actual crisis.

Detrás de reestablecer el orden lo que se busca en esencia es preservar la continuidad del modelo económico neoliberal, puesto en el centro de todos los cuestionamientos en estos años de crisis, para seguir saqueando al país y explotando a las mayorías obreras y populares.

De este modo, el discurso democrático con el que hoy se pretende justificar los disparos contra la población en lucha señalados como “turba”, se cae por su propio peso. Es exactamente al revés: los campesinos y pobres que hoy luchan con denuedo desde lo más profundo del país, lo hacen con banderas auténticamente democráticas.

Piden, que se vaya Boluarte por su responsabilidad en los crímenes que han causado cerca de 50 muertos. Que se vaya el Congreso al que desaprueba el 90% por reaccionario y corrupto. Que se adelanten las elecciones. Y que se convoque a una Constituyente para reemplazar la Constitución de la dictadura.

Por el grado de polaridad y enfrentamiento, y por los enemigos que se enfrenta, estas banderas democráticas adquieren un carácter de transición al cuestionar al propio orden capitalista. Por ello, desde el PST, hacemos propaganda por una salida de fondo con un gobierno de los trabajadores y los pobres del campo.

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