Por: Unidad Socialista de los Trabajadores (UST)
La dictadura de Nicolás Maduro y la boliburguesía, a través de un Consejo Nacional Electoral (CNE), totalmente bajo su control, convocó a elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio de 2024.
Luego de hacer toda suerte de trampas y artimañas para procurar no realizarlas, conforme están obligados por vencer el periodo presidencial constitucional. La derrota infringida por las masas a todos estos ardides, los empuja a convocar a un proceso electoral fraudulento y antidemocrático, apelando nuevamente a todo tipo de tretas para que el mismo se realice a su medida y con todo a su favor, a sabiendas de que carecen del apoyo popular y los votos necesarios para obtener una victoria electoral en unas elecciones con relativas garantías democráticas.
Se convoca a un proceso electoral presidencial, en un contexto de ataques a las libertades democráticas, con varias centenas de trabajadores y dirigentes políticos opositores presos o judicializados por ejercer el derecho a la protesta o hacer denuncias contra el régimen dictatorial, con infinidad de organizaciones con fines políticos proscritas y privadas de sus derechos de participación política y electoral; y en el que principalmente se priva a la clase trabajadora de tener una opción política que la represente.
Un régimen abiertamente dictatorial
El gobierno de Maduro ha configurado un régimen completamente dictatorial, en el cual todos los poderes del Estado se subordinan y responden a los intereses del ejecutivo. De esto no existe la menor duda.
Así pues, la Asamblea Nacional (AN), no pasa de ser un mero adorno, que ejerce un papel auxiliar para hacer aprobar las leyes que, el gobierno elabora en función de sus intereses, tanto para subastar al país, como para criminalizar la protesta laboral y social; el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dicta, a discreción del gobierno, sentencias para encarcelar o judicializar trabajadores, dirigentes sindicales y sociales que ejercen su derecho a protestar en defensa de sus reivindicaciones, así como también a dirigentes políticos, cercenando inclusive sus derechos de participación política y, el CNE, instrumenta en connivencia con el oficialismo todo un conjunto de maniobras para fraguar un proceso electoral a conveniencia de este último.
El gobierno dictatorial de Maduro, es el absoluto responsable del desastre económico y social en medio del cual se encuentra el país, agravado por las sanciones imperialistas; ha Maduro, continuando con la política de Chávez, quien priorizó por las pagos de deuda externa y las ganancias de las empresas y la banca transnacional, en detrimento de las necesidades del pueblo venezolano, han sido estos gobiernos quienes propiciaron la mayor fuga capitales en la historia del país, para el lucro de la nueva boliburguesía y de la burguesía tradicional y quienes además acometieron todo el proceso de desinversión en la industria petrolera, las empresas básicas y en todo el aparato productivo estatal, llevándolo a la completa destrucción y sometiendo a los trabajadores y el pueblo venezolanos a situaciones de hambruna y miseria nunca antes vistas en la historia reciente del país.
Siendo a la vez la dictadura madurista, quien descarga contra los trabajadores y los sectores populares un brutal paquetazo, a través del cual les hace pagar el precio de la crisis, en beneficio de la burguesía nacional y extranjera, tanto la vinculada al oficialismo como la ligada a la oposición burguesa. Así como la asociada al imperialismo norteamericano como a las transnacionales chinas y rusas, entre otras.
A su vez mantiene más de una centena de dirigentes sindicales, activistas y representantes de los trabajadores, detenidos y judicializados por luchar, sumados a más de trescientos presos políticos por oponerse al régimen desde distintas posturas ideológicas; criminaliza la protesta laboral y social, proscribe derechos políticos a dirigentes y organizaciones, inhabilitándolos de sus derechos de participación política y electoral, secuestrando juntas directivas de partidos opositores de derecha y/o de izquierda, nombrando a través de TSJ, juntas directivas que les resulten afectas a sus intereses.
El pueblo humilde y los trabajadores, padecen los salarios y pensiones de hambre, la destrucción de los sistemas de salud y educación públicas, el deterioro creciente de los servicios públicos, la escasez de gasolina, gas, en fin, un deterioro total de las condiciones de vida.
Toda esta situación, aunada a la actitud despótica y descarada de los jerarcas chavistas, los cada vez más recurrentes y vergonzosos escándalos de corrupción, sumados a las crecientes posturas represivas del régimen, expresadas en detenciones arbitrarias (secuestros de dirigentes luchadores), criminalización de la protesta y ataques a las libertades políticas más elementales; han exacerbado, de manera totalmente justificada, la bronca de la clase obrera y los sectores populares contra el gobierno. Diversos estudios de opinión señalan que, más de un 85% de la población repudia al gobierno mientras que un 80% cree necesario un cambio político en el país.
Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), denunciamos el carácter dictatorial del gobierno y del régimen de Maduro, su carácter burgués, hambreador, represivo y ajustador, que descarga el peso de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores, a la vez que entendemos, respetamos y reivindicamos la necesidad y el derecho de la clase trabajadora, de los sectores populares y de la población en general a sacarse de encima a la dictadura, así como su aspiración de usar la vía electoral para tal fin.
El gobierno dictatorial se vió obligado a convocar a elecciones
Manifestándose contra el paquetazo del gobierno, los bajos salarios, la criminalización de la protesta, la conculcación de los derechos laborales y sociales y el deterioro general de las condiciones de vida, la clase trabajadora irrumpió en la escena política del país, mediante, una importante cantidad de movilizaciones, que si bien eran de vanguardia, mostraban la tendencia a masificarse y unificarse nacionalmente, principalmente durante del segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023. Esto, pese al elemento contradictorio de una dirección sindical mayoritariamente afecta a los partidos de la oposición burguesa; aceleró la crisis política y forzó, tanto al gobierno y la boliburguesía como a los sectores burgueses representados por los partidos de la oposición patronal, a buscar un acuerdo para una salida electoral, tratando de evitar a toda costa que la crisis se resolviese en las calles. Expresión de esto fueron los llamados acuerdos de Barbados.
Las elecciones burguesas, van siempre a reflejar de manera distorsionada la situación de la movilización y de la lucha de clases. Y resulta claro que, en el caso de la convocatoria del venidero proceso del 28 de julio de 2024, estas son un producto del temor de la burguesía de conjunto a la generalización de la movilización obrera y popular, de la derrota impuesta al gobierno, por una inmensa mayoría de la población que exige elecciones, reivindicándolas como un derecho democrático y expresa su deseo de participación para lograr un cambio de gobierno. Es evidente que la dictadura madurista estaba negada a hacer elecciones y por eso llevó a cabo toda una serie de maniobras para intentar suspender las mismas, como, por ejemplo, la derrotada (por las masas) maniobra del referéndum sobre el territorio Esequibo.
Otro elemento que revela a las elecciones como reflejo distorsionado de la movilización, es la acción de la burocracia sindical, principalmente la afecta a los partidos de la oposición patronal, a lo interno del movimiento obrero y de los procesos de movilizaciones anteriormente señalados; donde siempre actuaron como freno a su generalización y profundización, usándolos sólo como mecanismos de presión para su estrategia electoralista, pero negándose a pasar a acciones más contundentes como la convocatoria a un paro nacional del magisterio, sector donde estaban dadas todas las condiciones para el mismo, salvo la disposición de la dirección sindical, e incluso poniendo trabas a la realización un proceso de consulta popular sobre la “pertinencia” de un paro nacional o huelga general.
No obstante, que el gobierno se haya visto obligado a convocar a elecciones, no deja de ser un triunfo parcial de la clase trabajadora, los sectores populares y las masas en general, en la defensa de sus reivindicaciones democráticas y del derecho de elegir, derrotando las pretensiones dictatoriales del gobierno de suspenderlas y pese a sus maniobras para fraguar un proceso electoral a su conveniencia.
Un proceso electoral fraudulento y antidemocrático
Desde las derrotas sufridas por el gobierno de Maduro, tanto en el proceso de las primarias opositoras -significativa participación popular, pese a todas las maniobras para impedirlas-, como en el referéndum por el Esequibo – bajísima participación popular pese a todo el despliegue mediático y la campaña patriotera-, éste ha urdido toda una serie de maniobras para configurar un proceso electoral a su favor, a sabiendas de que carece del apoyo popular y los votos para triunfar en un proceso electoral con elementales garantías democráticas.
Comenzó interviniendo el CNE, destituyendo su junta directiva y nombrando como presidente de dicho organismo a una ficha de su total confianza, el ex Contralor Elvis Amoroso, ratificó las inhabilitaciones e impidió la inscripción para participar en el evento electoral de las candidaturas pro burguesas de Henrique Capriles y María Corina Machado, esta última había resultado electa mayoritariamente por la base opositora como su candidata en el proceso de primarias.
Secuestró la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), interviniéndolo, mediante una sentencia del TSJ, otorgándole la tarjeta y las siglas de ese partido a una dirección ilegítima subordinada al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV – partido de gobierno), práctica que desde años anteriores ha venido llevando a cabo con otros partidos opositores tanto de izquierda como de derecha, pero incluso con partidos que, para entonces, hacían parte del llamado Polo Patriótico.
Por último, durante el período de postulaciones de candidatos presidenciales, sin argumentos legales, ni ningún comunicado oficial del ente comicial (CNE), mediante bloqueos técnicos, impidió la inscripción de Corina Yoris, candidata postulada por María Corina Machado como su sustituta y de Manuel Isidro Molina, candidatura del Movimiento Popular Alternativo, que se presentaba como independiente tanto del PSUV – gobierno como de la oposición patronal mayoritaria organizada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y apoyada por varios factores de izquierda. En fin, el gobierno sólo permitió la inscripción de candidaturas a su conveniencia, en muchos casos financiadas por el mismo a fin de dividir al voto opositor, mientras a discreción negaba la inscripción de otros.
Finalmente, presionado, aceptó la inscripción de la candidatura de Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), luego de una presunta negociación con ese sector opositor de la cual se desconocen los detalles. Este candidato, posteriormente, acepta la sustitución de su candidatura por la de Edmundo González Urrutia, luego de un acuerdo tras bastidores, a espaldas de las bases opositoras y cuyos términos son también desconocidos.
En definitiva, el contexto en el que se realizarán las elecciones presidenciales del venidero 28 de julio de 2024, es el de un escenario completamente antidemocrático, fraudulento, viciado y proscriptivo, con una gran cantidad de partidos ilegalizados y/o con sus genuinas direcciones secuestradas, con otra gran cantidad de organizaciones políticas, con sus solicitudes de legalización negadas o congeladas (se estima que más de 300), con dirigentes sindicales, trabajadores y activistas obreros, así como dirigentes políticos opositores presos, perseguidos o judicializados por protestar, denunciar o expresar sus opiniones políticas, es decir con la más absoluta vulneración de los derechos políticos y democráticos, tanto de dirigentes y organizaciones como de los trabajadores y las masas populares en general.
Es claro que, con todas estas maniobras, el gobierno, procura configurar un proceso electoral, fraudulento y a su medida, mediante el cual aspira continuar en el poder.
Desde la UST, denunciamos el carácter fraudulento y antidemocrático del venidero proceso electoral. Repudiamos las medidas restrictivas y proscriptivas aplicadas por el gobierno tanto a la oposición en general, como en específico a las organizaciones de izquierda y la clase trabajadora, que es la que en definitiva se quedó sin representación y alternativa política en este proceso.
La clase trabajadora sin alternativas políticas electorales. Lo que dice y lo que calla la oposición burguesa
Más alláque el gobierno haya impedido la inscripción de María Corina Machado o su sustituta Corina Yoris, así como de otras figuras resaltantes de oposición burguesa como Henrique Capriles Radonsky, entre otros; todo el concierto ideológico de la oposición patronal cuenta con representación en la venidera contienda electoral, rechazamos claro está los ardides del gobierno para que, la oposición mayoritaria no pudiese inscribir libremente a su candidato, con lo cual el gobierno sólo permitió inscribir un candidato que le fuese potable, pero eso no cambia el hecho de que sólo la izquierda y la clase trabajadora se quedó sin candidatos en este fraudulento proceso.
Es evidente que mientras el gobierno maniobra para fraudar las elecciones, a la vez continúa con la aplicación de paquetazo brutal, que descarga el peso de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores y los habitantes de los sectores populares del país; a quienes mantiene sometidos a salarios y pensiones de hambre, sin aumentos desde hace más de dos años y que apenas superan los tres dólares mensuales, lleva adelante una cruel política de bonificación de los ingresos de los trabajadores venezolanos, cumpliendo con las orientaciones de las patronales FEDECAMARAS, CONINDUSTRIA, entre otras, desconoce y viola las convenciones colectivas, mientras conculca el derecho a huelga y todos los derechos laborales y sindicales, criminaliza la protesta, continúa aplicando los nefastos instrumentos Memorándum 2792 e instructivo ONAPRE y mantiene a los sectores populares padeciendo la situación de unos servicios públicos de pésima calidad y en creciente deterioro.
La UST, repudia la aplicación de este brutal paquetazo, a la vez que condenamos el silencio cómplice de la oposición patronal al respecto del mismo.
Y es que este sector político, fiel a su carácter burgués y proimperialista, entre líneas, ha dado señales de cuál es su programa económico y para quien gobernará. Así por ejemplo han anunciado priorización por los pagos de deuda externa, reestructuración de la misma, privatización de Pdvsa y de otros importantes sectores económicos, reprivatizaciones, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cobros de más impuestos a los trabajadores, bajo la eufemística expresión de “disciplina fiscal”. Es decir, todas medidas en favor del imperialismo y la patronal nacional. Similares a las que ya aplica Maduro y que profundizarán la explotación de los trabajadores y la entrega del país a los capitales transnacionales, dando prioridad al capital norteamericano, a diferencia de Maduro que había venido priorizando por capitales chinos, rusos, entre otros (aunque últimamente se ha ampliado la negociación con los capitales gringos, principalmente en el área petrolera).
Sin embargo, ni una sola palabra dicen los candidatos de la oposición patronal, incluido el de la mayoritaria PUD, al respecto de los salarios de hambre, de la bonificación (en los hechos eliminación) del salario, del cercenamiento de los derechos laborales y sindicales, sobre la conculcación del derecho a huelga, ni una palabra al respecto de la reactivación y discusión de las convenciones colectivas, nada dicen al respecto del memorándum 2792 y el instructivo ONAPRE, cuya aplicación flexibiliza las relaciones laborales en las instituciones públicas y empresas del Estado (crea condiciones a favor de la patronal), en fin ni una sola palabra contra el paquetazo antiobrero y antipopular que desde hace tiempo aplica el gobierno y de cuya implementación se benefician sectores patronales que ellos representan.
La organización, la lucha y la movilización independientes, son la única alternativa para la clase trabajadora y los sectores populares.
Es por esto que reafirmamos que ni el gobierno dictatorial de Maduro, nuevamente candidato del oficialista PSUV, ni Edmundo González Urrutia, candidato del sector mayoritario de la oposición patronal PUD, ni ninguna opción opositora burguesa, son alternativas políticas para la clase trabajadora y los sectores populares, venezolanos, cuyos problemas estructurales no serán resueltos por ninguna elección donde como en esta haya solo candidaturas burguesas.
Sin embargo, partimos de comprender y respetar el justificado hartazgo y la legítima desesperación que tienen las masas trabajadoras y humildes del país, de sacarse de encima a Maduro y su dictadura que las condena al hambre y las somete a las más insoportables penurias.
Reivindicamos su derecho de elegir y pretender un cambio de gobierno, comprendemos su aspiración y respetamos su derecho a participar en un proceso electoral, el cual ven como un mecanismo útil para salir de la dictadura. Resulta un hecho claro que las masas votaran mayoritariamente para salir de Maduro. Compartimos con ellas la pretensión de sacarse de encima a este gobierno hambreador corrupto y represivo, pero debemos alertar que esto por sí solo no bastara para solucionar los graves problemas que azotan a los trabajadores y el pueblo venezolano. Debido a que, como se ha descrito anteriormente, los programas de los candidatos en disputa, no expresan los intereses de la clase obrera y los sectores populares, sino los de la patronal, nacional y extranjera, es decir ninguno plantea acabar con el sistema capitalista, que es en última instancia la única solución real para los problemas de la clase trabajadora.
En tal sentido, nuestro llamado a la clase trabajadora y a los sectores populares, independientemente de la opción electoral que mayoritariamente decidan escoger (votar contra el gobierno, abstenerse o votar nulo), es no albergar expectativas, ni tener confianza en ninguna de las opciones burguesas presentes en la contienda electoral, a tales opciones no se les puede firmar un cheque en blanco, al contrario, debemos desde ya, organizarnos y discutir un plan de luchas unificado para pelear por nuestras reivindicaciones contra el gobierno que resulte electo.
El activismo sindical o político – sindical que hoy llama a la clase trabajadora a votar en “cualquier opción” para salir del gobierno, así como la clase trabajadora de conjunto, debe exigir a la oposición burguesa que revele y exprese públicamente su verdadera propuesta y/o programa económico, así como que exprese qué política va a tener en torno a los problemas más urgentes de los trabajadores, como salarios, empleo, derechos contractuales, derechos laborales, sindicales, derecho a huelga y a la protesta, libertad de luchadores sociales presos, entre otros.
La clase trabajadora y la dirigencia sindical deben permanecer movilizadas en función de conquistar tales reivindicaciones.
Desde la UST, hacemos este llamado porque consideramos que la solución a los terribles problemas que golpean a la clase trabajadora y a la población humilde del país en general, no vendrán desde esta elección ni desde ninguno de los candidatos, siendo que, la única alternativa para resolver sus problemas estructurales, es la de organizarse, movilizarse y luchar por un programa que parta de sus reivindicaciones más sentidas y urgentes y se plantee la reconstrucción del país desde otras bases, es decir, erradicando la explotación capitalista.
Este programa debe arrancar de:
Defensa categórica de las libertades democráticas, por el fin de la dictadura, fuera Maduro,
Aumento inmediato del salario y las pensiones a nivel de la canasta básica,
Derogación de los instrumentos desreguladores de las relaciones laborales como son el instructivo ONAPRE y el Memorándum 2792,
Reenganche inmediato de todos los despedidos y suspendidos por defender sus derechos laborales,
Por el rescate de las convenciones colectivas, por la relegitimación de las juntas directivas de sindicatos y federaciones mediante elecciones libres y democráticas
Contra la criminalización de la protesta, libertad para los trabajadores presos por luchar y para los presos políticos, derogación de la ley contra el odio, no a la “Ley antifascismo”,
Cese a los ataques a las libertades democráticas, por el rescate de los derechos políticos, electorales y sociales,
Plan de obras públicas para generar empleos y recuperar los servicios de educación, salud, comunicaciones e infraestructura, inversión en esos sectores,
Jornada laboral de 6 horas, plan de pleno empleo,
No al pago de la deuda externa, ni reestructuración, ni refinanciamiento, cese de los pagos,
No a la privatización de PDVSA, nacionalización 100% de la industria petrolera, sin transnacionales ni empresas mixtas, bajo el control de los trabajadores,
No a las privatizaciones y reprivatizaciones, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, banca, alimentos, telecomunicaciones, agua, electricidad, entre otros, bajo el control de los trabajadores,
Fuerte impuesto progresivo a los grandes capitales nacionales y transnacionales,
Repatriación de los capitales fugados, confiscación de los bienes de los corruptos, cárcel a los corruptos,
Por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares que sea capaz de aplicar y garantizar todas estas medidas.
18 de mayo de 2024
