La llamada “reforma política”, presentada por el presidente Vizcarra al Congreso, ha puesto en discusión cuatro medidas con las que se pretende enfrentar la corrupción del Poder Judicial y del Congreso.
Por PST-Perú
Así, nos dicen que el retorno del Senado (la llamada “bicameralidad”), la no reelección de congresistas, así como con normar el financiamiento de los partidos políticos y cambiar los mecanismos de elección y el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura –en adelante “Junta Nacional de Justicia”- son medidas necesarias para acabar con este flagelo que se lleva, al año, aproximadamente 10 millones de dólares al día (Defensoría del Pueblo:2017). Esto resulta ser, al año, el equivalente aproximado a todo el presupuesto que el Estado destina al sector Salud.
Desde el Partido Socialista de los Trabajadores consideramos que dichas medidas, además de ser impotentes frente a la corrupción que carcome al Estado, vienen siendo utilizadas por el gobierno de Vizcarra como mecanismo de fortalecimiento para alejar de sí mismo las miradas y concentrar en el Congreso –igual de corrupto que el Ejecutivo- todas las sospechas y denuncias.
Es imposible negar que requerimos cambios profundos para acabar con la corrupción. Sin embargo aseguramos que ésta es inherente al modo de producción capitalista en el que vivimos. Mucho más en un país dominado por los capitales transnacionales que, como ha puesto en evidencia el escándalo de Lava Jato, disponen de millones de dólares para comprar voluntades en los gobiernos.
Es por eso que los últimos cuatro presidentes (Toledo, García, Humala y Kuszynski) se encuentra implicado en el reparto de dinero a cambio de la entrega de obras a Odebrecht y sus socios menores: OAS, Camargo Correa, Graña y Montero, etc.
El propio Vizcarra, hoy presidente de la República, tienen más de 40 denuncias, la mayoría de cuando fue presidente regional de Moquegua, debido a malos manejos en su gestión, para no hablar del caso “Chinchero”, por el cual dejó de ser Ministro de Transportes y Comunicaciones bajo la presidencia de PPK.
A pesar de estas evidencias, autodenominada “izquierda”, que se ha subido al carro de Vizcarra, termina engañando a las y los trabajadores, haciéndole creer que hoy Vizcarra es la “punta de lanza” de la lucha contra la corrupción. Pero más, esta política también termina siendo un auto-engaño de esa “izquierda”: creen poder fortalecerse empujando el coche de Vizcarra, pero el único que se fortalece, es Vizcarra mismo.
Prueba de esto es que, a pesar de haber “recurrido a la calle”, con las conocidas marchas por el “cierre del Congreso” y en apoyo al referéndum, la “izquierda” ni siquiera ha asomado en las últimas elecciones regionales y municipales.
Votar viciado y organizar la lucha contra la corrupción y la explotación
Mientras tanto, en las fábricas han comenzado a producirse despidos masivos. Los pliegos no tienen solución. Los salarios y pensiones son de hambre. La “justicia” sigue estando del lado de quien tiene dinero. La reconstrucción del norte es un “cuento chino”. Aumentan los feminicidios y la sensación de inseguridad no tiene cuando terminar.
Ninguno de estos problemas, que el Estado ha demostrado ser incapaz de solucionar, están en juego con el referéndum.
Tampoco lo están las únicas medidas que podrían poner coto a la corrupción:
- Decretar la confiscación de las cuentas y bienes de las empresas y funcionarios/as del Estado involucradas en casos de corrupción.
- Establecer la cárcel inmediata para los investigados/as por corrupción, incluidos los responsables legales de las empresas.
- Establecer que todo/a funcionario/a público/a debe recibir por salario el mismo pago que un/a maestro/a de escuela pública.
- Decretar que todos los cargos públicos sean elegibles democráticamente e inmediatamente revocables de no cumplir correctamente con sus funciones.
- Y para terminar con el poder de los/as jueces, decretar que toda sentencia debe emanar de un tribunal elegido de entre el pueblo.
Pero además es imprescindible poner en discusión medidas para dar solución a los problemas del pueblo trabajador:
- Prohibición de los despidos. Fin de los contratos modales y pase a contrato a plazo indeterminado después de los tres meses de prueba.
- Respeto y ejercicio pleno del derecho a huelga de la totalidad de trabajadores.
- Salario mínimo y pensiones iguales al costo de la canasta básica de consumo.
- Respeto irrestricto a la consulta previa a las comunidades que van a ser afectadas por la labor minera, petrolera, forestal o de pesca.
- Aumento inmediato del presupuesto para la Educación, hasta el 6% del PBI, y de la salud en la misma proporción.
Por todo esto. Porque las medidas puestas en consulta son impotentes. Y porque el pueblo trabajador tiene su propia plataforma de medidas para enfrentar, no solo la corrupción, sino los problemas de la vida cotidiana, es que LLAMAMOS A VOTAR VICIADO EN EL REFERÉNDUM DEL 9 DE DICIEMBRE, y, al mismo tiempo, LLAMAMOS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO A ORGANIZAR DE INMEDIATO LA LUCHA POR LA CONQUISTA DE LA PLATAFORMA PROPUESTA. Plataforma a la que deberemos añadir las necesidades más sentidas que planteen dichas organizaciones.
Publicado en Bandera Socialista N° 114
