La administración mexicana ha dado un giro en su estrategia migratoria, evidenciando estar cumpliendo su papel frente a las imposiciones del gobierno estadounidense de frenar el flujo migratorio hacia el país gobernado por Donald Trump, quien incluso ya amenazó cerrar la frontera sur. En Chiapas, la Oficina de Trámites de Regulación Migratoria de Tapachula suspendió temporalmente sus actividades el 15 de marzo, dejando a miles de migrantes sin respuesta.
Por: Jenin Villa Roja
Si en diciembre pasado, López Obrador otorgó visa humanitaria a más de 12.000 migrantes que participaron de la caravana que atravesó México, él mismo ha puesto fin a la iniciativa el 28 de enero del presente año. En aquel entonces, miles de centroamericanos pernoctaron en la frontera que separa Guatemala y México, en búsqueda del documento que les permitía circular libremente hasta la frontera de EEUU sin el riesgo de ser detenidos.
Frente al reto de una nueva caravana proveniente de los países de la frontera sur, la Policía Federal y agentes de migración eligieron usar la fuerza, también contra niños, arrestando a 371 personas. Las imágenes de los migrantes intentando huir para no terminar levantados en camionetas de las autoridades migratorias fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación. El mandatario mexicano justificó el operativo como forma de evitar que esas personas terminen siendo traficadas por “coyotes” que les prometen llevarlos hasta el otro lado del muro. AMLO asegura que su intención es «cuidarlas y, para eso, se les pide un registro para saber de dónde son y tener sus datos generales, sobre todo, en el caso de familias con niños», medida varias veces reiteradas por la secretaria de gobernación, Sánchez Cordero. Tras la polémica abierta con las imágenes de violencia, ambos recalcaron que las fuerzas habían «actuado con mucho respeto a los derechos humanos de los migrantes, y lo vamos a seguir haciendo», considerando los encontrones en Pijijiapán, Chiapas, como un incidente.
Véase: https://youtu.be/QThSnBR7EOs
México protagonizó la macro-redada contra migrantes más grande de su historia
Cerca de 217 hondureños de esta nueva caravana ya fueron deportados esta semana a San Pedro Sula por estar «en condición de estancia irregular en México», siendo la mayoría familias que viajaban con menores de edad. Aún así, AMLO sigue declarando que la migración se debe a «circunstancias de pobreza y abandono que existen en Honduras, Guatemala y El Salvador» y que el problema «no se resuelve con deportaciones» sino con apoyo para desarrollar los países de Centroamérica con recursos económicos, para impulsar proyectos productivos que creen empleo. «Tenemos que buscar la solución sin pelearnos con el gobierno de EEUU y protegiendo a los migrantes, que tienen derecho a vivir libres de miseria», concluyó.
«Quédate en México»
Desde enero de 2019, la policía fronteriza estadounidense puede aceptar una petición de asilo en un puerto de entrada y después devolver a la persona a México, en donde debe esperar a que su caso llegue a juicio. Esta medida ya ha afectado a más de 300 personas, aunque las autoridades mexicanas nieguen la existencia de cualquier acuerdo para aceptar a esos demandantes de asilo. Sin embargo, tampoco han hecho nada por impedirlo.
Esta práctica es conocida con el nombre de «tercer país seguro», cuyo objetivo es convertir el primer país, en el caso México, en un filtro y centro migratorio de solicitantes hacia su país vecino, Estados Unidos. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “un tercer país seguro debe responsabilizarse de examinar de manera individualizada las solicitudes de asilo; hacer efectivo el principio de no devolución; así como garantizar el asilo de las personas reconocidas de acuerdo con los estándares internacionales. Por ello, esta no puede ser una decisión tomada de forma apresurada, sin ninguna evaluación sobre si nuestro país tiene condiciones de mantener a estas personas temporalmente en condiciones dignas. Caso contrario, se convierten en acuerdos bilaterales arbitrarios”.
El argumento de la policía fronteriza ha sido que el sistema está preparado para recibir a hombres solos, de México, que pueden ser detenidos en un entorno carcelario y deportados inmediatamente. Con las familias centroamericanas el proceso es mucho más complicado, lo que obliga a dejar a los migrantes en libertad, a la espera de juicio. Una realidad judicial que el presidente Donald Trump está decidido a eliminar.
Quedarse en México es la manera encontrada por el gobierno de Estados Unidos para evitar que los migrantes sean puestos en libertad en su territorio. Por otro lado, la posibilidad de pasar meses o años en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez esperando que su caso de asilo finalmente llegue a ser defendido frente a un juez sirve como disuasión para los migrantes.
Para que no estallen las buenas relaciones conquistadas con EEUU a lo largo de las rondas de negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte, el gobierno de Morena no desea enfrentarse con Trump. El nuevo tratado conocido como T-MEC, a pesar de haber sido difundido como un éxito para México, sigue siendo una desventaja para nuestro país y, consecuentemente, para la clase trabajadora. Aunque que se diga lo contrario, los bajos salarios y los escasos derechos laborales siguen siendo el punto clave de la competitividad mexicana. Diferente de lo que se propaga, este acuerdo no está designado a generar equidad de condiciones de vida y de trabajo entre México y sus dos vecinos del norte. Por el contrario, la única comparación posible sería con China, India, Vietnam y otros países mundialmente conocidos por la brutal explotación de sus trabajadores, cuyos bajos salarios y jornadas larguísimas garantizan los bajos precios del producto final y mayores ganancias a la clase capitalista.
Sin fronteras ni patrones, por un mundo gobernado por la clase trabajadora
Para la explotación capitalista no existen fronteras. Por eso, nosotros, de la Liga Internacional de los Trabajadores no nos cansamos de decir que somos una sola clase obrera en todo el mundo. Todos y todas deberíamos vivir en una sociedad en que fuera crimen la posibilidad de dejar a un solo trabajador o trabajadora sin empleo. Una sociedad en que la jornada laboral fuera equivalente a lo que realmente fuese necesario producir, en lugar de tomar la mayor parte del día de los trabajadores para producir plusvalía para una minoría y generar el ideal de que calidad de vida está relacionado con la capacidad de consumo, lo que conlleva a la desigualdad social y a que estemos al borde de colapsar los recursos naturales en nivel mundial.
Frente a situaciones extremas, como es el caso de las grandes marchas de migrantes y refugiados a lo largo y ancho del planeta en busca de condiciones mínimas para reconstruir sus vidas, las medidas inmediatas humanitarias son fundamentales. Con todo, se hace necesario discutir un proyecto estratégico con los trabajadores que son obligados a desplazarse internamente en sus países o hacia otros. El derecho al traslado digno, libre de atravesadores o «vigilantes», sin pasar por el horror de viajar en botes improvisados y arriesgarse a morir ahogado en el intento. Por el derecho a un trámite legal humano y que les ofrezca condiciones mínimas de subsistencia mientras se espera la resolución del caso –y que esos procesos no tarden a punto de dejarlos en el limbo–.
En un mundo en que uno se ve obligado a marchar de su tierra, donde tiene sus vínculos, su cultura, sus raíces, para buscar una vida mejor en otros lados, o porque su vida está en riesgo si permanece donde está, ningún ser humano puede ser considerado ilegal.
