El caso Santrich dividió a la militancia de las FARC. Un sector lo respaldó en su cautiverio y vió en su línea política un foco de resistencia a la entrega política y militar que hicieron Timochenko, Pastor Alape, Carlos Lozada y casi toda la ex comandancia guerrillera, que no solo entregó las armas y su programa reformista sino que se incorporó al régimen para defender sus instituciones.
Por: Carlos de Arco
Lo primero que habría que decir es que ni las FARC ni el Partido Comunista han hecho un balance de la decisión política que hace más de medio siglo tomaron de ir a la lucha armada y de someter a las organizaciones campesinas, de la clase trabajadora, estudiantiles y del campesinado a la defensa de sus estructuras militares, al vaivén de sus negociaciones y de sus acciones de guerra.
De igual forma, tampoco hay un balance acerca de la respuesta política que dieron a la agresión paramilitar, que por más de veinte años masacraron a la izquierda, liquidando a la propia Unión Patriótica, sin que se tomaran medidas políticas para detener la masacre. Mucho menos de las agresiones que cometieron las FARC contra el movimiento social y contra otros grupos insurgentes, ya sea por disputas territoriales o por los mismos procesos de desmovilización en los años 90.
En el mismo proceso de negociación de las FARC, fueron incapaces de aceptar que lo hacían en medio de una derrota política y militar, y que no era posible conseguir ninguna reivindicación social en ese proceso. Prefirieron mostrar los pobres resultados de los acuerdos como una conquista y decir a sus bases que había que salir a defender esos acuerdos como una bandera política.
La FARC: de rodillas en el Congreso
Lo que hemos visto en el Congreso de la República es un puñado de ex combatientes que no se enfrentan a los partidos del establecimiento, a pesar de las agresiones de los uribistas, entre ellos: familiares de narcotraficantes, herederos de la parapolítica y despojadores de tierras.
Ante el caso de Santrich, en varias ocasiones Timochenko dejó en manos de la justicia burguesa la suerte de su camarada, de igual manera que ha dejado a la buena voluntad del gobierno y de la llamada ‘comunidad internacional’ (es decir, el imperialismo europeo) la suerte de decenas de ex combatientes que han sido asesinados en las regiones.
Y para demostrar al régimen que están de rodillas y que merecen ser perdonados no se han medido en sus elogios a las Fuerzas Militares y fueron incapaces de oponerse a que el santismo y el uribismo ascendieran a los generales implicados en violaciones de derechos humanos, en medio de la masacre de sus ex combatientes.
Hoy, las FARC en varias regiones apoya y recibe apoyos electorales de partidos tradicionales, mientras que partidos ‘alternativos’ como la Alianza Verde quieren mantenerse lejos de las FARC para no dañar su ‘buen nombre’, y se entregan a sectores como el fajardismo, que ha hecho alianzas con grupos paramilitares, como en la llamada ‘donbernabilidad’ en Antioquia.
Santrich: en fuga
Santrich, al contrario, se mostraba irreverente, y aunque no confrontaba el régimen ni el modelo económico –recordemos que su coartada es que estaba hablando de proyectos productivos para la implementación– mantenía un lenguaje que molestaba los castos oídos de la derecha colombiana.
Después de salir en libertad y antes de su posesión en la Cámara de Representantes, Santrich manifestó que no era un mafioso y señaló al establecimiento de haberle hecho un montaje judicial: “No soy un mafioso. Soy un perseguido político por mis ideas. No soy un ‘traqueto’, soy un revolucionario. El 9 de abril de 2018 se consumó un auténtico falso positivo judicial, donde la víctima no era solamente yo, sino el proceso de paz en Colombia”.
Todo parece indicar que el corrupto fiscal Néstor Humberto Martínez y la DEA hicieron un ‘entrampamiento’ a Santrich. De hecho, varios ex comandantes han denunciado que fueron ‘tentados’ con negocios por fuera de la ley, pero al parecer Santrich y su entorno permitieron que el sobrino de Márquez avanzara en su encargo.
Así, Santrich y Márquez se van del país criticando el proceso que ellos mismos hicieron, denunciando que fueron engañados, sin hacer ningún balance político y dejando a las bases guerrilleras a merced de las balas del establecimiento y de la indiferencia de su dirección política.
El acuerdo: engaño o traición
Algunos sectores de las FARC dicen que fueron engañados en La Habana, pero lo que hay allí es más que un engaño, una traición a la lucha democrática que libraron por décadas. Los acuerdos fueron firmados por una comandancia que solo pensó en sus intereses y que no protegió ni a sus bases ni a las comunidades en la que tenían presencia.
La reforma rural integral no es más que un modelo de economía de escala que ya el Incoder venía implementando, ni qué decir del punto en el que se reitera la fracasada Ley de Víctimas y Tierras. En cuanto a la reforma política, ni se modificó el régimen electoral para la creación de partidos minoritarios ni se aprobaron las curules para las víctimas del conflicto armado.
Por todo lo anterior, no debemos llamar a defender los acuerdos de paz, pero tampoco permitir que el gobierno uribista arrincone y masacre a los ex combatientes. No es llamando a defender la JEP ni las instituciones que se detendrá la masacre y se garantizarán los derechos de las bases farianas, sino luchando contra el régimen político, con la movilización, con la lucha en las calles, como el pasado 26 de julio.
