Todas las intervenciones fueron un enorme fracaso y el crimen organizado no ha hecho más que crecer en el Brasil desde entonces.
Por: Asdrúbal Barboza, del Instituto José Luís y Rosa Sundermann
Menos de una semana después de afirmar que “mientras sea presidente, no tiene Garantía de Ley y Orden”, Lula firmó el 1 de noviembre una GLO, instrumento del infame artículo 142 de la Constitución.
Esta medida garantiza poderes especiales a las Fuerzas Armadas. Libera la actuación de 3.700 militares en los puertos y aeropuertos y refuerza el personal en las fronteras; un aumento de personal y equipamiento para la Policía Federal, la Policía Federal de Caminos y Fuerza Nacional, en São Paulo, Río de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Paraná. El decreto de GLO durará hasta mayo del próximo año.
Una legislación que ya ha sido utilizada varias veces por Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro, y que nunca ha resuelto ningún problema. La justificación ahora sería contener el avance del crimen organizado, en medio de los recientes reflejos en la escalada de violencia en Río de Janeiro.
Ciertamente, la medida sorprendió incluso a sus partidarios más convencidos; después de todo, la población votó por Lula para sacar del poder a Bolsonaro y a los militares, y el gobierno del PT hace exactamente lo mismo que el gobierno anterior. No castiga a los militares golpistas de alto rango, e incluso les pasa directamente parte de la seguridad pública.
Esta medida sólo puede explicarse por un cálculo político-electoral para las elecciones de este año. Sin enfrentar las causas fundamentales y estructurales que podrían resolver el problema, apunta a intereses electorales inmediatos. Incluso tiene fecha de finalización: mayo de 2024. Como si el problema pudiese resolverse en seis meses y con una fuerza-tarea en tres puertos y dos aeropuertos.
Una medida ineficiente
La GLO de Lula no es sólo inútil. Involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ya ha demostrado que no sirve de nada y sólo causará más daños al país.
Para empezar, los militares no fueron entrenados para esto. Los propios auditores fiscales afirman que los militares no tienen la experiencia necesaria para tareas de fiscalización, como lectura de escáneres y monitoramiento de contenedores.
“Si al menos cuidasen de las armas que hay en los depósitos, ya estarían ayudando más”, afirmó el vicepresidente de la Asociación Nacional de Auditores de Ingresos (Unafisco), Kleber Cabral. El sector reaccionó con “perplejidad” e indignación, y calificó la medida como “ineficaz”.
Además, hasta hoy no es explícita la participación de la cúpula de estas Fuerzas Armadas en el intento de golpe del 8 de enero de este año 2023, y altos mandos no han sido sancionados. Hay varios oficiales y soldados involucrados en denuncias de corrupción, narcotráfico y robo de armas.
La decisión de Lula sólo servirá para fortalecer a los sectores más retrógrados de las Fuerzas Armadas, colocando al gobierno de Lula, en este aspecto, en el mismo nivel que Bolsonaro. Seguirá difundiéndose la idea de que sería correcto utilizar las Fuerzas Armadas en supuestas situaciones de “grave perturbación del orden”.
Zorro controlando el gallinero
Las Fuerzas Armadas no son inmunes a los procesos de corrupción que viven todos los aparatos represivos de nuestro país.
Por citar algunos casos: durante la pandemia hubo denuncias de que oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa estaban involucrados en fraude en la compra de medicamentos, el general Eduardo Pazuello, ex ministro de Salud, fue acusado de improbidad administrativa por el Ministerio Público Federal, acusado de gastar en medidas contra el Covid-19 que no eran científicamente eficaces y que generaron alrededor de R$ 122 millones en daños al erario. Su subordinado, el coronel del Ejército George Divério, fue despedido del Ministerio de Salud porque realizaba contratos sin licitación que sumaron casi 30 millones de reales, y el teniente coronel Marcelo Blanco fue despedido tras evidencias de corrupción, cuando pidió un soborno de 1 dólar por cada dosis del inmunizante.
Durante el gobierno de Bolsonaro, militares de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) fueron denunciados por tráfico internacional de cocaína (al menos siete viajes en el avión de la comitiva presidencial).
El informe presentado por las asociaciones Yanomami y Ye’kwana el 2 de agosto de 2023, además de demostrar que persisten las invasiones en sus territorios, denuncia la connivencia de militares con políticos y facciones criminales de la región. Demostrando que nada ha cambiado desde 1967, cuando se publicó el informe del procurador Jader de Figueiredo Correia, que describía violencias practicadas contra los pueblos indígenas en el Brasil por militares, integrantes del Servicio de Protección a los Indios (SPI), junto con funcionarios públicos, estancieros, buscadores de oro, acaparadores de tierras y madereros.
Recientemente, 21 armas fueron robadas de la base militar de Barueri, en el gran São Paulo. Se recuperaron alrededor de 17. El número de militares sancionados es de 17, entre oficiales superiores, capitanes, tenientes y subtenientes. Todos en prisión disciplinaria. Una parte incautada en Gardênia Azul, área de la Zona Oeste de la capital fluminense dominada por milicias [parapoliciales]. Demostrando el asedio a las tropas por parte del crimen organizado y la cooptación de militares.
Experiencia fracasada
Esta es la vigésima vez que se activa esta operación. Cuando se utilizó por primera vez en 1992, tanques ocuparon la capital de Río de Janeiro para albergar la Eco-92. Luego vino la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente. Y eventos como la Copa de las Confederaciones; la visita del Papa Francisco a Aparecida (SP); el Mundial de fútbol de 2014; y los Juegos Olímpicos Rio 2016.
El hecho es que, con estas intervenciones, las Fuerzas Armadas terminaron involucradas con el crimen organizado. En 2016, durante la ocupación del Morro da Providência por el ejército, un grupo de militares entregó a tres jóvenes del Morro da Providência, a traficantes de la Mineira; todos los jóvenes fueron muertos.
En la intervención de 2018, decretada por Michel Temer, hubo un aumento de la letalidad policial y los gastos fueron elevados, con sospechas de corrupción. Entre el 16 de febrero y el 16 de abril, se registraron 1.502 tiroteos en Río de Janeiro, un aumento de 15,6% en relación con el mismo período del año anterior, las masacres se duplicaron, fueron 12 durante la intervención, resultando en 52 muertos, en comparación con 6 en el mismo periodo del año anterior, que generó 22 víctimas.
El número de muertes a manos de policías en enfrentamientos se disparó (444 personas), un aumento de 34%. El costo de cada operación oscilaba entre R$ 472.000 y R$ 1,7 millones. La intervención estuvo comandada por el general Walter Braga Netto, quien luego se convirtió en ministro de Bolsonaro. La Policía Federal realizó una investigación sobre posible fraude en la compra sin licitación de chalecos antibalas (sospechas presentadas por el gobierno norteamericano al investigar la empresa CTU Security LCC que hizo negocios con el Gabinete de Intervención), con un sobreprecio por valor de R$ 4,64 millones.
Todas las intervenciones fueron un redundante fracaso, desde entonces el crimen organizado no ha hecho más que crecer en el Brasil. Los militares dejaron el mando de estas operaciones tras sucesivas crisis. Durante más de 30 años, el desempeño de las Fuerzas Armadas en el área de seguridad ha sido decepcionante, incluso para sus defensores.
Las relaciones entre el crimen organizado y el aparato del Estado
La violencia en Río de Janeiro llegó a los titulares nacionales. En octubre, fueron ejecutados tres médicos que socializaban en un bar a orillas de la playa de Barra da Tijuca, entre ellos el hermano de la diputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP). La sospecha hasta el momento es que las muertes se produjeron por error y que el objetivo era un miembro de la milicia.
Luego vino el artículo de Fantástico [programa de TV] sobre un centro de entrenamiento de narcotraficantes y, recientemente, la quema de ómnibus y de un tren por la muerte del miliciano conocido como Faustão.
El gobierno de Cláudio Castro (PL) culpa a lo que llama “narcomilicia”. Pero la verdad es que el gobierno de Río, y ahora el gobierno de Lula, buscan eximir a la estructura policial de su involucramiento con la estructura de milicias [parapoliciales].
Actualmente, la relación entre estas milicias y el aparato de represión policial en el Estado de Río de Janeiro es profunda, con consecuencias e influencias políticas. La milicia gana peso con los acuerdos alcanzados con Cláudio Castro y la Alerj (Asamblea Legislativa de Río de Janeiro), además del acercamiento entre sectores de las milicias y algunas organizaciones que controlan el tráfico de drogas.
Basta recordar las conexiones entre Flávio Bolsonaro y su ex asesor Fabrício Queiroz, y el jefe de la “oficina del crimen”, el ex capitán de la Policía Militar Adriano da Nóbrega.
Categóricamente, hay una asociación entre la estructura estatal armada, dentro de la seguridad pública de Río de Janeiro, y los grupos de milicianos, que sería una estructura civil armada, no estatal, que son los que actúan en las calles, en los negocios, pero que dependen del apoyo y respaldo de la estructura estatal. Esta asociación, por otra parte, permite ocultar la implicación de la estructura estatal.
Por eso, es una farsa el discurso del gobernador de Río, diciendo que matan y destruyen, y que así lo van a resolver, porque son ellos los que montan este escenario y ganan mucho con ello, a través del tráfico de influencias, la corrupción y el control territorial de los votos, más aún para las elecciones municipales de este año. Al mismo tiempo, liberan un presupuesto de R$ 4,5 mil millones para la Asamblea Legislativa, suma que proviene de fondos especiales que no fueron utilizados en políticas públicas.
El gobierno Lula y el ministro Flávio Dino, al decretar esta operación GLO, son parte de este teatro. Traen a las Fuerzas Armadas y más policías para decir que están haciendo algo, sin entrar directamente en el conflicto y en las contradicciones principales, sin tomar medidas concretas para resolver el problema.
El discurso de que las fuerzas nacionales resolverán, interceptarán drogas y armas o utilizarán “inteligencia” es mentira. Esta no es una cuestión técnica. No se trata de servicios de inteligencia o de monitoreo, se trata de abordar el problema de la seguridad pública desde una dimensión política y, sobre todo, social.
La policía de Lula fortalece a la derecha
El gobierno de Lula no quiere conflictos con grupos de la derecha y de la extrema derecha.
No se hizo nada para combatir o solucionar los asesinatos en la Baixada Santista por parte de la policía del gobernador Tarcísio de Freitas, donde mataron a 28 personas. El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, no hizo absolutamente nada.
Los crímenes contra los pueblos indígenas continúan y ni siquiera son investigados, la mayoría de ellos cometidos por terratenientes, propietarios de minas, y militares que mantienen sus puestos incluso después del intento de golpe de enero pasado.
El ministro Flávio Dino quiere defender las instituciones policiales y militares, de ninguna manera pretende combatir la estructura corrupta de la policía y de las Fuerzas Armadas.
Es necesario que las entidades de la clase trabajadora y del movimiento popular (sindicatos, asociaciones de vecinos, luchadores por la vivienda) avancen en la discusión sobre la necesidad de la autoorganización para la autodefensa, colectiva y organizada. Sólo así será posible enfrentar la violencia, tanto del crimen organizado, incluidas estas milicias, como de la violencia oficial del Estado.
Para combatir la miseria y el hambre es necesario expropiar las grandes empresas
La primera medida para combatir el crimen organizado es combatir la miseria y el hambre de la mayoría de la población. La salida al problema de la seguridad pública pasa por la expansión cualitativa de las inversiones públicas en áreas sociales: como educación, salud, generación de empleos, saneamiento y vivienda.
Esto requiere financiación que sólo puede obtenerse expropiando las grandes empresas capitalistas. En lugar de hacer esto, el gobierno de Lula mantiene el marco fiscal y el techo de gastos que privilegian al gran capital y a los banqueros en particular.
No existe ningún proyecto para aumentar los gastos en áreas sociales para la población más carente, que es la que realmente vive muriendo en manos de estos enfrentamientos, ya sea a manos de narcotraficantes, de policías o de milicias. Una población que se encuentra absolutamente abandonada y desamparada.
Las principales víctimas de la violencia son el pueblo pobre y negro de las comunidades carentes, con el creciente exterminio de la juventud negra de las periferias.
Junto con esto, también se debe desarrollar la inversión en áreas sociales, el control del aparato de represión del Estado por las entidades de la clase trabajadora. Como parte de este proyecto, la desmilitarización de la policía militar es fundamental. Con el objetivo de construir una policía civil única, controlada por entidades de la clase y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos. Otro elemento fundamental es la despenalización de las drogas, lo que pondría fin al tráfico y en consecuencia a toda la violencia que este genera.
Bolsonaro degradó toda la estructura de políticas públicas y sociales y dio apoyo político a grupos armados con el discurso de que “un buen bandido es el bandido muerto”. El gobierno de Lula no está revirtiendo el problema estructural. En términos de contenido, el gobierno Lula 3.0 ha mantenido la misma dinámica que el gobierno anterior, sólo que la situación social está mucho más degradada y, por lo tanto, es más violenta para el conjunto de la población.
Construir un programa de los trabajadores y de los sectores más oprimidos de la sociedad es fundamental para poner fin a esta violencia que afecta principalmente a la población más carente y a la clase trabajadora.
Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 5/11/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
