Este martes circuló por redes sociales y medios de comunicación, un video donde varios hombres insultaban, acosaban y golpeaban brutalmente a dos mujeres trans en el centro de San José.
Por PT-Costa Rica
Este tipo de acoso y violencia no es nuevo en el país, pero este video generó un gran rechazo en una parte de la población y coloca nuevamente la discusión sobre la exclusión y violencia de la población trans en Costa Rica.
Desde el Partido de los Trabajadores, repudiamos enérgicamente la agresión realizada contra estas mujeres trans, y nos unimos a quienes exigen la investigación, el juicio y el castigo a los agresores.
Esta agresión, debe ser abordada como lo que es: un crimen de odio contra las personas trans. En Costa Rica, la violencia contra la población trans comienza desde las mismas instituciones estatales pues no existe ni una tipificación del delito de crímenes de odio, por lo tanto no existe un reconocimiento inmediato de las víctimas, acompañamiento especial ni tan siquiera estadísticas del estado sobre estas situaciones.
El Estado Costarricense es responsable de la violencia
Ante la falta de estadísticas oficiales y el desinterés estatal, organizaciones de la sociedad civil han realizado el levantamiento de la información e investigación.
Según el estudio realizado en 2018 por el Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y Caribe, en Costa Rica el 61% de los actos de violencia son contra mujeres trans que ejercen el comercio sexual “y reitera la falta de acceso a trabajos formales”.
En el informe publicado en 2017, la organización señalaba que el mayor porcentaje de estos actos violentos (un 30%) era realizado por civiles, seguido de agresiones de oficiales de la Fuerza Pública, de Tránsito o municipal (17%).
La situación que hoy nos indigna no es un caso aislado, sino que son solo una manifestación pública de un sistema que crea, educa y encubre a estos agresores. Ellos son producto de una sociedad machista, de un sistema violento y opresor. Y son las instituciones estatales las que garantizan su impunidad y las de miles de agresores más.
El Estado es el primer culpable de las agresiones contra las personas trans. Porque violenta su derecho a la identidad al negar la rectificación del sexo en sus documentos.
Esto solo refuerza la sistemática negación de la identidad de género que hace la sociedad costarricense, donde incluso estas agresiones son consideradas como una pelea “entre hombres”, incluso desde la misma policía.
Es culpable porque ignora la violencia cotidiana que sufren las personas trans y no tiene una política de ayudas y cuotas para garantizar el acceso a la educación pública básica y superior.
El Estado tiene la culpa cuando ignora la situación de las personas trans expulsadas por sus familias desde muy jóvenes, y por lo tanto no tiene ninguna política de acompañamiento y refugio.
Es culpable porque ignora la discriminación laboral y por lo tanto no se interesa en garantizar un cupo laboral para la población trans.
La violencia inicia desde el Estado, porque no garantiza una educación sexual laica, científica y obligatoria en todas las escuelas y colegios, que abarque la comprensión y el respeto a la identidad de las personas trans. Porque no existe una tipificación de los delitos de odio, sino que por el contrario permite y utiliza políticamente los discursos conservadores, anti derechos humanos y humillantes contra la población LGBTI en general y contra la población trans en particular.
Es este Estado, el que refuerza la visión machista de que las mujeres trans son vidas descartables, al margen de la sociedad. Es el sistema capitalista quien crea una sociedad enferma y violenta contra las mujeres trans, que por un lado les niega su derecho a ser reconocidas como tales; que las expulsa de los trabajos formales y la educación para ofrecerlas como un producto para consumo sexual.
Según el informe del sitio canadiense Pornhub, en 2018 los principales videos pornográficos consumidos en Costa Rica eran los de las categorías “transgénero” y “lesbianas”.
Es la exclusión la que obliga a miles de mujeres a ejercer el comercio sexual cada noche en las calles de las ciudades del país, exponiendo sus vidas a las agresiones de este tipo.
Y aun cuando son agredidas o hasta asesinadas por machistas, el Estado es el que niega la existencia de un crimen de odio. Por el contrario, se niega a actuar y cuando abre una investigación lo hace violando la identidad de las personas trans o restándole importancia a los actos de odio.
¡Basta de violencia contra las personas trans!
En latinoamérica la esperanza de vida de las personas trans es de tan solo 35 años. Y esto se debe a las duras condiciones de vida que enfrentan, derivadas de la exclusión laboral, de los sistemas de salud, violencia por odio y la inacción de los Estados.
Hay que acabar con la violencia e inoperancia del Estado Costarricense. Exigimos el reconocimiento inmediato de la identidad de género de las personas trans, la rectificación completa del sexo en sus documentos. Y de la mano de esto, exigimos que sea tipificados los crímenes de odio.
Que las agresiones contra las mujeres trans sean abordadas por el Estado como lo que son, como amenazas a las vidas de las mujeres sólo por su identidad de género. Y que se realice la investigación a profundidad para encontrar a los agresores y que paguen por sus actos y acabar con la impunidad.
Creemos también, que ellos son producto de una sociedad y un sistema enfermo, machista, explotador y opresor. Por eso ellos deben ser sometidos a una reeducación contra la violencia, lgbtifobia y misoginia.
Pero el problema no acaba solo con un castigo ejemplar, sino que hay que parar toda la violencia estatal que genera estas agresiones.
El actual gobierno del PAC juega un papel cómplice en el mantenimiento de la opresión estructural pese a su discurso pro derechos humanos y tímidas acciones legislativas.
Mientras la violencia contra las mujeres se intensifica, tanto contra las mujeres cisgénero como contra las mujeres trans, el gobierno desfinancia los planes de sociales y enfoca todos sus esfuerzos en recortar los presupuestos para pagar la deuda usurera del país.
El desfinanciamiento de las instituciones y la falta de un red que atienda a las mujeres y personas trans en situación de violencia, crea mayor miseria y profundiza el problema de la discriminación.
Exigimos que el gobierno garantice un presupuesto especial para crear centros de acogida para las personas trans expulsadas de sus hogares, y que garantice becas y cupos para estudiar. Que garantice cuotas laborales y capacitación para la inclusión de las personas trans.
Es fundamental una política de educación sexual integral, laica, científica y obligatoria en todas las escuelas y colegios, que aborde la identidad de género y que rompa con los prejuicios contra la población trans desde la niñez.
Y en tanto logramos cambiar la sociedad, es necesaria garantizar el derecho a la autodefensa de las mujeres, principalmente aquellas que están más expuestas a las estas situaciones como las mujeres trans en situación de comercio sexual.
Este 8 de marzo, en el día internacional de las mujeres trabajadoras, debemos salir con más fuerza y rabia a exigir todas estas reivindicaciones.
Debemos salir a luchar por los derechos de todas nosotras, por los derechos de las mujeres trans y contra todos los tipos de violencia, contra estas políticas del Estado y contra el machismo que nos golpea y mata.
