El ministro Edson Fachin, anticipándose al juicio del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la sospecha del ex juez Sérgio Moro, decidió por la incompetencia del 13° Foro de Curitiba en relación con los procesos y juicios referentes al ex presidente Lula (PT) a partir de la Operación Lava Jato [investigación de lavado de dinero proveniente de negociados de la Petrobras, ndt.], decretando así la nulidad de todas sus condenas y juicios.

Por: Redacción PSTU Brasil, Opinião Socialista 608, 10/3/2021.-

Las denuncias y procesos fueron transferidos para la Justicia Federal del Distrito Federal. Tal decisión devuelve a Lula sus derechos políticos, en la medida en que él deja de encuadrarse en la ley de “ficha limpia”, permitiendo que el ex presidente pueda candidatearse en 2022.

Esa decisión de Fachin era reivindicada desde siempre por los abogados de Lula. Aparentemente, fue tomada ahora, de sorpresa, para intentar evitar la continuidad de un juicio sobre la sospecha de Moro, que tramitaba en la Segunda Instancia y había sido interrumpido en diciembre de 2018 a partir de un pedido de vistas del ministro Gilmar Mendes.

La decisión de Fachin, con todo, surtió efecto contrario, haciendo con que la Segunda Instancia precipitase la recuperación del juicio este 9 de marzo. La votación, sin embargo, fue nuevamente paralizada a partir del nuevo pedido de vistas, esta vez por el ministro Kássio Nune Marques, recién indicado por Bolsonaro. La sesión fue suspendida con un resultado de 2 a 2. Dos votos contrarios a la sospecha, que habían sido proferidos aún en diciembre de 2018, y dos votos a favor, proferidos ahora; siendo que de los votos de 2018, el de Carmen Lúcia, por lo que todo indica, parece que será cambiado con el retorno a la votación, que no tiene fecha para ocurrir. Eso por sí solo ya dice mucho de la justicia burguesa.

Si se vota la sospecha de Moro, además de la anulación de los juicios en que Lula fue condenado, estarán anuladas también las pruebas recolectadas por la Lava Jato. De lo contrario, el juez de Brasilia será quien decidirá si usará o no las pruebas obtenidas por la Operación Lava Jato.

(Brasília – DF, 05/02/2020) Reunión con Sérgio Moro, ministro de Estado de la Justicia y Seguridad Pública y Secretarios. Foto: Marcos Corrêa/PR.

Selectividad y corrupción de la Lava Jato e impunidad general: dos caras del mismo sistema

En junio de 2019, el sitio “The Intercept Brasil” reveló informaciones comprometedoras sobre la actuación del ex juez Sérgio Moro, en aquel momento ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, y el Procurador Federal Deltan Dallagnol, en la “Operación Lava Jato”.

La Vaza Jato [por filtración de informaciones], en posesión de un extenso registro de intercambio de mensajes entre procuradores federales de Curitiba y Sérgio Moro, reveló que juez y procuradores actuaron de forma combinada, como miembros de un mismo equipo, en los procesos de la Lava Jato y especialmente en los de Lula. Eso, desde el punto de vista jurídico, es grave e ilegal. En tesis, se exige una conducta de “imparcialidad” del juez, que, en este caso, se reveló completamente parcial, con objetivos políticos y financieros, además de explícita y deliberadamente definir actuar contra lo que consideraba 30% de los corruptos, y no tocar al otro 70%.

El juez llegó a orientar tanto la búsqueda de pruebas de la acusación, en relación con los procesos contra Lula y el PT, como a ahorrar de investigación a otros sospechosos, como fue el caso de Aécio Neves y del PSDB. Definieron, por ejemplo, investigar las constructoras y no investigar los bancos, según las conversaciones entre ellos, para evitar una crisis sistémica, es decir, para no perjudicar el sistema capitalista. Decidieron impedir la delación premiada de Eduardo Cunha, para evitar que caiga el piso de arriba entero, llevando al lodo, de forma confusa, a bancos, jueces, parlamentarios, gobernadores y al ex presidente Michel Temer, y vaya a saber cuánto más. Dispensado fue también el actual ministro de Economía Paulo Guedes, que, además, fue el nexo de ligazón entre Moro y Bolsonaro.

En fin, la bandera de combate a la corrupción, bandera democrática exigida y apoyada masivamente por la población, fue usada por los principales nombres de la Lava Jato en connivencia con el juez Sérgio Moro para fines selectivos de disputa política, ascenso personal e, incluso, con fines financieros. Salió a la luz, entonces, que la Lava Jato y Sérgio Moro tenían muchos “bandidos de estimación” [amigos bandidos].

Al presentar en sus conversaciones, explícitamente, sus intenciones de evitar que se viniese abajo el sistema político, Sérgio Moro definió los objetivos de la “Operación Lava Jato”: no sacar a todos los corruptos y corruptores. La revelación de los hechos y de los procesos, según Moro, debería ser paulatina, impidiendo un desmoronamiento total del sistema político, entregando al PSDB la supuesta renovación del mismo.

Más tarde, ya con la candidatura de Bolsonaro en curso, actuó para interferir en las elecciones, tornándose enseguida después ministro de un gobierno involucrado con milicianos [parapoliciales], defensor de dictadura y de torturadores, ya sellado desde el nacimiento con casos de corrupción, todos tolerados por Moro. Como la práctica de “caja 2” por el entonces ministro de la Casa Civil, Ônix Lorenzonni (DEM-RS); la vista grossa frente a los escándalos de corrupción del PSL y de la familia Bolsonaro, o la aceptación pasiva de la transferencia del COAF [Consejo de Control de Actividades Financieras] para otro Ministerio, etc. El ministro solo salió del gobierno cuando ya era evidente que no sería nombrado para el STF por Bolsonaro, así como perdía poder todos los días y era humillado.

Como dijimos en la época, los hechos traídos a la luz por The Intercept no dicen nada sobre la inocencia de Lula, pero muestran que las investigaciones y el juicio a que fue sometido no fue imparcial, y esto le da derecho a otro juicio.

Nosotros estamos a favor de la prisión de TODOS los corruptos y corruptores, además de la confiscación de sus bienes y de la expropiación y estatización de sus empresas, poniéndolas bajo control de los trabajadores. Siempre dijimos que no podíamos confiar en la Lava Jato y en la justicia burguesa. Que no deberíamos tener la menor confianza de que investigarían a todo el mundo.

En este caso, lo que salió a la luz con la Vaza Jato, y reforzado por los diálogos revelados en la Operación Spoofing [denuncia interpuesta por Moro en el caso de la Lava Jato, ndt.], es que, además de parcial y selectiva, la Lava Jato tuvo una actuación corrupta.

Por su parte, el juez que se hizo famoso con la operación, entró alegremente en un gobierno no solo corrupto como autoritario. Gobierno este, además, que está enganchando e intentando acabar con cualquier independencia del Ministerio Público Federal (MPF), así como va a intervenir en la Receita [agencia de control de impuestos] y en la Policía Federal para impedir que prospere cualquier investigación sobre sus hijos, su familia y las evidencias de relación con las milicias parapoliciales. La certeza de la impunidad queda estampada en la mansión de R$ 6 millones [U$S 1.100.000, aprox.] recién adquirida por su hijo Flávio.

El otro lado de la moneda: impunidad e hipocresía

Si el proceso contra Lula fue conducido de manera ilegal, irregular, corrupta, y es un derecho democrático de Lula tener un nuevo juicio, como debería ser el de cualquiera en este país, no es propiamente justicia y derecho democrático que mueven a la justicia burguesa, al Centrão (hoy base de Bolsonaro, ayer base de los gobiernos del PT, PMDB y PSDB), sino la impunidad.

Si la conducta corrupta de la Lava Jato visaba de forma selectiva promover otro campo burgués tan corrupto como los que conformaron los gobiernos del PT y, por fin, subiendo en el barco de un gobierno no solo corrupto sino autoritario, eso solo refuerza el hecho de que el Brasil sigue siendo un país en el que ricos y poderosos nunca van a la cárcel.

Si la corrupción es intrínseca al capitalismo, lo es más aún en este nuestro país semicolonial y decadente, donde el robo y el asalto a los fondos públicos (al dinero del Estado, a las empresas estatales, etc.) es práctica cotidiana de los grandes monopolios, que también se asocian a una gran burguesía lumpen y mafiosa de la “economía informal”.

De ahí los escándalos que involucran a políticos, jueces, policías y militares. Es solo ver los indicios de sobrefacturación y de tenebrosas transacciones hasta con leche condensada y cloroquina, para percibir que los militares son unos de los más allegados a una “boquinha” [asesoría en negociados, ndt.] (los 20 años de dictadura que lo digan).

Los gobiernos del PMDB, del PSDB, del PT y de Bolsonaro (todos aliados al PMDB, DEM, PP, y otros partidos burgueses) gobernaron todos para la JBS [frigoríficos], la Odebrecht, la OAS [constructoras], el Itaú, el Bradesco, el Santander [bancos], la Volkswagen, la GM [automotrices], la Oi [telefonía], la Globo [comunicación], la Embraer [fabricación de aviones], la Gerdau [sidero-metalúrgica], etc. Todos comprados por ellos.

Esa corrupción generalizada practicada por todos los gobiernos, los de la dictadura y los de la Nueva República, incluye con mucho peso el del señor Jair Messias Bolsonaro, mentiroso, autoritario y genocida, asociado a milicias parapoliciales, que son organizaciones criminales mafiosas, corruptas y armadas, verdaderos escuadrones de la muerte, del robo y de los negocios ilegales.

Ahí mismo es que la corrupción anda suelta. Y esta justicia de clase –que esconde la corrupción de los de arriba abajo de la alfombra– cuando expone una parte lo hace encubriendo y protegiendo a banqueros y a la mayoría de los políticos –como hizo Moro–, es la misma que arresta a una empleada doméstica que toma una lata de arvejas de la casa de la patrona.

Por eso, es grande la hipocresía de sectores de la burguesía (y qué decir de los militares) que conmemoran la prisión de Lula y apuntan al PT como el padre de toda la corrupción del Brasil. Pero es igualmente hipócrita que el PT se diga meramente perseguido por la burguesía sin decir que, cuando estuvo en el gobierno, solo defendía los intereses de ella. O hacerse de víctima como si existiese mera persecución política porque este habría “defendido a los pobres contra el mercado”, lo que es evidentemente una mentira.

Una generación entera de trabajadores y trabajadoras se involucró en la construcción del PT y cargó de verdad en el pecho la esperanza de construcción de una nueva sociedad. Pero la dirección del PT traicionó ese sueño hace ya muchos años, al resolver gobernar este sistema junto con la burguesía y para la burguesía. Durante mucho tiempo, no hizo otra cosa que no fuese gobernar para los de arriba y promover engaños para los de abajo.

La dirección del PT pasó a formar parte del ambiente de los patrones. José Alencar, el empresario que fue vice de Lula y de quien él era tan amigo, no era amigo de los obreros de su fábrica Coteminas, a quienes explotaba sin compasión. Bumlai, otro amigo de Lula, pecuarista del Mato Grosso, trataba a los peones que trabajaban para él como la Casa Grande trataba a los “senzala” [los esclavos que trabajaban en las plantaciones, ndt.]. El dueño (padre) de la Odebrecht, el dictador de Angola, y tantos otros grandes amigos de Lula y del PT, muestran que el PT fue un gobierno enteramente burgués y proimperialista, con corruptos y corruptores. Gobiernos burgueses son corruptos. La corrupción hace parte del capitalismo. Y el PT decidió gobernar el capitalismo para los capitalistas.

De la misma manera que no se puede omitir que el gobierno Dilma vio caer su popularidad por debajo del “volumen muerto” [mínimo inferior en los reservorios de agua, ndt.] al dar un estelionato electoral en la clase trabajadora, a fin de aplicar reformas de los banqueros contra los de abajo, promover la tercerización, avanzar en la privatización del presal [petróleo existente en las capas terrestres debajo del mar, ndt.], en fin, gobernar para los banqueros y los grandes empresarios; en circunstancias ya de crisis económica capitalista. Recordemos también, que el vice de Dilma era nada menos que Temer, del PMDB, otro corrupto, cuyo gobierno enfrentamos con una enorme huelga general, que no tuvo continuidad porque, una vez más, las centrales sindicales y el PT desviaron todo para las elecciones y las negociaciones en el parlamento.

Lula con el dueño de la Odebrecht.

Nadie, evidentemente, puede defender el autoritarismo, la prisión sin pruebas o cualquier limitación al derecho de defensa o a las libertades democráticas, tampoco puede no saber que la justicia burguesa es injusta. Por eso, Lula tiene derecho a otro juicio.

Pero la defensa de la prisión y de la confiscación de los bienes de todos los corruptos y corruptores es una bandera democrática, comprensiblemente defendida por los trabajadores y la mayoría del pueblo, que, no obstante, la burguesía no va a cumplir, porque sería necesario enfrentar sus intereses y al sistema para eso.

Solo que el PT, que abandonó un campo de clase para conformar un campo burgués de colaboración de clases, redujo su proyecto a la defensa de la “ética en la política” y un “capitalismo con distribución de renta”, haciendo un gobierno en el cual los banqueros nunca ganaron tanto dinero en la vida, como ya dijo el propio Lula una vez. Pasó también a decir que combatir la corrupción es moralismo, cosa de la derecha.

Historia mal contada

Toda esa situación de Lula estuvo marcada por la disputa entre dos campos burgueses, dentro de la democracia burguesa en crisis. Junio de 2013 fue expresión de la crisis capitalista y del descontento con el gobierno burgués y social-liberal del PT, que, además, no solo fue parte de la represión que detonó todo el proceso sino que en sus nuevos gobiernos fueron aprobadas innumerables leyes represivas.

Por eso, es también una historia mal contada la tesis del “golpe” en 2016, y una hipocresía que el PT hable de “Estado de Excepción” debido a las prisiones de algunos políticos y empresarios, limpiando la cara de esta democracia de los ricos, que es no solo corrupta como extremadamente autoritaria.

El pueblo pobre y negro de la periferia vive un genocidio (556.000 personas fueron asesinadas en el Brasil en 12 años); hay un proceso de encarcelamiento en masa en el Brasil. Son más de 600.000 presos y casi 300.000 son víctimas de prisión preventiva, coercitiva y sin juicio. En su mayoría jóvenes, negros, pobres, sin antecedentes criminales. Esta situación dio un salto, por increíble que parezca, durante los gobiernos del PT. Quiere decir: ¿con el PT teníamos “Estado de Derecho” porque solo los pobres eran presos sin juicio (¡que lo diga Rafael Braga!) [catador de cartones preso durante las protestas de 2013 y único condenado en circunstancias relacionadas con ellas, ndt.], y a partir de 2016 tuvimos “Estado de Excepción”?

Ora, en 2018 efectivamente fue elegido un gobierno autoritario, que tiene como modelo de régimen una dictadura y, que si pudiese, daría un autogolpe. Y acabaría con todas las libertades democráticas, y con la democracia burguesa en general. Gobierno contra el cual debemos hacer todo unidad en la acción para sacarlo, contra el cual debemos luchar y golpear todos juntos. Porque el proyecto de Bolsonaro, si se hace efectivo, puede sí resultar en un “golpe” y en “Estado de Excepción”.

La elección de Bolsonaro, sin embargo, e incluso el surgimiento de sectores de extrema derecha, tienen como talón de fondo la crisis capitalista y el agotamiento de la Nueva República, con la larga decadencia y desindustrialización del Brasil, producto de la política de recolonización del país exigida por el imperialismo y llevada a cabo por todos los gobiernos, incluso los del PT. Las decisiones políticas del PT y sus gobiernos produjeron también enorme desmoralización. Y ese conjunto de la obra pavimentó el camino que nos trajo a Bolsonaro.

Cuando el PT, la dirección del PSOL y gran parte de la izquierda abandonan un análisis, un discurso y una actuación de clase, contando una historia unilateral y atravesada, como parte de un campo burgués supuestamente “progresista”, abren mano de organizar de forma independiente a la clase trabajadora y de utilizar su fuerza social para cambiar la sociedad. Al contrario, atendiendo los intereses de la mayoría o de un sector de la burguesía, paralizan a la clase trabajadora, se proponen gobernar para ella, se contentan con migajas, cuando estas son posibles. Como nos enseña toda la historia del movimiento obrero, eso siempre abre camino para cosas como Bolsonaro.

Junto con eso, y también de hecho, la bandera de la impunidad que el PT y gran parte de la izquierda, como el PSOL, defienden, cuando producen una narrativa unilateral de la historia del país en los últimos años, arrojan debajo de la alfombra no solo toda corrupción existente en los gobiernos del PT como también que el partido gobernó para la burguesía contra los trabajadores, y que no fue por otra razón que Dilma dio un estelionato electoral en la clase y perdió todo apoyo por abajo.

La coyuntura

Desde el punto de vista de la coyuntura política, la anulación de las condenas de Lula refleja un debilitamiento del gobierno Bolsonaro, aumento de la tensión social, y de la crisis sanitaria, económica y política del país.

Con la crisis sanitaria completamente descontrolada, con dos mil muertos por día, el sistema de salud entrando en colapso en el país entero; con el desempleo en las alturas y el auxilio de emergencia de hambre y atrasado y la carestía golpeando fuerte; el gobierno Bolsonaro, responsable por el genocidio, no hace otra cosa a no ser la campaña electoral para 2022 y aglomeraciones, campaña contra el uso de máscaras y de vacunas. Ese grado de crisis va haciendo al gobierno disfuncional también para sectores de la burguesía, además de aumentar la crisis de la propia institucionalidad burguesa de conjunto.

Sectores de la propia clase dominante mira el Paraguay y quiere asegurarse para el caso de explosión social; por otro lado, está obligada también a contener manifestaciones como las de Villas Bôas, o a enfrentar a tipos como el diputado Daniel Silveira.

Ese comentario de que Lula y Bolsonaro son iguales, o “dos extremos”, no es verdad, y la burguesía sabe eso. Bolsonaro es un gobierno que, si pudiese, cambiaría el régimen político hacia atrás, y, si tuviera una circunstancia que le permitiese intentarlo, puede acabar intentándolo (aunque hoy no tenga nada que ver con 1964 y puede ser una aventura y tanto). Y no debemos tolerar ningún ataque a las libertades democráticas y enfrentar toda tentativa o discurso autoritario.

Repetimos, debemos luchar unidos, golpear juntos, con todos los que estén dispuestos, para sacar a Bolsonaro y Mourão ya, no esperar a 2022.

Lula, por otro lado, probablemente será candidato del PT, en condiciones muy diferentes de las de 2018. Hoy prima el antibolsonarismo. Para la burguesía, es también una carta en la manga, preventiva, frente al agravamiento de la crisis.

¿Paz y Amor o Fuera Bolsonaro?

En conferencia de prensa, Lula hizo un discurso de candidato, y de un candidato de unión nacional, a pesar de decir que no es hora de decidir nombres, o que sería mezquino hablar de 2022; sin embargo, fue de 2022 que él trató.

Para Lula, “frente amplio” no significa la junción solo de las fuerzas de izquierda sino sí de fuerzas de centro y conservadoras. “Usted puede construir un programa que involucre a sectores conservadores [que incluya] por ejemplo la cuestión de la vacuna, del salario de emergencia”, dijo.

“Si usted pone adelante la discusión electoral, usted trunca cualquier evolución. Pero si usted plantea los problemas del pueblo brasileño en la conversación con los sectores conservadores, usted puede producir efectos extraordinarios”, afirmó. “Veo mucha gente hablar de frente amplio con el PCdoB, PT, PSOL, PSB. Eso es un frente de izquierda, no tiene nada de amplio. Eso lo hacemos desde 1989. Frente Amplio es si tenemos la capacidad de conversar con otras fuerzas que no están en el espectro de la izquierda. Es posible”, dijo todavía. Agregó haber iniciado un movimiento de frente amplio para 2022 recordando la alianza con el empresario José Alencar y clasificó aquel momento como “el más promisor de la historia democrática del país”.

Por su discurso y programa, Lula y el PT quieren repetir la misma estrategia y política de los 14 años que gobernaron el país: de colaboración con la burguesía y sus partidos, solo cambiando a José Alencar tal vez por una Luiza Trajano [dueña de las grandes tiendas Magazine Luiza] u otra figura burguesa, prometiendo como siempre ser el “Lulita Paz y Amor”. Pero ese camino que Lula quiere trillar de nuevo, fue el que nos trajo a Bolsonaro, y el país salió de ese camino tan desigual como entró.

Es preciso construir una alternativa revolucionaria y socialista

Esta repetición de caminos en otras circunstancias hace aún más necesaria la construcción de una alternativa socialista y revolucionaria, para que podamos efectivamente luchar para acabar con toda desigualdad social y contra este sistema que reproduce todos los días pobreza, miseria, desempleo, violencia, racismo, machismo, y tanta opresión, dejando a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Sistema donde reina la explotación, la rapiña del país, y también la corrupción y la impunidad.

El Brasil precisa de un gobierno socialista de los trabajadores, en el cual los trabajadores gobiernen contra la burguesía, a través de consejos populares.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.