Por un apretado 6 contra 5 votos, el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el pedido de hábeas corpus preventivo para el ex presidente Lula. Fue condenado en segunda instancia por la acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex de Guarujá, uno de los nueve procesos por corrupción que enfrenta. Vale registrar que de los seis ministros que votaron contra Lula, cinco fueron indicados para el STF por él mismo y por la ex presidente Dilma. Después de esa decisión, el TRF 4 y el juez Sergio Moro determinaron la prisión del ex presidente.
Por – PSTU – Brasil
Lo primero que consideramos importante afirmar es que Lula llegó a esa situación por las elecciones que él mismo hizo. Lula gobernó para banqueros, hacendados, contratistas, grandes empresarios. Y lo hizo apoyado en las mismas alianzas y esquemas de corrupción que siempre marcaron la política tradicional en el Brasil. Sarney, Temer, Renan Calheiros, Maluf, Collor… fue con ese tipo de gente que él se juntó para gobernar el Brasil. Acabó en el mismo lodo que ellos.
Pero no acabó la impunidad: ¡prisión para TODOS los corruptos y corruptores!
La derecha tradicional, los medios, la justicia de los ricos, Bolsonaro y sus simpatizantes dicen que la condena de Lula acaba con la corrupción y la impunidad. El PT y sus aliados del PSOL, por su parte, afirman que la condena de Lula sería la profundización de un “golpe”, un ataque a la democracia burguesa y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo ni con una cosa ni con la otra.
En primer lugar, para los trabajadores y el pueblo pobre, TODOS los corruptos y corruptores deberían estar en la cárcel, tener sus bienes confiscados y sus empresas expropiadas. Esa es también la opinión del PSTU. No se puede aceptar el argumento del PT, que defiende impunidad para Lula acusando a la justicia de selectiva. La justicia es selectiva, sí, pero la salida es exigir la prisión de los demás corruptos y no la impunidad general.
En ese sentido, es preciso exigir el juicio, condena y prisión de Temer, Aécio, Alckmin, Bolsonaro y toda esa cuadrilla incrustada en el Estado brasileño. Y también de los empresarios corruptores, pues son también ladrones de los recursos públicos, y de todos los corruptos y corruptores de este país. Y es necesario confiscar los bienes de todos ellos.
Y la injusticia continúa
La injusticia contra la clase trabajadora y el pueblo pobre continúa. Y no es solo con el desempleo, la eliminación de derechos por la reforma laboral, la precarización de las condiciones de trabajo, los casos de la salud y la educación públicas, la falta de vivienda, el saneamiento, etc.
Se habla de que la prisión de Lula, después de juzgado “apenas” por la segunda instancia del Poder Judicial es un atentado a la democracia, un “golpe”, una ofensa a los derechos humanos. Ora, el Brasil tiene hoy más de 290.000 personas presas –en su amplia mayoría negros y pobres– ¡sin que nunca hayan tenido derecho a cualquier juicio, ni en segunda ni en primera instancia! Cuando Lula asumió, en su primer mandato, eran cerca de 80.000, y al final de los gobiernos del PT ¡había ya cerca de 250.000 presos sin ningún tipo de juicio! Eso sin hablar del verdadero genocidio contra la juventud pobre y negra de la periferia o de la brutal ejecución de la concejal Marielle Franco, en Rio de Janeiro.
Todo eso fue y continúa siendo hecho de manera más intensa por el gobierno corrupto de Temer. La injusticia entonces está lejos de acabar para el pueblo. ¿Democracia y “presunción de inocencia” es solo para los políticos y empresarios?
El Brasil precisa de una revolución
No será esta justicia de los ricos la que acabará con la impunidad. En un país en que el salario mínimo no llega a R$ 1.000 (297 dólares), jueces reciben y defienden para sí mismos un “auxilio vivienda” inmoral de R$ 4.500 (U$S 1.337), incluso para quien posee casa propia, y reciben salarios de R$ 40.000 (U$S 11.882). Esos jueces no harán justicia. Esta justicia está, y siempre estuvo, al servicio de los banqueros y grandes empresarios.
Tampoco la solución para los problemas que enfrenta la clase trabajadores vendrán de medidas autoritarias. Precisamos repudiar cualquier posibilidad de intervención de los militares en la vida política del país. El Brasil ya vivió 20 años de dictadura militar. La dictadura fue completamente corrupta, solo defendió los intereses de los bancos, de las grandes empresas y multinacionales, además de impedir cualquier manifestación, reprimir, torturar y asesinar trabajadores y jóvenes que se opusieron al régimen. Bolsonaro, el gran defensor de otra dictadura en el Brasil, es un político como los demás, corrupto como la mayoría de ellos, y acaba de votar a favor de la reforma laboral que quita derechos de los trabajadores para ayudar a los empresarios.
Quien puede acabar con toda impunidad e injusticia, derrotar todo autoritarismo contra el pueblo trabajador e, incluso, defender las libertades democráticas que puedan ser amenazadas es la movilización de los trabajadores. Brasil necesita de una Rebelión que tire abajo todo lo que está ahí, para que los de abajo gobiernen, acaben con toda impunidad e injusticia, y construyan una sociedad socialista.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 5/4/2018.-
Traducción: Natalia Estrada.
