Hay un debate entre activistas de la izquierda respecto de la huelga de los policías militares, iniciada en Espírito Santo y extendida a Rio de Janeiro. Los saqueos y la acción de bandidos echaron más leña al fuego y dejaron preocupados a los gobernantes. La burguesía clama por orden e invoca la ley que prohíbe la huelga entre las fuerzas de seguridad pública.
Por: PSTU – Brasil
Los grandes medios intentan esconder lo que pasa en Rio de Janeiro para que la situación no se salga de control en el segundo Estado más importante del país. En el inicio de este viernes 10/02, la Red Globo afirmaba en su portal G1 que “95% de los efectivos están en las calles”. No obstante, rápidamente va apareciendo la realidad en las redes sociales, como los saqueos en el barrio de Ramos y los “arrastrones”[1] en Bonsucesso, Linha Amarela, São Cristovão, Rocha y Cachambi. De los 100 batallones, 23 están con las entradas bloqueadas por los familiares de los policías.
No a la represión y las amenazas
La burguesía está en pánico con la crisis en las Fuerzas Armadas e incentiva una campaña mediática desesperada para intentar cerrar a cualquier costo esa situación. Los huelguistas están siendo amenazados de ir presos y ser condenados de 5 a 20 años de prisión. El bombero Mesac Efraim, dirigente de la movilización de Rio, ya fue preso y perseguido por luchar por la corporación. Las heroicas mujeres que hacen piquetes en la puerta de los batallones pueden ser procesadas y obligadas a pagar los costos del gobierno, como la Fuerza Nacional de Seguridad que vino a sustituir a los policías en huelga.
La crisis es el telón de fondo
Pezão [gobernador del Estado de Rio de Janeiro], del PMDB está inmerso en una crisis política sin precedentes y puede caer. El gobernador, que nunca contó con apoyo popular, acaba de perder su sustentación jurídica. El Tribunal Regional Electoral (TRE) pegó la lista Pezão/Dornelles porque su campaña incurrió en abuso económico durante la campaña electoral de 2014. La acción trata de producción irregular de material, sin prestación de cuentas, además de la omisión de gastos de más de R$ 10 millones [US$ 3,282 millones].
Si el Tribunal Superior Electoral (TSE) mantiene la decisión del TRE, Pezão y Dornelles van a caer y pueden ser convocadas nuevas elecciones. Es decir, la huelga de la PM y la resistencia al paquete de maldades que incluye la privatización de la CEDAE (Compañía Estadual de Aguas y Desagües), el congelamiento de salarios y la reforma de la Previsión, puede derrocar a este gobierno en cualquier momento.
Huelga quiebra la jerarquía militar
Cuando las leyes ya no son suficientes para asegurar la insatisfacción popular, la PM (que entendemos como una extensión de las Fuerzas Armadas) entra en acción para reprimir las luchas de los explotados y oprimidos y garantizar el orden social.
Pero una huelga de la PM destruye el principal cimiento de sostén de cualquier gobierno. Sacando el propio Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad, no hay más a quien llamar para reprimir manifestaciones y garantizar el “orden social”. Es por eso que policías militares y militares de las Fuerzas Armadas tienen prohibido por ley hacer huelgas y su estructura es totalmente regida por el sistema de patentes y jerarquía, que visa eliminar cualquier posibilidad de democracia a los soldados y los obliga a una subordinación completa a sus “superiores”.
Pero las contradicciones que vienen generándose a partir de la crisis económica están haciendo desmoronar la disciplina militar y la jerarquía de las fuerzas de seguridad. Los policías militares reciben aproximadamente R$ 3.000 [un poco menos de US$ 1.000] para enfrentarse con traficantes fuertemente armados en las favelas cariocas [villas de emergencia de Rio de Janeiro]. Muchos acaban muriendo. En 2016, fueron 390 policías baleados, de los cuales 111 no resistieron. De esos, 233 estaban en servicio y 132 tenían el día libre.
La fallida Unidad de Policía Pacificadora (UPP) está ocupada principalmente por policías jóvenes, muchas veces bien intencionados, que se deparan con una estructura totalmente corrupta y mafiosa, que acaba por encuadrar a esos jóvenes. La salida para algunos acaban siendo las milicias, el crimen organizado y la relación de cooperación con el tráfico de drogas. Probablemente, el mayor abastecedor de armas de guerra a los traficantes es la propia policía.
Así, en esa guerra, a la burguesía no le interesa legalizar las drogas porque el tráfico es mucho más lucrativo. Los grandes traficantes son empresarios millonarios, banqueros, políticos y grandes propietarios de tierra que andan en jets particulares y acumulan fortunas a costa de un mercado que no entra en crisis. Por eso, no es exagerado decir que lo que pasa en las favelas es un teatro, una ficción que pone en riesgo la vida de los habitantes y policías y encubre, por ejemplo, casos como el del avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) agarrado en flagrante transportando cocaína en 2015; o incluso el caso de incautación de 450 kilos de cocaína en un helicóptero del diputado estadual por Minas Gerais, Gustavo Perrella (Solidariedade), que actualmente ocupa un cargo en el Ministerio de Deportes.
Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este momento en Espírito Santo y en Rio de Janeiro es una profunda crisis de una parte de las Fuerzas Armadas, un aparato que siempre estuvo al servicio de la contrarrevolución.
Algunos activistas honestos parten de una premisa real, pero acaban llegando a una conclusión equivocada. De hecho, los policías militares matan y aterrorizan a la población negra y pobre en las favelas, y de ahí concluyen que la huelga de estos sectores tiene un carácter reaccionario. Algunos más exaltados van más allá y postean en redes sociales que las huelgas son parte de un “ascenso fascista” o parte de una “ola conservadora” que barrió el país desde el impeachment de Dilma. Nada más falso. Las reivindicaciones de los huelguistas son por el pago del aguinaldo (referente a 2016), reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo y pago del RAS (Régimen Adicional de Servicio).
Por eso, en esta lucha, precisamos apoyar la huelga de la PM. Justamente por sus contradicciones, debemos, en los momentos de crisis, intervenir y buscar ganar a los soldados contra sus jefes, contra el gobierno y los capitalistas. Volver contra el gobierno y la burguesía sus propias armas y, al mismo tiempo, exigir de la base de la PM que no reprima a la clase trabajadora.
Si los sindicatos, el movimiento social y los activistas no apoyan, abrirán espacio para aventureros ultrarreaccionarios como el diputado Jair Bolsonaro. Ese diputado, además, es un férreo defensor de los planes de ajuste del gobierno Temer y de Pezão. La quiebra de la reaccionaria jerarquía militar es fundamental para disputar la tropa para el lado de la lucha contra los planes de ajuste.
Derecho de sindicalización y nueva policía
Defendemos la desmilitarización de todas las fuerzas de seguridad. Esto significa que soldados, policías y bomberos deben tener derecho de organización, sindicalización y huelga. Defendemos también la elección de todos los superiores en las cadenas de mando. La adopción de medidas democráticas como estas ya apuntaría para la propia extinción de la Policía Militar.
Creemos que esta actual policía debe acabar y ser sustituida por una policía única, de carácter civil y comunitario, con derecho a la sindicalización y la huelga, con comandantes electos por la base de la corporación y estrechamente ligada a la población.
Derecho de defenderse
Durante la huelga, muchos trabajadores y habitantes de la periferia y barrios pobres se preocupan con la acción de criminales y ladrones. Naturalmente, esos aprovechadores intentan sacar alguna ventaja de la situación y someten a la población trabajadora a su terror.
Pero mientras la huelga no termina la población debe organizarse para impedir la acción de bandidos. Reunidos en asociaciones o comités, los habitantes podrían hacer escoltas para mujeres trabajadoras y estudiantes, realizar vigilias y patrullar las áreas más peligrosas de su barrio. Tales acciones ya son practicadas por muchos trabajadores en las periferias brasileñas. La población debe tener el derecho de defenderse.
[1] Los arrastrones son una modalidad de asalto colectivo, practicado por un grupo algo numeroso, generalmente en lugares urbanos, que roba a las personas y en los espacios por donde se desplaza [N. de T.].
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
