Jue Oct 10, 2024
10 octubre, 2024

Tragedia en Rio Grande do Sul: el capítulo más reciente del “Capitalismo de Desastre”

En 2005, ante las terribles y trágicas consecuencias y las políticas adoptadas tras la devastación provocada por el huracán Katrina en Estados Unidos, analistas norteamericanos acuñaron el término “Capitalismo de Desastre” para referirse a cómo el capitalismo produce catástrofes y luego las aprovecha para rapiñar y ganar aún más con el sufrimiento del pueblo. Ahora, la historia se repite en el sur de nuestro país.

Por: Jeferson Choma

Rio Grande do Sul atraviesa su mayor tragedia. Las ciudades del interior del Estado simplemente se han convertido en escombros y muchas están aisladas. Con la inundación del Guaíba, parte de la capital Porto Alegre está bajo el agua y las proyecciones indican que la inundación podría extenderse hasta el 20 de mayo.

En la mayoría de los barrios falta agua potable y electricidad, y la amenaza de desabastecimiento se cierne sobre la población. Muertos, desaparecidos, desesperación, dolor, sufrimiento y revuelta conforman un escenario de guerra. Pero también se multiplican las escenas de solidaridad. Vecinos, familiares, trabajadores, compañeros de trabajo y amigos intentan apoyarse mutuamente de la mejor manera posible, rescatando víctimas y organizando refugios.

Mientras el pueblo organiza acciones de solidaridad, la ultraderecha arroja noticias falsas, promueve mentiras y difunde información errónea, agravando la situación, como si no fuera suficiente el hecho de apoyar el negacionismo climático en el Brasil, difundiendo la ignorancia para justificar la flexibilización de las leyes ambientales y favorecer a los grandes capitalistas y terratenientes.

La tragedia climática es una creación del capitalismo

El calentamiento global es una realidad. 2023 fue el año más caluroso jamás registrado en la historia. Las temperaturas de los océanos también fueron las más altas. Estos son los grandes reguladores del clima en la Tierra. Todo esto convirtió a El Niño de 2023-2024 en uno de los más intensos ya registrados desde el inicio de los registros modernos, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La concentración actual de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es la más alta, según los registros, de los últimos 800.000 años, totalizando 424 partes por millón (ppm). En 1850, el nivel de CO2 era de 280 ppm.

La catástrofe climática es resultado de la industria capitalista de los países imperialistas y su colosal consumo de combustibles fósiles, la sangre que fluye por las arterias de la acumulación del capital, responsable de más de 70% de las emisiones globales de carbono.

Pero, aquí en Brasil, el modelo de agricultura capitalista, el llamado agronegocio, es el principal responsable de las emisiones. Solo, el sector emitió 75% de los gases de efecto invernadero en el país, según el Sistema de Estimación de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG). Esta es una expresión evidente de la reprimarización económica del país, con el crecimiento del sector agrominero extractivo, siempre apoyado por gordos incentivos estatales y medidas de flexibilización ambiental, como veremos más adelante.

Rio Grande do Sul: una de las muchas tragedias ambientales que azotan al mundo

La catástrofe de Rio Grande de Sul, lamentablemente, no es un caso aislado. A estas se suman otras ocurridos a lo largo de 2023-2024, como las olas de calor e incendios forestales en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, y el trágico incendio en Chile, en febrero; las inundaciones torrenciales en la ciudad costera de Derna, Libia, que mató a más de 10.000 personas; y más recientemente, a finales de abril, las inundaciones en Kenia que mataron a 200 personas.

La mayoría de los científicos saben que nos caminamos rápidamente hacia una situación climática incontrolable que amenaza a la civilización, especialmente a los más pobres y vulnerables. Esto hace que los eventos climáticos sean más intensos y más frecuentes.

Rio Grande do Sul es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, ya que se encuentra en una latitud que es de transición de masas de aire frío y caliente, facilitando la formación de lluvias torrenciales. Las condiciones hidrográficas y el relieve tampoco favorecen el escurrimiento de grandes volúmenes de lluvia, provocando la inundación de valles y llanuras aluviales.

La llave giró. La situación climática se está deteriorando rápidamente. Otros eventos extremos como el que afectó el Estado se repetirán con mayor frecuencia, castigando al pueblo pobre y empeorando la miseria.

La responsabilidad es de todos los gobiernos

La tragedia que se abatió sobre  el Estado fue más que anunciada. Fue proclamada por alertas y boletines climáticos emitidos por varios institutos meteorológicos, que incluso habían advertido sobre el riesgo de que el Estado sufriera nuevamente fuertes lluvias, como en setiembre del año pasado.

Todos alertaban sobre los riesgos de grandes inundaciones y catástrofes provocadas por El Niño. Pero todos los gobiernos (estaduales, municipales y federal) ignoraron solemnemente todas las advertencias. Además, aplicaron políticas a favor de la destrucción ambiental, exigidas por el agronegocio, y promovieron un absurdo desmantelamiento de los sistemas de alerta y prevención, que lo llevaron al colapso.

El gobierno de Eduardo Leite (PSDB), aliado de primer orden del agronegocio, implementó un rico menú de políticas contra la preservación del medio ambiente, con una voracidad que haría sentir envidia del ex ministro bolsonarista Ricardo Salles.

En 2020, suprimió y flexibilizó más de 500 artículos e incisos del Código Ambiental del Estado, creado en 2000, flexibilizando las normas de protección ambiental de biomas como la Pampa y la Mata Atlántica. Posteriormente, permitió el autolicenciamiento de grandes proyectos, mediante la emisión de una Licencia Ambiental por Compromiso (LAC). La medida autorizó el autolicenciamiento de usinas de concreto y asfalto, la cría de ganado bovino semiconfinado, el desarrollo de la silvicultura (con pino y eucalipto) y la creación de plantas procesadoras de desechos animales, entre otras.

A continuación, flexibilizó aún más la legislación ambiental, para permitir la construcción de represas y embalses en Áreas de Preservación Permanente (APP), y, de esta manera, permitir el almacenamiento de agua para la agricultura y la ganadería.

La manada pasó por el Estado y fue arrasadora. También quedó devastado todo el sistema de prevención y combate contra los desastres naturales. Para enfrentar los eventos climáticos, el gobierno destinó 115 millones de reales, menos de 0,2% del presupuesto total aprobado para 2024. Para la Defensa Civil, se sumaron unos miserables 50.000 reales. Todos los equipos de prevención y combate a desastres naturales fueron desmantelados durante la duración de El Niño, que siempre provoca fuertes lluvias en la región mientras está activo.

Ningún centavo para obras y mantenimiento y millones para la destrucción ambiental

Esta misma cartilla fue adoptada por el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), y explica la falla del sistema de contención de inundaciones del Guaíba, formado por casas de bombas[1], diques y el Muro Mauá.

La ciudad cuenta con 18 casas de bombas, que tienen capacidad para bombear 159.000 litros de aguas pluviales por segundo, según la municipalidad de Porto Alegre. Sin embargo, el sistema colapsó y hasta el 7 de mayo sólo funcionaban cuatro casas de bombas en la ciudad. Los diques de contención también fallaron y muchos cedieron bajo la fuerza de las aguas.

Lo cierto es que el sistema estaba en completo abandono, pese a que la alcaldía ya era consciente de los riesgos derivados de nuevas y torrenciales lluvias. El caso es que la Municipalidad no invirtió ni un real en prevención de inundaciones en 2023. Así es: invirtió R$ 0.

Una negligencia criminal que se produjo incluso cuando el departamento que atiende el área tenía R$ 428,9 millones en caja; sobraban evidencias de una tragedia más que anunciada y los efectos potenciales de El Niño ya eran más que conocidos. Y cuando el sistema colapsó y la ciudad se inundó, la alcaldía no tenía un “plan B”. No existía ningún plan de contingencia para evacuar a los moradores en caso de inundaciones.

Pero, al mismo tiempo, no faltó dinero para empresarios. El alcalde incluso pagó R$ 1,7 millones a una tienda del “Véio da Havan”[2], en la Zona Norte, que fue compensada por daños ambientales que ella misma causó con la construcción del edificio. Ante la absurda situación, el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) ordenó la suspensión del pago.

Privatizaciones y austeridad fiscal del gobierno Lula también contribuyeron a la tragedia

Todo empeoró aún más con la privatización de las empresas estatales. El empeoramiento de los servicios ya era visible incluso antes de la catástrofe. Con la inundación, quedó demostrado que las privatizaciones profundizaron el colapso.

La empresa privada CEEE Equatorial, por ejemplo, cortó la electricidad en una casa de bombas, sin avisar a la población y ni siquiera al alcalde, lo que obligó a la evacuación de los vecinos de los barrios Menino Deus y Cidade Baixa, porque el agua estaba subiendo.

Reestatizar las empresas del Estado privatizadas será absolutamente necesario para cualquier plan de reconstrucción y de adaptación al cambio climático. De lo contrario, la población seguirá en manos de capitalistas sin escrúpulos que anteponen las ganancias a las vidas.

El gobierno de Lula también es responsable de la tragedia, al aplicar austeridad fiscal e invertir en las privatizaciones. El presupuesto federal de 2023 para Gestión de Riesgos y Desastres fue el más pequeño en 14 años. De 2013 a 2022, los sucesivos gobiernos asignaron R$ 19,9 mil millones al sector. Sin embargo, sólo 31% de este total se invirtió en iniciativas de prevención; mientras 69% se utilizó en medidas de socorro y reconstrucción de sitios destruidos.

El resto del dinero fue a parar a los banqueros, garantizado por el Marco Fiscal. Vale recordar que el año pasado Lula destinó 43% de todo el presupuesto federal al pago de la deuda pública ilegítima. Además, el gobierno financia la expansión del agro y su estela de destrucción. Por ejemplo, los 364.000 millones de reales, a través del Plan Safra, en 2023 (el mayor presupuesto de la historia) servirán, entre otras cosas, para financiar la destrucción de los biomas del país.

El caso del huracán Katrina y la doble catástrofe producida por el capitalismo

La catástrofe climática se combina con otra: la catástrofe social producida por décadas de neoliberalismo, austeridad fiscal y privatizaciones. Este cóctel mortal ya fue llamado “Capitalismo de Desastre” por la periodista estadounidense Naomi Klein, después de que el huracán Katrina devastara la ciudad de Nueva Orleans (en Luisiana, en el sur de EE.UU.), en 2005, exponiendo el racismo y la desigualdad social en el corazón del imperialismo.

Antes de la tragedia provocada por el huracán, la ciudad había pasado por otra: una terapia de choque neoliberal. Todo el sistema de diques para contener las inundaciones de la ciudad se encontraba en estado precario, sin mantenimiento. Todo el servicio de alerta y socorro en caso de un posible desastre también estaba en ruinas, sin dinero, debido a los recortes y las restricciones presupuestarias. Mientras tanto, el país gastaba 5.600 millones de dólares al mes en la guerra de Irak y vendía 12.400 millones de dólares en armas.

Tras la tragedia, Milton Friedman, considerado uno de los “padres del neoliberalismo”, escribió en el Wall Street Journal: “La tragedia será también una oportunidad”. No había otra. En los días siguientes, el gobierno otorgó varios contratos a las empresas privadas para el socorro a las víctimas.

La mayoría de ellas actuaba en la guerra de Irak, en la militarizada Zona Verde de Bagdad. Un ejemplo fue la Blackwater, una empresa que envió miles de mercenarios a la guerra y fue contratada para contener los “disturbios” de la población, indignada por la parálisis del gobierno ante la tragedia. En total, se adjudicaron contratos con empresas privadas por 3,5 mil millones de dólares.

En su momento, Naomi Klein también explicó que la Heritage Foundation (reducto del pensamiento neoliberal estadounidense) presentó una propuesta con 32 medidas de “alivio contra el huracán”.

Los ítems recomendaban “la suspensión automática, en las áreas del desastre, de las leyes salariales Davis-Bacon”, que estaban vigentes y establecían un salario mínimo para los trabajadores de la construcción que tuvieran un contrato de trabajo federal; “la transformación de la región afectada en zona de libre empresa, exenta de impuestos”; y “la conversión del territorio afectado en zona de competitividad (amplios incentivos fiscales y renuncia de regulaciones)”. Todas estas medidas fueron atendidas rápidamente por el entonces presidente Bush en el plazo de una semana.

Lucrando con la tierra arrasada, el racismo y el sufrimiento del pueblo

En el artículo antes mencionado de Friedman, el anciano ideólogo neoliberal también destacó que “la mayoría de las escuelas de Nueva Orleans está en ruinas”, pero señaló que la tragedia “es también una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo”. La llamada “reforma” significó la aceleración de los planes de privatización de la educación.

En las semanas posteriores a la tragedia, los legisladores estaduales avanzaron con la privatización de la educación, creando “escuelas licenciadas”; es decir, instituciones fundadas por el poder público, pero gestionadas por entidades privadas según sus propias reglas. El modelo prácticamente sustituyó a la educación pública.

Además, la destrucción de barrios enteros despertó la codicia del lobby inmobiliario, que aprovechó la tragedia para expulsar a la población pobre y negra de muchas regiones y construir condominios de lujo. Es el capitalismo produciendo desastres y aprovechándolos para la rapiña.

Como resultado, la proporción de afroamericanos (en su mayoría pobres) en Nueva Orleans cayó de 67% (2005) a 59% (2013). Muchos se mudaron a las periferias, expulsados ​​por la afluencia de una población blanca, joven y adinerada, que llevó los precios a las alturas. En apenas unos años, los barrios históricamente negros y populares se volvieron blancos y ricos.

La reconstrucción debe servir a los trabajadores y no a los capitalistas

Que esto sirva de alerta para el pueblo de Rio Grande do Sul. Una catástrofe de estas proporciones, devastadora para todo el Estado, puede servir como un laboratorio siniestro para que los capitalistas desarrollen prácticas y protocolos sobre cómo actuarán frente al cambio climático.

Sus experiencias servirán para testear cuáles son las mejores oportunidades para que la burguesía lucre con la desgracia del pueblo a través de Alianzas Público-Privadas (APP), de la corrupción, de la especulación inmobiliaria y de las expropiaciones.

La propia burguesía gaúcha ya menciona el “ejemplo” de Nueva Orleans para la reconstrucción del Estado. En una reunión con el gobernador Eduardo Leite, en el Palacio Piratini, el día 7, “se citó el ejemplo de la reconstrucción de Nueva Orleans, en Estados Unidos, tras el paso del huracán Katrina en 2005. Si la idea avanza, se constituiría una asociación público-privada para ejecutar el proyecto, además de utilizar los recursos federales prometidos”, informó el “Portal GZH”.

Los planes de reconstrucción son absolutamente necesarios y deben abarcar un plan global para la adaptación al cambio climático, fortaleciendo la Defensa Civil, construyendo sistemas eficaces de protección contra inundaciones, reconstruyendo ciudades devastadas, fortaleciendo y creando más leyes de protección ambiental y enfrentando el poder destructor del agronegocio.

Además, es necesario garantizar los derechos laborales y ampliar los derechos sociales de la población pobre y vulnerable. Por eso, los trabajadores y las trabajadoras de los barrios y ciudades afectados tendrán que organizar la discusión y crear su propio plan de reconstrucción, con apoyo de los técnicos de la clase trabajadora, científicos e intelectuales que estén al lado del pueblo.

En este proceso es necesario exigir que todos los fondos sean controlados por comités de afectados y trabajadores. Los fondos no pueden permanecer en manos de los gobiernos, la Legislatura o los empresarios que los utilizarán como mostrador de negocios para el “toma lá da cá” [todo es dar y recibir. Quid pro quo].

Al mismo tiempo, es necesario, incluso a partir de las numerosas iniciativas de solidaridad que se están creando y en alianza con entidades sindicales, sociales y populares, avanzar en la organización para enfrentar a los gobiernos y sus “planes” capitalistas que, inevitablemente, sólo aumentarán la desgracia del pueblo.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 10/5/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.


[1] Este sistema posibilita que el agua de la lluvia que viene de las redes de desagüe y canales sea drenada al río.

[2] Luciano Hang es el apodo de un empresario brasileño conocido como el dueño de la cadena de tiendas Havan de Brasil, que posee 123 locales en el mercado brasileño. Fue listado por la revista Forbes, en 2023, como el 15.º empresario más rico del Brasil.

Más contenido relacionado:

Artículos más leídos: