Sáb Dic 09, 2023
9 diciembre, 2023

28S: Amenazas al aborto en Colombia

En Colombia, el aborto fue despenalizado en tres causales desde 2006, y totalmente hasta las 24 semanas desde 2022, luego de un importante triunfo de la lucha de las mujeres, organizada en el movimiento Causa Justa. Pero la sola existencia de esta normativa, es insuficiente para garantizar el derecho.

Al igual que sucede en el resto del mundo, el aborto y otros servicios de salud están amenazados constantemente por la desfinanciación y la privatización del sistema de salud, los servicios médicos y en especial los relacionados con la atención pediátrica y ginecológica en Colombia son precarios en prácticamente todo el territorio nacional, y han sufrido un proceso de desmonte en las ciudades capitales.

Sin lugar a dudas la sentencia C 055 de 2022 es un avance histórico y ha permitido el acceso al aborto para miles de mujeres, así como la reparación histórica de muchas procesadas y de los profesionales prestadores., pero la realidad es que este acceso aún es limitado para muchas mujeres y niñas, en especial del contexto rural, las indígenas y aquellas con problemas de afiliación. En parte, se debe a que aun persiste la desinformación y la falta de comprensión de la decisión de la corte tanto por las mujeres y niñas, como por el personal de salud; persiste el mal uso de la objeción de conciencia y las prácticas disuasorias. Estas situaciones se concretan en innumerables barreras, dilaciones e incluso a atenciones atravesadas por la Violencia Obstétrica.

Conocemos incluso casos donde el procedimiento ha sido dilatado por hasta 6 semanas, a pesar que la norma dice que el máximo de espera es de 5 días.  También sabemos que las mujeres indígenas siguen viéndose obligadas a pedir el “permiso” de las autoridades de su cabildo, y que incluso la Corte Constitucional ampara dicho proceder en el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas que anteponen a la autonomía de las mujeres.

Pero el único obstáculo no es la implementación. Tal como lo habíamos advertido, la conquista de este derecho produjo la reacción y la contraofensiva de los grupos antiderechos (iglesias, partidos de derecha, etc). Han sido múltiples las iniciativas que se presentan en el Congreso en el último año, intentando cercenar los derechos conquistados, no solo el derecho al aborto sino en general todo lo relacionado con la autonomía reproductiva. No en vano hace algunos meses afirmamos que este es un Congreso que legisla contra las mujeres. NO solo fue sacado del Plan Nacional de Desarrollo todo el apartado de derechos sexuales y reproductivos, sino que de manera permanente se presentan proyectos legislativos como el 02 y 06 del 2023 el que pretenden cambiar la constitución para proteger “la vida” desde la concepción hasta la muerte natural (afectando también el derecho a morir dignamente), o el que pretende reglamentar la adopción de fetos y embriones.

También se han estado recogiendo firmas para dos referendos. Uno es el autodenominado Referendo provida, impulsado por el Partido Conservador, Colombia Justa Libres y el Centro Democrático, actualmente archivado. Y el segundo, denominado “Referendo por la vida” de la vocera cristiana Sara Castellanos por la Misión Carismática Internacional, actualmente en verificación técnica de firmas

Estas iniciativas, son un intento de utilizar mecanismos diseñados para “ampliar la democracia”, para causar un retroceso en materia democrática. Ambos proyectos de referendo anti aborto, recogieron firmas engañando a las personas con falsos estudios científicos, o recurriendo a la sensibilidad y la desinformación. Se ha denunciado que para ello han utilizado menores de edad, y además que se han negado a presentar sus estados contables a la registraduría. Uno de estos referendos ya fue archivado por no conseguir el número de firmas, y el otro es posible que tampoco la consiga porque a pesar de sus esfuerzos por engañar, en Colombia la visión sobre el aborto ha cambiado poco a poco, más de la mitad de los colombianos considera que el aborto no debe ser un delito, y el 70% consideran que la decisión corresponde únicamente a la mujer o persona gestante.

Aunque hasta ahora ninguna de estas iniciativas ha prosperado, hay una presión constante por echar abajo los derechos de las mujeres, y por mantener el estatus de instrumento de la reproducción. Por eso es indispensable mantener la movilización y la lucha constante, para evitar un retroceso como ya sucedió en Estados Unidos.

Es necesaria la unidad de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, para garantizar o proteger los derechos democráticos, pero también por una verdadera reforma a la salud que acabe con las EPS, regrese el dinero al control del Estado, permita las condiciones para el acceso no solo al aborto sino a la salud en todo el país y no solo en las capitales.

Comisión de la Mujer, Partido Socialista de los Trabajadores

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