Para este 6 de diciembre, están convocadas y se llevaran a cabo las elecciones para una nueva Asamblea Nacional, en medio de una brutal crisis económica y social, a lo que se suma la crisis sanitaria por la pandemia del Covid 19. En este contexto, de manera descarada, el gobierno y su partido el PSUV, instrumentan un verdadero fraude, para garantizarse un parlamento nacional a su medida, sobran elementos para sostener esta afirmación.

Por: UST, Venezuela

La configuración anunciada de un fraude

Lo primero a señalar en este sentido, es el ventajismo vergonzoso, exhibido sin el más mínimo disimulo en una multimillonaria campaña, a favor de los candidatos oficialistas, haciendo uso de los recursos financieros públicos y de las instituciones estatales, mientras se censura a candidatos “opositores” o se financia por debajo cuerda a algunos opositores de conveniencia a fin de arrimar participación.

Otro elemento es que la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que prepara las elecciones y que funge como árbitro en las mismas, al ser el ente rector de los procesos electorales en el país, está completamente subordinada al gobierno, habiendo sido nombrada por el también pro oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

También, el gobierno, a través de este último organismo, en los últimos meses intervino las juntas directivas de los principales partidos de oposición, nombrando juntas directivas ad hoc, proclives a la política partipacionista y que postulan como candidatos a dirigentes que no son los liderazgos reconocidos por las bases de esos partidos y con poca opción real de victoria electoral. Algo similar hizo en partidos hasta entonces aliados en los marcos del llamado Gran Polo Patriótico, quienes pretendían postular candidaturas propias.

Además, desde hace unos años atrás, el gobierno mediante el CNE, viene inhabilitando o deteniendo abusivamente a dirigentes opositores, posibles candidatos, ilegalizando partidos, manipulando el registro electoral – circulan denuncias de multiplicidad de cédulas para personas en el registro, sufragando en distintos centros de votación -, maniobrando con los circuitos electorales, asignando mayor número de elegibles donde se presumen fuertes, cercenando de manera arbitraria el derecho al voto de los millones de ciudadanos venezolanos que residen fuera del país en el exterior, entre otras prácticas similares.

De la misma manera, chantajeando y manipulando con el progresivo derecho de la participación de las mujeres en procesos electorales y de su rol protagónico en la sociedad, así como en la vida interna de los partidos, obliga a estos últimos a postular paritariamente a sus candidatos (50% hombres y 50%  mujeres), cuando esto debería ser una decisión propia de los partidos, que libremente deben decidir quiénes son sus candidatos en base a sus estatutos normativas internas y liderazgos naturales, así como también viola los derechos electorales de los pueblos indígenas, que, según el TSJ, deberán elegir a sus diputados a mano alzada, en función de un supuesto derecho “de usos y costumbres”.

Finalmente, es preciso denunciar la criminalización de la abstención, así como la coerción y chantaje que se hace contra los ciudadanos, principalmente contra los trabajadores estatales que se inclinan por esta opción, a quienes se les amenaza con despidos, rescisión de contratos laborales, exclusión de la entrega de alimentos vía el programa estatal CLAP – algo que en el contexto de bajos salarios y brutal crisis económica se ha convertido en vital para la subsistencia de millones de venezolanos -, entre otras medidas coercitivas. Cabe señalar a este respecto que la misma constitución nacional establece el sufragio como un derecho y no como una obligatoriedad, por lo que este tipo de coacción es además de repugnante, ilegal e inconstitucional.

Las pretensiones del gobierno y el colaboracionismo opositor

El gobierno dictatorial de Maduro precisa de una Asamblea Nacional a su medida, a fin de ejercer un control absoluto de todos los poderes (siendo que ya controla el ejecutivo, y arbitrariamente el judicial, el electoral y el moral), pretendiendo así una cierta legitimidad, para mostrar nacionalmente, pero sobre todo a nivel internacional (elemento que hasta ahora les resulta una debilidad), con sectores imperialistas a los que necesita mostrar que puede hacer aprobar contratos de entrega de reservas, privatizaciones, endeudamiento, hipoteca de PDVSA y de los minerales del país a través de una Asamblea Nacional “legitima y plural”, que será garantía de los pagos de deudas y cumplimiento de dichos contratos, es decir, lo mismo que vienen haciendo a través de la ilegitima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y últimamente mediante la recién aprobada (por la ANC), inconsulta e inconstitucional Ley Antibloqueo, de esta manera busca brindar mayor legalidad para sus socios rusos, chinos, iraníes, turcos y gringos.

En un contexto fraudulento, como el descrito anteriormente el gobierno se asegura o procura asegurarse una victoria electoral, que le garantice la mayoría parlamentaria necesaria para profundizar su política de ajuste y entrega, con lo que entonces sólo les resta mostrar una participación popular (votos) considerable, para lo cual hacen uso de todos los mecanismos de sugestión, pero fundamentalmente de coerción antes señalados.

Es aquí donde entra el colaboracionismo de los sectores “opositores” tanto burgueses como reformistas, que optan por el partipacionismo, porque para esto el gobierno cuenta principalmente con el apoyo y capitulación de partidos minoritarios de la oposición burguesa, así como de las juntas directivas ad hoc (cómplices del gobierno y nombradas de manera arbitraria por el oficialista TSJ) de los partidos mayoritarios de esa misma oposición, quienes llaman a la participación a cambio de favores económicos y de alguna migaja de poder expresada mediante alguna representación menor de estos sectores burgueses opositores y de la izquierda reformista, que al gobierno le viene bien a fin de mostrar dicho parlamento como una institución legitima y plural.

Un papel igualmente colaboracionista y capitulador juegan los partidos de la izquierda reformista organizados en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), quienes con su política partipacionista, pretenden en primer lugar, contener el descontento de la población contra el gobierno, llamando a confiar en el fraudulento proceso electoral, con discursos como: “vota el 6D para tener salarios dignos”, y otras frases por el estilo y por otro lado arriman votos para derrotar la abstención, que a su juicio sería “derrotar a la derecha”. Así como organizaciones, que levantan la anodina política del voto nulo, que beneficia al gobierno cuando por un lado esos eventuales votos, aunque nulos, cuentan como participación (que es lo que al gobierno le interesa mostrar) y porque además técnicamente el gobierno ha blindado el sistema para hacer casi imposible el voto nulo.

Es necesario denunciar acá también a los sectores mayoritarios de la oposición burguesa, representada por Guaidó, el G4 y compañía, quienes negándose a participar guardan un casi absoluto silencio cómplice ante el fraude electoral, sin gran campaña por la abstención y menos aún llamados de movilización.

Y es que, por su carácter burgués, este sector opositor no puede hacer suyas para movilizar contra el gobierno las sentidas reivindicaciones de la clase trabajadora y del pueblo pobre, como son los bajos salarios y los ataques a los derechos laborales y sociales, siendo que además como burgueses que son, representantes políticos de sectores empresariales nacionales y foráneos, y de banqueros, se benefician de la política de ajuste que aplica el gobierno, como exoneración de impuestos (como el impuesto sobre la renta para empresarios e importadores) mientras aumenta el IVA contra los trabajadores, devaluaciones monetarias y destrucción de los salarios y de los derechos contractuales y sindicales, mediante la aplicación del memorándum 2792, entre otras medidas.

Por tales razones, sólo se limitan a convocar a una fútil “consulta popular”, a partir del día 07/12 y hasta el 12/12. Con lo que pretenden primero desviar el descontento de la bronca obrera y popular del camino de las calles, conduciéndolo hacia las urnas (que para agravar no tendrán ningún carácter legal ni vinculante), alimentando confianza en salidas electorales (al final son partidos que tienen las elecciones como razón de ser) y mostrar números para preservar el apoyo financiero y político del sector imperialista que representan y presionar al gobierno para una salida negociada.

Abstención y Movilización obrera y popular

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), llamamos a rechazar el fraude electoral absteniéndonos el 06 de diciembre, convocando además a la movilización obrera y popular contra el mismo, por las reivindicaciones más sentidas de la clase trabajadora venezolana y por un programa de emergencia para enfrentar las crisis sanitaria y económica desde la perspectiva de los trabajadores y el pueblo pobre.

Es notorio que, ante tan grotesco fraude, los trabajadores y el pueblo venezolano en general no sienten ninguna disposición, ni entusiasmo para salir a votar, ninguna expectativa existe de que estas elecciones, sirvan como alguna solución para la dramática crisis que azota al país, la hiperinflación y la megadevaluación y menos contra el criminal paquetazo antiobrero y antipopular que aplica el gobierno, que al contrario se profundizará con la elección e instalación del nuevo parlamento oficialista con sus aliados opositores (burgueses y reformistas) “plurales y legítimos”.

Por esto, junto a otras organizaciones políticas, de izquierda independiente y organizaciones sindicales y populares constituimos el “Espacio por la abstención y la movilización obrera y popular” y convocamos a un cacerolazo nacional para el día 06 de diciembre, respondiendo al sentimiento mayoritario de los trabajadores y habitantes de los sectores populares, que hoy repudian tal proceso electoral.