Las revelaciones hechas en el libro del general Eduardo Villas Bôas, ex comandante del ejército (2015-2019) confirman aquello que aún es familiar al pensamiento militar brasileño: la noción autoritaria de que las Fuerzas Armadas son el árbitro de la política interna del país.

Por: Jeferson Choma

En el libro General Villa Bôas: conversa com o comandante, escrito por el investigador Celso de Castro a partir de la declaración del general y lanzado por la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Villas Bôas revela que en abril de 2018 hubo una articulación de la cúpula de ejército para intervenir con amenaza golpista y presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) para que rechace el hábeas corpus que impediría la prisión del ex presidente Lula.

En víspera del juicio del STF, el general escribió en Twitter: “Aseguro a la Nación que el Ejército Brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la Democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales”. En la época, el mensaje fue ampliamente denunciado como una amenaza del jefe miliar al STF. Tres años después, el propio Villa Bôas, se sabe ahora por el libro, afirma que su mensaje fue combinado y aprobado por el alto mando del Ejército. Esa instancia reúne al comandante del Ejército y a los generales de cuatro estrellas en actividad (15 miembros actualmente).

La confesión de Villas Bôas es gravísima, porque los militares articulan una amenaza al poder civil con la fuerza militar. Deja evidente que hubo una amenaza directa al Supremo y se constituye en un atentado contra las libertades democráticas y el régimen democrático burgués, a favor de una visión autoritaria y dictatorial de que el ejército estaría en posición de tutelar o intervenir sobre el poder civil. En un sentido más profundo, esa visión golpista de “poder moderador” es reflejo de la basura autoritaria heredada de la dictadura militar y nunca arrojada a la basura de la historia. Por eso debe ser repudiada con fuerza. La gravedad de esas informaciones exigiría, como mínimo, que todos los generales involucrados –que aún ocupan posiciones en el alto escalón de las Fuerzas Armadas y en el Gobierno Federal– fuesen inmediatamente apartados. No se puede tolerar este tipo de amenazas de gente que defiende, a la luz del día, el golpe de 1964, a sus torturadores y asesinos.

Daniel Silveira debe ser castigado por defender la dictadura

Embalado por las revelaciones del general, articulador de la candidatura de Bolsonaro y apoyador de su gobierno militarizado, el diputado Daniel Silveira (PSL-Rio de Janeiro) publicó un video en internet en el cual hace amenazas, pregona el cierra del STF, defiende la dictadura militar y el AI-5, el más duro Acto Institucional del período militar. Silveira es parte de la escoria bolsonarista defensora de un golpe en el país, patrocina fake news, campañas de difamación y amenazas de todo tipo a activistas. Él fue uno de los que organizó y financió los actos pro golpe ocurridos en Brasilia el año pasado. Pero el patán quedó conocido por rasgar una placa que homenajeaba a la concejal Marielle Franco (PSOL), en un gesto de solidaridad con sus asesinos, que viven en el predio Vivendas da Barra, el mismo donde vive Bolsonaro.

El martes 16 de febrero, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, mandó arrestar en flagrante al diputado Daniel Silveira. Como es parlamentario, el caso va a plenario de la Cámara de Diputados y también fue analizado por el pleno del STF el miércoles. El problema no es el hecho de que el diputado facistoide tenga determinada opinión sobre ministros del STF. El problema es que el diputado actúa en defensa de una dictadura, contra todas las libertades democráticas, incluyendo la de expresión, amenazando físicamente a los activistas sociales. Somos los mayores defensores de la libertad de expresión, pero el diputado y su troup miliciana y pro dictadura actúan contra la libertad de expresión y contra cualquier libertad democrática. Además, este mismo diputado quedó conocido por defender el asesinato de Marielle Franco.

Por el conjunto de la obra, el diputado debe tener su mandato anulado y debe ser preso. No porque no se pueda criticar al STF. Por el contrario; sino porque actúa para imponer una dictadura, practicando innumerables crímenes. Al mismo tiempo, no debemos depositar ninguna confianza en el STF y sus ministros, que tantas injusticias votan contra la clase trabajadora, criminalizan nuestras luchas y no son consecuentes en impedir amenazas y acciones autoritarias.

Basta ver la reacción del Supremo contra Villas Bôas y los militares que hicieron la amenaza golpista en 2018. Pocos ministros se manifestaron contra sus revelaciones, la mayoría se calló. Ni siquiera el presidente de la Corte, Luiz Fux, se había pronunciado hasta el pasado 17 de febrero.

La verdad es que el STF ha sido más que connivente con las amenazas autoritarias de los militares. Es importante recordar que en la época de las amenazas de Villas Bôas, el entonces presidente del STF, Dias Toffoli, resolvió reescribir la historia y dijo que prefería no usar el término “golpe” para el golpe cívico-militar de 1964. Dijo que hubo “un movimiento de 1964”: “Yo no me refiero más ni a golpe ni a revolución de 1964. Yo me refiero a movimiento de 1964”.

En la ocasión, Toffoli había nombrado al general de reserva Fernando Azevedo e Silva para ser su brazo derecho en el Supremo. ¿Adivine quién sugirió el nombre del general? Acertó quien dijo Eduardo Villas Bôas. Actualmente, Silva es ministro de Defensa del Brasil en el gobierno Bolsonaro.

La basura autoritaria está ahí

En la historia de nuestro país, el ejército siempre asumió el papel de árbitro final de las crisis políticas. Es una larga historia, que viene desde la proclamación de la República (1889), pasando por la llamada “Revolución de 1930” y por el Estado Nuevo (1937), hasta el golpe de 1964 y el posteo de Villas Bôas.

Esa presencia de las Fuerzas Armadas en la política brasileña puede ser interpretada como expresión de la fragilidad de las instituciones de la democracia burguesa en países capitalistas periféricos. Las FFAA acabaron revelándose como una fuerza mucho más cohesiva y organizada para interferir en la vida política y, así, garantizar la paz social a los capitalistas “sometiendo al proletariado a las cadenas de una dictadura policial”, como decía León Trotsky al estudiar América Latina.

La dictadura militar defendida por Bolsonaro, Mourão, y por todos los militares del gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas protagonizó las mayores barbaridades de la historia reciente del país. En un momento de crisis social, con obreros realizando huelgas, soldados rebelándose en los cuarteles contra los oficiales, y campesinos luchando contra los latifundistas, el golpe acabó con las libertades democráticas y el derecho de huelga, intervino los sindicatos, arrestó, torturó y asesinó a trabajadores, soldados, indígenas y campesinos. Todo eso se realizó para imponer pesados ataques contra los derechos de los trabajadores y asegurar la entrega del país al imperialismo y la ganancia de los grandes capitalistas que patrocinaron el golpe.

Toda esa generación que hoy está en el comando de las FFAA y en el gobierno fue políticamente educada en la dictadura. Fue allí que aprendieron delirios tales como la doctrina del “enemigo interno”; a desconfiar de indígenas como una amenaza a la soberanía; a confiar a las FFAA la misión de la defensa de la tradición, de la familia y de los valores nacionales (aun cuando su cúpula sea totalmente entreguista, privatista y neoliberal); a idolatrar la mentira de misión de salvataje del golpe de 1964 (que “salvó a la Nación” del comunismo); y a defender la tortura de la dictadura como un mal necesario en un país que supuestamente estaba en guerra.

Una muestra de este pensamiento está plasmada en el libro de Villa Bôas. En otros fragmentos, el general cobarde dice que no hubo pedido de disculpa de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos en la dictadura militar de 1964 por miedo al castigo en la Justicia.

Otro fragmento del general, digno del pensamiento olavista (por Olavo de Carvalho – conservador autoproclamado filósofo, ndt), dice lo siguiente: “Cuanto más igualdad de género, más crece el feminicidio; cuanto más se combate la discriminación racial, más ella se intensifica; cuanto mayor el ambientalismo, más se agrede el medio ambiente”. Hace también mención a los yanomamis (pueblo indígena del Brasil, ndt.) como una supuesta amenaza a la soberanía. En su desvarío, el general dice que los indígenas se juntarían a los intereses extranjeros para crear una “Nación Yanomami”, declarando la independencia del Brasil…

La Historia precisa ser pasada en limpio

¿Por qué ese pensamiento delirante sigue presente en la alta cúpula de las Fuerzas Armadas?

La cuestión es que durante el proceso de redemocratización, la burguesía pactó la preservación de las instituciones militares concediendo amnistía a generales y torturadores. Hasta hoy, los archivos de la dictadura no fueron abiertos y ningún torturador o asesino fue juzgado o preso. Toda corrupción de la dictadura, promovida por los militares y derivada de las grandes obras faraónicas, fue barrida bajo la alfombra. Todos los crímenes y asesinatos promovidos por el régimen siguieron impunes.

Tal pacto también se expresa en el artículo 142 de la Constitución de 1988. Se trata de otro ejemplo de basura autoritaria aún presente en la llamada Nueva República, que sirve para que los generales mantengan la creencia de que las FFAA son un poder moderador frente a crisis sociales y políticas.

Lamentablemente, los gobiernos del PT contribuyeron para eso al negarse a abrir los archivos de la dictadura. Se perdió la oportunidad histórica de barrer la basura autoritaria y hacer como algunos de nuestros vecinos, como Argentina, que juzgaron y arrestaron a generales. Incluso la Comisión de la Verdad, tan odiada por Villas Bôas, quedó lejos de exponer toda la masacre de la dictadura para todo el mundo y no sirvió para punir a nadie.

Colonización del Estado

El resultado es que las FFAA salieron sin ser tocadas en medio de tantos crímenes y sangre. Por ese motivo, hay tantas leyendas y mentiras sobre aquel período, repetidas hasta el cansancio por Bolsonaro y su cuadrilla. Bolsonaro defiende la dictadura y hace ensayos golpistas para aplicar su proyecto entreguista, miliciano y neoliberal, imponiendo la muerte y silenciando cualquier crítica. Por eso envía proyectos al Congreso para aumentar el armamento de policías o intentó, incluso, centralizar en manos del poder federal el comando de las policías militares de los Estados. Trata, así, de forjar una fuerza de “Tontons Macoutes”, con militares, policías y parapoliciales, para “acabar con el activismo”, en sus propias palabras.

Aunque en este momento no haya correlación de fuerzas para un golpe, el gobierno Bolsonaro tiene un proyecto autoritario y sus militares siguen con su “colonización del Estado”, promoviendo a millares de militares en los cargos gubernamentales e imprimiendo su agenda ideológica reaccionaria y entreguista. Hoy, diez de los veintitrés ministros del gobierno vienen de los cuarteles, incluyendo al interino de la Salud, el general genocida Eduardo Pazuello. Hay también 2.900 militares activos prestados para funciones civiles en la Explanada (de los Ministerios, en Brasilia, ndt.).

Los militares y la “boquinha”

El gobierno Bolsonaro también fue una oportunidad para que muchos oficiales asumiesen algunas “boquinhas” (cargos de tipo asesorías u otros que dan dinero, ndt.) del Estado brasileño. Los militares ahora pasaron a administrar funciones de intermediación en contratos del gobierno con empresas privadas. No por casualidad, se tornaron comunes los casos de sobrefacturación, como los gastos de 80.000 cervezas y 714 toneladas de carne de primera (prácticamente sin licitación) en 2020; el gasto de R$ 15 millones en adquisición de leche condensada destinada a todo el Ejecutivo; el uso del dinero para combatir el desmonte de la Amazonía para reformar cuarteles –el doble del dinero de organismos ambientales y de investigación para el combate al desmonte– o incluso la sobrefacturación en la producción de cloroquina, un medicamento totalmente ineficaz en el combate al Covid-19.

El año pasado, el Ministerio Público junto con el Tribunal de Cuentas de la Unión (MPTCU) entró con representación para que sea investigada una supuesta sobrefacturación en la compra de insumos para la fabricación de cloroquina por el Comando del Ejército del Brasil. Según el MPTCU, la producción del medicamento fue 84 veces mayor en los últimos meses en relación con el mismo período entre los años 2017 a 2019.

Además, las FFAA tuvieron su presupuesto aumentado por el gobierno. El Presupuesto para 2021 prevé R$ 110.700 millones para los gastos primarios del Ministerio de Defensa, un alza de 4,7% en relación con 2020. Solo para comparar, eso es casi los gastos con la Salud para 2021 (R$ 135.000 millones), que tuvo una pequeña alza de 1,7% en relación con lo que el gobierno propuso el año pasado. Todo eso se convierte en fuente de corrupción de la alta jerarquía militar presente en el gobierno.

Por su parte, la situación de los soldados y de los oficiales de bajo rango es muy diferente. Pasan por dificultades para suplir sus necesidades básicas de forma digna. Un cabo en la clase no alistado recibe R$ 1.078 y el cabo alistado y cocinero de un barco, R$ 2.627. Soldados y baja oficialidad incluso no tienen derecho de sindicalización ni pueden hacer huelga, conforme el artículo 142 de la Constitución.

¡Dictadura Nunca Más!

El Congreso Nacional y el STF, junto con Bolsonaro, han impuesto diversos ataques a los trabajadores. Pero cuando Bolsonaro y sus militares amenazan y hablan de cerrar instituciones, lo que quieren es imponer una dictadura para ampliar esos ataques. Una dictadura serviría para encubrir los casos de corrupción en que están metidos el presidente, sus hijos y los militares del gobierno. Imposibilitaría cualquier investigación sobre la política genocida del gobierno en su trato criminal con la pandemia y amentaría más la explotación y los ataques a los trabajadores y a la mayoría del pueblo. Callaría cualquier tipo de oposición y libertad de organización y de expresión, para atender aún más los intereses de los banqueros y de los grandes empresarios.

Es preciso repudiar las aspiraciones golpistas de los militares y de Bolsonaro, derrotar este gobierno entreguista y genocida y sacar a Bolsonaro y Mourão, tirar la basura autoritaria y decir bien alto: ¡dictadura nunca más!

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 17/2/2021.-

Traducción: Natalia Estrada.