El último informe anual publicado por Amnistía Internacional denunció al gobierno de Angola, entre otros temas, por violencia policial, uso excesivo de la fuerza, amenazas a la libertad de prensa, y corrupción. Cosa que el conjunto de la población ya sabe desde hace mucho[1].

Por: Asdrúbal Barboza

Angola está entre los doce países africanos donde mueren personas debido al uso de municiones reales para dispersar manifestaciones.

Amnistía Internacional resalta incluso que el “desvío de fondos estatales perjudicó la capacidad del gobierno de aliviar las dificultades económicas generalizadas y lidiar con las dificultades del sector de salud, agravadas por la pandemia”. Un modo diplomático de decir que la corrupción que asola todas las instituciones está destruyendo el país, particularmente después de la pandemia, devastando la economía con el aumento del costo de vida. Cita que: “Un clamor público del Sindicato de los Médicos quedó sin respuesta (…) en media, decenas de personas murieron todos los días en hospitales de Luanda”. Amnistía Internacional asumió que más de tres mil profesionales de la salud murieron debido a la pandemia de Covid-19. El presidente del sindicato de los médicos de Angola, Adriano Manuel, que había denunciado las pésimas condiciones médicas durante la pandemia, fue perseguido por parte del Ministerio de Salud, que activó un proceso disciplinario para silenciarlo.

Represión para mantener el régimen dictatorial

El gobierno del MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola), como varias dictaduras, intenta presentarse para la comunidad internacional como una democracia formal, realizando elecciones periódicas, como la que ocurrirá en agosto. Pero no puede esconder la esencia de su régimen, que es la represión.

No hay libertad de prensa ni de reunión o asociación, ni derecho a manifestación para quien protesta contra las medidas del gobierno. Existen casos como la represión policial a la manifestación en Cafunfo (Lunda Norte), en enero de 2021, donde hasta hoy hay un número indeterminado de muertos y heridos, o en Cabinda, donde la policía arrestó a varias personas tras atacar violentamente la marcha que protestaba contra el hambre, el desempleo y el costo de vida.

Las arbitrarias prisiones de manifestantes y dirigentes de la comunidad son constantes. Ocurrieron el año pasado, el 21 de agosto, contra un grupo que protestaba contra las violaciones a los derechos humanos; el 30 de agosto, con activistas que se manifestaban contra la nueva ley electoral; y el 25 de setiembre, con el Movimiento de Estudiantes Angoleños que quería protestar contra el aumento de las coimas. Este año, el 4 de febrero, activistas del movimiento, que se manifestaban contra el régimen dictatorial del MPLA, también fueron detenidos.

Los arrestos más emblemáticos son los del líder del Movimiento del Protectorado Portugués de Lunda Tchokwe, José Mateus “Zeca Muxima”, condenado a cuatro años de prisión, acusado de crímenes de asociación criminal e incitación a la rebelión[2]. Así como el de Luther King y Tanaice Neutro, presos desde el 12 de enero por vandalismo y tumulto, acusados injustamente por la destrucción del comité de acción del MPLA y de un coche del Ministerio de Salud, durante la huelga de los taxistas, en Luanda, el 10 de enero. Acciones que fueron hechas por las masas espontáneamente, por indignación contra la política del gobierno.

Un régimen proimperialista y corrupto

El MPLA estuvo al frente de la lucha por la independencia de Angola en la década de 1970, pero resolvió perpetuarse en el poder. Hoy gobierna para defender los intereses del imperialismo y de la nueva burguesía que surgió en el país, por eso está inmerso en altos grados de corrupción.

Esta corrupción alcanza todas las instituciones de manera explícita. Envuelve al actual gobierno de João Lourenço, pero también a los miembros del gobierno anterior, de José Eduardo Santos, así como a su familia, se extiende a la Policía Nacional, la Comisión Nacional Electoral y hasta el Tribunal Constitucional.

Por eso, la represión generalizada es la forma de preservarse que tiene el régimen, sobre todo porque la población está tomando conciencia y los trabajadores están yendo a la lucha. Solamente en este semestre tuvimos huelgas de médicos y enfermeros, protestas de los trabajadores petroleros de la Sinangol y de empleados de los tribunales, huelgas de los profesores universitarios, y muchas protestas de la juventud, e incluso las centrales sindicales, que de una u otra manera están ligadas al gobierno y al MPLA, exigieron aumento del salario mínimo.

Incluso por eso, el MPLA prepara fraudes para las próximas elecciones. Aún más que la Casa Militar de la Presidencia, detenta el control absoluto de todo el proceso y del Consejo Nacional Electoral (CNE), que es su caja de resonancia. El objetivo es engañar al pueblo y a la comunidad internacional sobre que existe democracia en Angola.

Contrataron a INDRA y a SINFIC, dos empresas españolas que cuidan del proceso técnicamente, pero con las órdenes de la Casa Militar. El Tribunal Constitucional, que sería el “Guardián del Estado Democrático y de Derecho” es también un brazo auxiliar de la Casa Militar, por donde pasará el fraude junto con la Casa Civil y el Servicio de Información y Seguridad del Estado (SINSE), que controla la comunicación social.

A pesar de que la ley electoral no permite que los partidos reciban financiación externa, las investigaciones de la Lava Jato en el Brasil demostraron que el MPLA recibió millones para su campaña electoral, que después fueron convertidos en deuda pública.

Apostar en las movilizaciones para derrocar al MPLA

Por eso, es fundamental que la juventud revolucionaria, “Revu”, y los trabajadores crean en sus propias fuerzas y en las acciones independientes de la clase, y que el camino para derrocar al MPLA son las huelgas y movilizaciones que están realizando. No es el camino de la UNITA, que además de no tener un programa que defienda los intereses de la clase trabajadora, su dirección no pretende romper con el régimen, como demuestra la entrada de su presidente Adalberto Costa Junior en el Consejo de la República[3].

Huelgas como la de los médicos, que se inició el 21 de marzo, y actos como los que se realizarán el próximo 9 de abril por la libertad de los presos políticos, son los caminos a seguir. Por eso, desde Brasil y Portugal, las organizaciones de la clase trabajadora tienen la obligación de apoyarlos totalmente.

TODO APOYO A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ANGOLEÑOS

FUERA LA DICTADURA DEL MPLA

MANIFESTACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS

DÍA 9 DE ABRIL. CONCENTRACIÓN: SANTANA. TÉRMINO: 1 DE MAYO.

[1] https://www.voaportugues.com/a/amnistia-internacional-repress%C3%A3o-continua-%C3%B3rg%C3%A3os-privados-nacionalizados-e-governo-incapaz-de-responder-%C3%A0-crise-da-seca-no-sul/6505807.html

[2] https://www.dw.com/pt-002/caso-cafunfo-em-angola-zecamutchima-condenado-a-quatro-anos-de-pris%C3%A3o/a-60917888

[3] https://novojornal.co.ao/politica/interior/presidente-da-unita-diz-que-o-seu-regresso-ao-conselho-da-republica-e-um-direito-constitucional-e-nao-era-necessario-estar-associado-a-notacao-do-congresso-107475.html?utm_term=Novo+Jornal+-+Newsletter+Bom+Dia%2C+Sim&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email

Traducción: Natalia Estrada.