Las noticias sobre la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil, ocuparon los grandes medios de comunicación internacionales durante las últimas semanas. Imágenes dolorosas de cuerpos en las calles, relatos de personas acampando frente a hospitales esperando noticias sobre sus familiares fallecidos, filas de familiares con ataúdes de cartón, o simplemente, cuerpos enrollados en plástico negro marcaron la tónica de un mes trágico en lo que hoy es, probablemente, el peor escenario en América Latina relacionado a la crisis profundizada por el COVID-19.
Por MAS-Ecuador
En este momento, los datos oficiales apuntan a cerca de 7 400 casos confirmados de pacientes infectados son en la ciudad de Guayaquil y miles de muertos en sus casas. La realidad es que, si contabilizamos el número de fallecidos en esos últimos 40 días, las cifras son impresionantes: entre 15 de marzo y 15 de abril de este año fallecieron 7 700 personas, en comparación a una media histórica de 2000 muertos. Eso es resultado del colapso del sistema de salud, ocasionado por la ocupación de la capacidad máxima de todos los hospitales.
En una entrevista para un medio internacional, la alcaldesa de la ciudad, Cinthya Viteri, respondió a la pregunta por las causas específicas del porqué de la situación de Guayaquil con las siguientes palabras, “la responsabilidad es de todos” y “no había qué hacer, nos agarró de sorpresa”, incluso llegó a comparar la arremetida de la pandemia con los bombardeos atómicos de Hiroshima. La verdad es que los graves acontecimientos que están ocurriendo en este momento en la capital económica del Ecuador tienen una explicación. La crisis, que solo aparece como un problema sanitario, es causada por la bancarrota de un modelo económico y político muy claro: la aplicación del neoliberalismo desde hace más de 20 años de manos del mayor partido de la burguesía ecuatoriana, el Partido Social Cristiano (PSC), junto con un gobierno nacional que durante los tres años de su administración se dedicó de manera constante a desmontar el sistema de salud pública con la reducción del 37% del presupuesto, 12 mil despedidos entre salubristas, médicos, además del cierre de los convenios de asistencia sanitaria, en particular con Cuba. Somos marxistas y sabemos que no es casualidad que Guayaquil se volviera el epicentro del coronavirus en América Latina.
Guayaquil – la capital de la desigualdad en el Pacífico Sur
Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y alberga a uno de los principales puertos latino-americanos en el océano pacífico. Además, es la puerta de entrada y salida del 90% del comercio nacional y representa una gran concentración urbana, con cerca de 2 500 000 habitantes (3 000 000 contando la región metropolitana). Históricamente, es una ciudad con una economía basada en el comercio, y es también donde se ubica la mayor parte de la industria manufacturera del país. Entre 1990 y el 2005, la población prácticamente dobló su tamaño, recibiendo un gran contingente de trabajadores, principalmente de otras provincias como Manabí y Esmeraldas. La crisis de los años 2000 intensificó este proceso de migración interna y una gran cantidad de personas se trasladaron a Guayaquil en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida.
Los trabajadores migrantes se sumaron a la masa de obreros que ya vivían en las faldas de la ciudad, ocupando áreas periféricas de manglares y pantanos. El escenario actual es muy semejante al existente en varias otras ciudades latinoamericanas: el 14% de la población económicamente activa recibe menos de 80 dólares por mes, y 2.9% se encuentra en una situación denominada pobreza extrema, donde los ingresos mensuales no llegan a los 45 dólares por mes.
Esto se suma al hecho que 45% de los empleos son informales, principalmente en el sector de servicios, de ventas ambulantes, trabajos de carácter extremamente precario. Este hecho se junta a otro elemento importante para comprender la situación actual: el sistema de salud público en Ecuador es muy precario, limitado a puestos de salud en barrios. Fuera de esto, el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) cubre únicamente a los contribuyentes del sistema de pensiones. En la provincia de Guayas, el número de afiliados al IESS es menor a un tercio de la población total, dejando a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras a merced de la salud privada.
Desde 1992, la ciudad de Guayaquil, así como toda la provincia de Guayas, es gobernada por el Partido Social Cristiano (PSC), un grupo político conservador y de derecha, cuya mayor figura pública, León Febres Cordero, ocupó la presidencia del país en los años 80s. Su gobierno fue marcado por una política económica extremadamente neoliberal y de fuerte persecución a los movimientos sociales, al estilo de las peores dictaduras latinoamericanas.
En la ciudad, los políticos del PSC se han turnado aplicando las mismas medidas, gobernando para los ricos, empresarios y banqueros, abandonando a su propia suerte a los millones de trabajadores que viven en la periferia. La política neoliberal se ha concretizado en la privatización de todos los servicios esenciales (agua, luz, telecomunicaciones), espacios públicos, salud y educación. En estas últimas décadas la serie de obras públicas denominada “Regeneración Urbana” ha favorecido a los grandes empresarios de la construcción civil, que han reformado los barrios de clase alta y se ha privatizado los espacios públicos como plazas y parques. Los barrios de la periferia, donde vive la mayoría de trabajadores, continúan sin ningún tipo de contribución por parte de las autoridades, faltan sistemas de distribución de agua, alcantarillado, atención médica, planeamiento urbano, entre otras privaciones. La situación sólo empeora cuando el promedio de habitantes por casa es alrededor de 5 personas y 44% de las casas poseen a penas 1 persona con trabajo.
Esta lógica neoliberal capitalista, de poca participación estatal para solventar las necesidades de la población está demostrando su lado más cruel en medio de la pandemia. La desigualdad que se viene agudizando en la ciudad, dejó mucho más vulnerables a la clase trabajadora y los sectores populares. Y cuando las personas comenzaron a morir en sus casas, el gobierno dijo que la recolección de los cuerpos no era problema de ellos y que debían ser las empresas privadas funerarias quienes deberían retirar los cuerpos. Estas, a su vez, se negaron por no poder cumplir con los protocolos de protección. Por esto, el gobierno nacional delegó al ejército la tarea de recoger los cuerpos.
El problema sanitario también es político
Guayaquil tuvo la ventaja de haber identificado al primer paciente portador del coronavirus que llegó a la ciudad el 14 de febrero. La primera medida anunciada por el gobierno local se dio sólo el 4 de marzo, cuando la alcaldía anunció la instalación de aparatos de desinfección en los edificios públicos y aeropuertos. La demora de 20 días en dar una respuesta a la posibilidad de contagio masivo es la causa más inmediata de la tragedia que hoy vive Guayaquil. El día 11 de marzo, la alcaldesa de la ciudad, Cinthya Viteri, se lavó las manos y anunció que todos los problemas relacionados al coronavirus eran de competencia del gobierno central. A partir de ese momento todas las medidas fueron de orden pasivo, es decir, no hubo ninguna otra acción del poder público en el sentido de contener el virus.
El gobierno de Lenin Moreno respondió de la misma forma cómo reaccionó en el levantamiento de octubre, es decir con violencia y represión. Instaló el toque de queda y sin ofrecer a la población más pobre y a los trabajadores ninguna alternativa les obligó a quedarse en casa. En la primera semana de cuarentena, el número de presos por incumplir el toque de queda fue superior al número de contagiados. Estos presos en gran parte eran hombres y mujeres cuya única alternativa para llevar comida a sus mesas era salir a buscar recursos en las calles.
Igual de criminal fue el manejo, por parte de las autoridades, de los cuerpos de los miles de víctimas de la crisis, hasta el uso de fosas comunes fue considerado por los gobernantes, en un claro irrespeto a las más básicas normas internacionales de los Derechos Humanos. Hay centenas de relatos de parientes de personas que fallecieron, cuyos cuerpos se perdieron en hospitales y cementerios. En Guayaquil, tener una tumba digna se volvió un lujo de pocos.
La confluencia de décadas de gobiernos locales neoliberales y la falta de planeamiento urbano, junto con las políticas nacionales que han generado el aumento de la desigualdad social, y han dado escasos recursos a la salud pública llevó a la explosión y paralización de los sectores de salud y servicios funerales.
Nosotros, desde el MAS exigimos que se garanticen las condiciones para la cuarentena de todos y todas. No con un miserable bono de 60 dólares, sino con un salario mínimo de $ 400. Se deben prohibir los despidos en sector público y privado durante la pandemia y garantizar el pago de los salarios, incluso exigiendo la apertura del secreto comercial de las empresas para garantizarlo. También se deben congelar los precios de la canasta básica. Para enfrentar la crisis habitacional y garantizar la cuarentena, deben expropiarse los hoteles y casas desocupadas para garantizar la vivienda y cuarentena de quien no tenga hogar o condiciones para hacerlo. Es urgente un sistema de salud nacional, público y universal, no basta abrir al público general el IESS en tiempos de crisis, siendo un sistema apto para atender 30% de la población. Y para lograr atender las necesidades se debe no posponer, sino parar el pago de la deuda externa totalmente y priorizar la vida de las personas antes del lucro. Igual, repudiamos la Ley Humanitaria, propuesta por Lenin Moreno, que aumenta los impuestos de sectores vulnerables de la población, dejando de lado las ganancias de los capitalistas nacionales.
La responsabilidad, contrario a lo que afirman los representantes de la burguesía guayaquileña, no es de todos, sino de sus gobiernos. Y los trabajadores, una vez más, a pesar de los desacuerdos de los políticos burgueses, resisten día a día con el objetivo de luchar por sus vidas. Este sentimiento de indignación debe transformarse en fuerza motriz para el verdadero cambio que permitirá vencer la crisis y construir una sociedad socialista e igualitaria.
