La elección de Pedro Castillo como presidente de la república, y la polarización política en la que se encuentra el país, son los más recientes episodios de la crisis en la que se encuentra el régimen “democrático” nacido en 2001.

Por Víctor Montes

¿A qué se debe que dicho régimen, que supuestamente iba a ser la negación de la corrupción y autoritarismo de la dictadura fujimorista, haya albergado a gobiernos tan corruptos como la dictadura, igual de “vende-patrias”, represores y, sobre todo, incapaces de dar solución a los anhelos y necesidades del pueblo trabajador y pobre?

El “retorno a la democracia”

El régimen democrático en el que vivimos nació de la caída de la dictadura fujimorista a manos de la movilización popular.

A diferencia de lo que nos venden los medios de comunicación, y los manuales de historia y cívica en los colegios, el régimen fujimorista fue colocado al borde del derribamiento por la llamada “Marcha de los cuatro suyos”, lo que obligó a la patronal a quitarle el respaldo a la dictadura.

La patronal y el imperialismo, que habían convivido y lucrado durante una década gracias a la dictadura, buscaron la forma de  salvaguardar sus propios intereses. Por eso, los partidos burgueses que impulsaron la transición a la democracia, en lugar de ir hasta el final y echar abajo la Constitución de 1993, pactaron una “transición ordenada”, ofreciendo en el “retorno a la democracia” una promesa de “institucionalidad” limpia y capaz de atender los problemas en los que vivía el país.

A ese pacto se avinieron, además de los partidos “democráticos”, las dirigencias de las Centrales Sindicales, como la de la CGTP, por medio de su integración al llamado “Acuerdo Nacional”, que pretendió erigirse como institución encargada de resguardar esa “apuesta” por la democracia.

Una democracia a la medida de los patrones

Sin embargo, rápidamente la realidad mostró las limitaciones de esa “democracia”.

Heredera de la dictadura fujimorista, hija de su constitución, el régimen democrático se negó a tocar las bases del modelo económico neoliberal. Con esto, aseguró el dominio de las grandes transnacionales mineras y petroleras sobre la economía del país.

En ese marco, entregó vastos territorios al saqueo descarnado de dichas empresas, y batallones de desempleados para que la patronal explote a placer a través de diversos medios de precarización laboral.

Esto, sin importar confesiones políticas ni ideológicas de quienes han postulado y ganado las elecciones.

Al final, la realidad demostró que en “democracia” las que terminan poniendo la ruta de los gobiernos, siempre son las grandes empresas. Y es que bajo el dominio del imperialismo, el Estado peruano, y su falsa democracia, no podían ser otra cosa que un régimen al servicio de las empresas y la clase social propietaria, los capitalistas. Por tanto solo podía y puede defender sus intereses.

Represión en defensa de sus ganancias

Por eso, una y otra vez, el régimen democrático ha reprimido a sangre y fuego a los sectores y pueblos del país que salieron a luchar para exigir que sus demandas sean atendidas o que se detengan los abusos de las grandes mineras y petroleras, entre otras empresas que han amasado miles de millones de dólares en ese mismo periodo de tiempo.

Desde 2002 (año del “arequipazo”), y sin importar si los gobernantes se definieron como “de derecha” o “de izquierda” -o como decía Humala, “de abajo”-, 162 personas han sido asesinadas por las balas policiales o de las FF.AA. en acciones de lucha y protesta social. Alrededor de 2.500 personas fueron heridas, de las cuales 600 recibieron disparos de proyectiles de armas de fuego y varias han quedado con secuelas físicas de por vida.

Lejos del “diálogo” y la “concertación” que dicen tener como bandera, las instituciones de la democracia han sabido hablar en el lenguaje de las balas.

Corrupción por todas partes

Como alguna vez Alan García le confesó a Jaime Bayly, cuando se es presidente, “la plata llega sola”. Alan García se suicidó para no tener que demostrar que lo dicho era falso ante un tribunal. Pero desde el estallido de Lava Jato, y las implicancias en la política peruana, quedó en absoluta evidencia para el país entero, que en la “democracia”, es el dinero y no los votos, el que manda.

Que es el mismo grupo de grandes empresas -muchas de ellas trasnacionales- el que compra a los gobiernos, sea financiando campañas, o pagando directamente cuantiosas sumas de dinero a los gobernantes de turno.

Y si una constructora como Odebrecht pudo pagar 23 millones de dólares a Toledo por una carretera… ¿Cuánto podría pagar una gran empresa minera por llevarse el oro, la plata y el cobre -o el litio- que tenemos en el país?

Como resultado de esto, resulta que todos los ex-presidentes tras la caída de la dictadura tienen investigaciones y/o procesos abiertos por casos de corrupción. Al mismo tiempo, en la actualidad, 19 de los 24 gobernadores regionales del país vienen siendo investigados por lo mismo. Y la procuraduría afirma que en promedio, desde el retorno a la “democracia” el 90% de alcaldes y alcaldesas del país son investigados por corrupción.

La apertura de la crisis

Pero con Lava Jato -y luego con el destape de la mafia de los “Cuellos blancos”- la corrupción se convirtió en un factor dinamizador de la crisis política y del régimen democrático en el país.

La necesidad de los partidos políticos, involucrados todos en escándalos de corrupción, desató un “sálvese quien pueda”, en el que fueron incapaces de medir las consecuencias de sus actos.

Rápidamente se profundizó el descrédito de las instituciones de la “democracia”: desde la presidencia de la república, al parlamento, para no hablar del permanentemente repudiado poder judicial. Todas las instituciones fueron reconocidas como altamente corruptas. De ahí que la consigna “Que se vayan todos”, comenzase a escucharse en las calles.

En ese marco, y procurando su propia sobrevivencia sobre los demás partidos, fue que Vizcarra cerró el Congreso hacia finales de 2019, y el Congreso lo vacó hacia noviembre de 2020, desatando un levantamiento juvenil y popular que terminó derribando al gobierno entrante, presidido por Manuel Merino, al cabo de cuatro días.

La crisis no se cierra

La caída de Merino profundizó algunos elementos de la crisis de esa democracia corrupta y patronal. Sobre todo debilitó su capacidad represiva.

La inmediata explosión de la huelga de los jornaleros y jornaleras de la agroindustria, que echó abajo la abusiva Ley de promoción agraria, demostró que se había debilitado la capacidad represiva del Estado, y que era posible pasar a la ofensiva.

Sin embargo el gobierno de Sagasti, con el concurso de los partidos del régimen, y de los partidos tras las direcciones sindicales en el país, encauzaron dicho momento hacia el proceso electoral, con la expectativa de sacar a los trabajadores y al pueblo pobre de las calles. Y si bien lograron su cometido, el resultado electoral mostró que la crisis no se había cerrado.

Con el sorpresivo pase de Pedro Castillo a la segunda vuelta, inició el más reciente episodio de dicha crisis. Con el resultado de las elecciones, quedó establecido que ninguno de los partidos del “retorno a la democracia” es capaz de canalizar las expectativas de la población pobre del país. Que persiste la profunda fractura entre los intereses del interior, más aún de las zonas rurales, con el epicentro de la “bonanza” neoliberal: Lima.

Pero también que las agrupaciones más reaccionarias de la política burguesa -el fujimorismo- se dividieron tras los duros golpes recibidos por parte del movimiento de masas entre 2019 – 2020. Hoy, esas mismas organizaciones se han convertido en incubadoras de proyectos políticos más reaccionarios y autoritarios, algunos, incluso fascistoides, con participación de ex-oficiales de las fuerzas armadas que actúan de manera autoritaria y violenta.

Luchar por una alternativa a la democracia corrupta y capitalista

Y es que esa democracia acordada ha fracasado debido a que nunca pretendió ser una democracia, como la entiende el pueblo trabajador, donde las mayorías populares puedan determinar el rumbo del país y las medidas necesarias para atender sus necesidades y demandas.

Por el contrario, fue prevista como una democracia al servicio de los patrones y del dominio de las grandes transnacionales sobre nuestra economía, contra nuestra población trabajadora y del ambiente.

Por eso la única alternativa que la clase obrera y el pueblo pobre tiene a mano, para hacer frente a esa democracia corrupta y patronal, es su propio poder, su gobierno, nacido de la lucha y la movilización. Tal como puso en evidencia la poderosa huelga de los jornaleros y jornaleras de la agroindustria. Fue su lucha consecuente, su capacidad de organización, y movilización, la que impuso la caída de la Ley de promoción agraria.

Va a ser de la lucha que nazcan las organizaciones capaces de expresar, organizar y llevar a la práctica nuestras determinaciones como trabajadores y trabajadoras: prohibición de despidos y ceses colectivos, estabilidad laboral, recuperación, vía expropiación, de los recursos naturales, incremento de los presupuestos para la educación, la salud, y la lucha contra la violencia machista, asamblea constituyente y un largo etcétera.

Organizaciones que ya hemos construido a lo largo de la historia (asambleas populares, frentes de defensa…), en donde lo que rija sea la democracia obrera, y no la mal llamada democracia de los patrones y el dinero.

Los trabajadores y trabajadoras, junto al pueblo pobre, necesitamos levantar esta alternativa ante la podredumbre del régimen que hoy nos gobierna.