El Sr. Aznar podrá afirmar rotundamente que “España es una nación, no es plurinacional” seguido de un exabrupto -¿querrá unirla de nuevo a cañonazos como su admirado Franco?-, pero la realidad es que no solo es “plurinacional”, sino que confirma lo que Perri Anderson dijera de la “España” de los Austrias, que es “una suma destartalada de reinos” solo unidos por “el rey y la fuerza”.

Por Roberto Laxe

La centralización y concentración de capitales alrededor de los grandes oligopolios, la reducción de la tarta del mercado estatal y mundial consecuencia de la crisis que el capitalismo arrastra desde el 2007/8 y la promesa de la UE de “regar” el Estado Español con 140 mil millones de euros para la “reconstrucción” de la economía, ha desatado un “todos contra todos” en esa “suma destartalada”.

Asistimos a una guerra a varias bandas frente a los intentos del capital español de recentralizar el estado, ya sea por la vía neofranquista de negar lo evidente como Aznar, ya sea por la vía de la “descentralización administrativa” de “cambiarlo todo para no cambiar nada” que intenta el gobierno de progreso.

Por un lado las burguesías nacionales vascas y catalanas peleando por un “encaje” que no los deje en la cuneta; por otro, las pequeñas burguesías surgidas estos 40 años alrededor de los presupuestos de las CCAA, con la más enraizada socialmente que es la gallega a la cabeza (“española y galaica” dice Feijoo), que están levantando un “frente” de la “España” vaciada (Asturias, las Castillas, Extremadura, … incluso Andalucía), y un tercer frente, el País Valenciano retomando el viejo proyecto de ZP de combatir el “madrileñocentralismo” con una descentralización administrativa.

El objetivo de todos, situarse en la parrilla de salida para ser los que se lleven la mejor parte de esa lluvia de millones que van a ser los euros de la UE.

La “madrileñofobia” como defensa del capital español

Para contrarrestar este “todos contra todos” y situarse como caballo ganador en esa carrera, el capital español, que es mayoritariamente aquel que tiene su sede en Madrid, y como bolsa de negocios el Palco del Bernabéu (hace años un economista le llamó el “capital castizo”), agita la “madrileñofobia”.

En un movimiento muy típico del nacionalismo español, se confunde a la población madrileña con el capital español “residente en Madrid”, y de esta manera gana base social para enfrentar los procesos centrífugos generados por la crisis y la pandemia. Así, la población trabajadora madrileña que sufre como todos los recortes y privatizaciones; la turistificación de las ciudades y la precariedad laboral, se siente “unida” al capital español “residente en Madrid” ante la “madrileñofobia” de todos los demás.

De la misma manera que los norteamericanos tras los atentados del 11S se preguntaron horrorizados, ¿por qué todos nos odian?, amplios sectores de la población trabajadora madrileña inducidos por los medios llamados “generalistas” y que no son más que medios madrileños, se preguntan, ¿por qué nos odian en todo el estado? ¿Por qué existe “madrileñofobia?.

Como toda gran mentira, la “madrileñofobia”, solo es creíble si tiene un elemento de verdad; y esa es la macrocefalia administrativa y mediática madrileña.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, los empleados del sector público estatal ubicados en la capital suman 150.000 trabajadores que, con sus familias, representan unas 400.000 personas. Son más funcionarios y empleados públicos estatales que autónomos hay en 47 provincias. De los funcionarios que trabajan en Madrid, 37.446 lo hacen en servicios centrales de los ministerios cuando materias como sanidad, educación y servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. La concentración de unidades de contratación (ministerios y demás organismos estatales) en la capital lleva a que el 60% de los contratos recaigan en empresas de Madrid, porcentaje que alcanza el 64,4% si se considera el importe de los contratos. Y, así, Madrid está 36 puntos por encima de la media en PIB per cápita.

A esto hay que añadirle otra “macrocefalia” administrativa, el que el 80% de las sedes administrativas y sociales de las empresas españolas están en Madrid, mientras sus centros productivos se reparten por todo el territorio español; solo en Galiza son casi 5000 las empresas con sus sedes en la capital mientras tienen aquí centros productivos.

Esta es la base material para la afirmación de Ayuso de que “Madrid es España”, porque desde un punto de vista capitalista y burgués es cierto; Madrid es la sede administrativa del capitalismo español. Pero como todo en el capitalismo la afirmación está del revés, la apariencia no es la esencia. Es la sede administrativa, no productiva, del capitalismo español… por lo que se le atribuye contablemente un PIB superior a su papel real en la economía (el 19% del español). La realidad es que es un espejismo basado en esa macrocefalia administrativa.

Contra esta apariencia es que los llamados por los medios madrileños “provincias” o “periferia” se está rebelando, desde el “proceso” catalán hasta el Teruel Existe. Todos ellos son parte del mismo fenómeno, la crisis del centralismo, de esa ideología de que “Madrid es España” y la ruptura de esa “periferia” con la legitimidad del régimen que en 1978 intentó resolver la “suma destartalada de reinos” con el “café para todos”.

“Café para todos”

En la Transición, cuando las superestructuras políticas del franquismo se resquebrajaron, resurgió lo que la dictadura había negado a cañonazos y represión, el carácter plurinacional del Estado Español. Las naciones históricas, Galiza, Euskadi y Catalunya retomaron el camino de la lucha por su soberanía que la guerra civil había truncado -recordemos que tanto Catalunya como Galiza habían declarado en 1931 la republica catalana y gallega, respectivamente-; a ellas se unió Andalucía con sus reivindicaciones específicas, y tras ellas territorios que aun no siendo naciones en un sentido marxista (la existencia de un amplio movimiento social por la autodeterminación), tienen una fuerte identidad cultural y económica (Asturias, Aragón, …).

Ante esta amenaza centrifuga que podía dar al traste con la “unidad del mercado español” como base de operaciones de su burguesía los “padres de la constitución” se inventaron el “estado de las autonomías”. Aunque no pudieron impedir que hubiera dos caminos diferenciados entre las naciones -ahora llamadas “nacionalidades históricas” para rebajar su peso ante la “nación” española- y el resto, si pudieron unificar conceptualmente todas ellas bajo el rótulo de “comunidades autónomas”.

Con un mecanismo muy orwelliano, el lenguaje modificaba la realidad, ya no era la nación gallega, vasca o catalana, era una “comunidad autónoma” que solo se diferencia de las demás en que tienen más competencias administrativas y de gestión.

Fue el “café para todos” que intentó disolver las reivindicaciones de las naciones históricas, que tras el golpe del 23 F se convirtió en Ley Orgánica a través de la LOAPA y cuyo nombre ya lo dice todo: Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Y aunque fue recurrida y modificada por el recurso presentado por vascos y catalanes, fue una victoria de los militares del 23F, pues esta “armonización” era el proyecto del gobierno de Calvo Sotelo para cerrar el proceso autonómico que desarrollará el PSOE de Felipe González.

A lo largo de estos 40 años, y mientras había dinero de Europa para repartir, los “fondos para el desarrollo” que financiarían a las pequeñas burguesías surgidas alrededor de las CCAA además de callarle la boca a los burgueses vascos, catalanes y gallegos, el “café para todos” funcionó como un reloj. Tan es así que PNV y CiU junto a la reintegración de la burguesía gallega en el proyecto del PP, absorbiendo al nacionalismo burgués de Coalición Galega (los conocidos como “de la boina”) en los 90, fueron el apoyo fundamental del bipartidismo que rigió el Régimen estos años.

La crisis detonada en el 2007 / 8 ha desnudado de nuevo el carácter “destartalado” de “España”; la más que evidente aplicación del “que parte y reparte se lleva la mejor parte” por parte del capital español “residente en Madrid” con la asignación de contratos de infraestructuras, la flagrante subvención y rescate por parte del estado a la gran banca española, una política cultural y lingüística que atenta sistemáticamente contra los derechos de los pueblos de las naciones y regiones bilingües, etc., ha puesto en la picota el llamado “estado de las autonomías”. El “proceso catalán” y los acontecimientos de septiembre / octubre de 2017 son la punta del iceberg de una crisis que amenaza con desparramarlo todo.

Las tres alternativas burguesas

Frente a la amenaza del estallido de todo el andamiaje de las CCAA, y como se dice al comienzo, para mejor ubicarse en la negociación con el estado de los millones de euros europeos, han surgido tres alternativas desde el punto de vista de las diferentes fracciones del capital manifestado en las burguesías nacionalistas.

La de la burguesía vasca y catalana tras la derrota del 1-O es más que obvia, negociar desde la posición de un nacionalismo responsable con visión de estado y con el viejo método de Jordi Pujol, “calentar el ambiente” pero no quemarlo. Para ellos el 1-O debe ser un mal recuerdo.

La de la burguesía gallega, “española y galaica” en palabras de Feijoo, es la de convertirse en el adalid de los agraviados, de la “España vaciada”, cargando las tintas no en el capital español y el estado, sino en las concesiones que estos le hacen a vascos y catalanes. Atizan la envidia del débil frente al poderoso, y solo piden las migajas del estado para seguir alimentando con subvenciones a sus amigos, los empresarios que viven de los presupuestos de las CCAA.

Por ello no exigen inversiones productivas ni planes industriales, sino solo dinero para paliar las consecuencias del envejecimiento de la sociedad, generado por la estructura centralista del estado y del aumento de las desigualdades sociales, que obliga a la juventud a la emigración.

La tercera vía es la propuesta por el País Valencià, la descentralización administrativa como dijo su presidente Ximo Puig, “¿Por qué Turespaña no puede estar en Palma, la sede central del Instituto Español de Oceanografía junto a la playa en Vigo o el Centro Nacional de Danza en Sevilla? ¿Por qué Puertos del Estado no puede estar en Valencia?”.

Es obvio que no deja de tener algo de razón, puesto que Palma es la capital turística, y respecto a Puertos u Oceanografía, es obvio que Madrid no tiene puerto y es uno de los puntos más alejados de la península de cualquier mar y océano. Pero es una vía ya fracasada cuando una reaccionaria huelga de los funcionarios que se negaban a ir a Catalunya, y la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulara el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona acordada por el gobierno de ZP.

Está claro que la solución no es ni de más “subvenciones” para después gastarlo en paseos marítimos, como sueña la burguesía gallega, ni en descentralizar administrativamente el estado, ni tampoco el “calentar, pero no quemar” vasco/catalán, porque el capital español, “residente en Madrid”, es tan débil, depende tanto del control de los Presupuestos Generales del Estado que no puede admitir ni tan siquiera medidas abocadas al fracaso como las del Ximo Puig, y para ellos hasta Feijoo es un peligroso “nacionalista” (Vox dixit).

Para una burguesía tan débil y dependiente del control del estado, cualquier movimiento descentralizador es un ataque a sus intereses más sagrados, de ahí su virulencia en la defensa de “España” como la “unidad de destino en lo universal” que definiera el dictador Franco. Ni tan siquiera pueden admitir lo que están haciendo otras burguesías imperialistas, aunque sea hipócritamente, el reconocimiento de que la conquista de América fue eso, la conquista de una tierra que no era suya.

Contra los “ayusos”, “vox”, “casados” y seguidores de Aznar que son los portavoces reales de los límites del régimen que custodian, no valen argumentos; ni los van a escuchar ni los van a entender, solo cabe la lucha social y derrotarlos por la via de la movilización.

No se puede enfrentar un elefante, por muy decrépito que este, con un tirachinas, y las diferentes alternativas que se enfrentan a la crisis de legitimidad de la estructura territorial del régimen del 78 son eso, meros tirachinas frente a una situación que amenaza con estallarles en las narices.

Como vimos, la profundización de esta crisis viene determinada por la situación económica, social y política que vive la sociedad capitalista a nivel internacional; el estado español no es una excepción, sino que en él esa crisis tiene, como en todos los estados, unas particularidades que le son propias y la unidad “nacional” del mercado español alrededor del régimen del 78 es la “madre de todas sus crisis”.

Frente a los intentos del gobierno del PSOE UP, de reordenar los diferentes territorios del Estado Español reviviendo el “café para todos” de la Transición, la defensa del derecho a decidir de los pueblos es uno de los principales arietes para evitar que, de nuevo con una “descentralización” administrativa, sus derechos nacionales sean relegados al olvido.

En la imagen de cabecera: Cisneros, Pérez Llorca, Peces-Barba, Herrero y Roca, en presencia de Solé Tura y Fraga (sentados, de espaldas), en una reunión de la Comisión Constitucional