El pasado 10 de enero los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, se reunieron en la capital mexicana en el marco de la X Cumbre de líderes de América del Norte. Centroamérica no estuvo ausente en dicha cumbre, tanto por las referencias explícitas que el presidente mexicano hizo sobre el istmo.
De lo mencionado en la cumbre, la acción que más relevancia tiene para Centroamérica en el tema migratorio es la confirmación de las medidas de gobierno de Biden (USA) para el control de los flujos que tienen como destino final ya sea USA o Canadá.
Estas medidas consisten en crear una vía legal para que hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan recibir visas y permisos de trabajo temporales por mes, mediante una solicitud en línea que deberán hacer desde sus países de origen, aparte de que el ingreso al país tendrá que ser por avión y no por vía terrestre en la frontera norte de México con USA. Por otro lado, quienes no cumplan con estos requisitos, serán deportados al país mexicano.
El presidente mexicano, totalmente servil, dio su apoyo a tales medidas, celebró que el gobierno estadounidense haya decidido “ordenar el flujo migratorio” y aseguró que colaborará con la recepción de las personas migrantes que sean rechazadas de Estados Unidos. El mandatario estadounidense, por su parte, aclaró que ese programa migratorio ya había sido implementado para la migración venezolana y que había demostrado ser exitoso “para brindar procesos seguros, humanos y ordenados” para quienes buscan asilo.
Lo cierto es que este programa, a pesar de los elogios que recibe por parte de los mandatarios que se reunieron en la Cumbre, más bien generará mayores dificultades para implementar ese tipo de gestión necesaria, así como empeorará las condiciones de tránsito y espera en nuestros países para los flujos migratorios. A todas luces es un abordaje totalmente negativo para las clases trabajadoras de la región porque el interés del imperialismo es mantener a toda costa el saqueo y la explotación.
En primer lugar, con esta medida, el gobierno estadounidense rechazará más migrantes de los que recibirá, dado que, como el mismo Biden reconocía, durante el año, eran más de 1000 personas por día quienes llegaban a la frontera mexicano-estadounidense. Además, una buena parte de esos flujos migratorios no son de los países especificados en el programa, sino que provienen o de otros países latinoamericanos (como Ecuador, entre otros) o de lugares tan distantes como África y Asia ¿Qué pasará con esas decenas de miles de personas migrantes?
Probablemente, muchas de esas personas queden forzosamente estancadas en algunos de los países que anteceden a la frontera estadounidense en el trayecto de estos flujos migratorios (como el mismo México u otros países centro y/o sudamericanos). De esta manera, el gobierno estadounidense utiliza a Centroamérica (por lo menos) como su “patio trasero” para retener a cientos de miles de migrantes cuyo deseo es llegar al país estadounidense, y les deja en una situación de gran vulnerabilidad a la suerte de las acciones de gobiernos que no toman el tema de los flujos migratorios como una emergencia humanitaria sino como un problema al que es mejor ignorar o criminalizar (como es el caso de Costa Rica con Rodrigo Chaves como presidente).
Estas medidas benefician solamente a los gobiernos de USA y Canadá, mientras que traslada el problema a los países latinoamericanos sin proveer el apoyo económico necesario para que, desde nuestros territorios, podamos garantizar una atención dignificadora a las personas migrantes en su camino hacia el norte del continente, dejando entrar nada más la cantidad de personas requeridas por las empresas estadounidenses que explotan a fuerza laboral extranjera en las labores más difíciles y peores pagadas en USA.
Desde el resto de Centroamérica y América Latina, debemos exigir que la vida digna de estas personas migrantes sean prioridad por encima de los intereses del gran capital nacional o extranjero y luchar para que los distintos gobiernos destinen fondos para financiar programas de atención humanitaria y/o de inserción a las personas migrantes o solicitantes de refugio. Para ello, debemos exigir el cese del pago de la deuda pública ilegítima, más impuestos para el gran capital y la nacionalización de sectores claves para los flujos migratorios (como el transporte y el hospedaje).
