En los últimos años los signos de decadencia y degeneración del sistema capitalista se han vuelto cada vez más agudos. La pandemia, que se llevó la vida de millones, pero también el desempleo y la miseria, la violencia urbana, los feminicidios y la espuma del odio racial.

Por: Geraldo Batata, de Contagem – Minas Gerais ,Brasil

Al mismo tiempo que la técnica permite al hombre alcanzar las estrellas y dar saltos en la conquista del espacio, aquí abajo los crímenes de la minería recuerdan con profunda crueldad que, para la mayoría de la población, impera la ley de la barbarie.

Así, vemos los crímenes atroces de la Vale en Brumadinho (MG) y años antes en Mariana (MG). Este 25 de enero se cumplieron tres años del mayor crimen socioambiental y laboral de la historia del país: la ruptura de la represa I en la mina Córrego do Feijão, propiedad de la Vale.

Una montaña de 86 metros de altura y una cresta de 720 metros de largo. Los desechos producidos ocuparon un área de 249.500 metros cuadrados y un volumen de 11,7 millones de metros cúbicos. El “tsunami de desechos” mató a 272 personas, la mayoría trabajadores de la Vale. Cuerpos, lodo, galpones, casas, autos, animales, árboles se mezclaron, triturados, hasta llegar al río Paraopebas, donde fueron depositados en cientos de kilómetros de su lecho.

La Vale sabía de la posibilidad de una ruptura

En febrero de 2017, el consorcio TuvSuv-Potamos subcontrató a la empresa Amplo Engenharia e Gestão de Projetos para la elaboración conjunta del Informe de Gestión de Riesgos Geotécnicos (GRG) de la represa. El informe, presentado en noviembre del mismo año, contenía resultados preocupantes sobre su estabilidad.

Además, la Vale fue alertada por trabajadores que desde hacía décadas conocían la situación de la represa. En testimonio al CPI en la Asamblea Legislativa de Minas (Alemg), el empleado de la Vale, Fernando Coelho (su padre murió en el derrumbe de la represa), el 12 de junio de 2018, confirmó que había advertido más enfáticamente a los ingenieros de la minera. “Saquen a la gente de Córrego do Feijão, saquen a toda la gente de abajo, porque esto de aquí puede reventar ahora o de aquí a una semana ”, dijo.

Todos los informes elaborados por las empresas contratadas alertaban  sobre el peligro e incluso estipulaban el número de personas muertas en caso de ruptura. Los indicios eran claros. Pero los ejecutivos de la Vale prefirieron dejar a los trabajadores en la estela de la lama.

Terror permanente sobre las comunidades

En los meses posteriores a la ruptura, las empresas contratadas por la Vale se negaron a dar informes de estabilidad para diversas represas en todo el Estado. Las sirenas sonaron y miles de familias fueron sacadas de sus casas, fincas, comercios, ya que se encontraban en la ruta de la “lama invisible”. El terror se ha apoderado de las comunidades y ha convertido la vida de millones de personas en un verdadero infierno. Al punto que una verdadera epidemia de enfermedades mentales (depresión y suicidios) afecta a los pueblos mineros.

El terror de la Vale también tenía un objetivo claro: aprovechar el pánico de las familias para expropiar miles de terrenos, negociando directamente con los propietarios, sin asesoramiento alguno, pagando indemnizaciones muy por debajo del valor de las propiedades. Precisamente en áreas de interés de la empresa minera para expandir sus actividades.

También en 2019, los diputados estaduales aprobaron una ley que concedía un plazo de tres años para descaracterizar 54 represas aguas arriba (las mismas que se rompieron en Mariana y Brumadinho) en el Estado. De estas, solo siete fueron descaracterizadas y 17 ni siquiera cuentan con un plan para ello, según la Agencia Nacional de Minería (ANM). Tres de esas represas, en Ouro Preto, Nova Lima y Barão de Cocais, se encuentran en nivel de alerta máximo, con posibilidad de ruptura en cualquier momento. Los plazos vencen este mes y todo indica que el gobierno de Minas Gerais simplemente los prorrogará, sin ningún castigo para la minera.

El terror de la Vale y de la minería es permanente. Con las lluvias torrenciales de este verano, el lodo depositado en los lechos de los ríos Doce y Paraopebas fue arrojado a las riberas, destruyendo nuevamente casas, huertas, cultivos, contaminando a personas y animales.

Encubriendo crímenes: el acuerdo de la Vale con Zema es una maniobra

Romeu Zema durante el discurso para la FIEMG. FOTO: Adnilton Farias/VPR.

Los accionistas de Vale saben muy bien que la indignación y la presión popular van en aumento. Las comunidades se han venido organizando en asociaciones y buscando unificar las luchas con los distintos colectivos, por indemnización y reparación. Esta presión se refleja en miles de acciones judiciales que incluso llegan a tribunales internacionales. En 2019 comienza el llamado segundo boom minero, en el que los precios del mineral de hierro se dispararon en el mercado internacional, lo que aumenta las ganancias de las empresas mineras.

El acuerdo de la Vale con el gobierno de Minas es una maniobra de la empresa para limpiar su imagen, comprando el servilismo del gobernador Zema (Novo) y de los representantes de todas las esferas del Estado. Además, se construyó a puertas cerradas y en ausencia de los familiares de las víctimas. El acuerdo prevé un desembolso total de R$ 37,5 mil millones en inversiones y obras, y descuenta los valores ya pagados por la empresa en la recuperación de las áreas afectadas y parte de las indemnizaciones. Esto ha generado indignación, dado que la Vale vuelve a privilegiar sus propios intereses y da la espalda a la población. Con los destrozos causados ​​por las lluvias, ahora se puede ver que el acuerdo fue para encubrir los crímenes de la empresa. No es casualidad que ningún ejecutivo de la Vale, o de TuvSuv, esté en prisión. Peor, el Superior Tribunal de Justicia suspendió el proceso que se tramitaba en la justicia estadual y lo remitió al ámbito federal. La impunidad es total para estos asesinos de traje y corbata.

Recolonización del país: un modelo colonial-predatorio y destructivo

Muchos se preguntan cómo llegamos a la situación actual de degradación, genocidio, decadencia. La existencia de un gobierno como el de Bolsonaro es la cara brutal de un modelo colonial-predatorio y destructivo. Es el verdadero rostro del capitalismo nacional y su sumisión al imperialismo. Dentro de este modelo, lo importante es la producción de minerales, materias primas y monocultivos para exportación. En el otro extremo, la desindustrialización, con el cierre de fábricas. Mientras, el desarrollo tecnológico avanza con la industria 4.0, desarrollada por grandes conglomerados, donde Brasil es un mero consumidor de esas tecnologías. El país no tiene ninguna participación en este proceso. Lo que prima es la expansión de las grandes fincas del agronegocio y los huecos en las montañas. Este modelo exige la degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de capas de la pequeña burguesía urbana y rural. Exige el quite de derechos y la flexibilización de la legislación laboral y ambiental, creando un escenario perfecto para la superexplotación de los trabajadores y de las riquezas del suelo y del subsuelo.

Iniciado en la década de 1990, este modelo cobró fuerza en los gobiernos de Lula y Dilma, en los que la minería y el agronegocio recibieron financiación de los bancos estatales de desarrollo e incentivos fiscales para expandir la producción y satisfacer la creciente demanda de China. La Vale fue uno de los principales beneficiarios en todo ese período. Y cada vez que destruyó nuestros ríos y mató trabajadores, sus acciones batieron récords en las bolsas de valores, en la misma proporción que sus crímenes. Las ganancias de la Vale suman miles de millones en los últimos años. Si bien la ganancia bruta fue de R$ 416 mil millones (2012 a 2020), en el mismo período la empresa aumentó R$ 297 mil millones en capital*.

El nuevo boom de la minería intensifica aún más la descabellada búsqueda por excavar la tierra y acelerar la degradación y la rapiña. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), la demanda internacional ha impulsado nuevos proyectos mineros. En 2021 este organismo concedió 825 licencias. En 2020 habían sido 594. Los números vienen creciendo desde 2017. También según la ANM, el sector acumuló ingresos de R$ 209 mil millones en 2020. En 2021, los ingresos ascendieron a R$ 339 mil millones.

Es evidente que la expansión de la minería genera muchas expectativas entre la población de las regiones mineras, en cuanto a la generación de empleos, el desarrollo del comercio, los impuestos. Sin embargo, no es esto lo que ocurre. La empresa gasta menos de 4% de sus ingresos en salarios y cargos. El gasto por impuestos, cuando lo paga, es insignificante en comparación con sus ganancias. Pero la tasa de plusvalía da saltos: en 2016 fue de 543,84% y en 2020 fue de 1.801,51%. Números estos que demuestran que el sacrificio de la vida de centenas de trabajadores y habitantes de Minas vale mucho la pena por estos parásitos.

Para frenar la marcha del abismo y la decadencia, es necesario utilizar la única fuerza conocida capaz de enfrentar los intereses port detrás de este proceso: la movilización colectiva de la clase trabajadora junto con la lucha de los afectados, buscando de manera unificada las necesarias reparaciones pero también la búsqueda de mejores condiciones de vida. La construcción de esta lucha debe abarcar un programa construido a partir de las necesidades de todos los sectores afectados directa o indirectamente por la minería. Una parte fundamental de ese programa es la renacionalización de la Vale, y de toda la minería, bajo el control de los trabajadores y las comunidades. El control de la minería por parte de los trabajadores y las comunidades pondrá la producción de las riquezas al servicio de los intereses de la mayoría de la población, respetando el medio ambiente y recuperando las áreas devastadas, utilizando las nuevas tecnologías para jornadas de trabajo menores, generando empleos.

Pero esto es solo una parte de las tareas que la clase trabajadora en el país tiene por delante. Es necesario cambiar profundamente las relaciones de producción en el país. Acabar con la barbarie capitalista exige una revolución social que modifique justamente la relación de explotación del trabajador y de la tierra. Solo así terminaremos con el terror capitalista, la destrucción ambiental y los asesinatos promovidos por la Vale y las empresas mineras.

* Los datos presentados fueron tomados de los archivos del Instituto Latinoamericano de Estudios Socioeconómicos (Ilaese).
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 3/2/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.