Dom Feb 25, 2024
25 febrero, 2024

¿Qué hay detrás de los anuncios electorales del PSOE, en materia de vivienda?

“España es el cuarto país de la UE en el que más personas tienen que hacer un sobreesfuerzo para pagar el alquiler. Un millón y medio de hogares destinan más del 40% de sus salarios para el alquiler. Dos millones de familias quisieran comprarse una casa y no pueden. La vivienda es hoy un derecho inalcanzable para muchos de nuestros jóvenes. Es un fracaso. La vivienda es hoy un problema, no un derecho”, Somos el tercer país de la UE con más pisos vacíos. Menos del 3% del parque de vivienda es público, un nivel ínfimo, frente a la media de la UE, que es del 9%.” 

Por Laura Requena – Corriente Roja

Estas palabras, pronunciadas en plena precampaña electoral, no son de ningún candidato  que se postule para gobernar por primera vez si logra llegar a Moncloa. Son de Sánchez, cuyo gobierno de coalición PSOE-UP, autodenominado como el más progresista de la historia, tenía en estos tres años el compromiso de aprobar la primera ley del derecho a la vivienda, de la democracia. 

Un gobierno, cuyas medidas en plena pandemia y durante el estado de alarma, sólo sirvieron para demorar algunos desahucios, de los miles que han seguido produciéndose durante su mandato. Un gobierno, cuya política de vivienda en estos tres años ha consistido en dejar esta en manos de las los fondos buitre, las constructoras, inmobiliarias y las financieras. Exactamente igual que hicieron los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, en años anteriores. (en 2021-2022, con su «escudo social» hubo 79.628 desahucios. Ahora hay 56.000 procedimientos de desahucio abiertos)

La Sareb o banco malo y la campaña electoral del PSOE.    

Es así como el vacío que contiene la nueva ley de vivienda recientemente aprobada (que es objeto de análisis en otro artículo), en relación a la vivienda social, se intenta complementar con las promesas del PSOE en plena precampaña electoral a las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Como si nos encontrásemos en medio de una subasta, en la que viviendas se intercambian por votos, Sánchez anunció primero la movilización de 50.000 viviendas para alquiler social de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las pujas fueron subiendo de tono, a medida que se endurecía la contienda con el PP. Todo ello, ocultando que sólo para llegar al 9,3% de vivienda pública que es el promedio europeo, haría falta disponer de 1.400.000 inmuebles más. Sin que nadie sepa exactamente cuáles son todas esas viviendas anunciadas ni dónde están. Y por supuesto, sin dar explicar alguna de planificación, memoria económica o fiscalización necesaria en relación a las viviendas anunciadas.

Para entender el alcance de lo que se está prometiendo, es importante recordar primero, que la Sareb fue creada en 2012 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la misión de sacar los activos tóxicos de los balances bancarios y contener las pérdidas de estos valores inmobiliarios. Se constituyó con un 45 % de capital público emitido a través del FROB (Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria) y un 55 % de capital privado de bancos y grandes aseguradoras (fundamentalmente Santander, Caixabank, Sabadell y Kutxabank) Esto, con el objetivo de sanear los bancos y con el camino despejado, rescatar a la banca con sucesivos paquetes de dinero público que a diciembre de 2018, sumaban ya 122.754 millones de euros de los que no han devuelto aún 45.344 millones  de dinero público procedentes del FROB. 

Como señala Pablo Carmona Pascual: “gracias a la Sareb y a los traspasos masivos de activos bancarios, se creó un mercado de transacciones inmobiliarias a bajo coste, que los fondos  y muchos particulares con recursos, tomaron como oportunidad de inversión. En pocos años, los fondos oportunistas compraron buena parte de estos activos, haciéndose con la propiedad de muchos inmuebles y préstamos heredados del ciclo anterior”.¹

Es decir, en vez de ceder a las distintas administraciones, las viviendas, promociones y suelos de la Sareb, que YA fueron en su día rescatadas con dinero público, para crear con ellas vivienda social y atender la grave crisis habitacional que se vive en todo el territorio estatal, los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, así como el actual gobierno, alentaron a que gran parte de estas viviendas fuesen vendidas a precios de saldo a los fondos buitre de inversión y permitieron a la Sareb, desarrollar prácticas abusivas y especulativas.

Una vez pasada la crisis, la banca, que ya había sido rescatada, abrió una nueva etapa en la que endureció las condiciones para el acceso a una hipoteca. Esto y las dificultades económicas de muchas familias tras la crisis para comprar una vivienda, ha supuesto como sabemos,  la subida vertiginosa del alquiler en estos últimos años, en un mercado en el que parte de la oferta, son esas mismas viviendas nuevas o usadas rescatadas con dinero público, de nuevo en manos privadas y listas para seguir generándoles beneficios.

En verano del 2022, el Gobierno de coalición se hizo con la mayoría de las acciones de la Sareb, con el fin de descargar a los bancos de toda responsabilidad sobre los 35.000 millones de deuda de la entidad. De este modo, como explica el autor citado: “la nacionalización o socialización de pérdidas de la crisis, se había completado”. 

Volviendo entonces ahora al anuncio del PSOE, de estas  50.000 viviendas de la SAREB,  hay un primer lote de 21.000 unidades que lejos de cederse, la intención es que sean compradas con los fondos propios de comunidades y ayuntamientos, con base a sus presupuestos, que normalmente son muy limitados en materia de vivienda social. Este plan A existía antes del anuncio y no es vivienda exclusiva para CCAA y ayuntamientos sino que es abierta. Sólo implica que si un organismo público muestra interés, tendrá prioridad en la adquisición. Aunque no se descarta la cesión temporal, el ministerio de Economía ya ha dejado claro que la prioridad será la compraventa. 

El gobierno también admitió que de esas 21.000 viviendas, 12.000 aún están en proceso de “readecuación”. Para colmo, el parque público de la Sareb no está entre las ciudades con mayores problemas de alquiler de la vivienda. Según los cálculos de InfoLibre, solo el 5,5% está en las 10 ciudades con más tensiones en los precios. Las viviendas de las que hablan además, son las más difíciles de colocar, porque las que tienen mejor salida, se las reservan para venderlas directamente al mercado. 

Pero lo importante es entender, que lo que hay detrás del anuncio es el intento de que las administraciones compren unos pisos ¡que en su día ya fueron pagados con dinero público! Y que es además un mecanismo por el que se quiere conseguir que la Sareb consiga ir amortizando su enorme deuda. 

Después hay otras 15.000 viviendas públicas que se conocen como Proyecto Viena de la Sareb Actualmente, este proyecto está en fase de estudio con la consultora PwC. Para 5.000 de ellas, todavía el suelo de la SAREB ni siquiera está calificado para construir. Consiste en un acuerdo público-privado en el que el ‘banco malo’ cederá (¡esta vez sí!) parcelas a empresas, seguramente grandes promotoras y fondos de inversión internacionales, para que estas construyan pisos en «alquiler asequible» (sin que se sepa bien qué quiere decir eso). Es decir, cuando estén construidas, los inquilinos pagaran una renta por debajo de mercado. Se trata de un nuevo traspase de dinero público a la empresas privadas, para que hagan viviendas a las que sacarán rentabilidad aunque sea en menor cuantía. Además de que será difícil que se ejecuten en un plazo inferior a tres o cuatro años, mucha de esta vivienda social se liberará después de unos años, para entrar al mercado especulativo, como ya ha ocurrido otras veces.

Por otro lado, el Ejecutivo se compromete a “impulsar el alquiler social con otras 14.000 viviendas ya habitadas del parque de la Sareb”. Estas viviendas están actualmente «okupadas». La SAREB ha cifrado en 10.000 las que corresponden a familias vulnerables y a las otras las echarán, para intentar vender las viviendas y hacer caja. Actualmente esta labor está ya en marcha y por tanto tampoco es ninguna novedad. La gestión está externalizada a Servihabitat, la compañía de gestión de ladrillo tóxico del fondo estadounidense Lone Star y CaixaBank. 

Este “servicer²”, detecta pisos que estén ocupados ilegalmente y analiza la situación de los residentes para ver si están en situación de vulnerabilidad o comenzar los trámites para ejecutar el desahucio. Si la familia o individuo logra paralizar el lanzamiento, se negocia un alquiler social, que no podrá superar el 30% de los ingresos que perciban. Actualmente, únicamente unas 2.000 familias han logrado un alquiler social.

Además de estas viviendas, Sánchez anunció que van a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas, destinadas a alquiler social a precios asequibles. Hablamos de viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación, que serán financiadas gracias a una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 4.000 millones de los fondos europeos. 

Según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la intención es conceder financiación en «condiciones bastante favorables y a largo plazo», a promotores o fondos de inversión en planes de colaboración público-privada, en los que la administración cede a una empresa un suelo para desarrollar pisos en alquiler. O sea, volver a regar esta vez con fondos europeos a promotoras, para que hagan viviendas en alquiler.

Por último y por si fuera poco, recientemente Sánchez ha prometido otras 20.000 nuevas viviendas de «alquiler asequible,» en suelos del ministerio de Defensa. Para ello, el Ministerio de transportes deberá pagar a precio de mercado el suelo al Ministerio de Defensa, con dinero público. Lo que para Margarita Robles, ministra de Defensa, “es un magnífico acuerdo para todos, porque el Sepes tendrá terrenos para vivienda pública y va a pagar un dinero que se invertirá en necesidades de la defensa nacional”. ¡Una verdadera tomadura de pelo!. De estas nuevas viviendas, al menos 12.000 pisos ya estaban previstos de antemano en el barrio de Campamento en Madrid, donde el 60% serán pisos protegidos y el 40% libres. 

En resumen, tenemos una oferta total hasta la fecha de 113.000 viviendas sociales, de las que una parte son humo, otra son un ofrecimiento a los fondos buitres, constructoras y bancos para que construyan vivienda, y otras ya estaban desde hace un tiempo.

Entonces, ¿Derecho social o fuente de especulación y riqueza?

Tenemos que preguntarnos entonces, cuáles son las verdaderas intenciones tanto de la nueva Ley de vivienda, como de las medidas anunciadas por Sánchez, que como hemos visto, están desde hace un tiempo en marcha. De hecho, forman parte del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, que contempla un programa para la construcción o rehabilitación de viviendas para alquiler, a precio asequible. 

Aunque intenten dar respuesta a la presión social en las calles de estos años y partan del hecho objetivo de que para un sector cada vez más amplio de la sociedad, sobre todo entre la juventud, el acceso a la vivienda se ha convertido en una misión imposible, su verdadero objetivo no es atender las necesidades sociales, sino legitimar la puesta en marcha de un nuevo ciclo de expansión del sector inmobiliario y de las constructoras. Todo ello, con la misma lógica de colaboración público-privada en la que cada vez más, se van insertando Servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia. Una lógica ahora “alimentada” con los fondos europeos de recuperación   en la que la financiación y los avales son públicos, al tiempo que la gestión y por supuesto los beneficios, siguen siendo privados.

No se trata por tanto de blindar el acceso universal a la vivienda como un derecho social a ser protegido, sino de apuntalar económicamente a los sectores inmobiliarios y de la construcción en esta nueva etapa post pandemia, volviendo a mercantilizar lo que debería ser un servicio 100% público. De este modo y pese a sus discursos electorales, el derecho a la vivienda recogido en el artículo 43 de su “sacrosanta”Constitución seguirá siendo, papel mojado, si no hacemos nada por evitarlo.

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Notas:

¹ Carmona Pascual, P. (2022). La democracia de los propietarios. España: Traficante de sueños.

² Los servicers son las sociedades que nacieron de las antiguas filiales inmobiliarias de la banca y que se dedican a gestionar tanto sus carteras como las hipotecas de los bancos. Actualmente, son controladas por los fondos internacionales.

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