Después de llorar la pérdida de nuestra querida Berta Cáceres, se impone hacer una reflexión sobre por qué pasan estos hechos y a donde conducen. Solo así el movimiento popular podrá acertar en la mejor estrategia de qué hacer para salir adelante.
PST de Honduras
¿POR QUÉ MATARON A BERTA, POR QUÉ MATAN A LOS DIRIGENTES POPULARES?
En los últimos quince años, pero particularmente desde el Golpe de Estado de 2009, en Honduras se ha producido el ascenso de un puñado de capitalistas ligados a los rubros de inversión más dinámicos, como la telecomunicación móvil, la generación de energía renovable (especialmente hidroeléctrica), el sector turismo, la producción de agro combustibles (palma africana y azúcar) y el sector minero. A excepción de la industria de telecomunicaciones, que ha conocido una enorme expansión, el resto de los mencionados rubros prosperaron muy lentamente antes del golpe de Estado de 2009, debido a que el gobierno de Maduro fracaso en su intento de privatizar todo el sector público y en privatizar las fuentes de agua, gracias a la rebelión de las comunidades rurales entre los años 2003-2005. El proceso de reformas neoliberales se ralentizo aún más durante el gobierno de Mel, hasta llegar a detenerse, debido a la presión obrera y campesina.
Pero con el Golpe de Estado de 2009 esa situación cambio. Con base en la fuerza de las armas, los últimos dos gobiernos cachurecos (Pepe Lobo, 2010 -2013, y Juan Orlando Hernández, 2014- ) lograron los más importantes avances en su proyecto de entrega del país a las empresas transnacionales y a sus socios nacionales. Estos gobiernos impusieron un conjunto de leyes y reformas neoliberales con las cuales arrebatan a las comunidades indígenas, negras y campesinas los recursos agua, tierra, plantaciones y minerales para instalar mega proyectos hidroeléctricos, mineros, de plantación de azúcar y palma africana, así como complejos turísticos, bajo la modalidad de “Alianzas Publico Privadas”. De esa forma, fueron aprobadas la nueva Ley General de Aguas (2010), en base a la cual se privatizaron 47 cuencas hidrográficas; la nueva Ley General de Minería (2013); la Ley General de la Industria Eléctrica (2013); la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (2014) y la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública (2014), entre otras. Paralelamente se promociono la venta del país mediante eventos como “Honduras is Open for Bussiness” y el Proyecto de las “Ciudades Modelo”, que llevan al extremo la política de desnacionalizar el territorio hondureño.
Pero a estos planes se les atravesó un vigoroso movimiento de comunidades indígenas, negras y campesinas, que han desarrollado una heroica resistencia popular en los últimos diez años. Los principales protagonistas de estos movimientos son: 1) un nuevo movimiento campesino como el MUCA y MCH en el Bajo Aguan, el MOCSAM en San Manuel, Cortes, y la CNTC y MCP en El Progreso, contra proyectos de siembra de agro-combustibles (palma africana y azúcar); 2) el COPINH en Intibucá, Lempira y La Paz, contra proyectos mineros e hidroeléctricos, como la represa “Agua Zarca”; 3) la OFRANEH en las comunidades garífunas de Colon y Atlántida, contra proyectos hidroeléctricos y mega hoteleros, como el de la Bahía de Tela; 4) el MADJ en el departamento de Atlántida contra proyectos hidroeléctricos y mineros; 5) el MAO y el MASB que moviliza comunidades en los departamento de Olancho y Santa Bárbara contra los depredadores de los bosques y contra las mineras; y, 6) el movimiento comunal en Zacate Grande también contra un proyecto turístico en el departamento de Valle. La mayoría de estos movimientos regionales participan en la “Plataforma de Movimientos Sociales y populares”.
En las ciudades la resistencia popular fue protagonizada por el magisterio y después por el estudiantado universitario y de secundaria por la defensa de la educación pública. La resistencia obrera ha sido menor, pero ha tenido su expresión en la lucha del STENEE y del SITRASANAA, quienes junto a otros sindicatos de base del sector publico han conformado la “Plataforma de Sindicatos del Sector Publico”, opuestos a la privatización de las empresas estatales; y recientemente, ha habido conatos de resistencia en algunas empresas maquiladoras.
El gran capital transnacional, principalmente de nacionalidad china, taiwanesa, canadiense y norteamericana, y el gobierno burgués hondureño han respondido a esta movilización popular con una criminal represión laboral en las ciudades y física en el área rural. Los despidos masivos en el magisterio son una expresión de ello; y en cuanto al campo, solo en el Bajo Aguan, los grupos de paramilitares a sueldo de las transnacionales han segado la vida de 120 dirigentes campesinos desde el año 2007; y entre los años 2002 y 2014 fueron asesinados 111 dirigentes ambientalistas opuestos a la instalación de hidroeléctricas, mega proyectos hoteleros o empresas mineras (Informe “¿Cuantos más?”, Global Witness, 2015). Asimismo hay más de tres mil campesinos e indígenas sometidos a procesos judiciales por defender sus territorios. En algunos casos, como en el Bajo Aguan y las comunidades de Intibucá, el gobierno ha establecido estados de sitio en esas zonas. Es decir, que el capitalismo se expande a sangre y fuego en Honduras.
Los empresarios, con el apoyo del poder judicial, la policía y el ejército, lograron vencer la resistencia en algunas regiones, como ocurrió en la Bahía de Tela (Atlántida), en San Manuel (Cortes) y en El Progreso (Yoro), al costo de varias matanzas y dirigentes procesadas. En las ciudades el gran derrotado fue el magisterio y algunos sindicatos como el SITRAUNAH. Pese a esa represión, los movimientos territoriales, estudiantes y obreros por su parte han tenido éxitos importantes. Por ejemplo, en el departamento de Atlántida, la movilización de las comunidades rurales logro arrancar a varias municipalidades la declaración de Territorios Libres de hidroeléctricas y mineras; en Olancho y Santa Bárbara, el MAO el MASB han logrado la liberación de algunos municipios y zonas declarándolas “libres de mineras”; en Intibucá, el COPINH logro la expulsión de 30 industrias de madera, detuvo 49 proyectos de privatización y luchado contra una ola interminable de concesiones mineras otorgadas por el gobierno, siendo su principal logro sacar las empresas DESA y SINOHYDRO de su primer proyecto en Rio Blanco; el OFRANEH impidió, al menos temporalmente, la instalación de la primera Ciudad Modelo en la zona de Vallecito, Colon; el STENEE logro evitar hasta la fecha la privatización total de la estatal eléctrica; los estudiantes universitarios lograron impedir la expulsión de la mayoría de sus dirigentes; y solo la amenaza de una revuelta obrera en las maquilas detuvo el saqueo de las prestaciones que pretendió hacer JOH en el 2015.
LA BURGUESIA SE ENVALENTONA CON LOS AVANCES AUTORITARIOS DE JOH
En el contexto nacional, JOH se ha consolidado en el poder, mediante la cooptación de la totalidad de instituciones del Estado, la última de las cuales fue la Corte Suprema de Justicia, mediante una alianza con un Partido Liberal títere. En ese sentido, concentra en sus manos un poder que no ha gozado ningún gobernante en el pasado y sigue adelante con la pretensión de reelegirse, violentando la Constitución. Y su plan es perpetuarse en el poder, mediante el mecanismo de la reelección. Este contexto ha inyectado una fuerte dosis de confianza a la burguesía ligada al Partido Nacional para proseguir con sus proyectos económicos y la ha envalentonado para contraatacar al movimiento popular con más virulencia.
Por ese motivo, los empresarios, que ya están desesperados por los retrasos que han tenido sus mega-proyectos y las pérdidas económicas que les provoca la resistencia popular (por ejemplo, DESA ha perdido 30 millones de dólares por su retirada de Rio Blanco; y hay decenas de proyectos mineros que no arrancan por las vedas regionales), comienzan a tomar medidas de fuerza más brutales contra los movimientos populares de resistencia. Una de esas medidas es asesinar no solamente a activistas de base e intermedios, como hasta ahora han hecho, sino también a dirigentes nacionales de alto perfil para infundir terror y desmoralización en sus bases. El asesinato de Berta Cáceres es parte de esa nueva estrategia.
Esto significa que la lucha de clases contra la explotación y saqueo capitalista en el sector rural se volverá más encarnizada a partir de este año, poniendo en riesgo la vida de los y las activistas y dirigentes de todo nivel de los movimientos de resistencia, pero, en el otro lado de la moneda, también que se abrirán nuevas oportunidades de triunfo. Muestra de esta agudización es el hecho de que el asesinato de Berta Cáceres, ha embravecido al Pueblo lenca que ha decidido movilizarse hacia Tegucigalpa los días 17 y 18 de marzo. Pero además de agudizarse, con la figura de Berta el conflicto se extiende a un nivel más amplio; de hecho ha encendido una ola de indignación y campañas de solidaridad a nivel nacional e internacional, ante la cual el gobierno ha reaccionado defensivamente, por segunda ocasión después de las Marchas de las Antorchas. Todo esto abre una oportunidad para que no solo el COPINH sino todo el movimiento popular hondureño lo aproveche para dar un paso adelante en su fortalecimiento organizativo y de lucha.
DESAFIOS DEL MOVIMIENTO POPULAR
Sin embargo, debemos decir con total claridad que el movimiento popular hondureño no podrá aprovechar esta oportunidad que hoy se abre, si continúan las siguientes debilidades sin ser solucionadas:
La primera es el aislamiento de los movimientos territoriales rurales (indígenas, campesinos y ambientalistas) de los movimientos sociales urbanos (obreros, maestros, estudiantes, y movimientos de Indignados-as), debido a la inexistencia de una instancia nacional que los aglutine; una instancia validada por todos los sectores, que sea democrática y donde se generen planes de lucha concretos.
La segunda es la falta de un Planteamiento aglutinador, es decir, de un programa de demandas que recoja las necesidades sectoriales y nacionales del pueblo, pues hoy día cada quien lucha por su propios problemas.
La tercera es la ausencia de un Plan de Lucha, ya que los movimientos son reactivos y en algunos casos, muy improvisados.
La cuarta es la indefensión en que se encuentran las organizaciones populares, ya que por ningún lado puede esperarse que los cuerpos represivos y el sistema judicial, proteja a los liderazgos y activistas y a sus movimientos.
La quinta es la falta de una verdadera oposición en el nivel político que recoja las demandas del movimiento popular.
La sexta es el aislamiento del movimiento popular hondureño de la solidaridad internacional.
PROPUESTAS
Por todo lo anterior, nuestro Partido propone:
- Que en la próxima reunión de Siguatepeque (12 de marzo) se constituya un espacio de unidad para la acción concreta que aglutine a todos los sectores en resistencia y al conjunto de organizaciones indignadas por el asesinato de Berta Cáceres. Proponemos que ese frente lleve el nombre de Berta Cáceres, por ser un símbolo nacional e internacional de lucha. Tal espacio debe ser democrático, representativo y permanente, aglutinador de las fuerzas de la Plataforma de Movimientos Sociales, de la Plataforma de Sindicatos del Sector Público, de la Coalición de Movimientos de Indignados y del FNRP así como de organizaciones de base.
- Que este espacio apruebe una Plataforma de demandas que recoja las exigencias planteadas por todos los sectores populares. Nuestro partido propone que se prioricen las siguientes: Justicia verdadera para Beta Cáceres, mediante la conformación de un equipo de investigación independiente vinculado a organizaciones populares y de derechos humanos. Decretar el Rio Gualcarque como Patrimonio Nacional. Derogación de todas las concesiones a hidroeléctricas y mineras que vulneran nuestros recursos naturales. Anulación de los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial. Cese la represión paramilitar y policial-militar. Control inmediato de los precios de la canasta básica y aumento general de salarios. No a la reelección
- Que en esa sesión se apruebe un Plan de Lucha que comience con la incorporación militante en la movilización indígena que el COPINH ha anunciado para el 17 y 18 de marzo; pero que tenga continuidad en sucesivas acciones a nivel regional y nacional, que culminen en una Jornada Nacional de Protesta.
- Que el movimiento popular unificado organice la seguridad de los movimientos y de sus dirigentes, para enfrentar la represión de las bandas de matones de las empresas y la represión policial y militar del gobierno.
- Que los partidos de la llamada “oposición” (LIBRE, PAC, PINU y un sector del PL) hagan un “paro legislativo”, apoyados por la movilización de sus bases, mediante el cual impidan la aprobación de los proyectos de Ley antipopulares que el cachurequismo y el liberalismo hacen aprobar por órdenes de JOH.
- Que el movimiento popular organizado haga un llamado a la clase trabajadora y a las organizaciones progresistas y revolucionarias de todo el mundo para que emprendan una campaña internacional de apoyo a la resistencia en Honduras que coincida con la movilización indígena a Tegucigalpa.
Está bien indignarse por el crimen que han cometido contra Berta, pero más importante que llorar es organizar la lucha.
Dado en Tegucigalpa, M.D.C. a los doce días del mes de marzo de dos mil dieciséis
Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), sección de la LIT-CI
