El 5 de mayo, el gobierno Joe Biden anunció un cambio de la posición del imperialismo sobre las patentes de las vacunas contra el Covid-19. Esta vez, el gobierno de los Estados Unidos dijo que defenderá en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión de las patentes.
Por Jeferson Choma
“El gobierno cree fuertemente en las protecciones a la propiedad intelectual, pero para acabar con esta pandemia, apoya la renuncia de esas protecciones a las vacunas de Covid-19”, escribió en un comunicado la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai.
En la OMC, la India y África del Sur lideraban un grupo de cerca de sesenta países que, en los últimos seis meses defendían anular las patentes de las vacunas. No obstante, los gobiernos Biden y de la Unión Europea defendían el mantenimiento de las patentes, alegando que suspenderlas podría “trabar la pesquisa científica” y “sofocar las innovaciones”. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llegó a decir que las vacunas solo fueron producidas rápidamente “gracias al capitalismo y la ganancia”. Veremos que eso no pasa de una cruel hipocresía.
El hecho es que el cambio de posición de Estados Unidos hizo que los gobiernos de la UE debatiesen el tema. En este momento, Alemania y Francia están contra la suspensión de las patentes. Se especula que 100 de los 164 Estados de la OMC están a favor de la medida, y en el próximo mes el tema será discutido en la organización, en un panel sobre propiedad intelectual.
El pasado 29 de abril, el Senado brasileño aprobó un proyecto de ley que establece parámetros para la quiebra de patente de las vacunas. El gobierno Bolsonaro ya se preparaba para sepultar el Proyecto de Ley (PL) en la Cámara de los Diputados, pero ahora teme quedar con “la brocha en la mano”, por eso pasó a apoyar las negociaciones en la OMC alrededor de la medida. La nueva posición del Brasil fue divulgada el último 7 de mayo en nota conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Economía y Ciencia, Tecnología e Innovaciones. En octubre del año pasado, Bolsonaro mostró toda su obsecuencia al imperialismo al votar en la OMC contra la quiebra de patentes defendida por la India y África del Sur.
En aquella ocasión, EEUU y la UE dirigieron el bloque de los países contrarios a la medida, apoyados por el Brasil. En enero, el Brasil volvió a posicionarse contra la quiebra de patentes. En aquel momento, la ciudad de Manaus (AM) era devastada por la P1, como quedó conocida la nueva variante brasileña que en pocos días se extendió por el país y provocó el colapso del sistema de salud y más de 4.000 muertes diarias, mientras faltaban insumos hospitalarios, oxígeno… y vacunas. Ahora, con el guiño de Biden, se hace evidente que la posición de Bolsonaro expresaba el más completo servilismo de su gobierno a los intereses de la gran industria farmacéutica.
¿Quién garantiza la innovación?
La patente sobre las vacunas es el derecho de exclusividad que un laboratorio tiene de producir y comercializar el inmunizante. Es una forma de derecho de propiedad privada que garantiza a la gran industria farmacéutica, la Big Pharma, obtener una renta tecnológica sobre una determinada mercadería, en este caso las vacunas, a partir de su monopolio.
Actualmente, la manutención de esas patentes está garantizada por el Acuerdo Trips (Tratado sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio, por la sigla en inglés), de la OMC. Pero, a diferencia de lo que afirman los representantes de Big Pharma, gobiernos y la mayoría de la prensa burguesa, no son las patentes o la “libre iniciativa” privada capitalista que promueve y financia gran parte de las pesquisas e innovaciones tecnológicas que llevaron a la humanidad a producir una vacuna en tiempo récord.
Por el contrario, el desarrollo de los inmunizantes envuelve riesgos enormes al lucro del capital invertido en la esfera de la pesquisa. Al final, nunca se tiene certeza de que toda pesquisa científica, particularmente en el campo del desarrollo de vacunas, produzca resultados efectivos.
Por eso, todas las vacunas disponibles contra el Covid-19 solo fueron desarrolladas porque tuvieron un robusto financiamiento público concedido a los laboratorios privados. Al financiar el desarrollo de las vacunas, el Estado también sirvió como una gran aseguradora que disminuye a prácticamente cero el riesgo de pérdida de ganancias por las empresas.
El año pasado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Operación Warp Speed y orientó casi U$S 10.000 millones para que las farmacéuticas desarrollaran los inmunizantes. Por ejemplo, del total de U$S 545 millones gastados en el desarrollo de la vacuna de la Pfizer y BioNTec, dos tercios de ese valor fue bancado por el Estado. Por su parte, el desarrollo de la vacuna de la Moderna fue prácticamente bancado por el dinero público (más de 95%), mientras el inmunizante de la Johnson & Johnson –planificado para ser administrado en solo una dosis– fue 100% bancado con inversión estatal.
Según la empresa de análisis de datos científicos Airfinity, en total, 61% de la inversión destinada a la producción de vacunas vino de las arcas públicas, contra 24% suministrado por las empresas.
Es importante mencionar que esos laboratorios no se benefician solamente con millones en subsidios gubernamentales; también hacen uso de pesquisas realizadas en laboratorios de universidades y otros centros de estudios creados y mantenidos con recursos públicos. Al fin y al cabo, es la inversión del Estado en el desarrollo de investigaciones y de la ciencia la que garantiza la innovación científica, apropiada por megacorporaciones monopólicas.
El resultado es que la renta tecnológica garantizada por las patentes genera súper ganancias obtenidas por los laboratorios. La Pfizer, por ejemplo, divulgó el 5 de mayo una facturación de U$S 3.500 millones en el primer trimestre, un crecimiento de 42%, en la comparación con el trimestre anterior, y tiene una proyección de lucrar entre U$S 15.000 y U$S 26.000 millones en 2021, solo con la venta de la vacuna contra el Covid-19. Según analistas, la Moderna puede tener un ingreso de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares este año con la vacuna.
Como se ve, la producción y comercialización de vacunas es regida por los grandes monopolios que obtienen lucros desproporcionados por la renta tecnológica. Así, someten a gobiernos a contratos secretos con cláusulas que disminuyen al máximo cualquier riesgo de pérdida de ganancias. Y fue en esa situación que caminamos para un verdadero apartheid sanitario, en el cual 16% de la población mundial (la mayoría de los países imperialistas) detenta 60% de las vacunas que serán producidas en 2021, mientras otro 84% se pelea por el restante 40%.
El derecho a las patentes y otras formas de propiedad intelectual son un obstáculo para aumentar la producción de vacunas y otros productos necesarios para combatir la pandemia. Las reglas de protección intelectual se constituyeron en la principal razón del apartheid de las vacunas, pues impiden que puedan ser producidas en países con inmensa capacidad industrial adecuada pero ociosa, como Canadá, Brasil, México, Argentina, India, Egipto, Corea del Sur, entre otros. Solo el Instituto Serum Institute de la India es capaz de producir 1,5 mil millones de dosis al año, pero la capacidad productiva del país se encuentra subutilizada, mientras más de 4.000 indianos mueren diariamente por Covid-19.
El Brasil, que padece con la falta de inmunizantes y registra ya varios Estados determinando la paralización de vacunación, tiene dos institutos estales (la Fiocruz y el Butantã), además de otros 30 laboratorios que producen vacuna animal que pueden ser reconvertidos para producir vacunas contra el Covid-19. Pero todo eso quedó paralizado debido a las patentes.
El resultado es que la pandemia ya dejó más de 3,2 millones de muertos y 160 millones de contaminados en todo el mundo. Ciertamente, si no hubiese el derecho de patentes, buena parte de esas víctimas no habría sucumbido al virus mientras el monopolio de la industria farmacéutica facturaba súper ganancias sobre esa pila monumental de cadáveres.
Los motivos de Biden no son humanitarios
El cambio de posición del imperialismo estadounidense en relación con las patentes no es resultado de un guiño “humanitario”, en que prevalecen los criterios sanitarios en “defensa de la vida”. El objetivo de Biden es mantener la estabilidad, hacer que los EEUU lideren a los demás países imperialistas y retomen la capacidad de dirigir los destinos de la humanidad, un papel cada vez más cuestionado en los últimos años. Por eso, lo que llevó a la Casa Blanca a cambiar su ruta tiene que ver esencialmente con dos cuestiones: la necesidad de retomar la economía capitalista y la lucha de clases.
La enfermedad viene provocando sucesivas olas de contagio y alcanzando nuevos picos de muerte en la medida en que la propagación del virus escapa del control en países populosos como la India y el Brasil, lo que ha llevado al surgimiento de nuevas variantes potencialmente más peligrosas y que tiene potencial de escapar de las vacunas producidas hasta el momento. En todo el mundo, la política de los gobiernos fue esencialmente la misma, con la reapertura de la economía para asegurar las ganancias de las grandes empresas. Y eso agrava aún más la situación, prepara nuevas olas de contagio, nuevas variantes, y hace que la dolencia se torne endémica en varias regiones del planeta, especialmente en los países periféricos del sistema.
Desde el punto de vista de la economía capitalista, esto tiene consecuencias desastrosas. La pandemia desencadenó una crisis económica mundial que puede ser aún mayor que la Gran Depresión ocurrida en los años 1930, con el desempleo de centenas de millones de personas.
En 2020, la recesión mundial resultó en una caída de 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, mucho mayor que la crisis de 2007-2009, que registró una caída de 1,7%. Y las previsiones para este año son aún mayores. Todo eso rebajó las condiciones de vida de centenas de millones en todo el mundo.
Los planes del gobierno Biden, de mega inyección de dinero público en las empresas, no resuelven por sí solos el problema de la recuperación económica. El problema es que la propia recuperación de la economía en los Estados Unidos depende de una recuperación mundial que se encuentra en recesión. En pocas palabras, la pandemia se tornó un obstáculo a la acumulación capitalista mundial. Por eso, Biden opta por destrabar la producción mundial de vacunas, aunque eso produzca conflictos con los intereses de un sector de los capitalistas, la Big Pharma.
Otro motivo que llevó al imperialismo a rever su posición son las rebeliones sociales ocurridas en algunos países como expresión de la crisis económica y sanitaria. Los casos más recientes involucran a Perú, Paraguay y Colombia, país en el cual el gobierno promovió deliberadamente una masacre para destruir una poderosa ola de huelgas y movilizaciones.
La rebelión en Colombia es particularmente preocupante para los Estados Unidos. El país es el aliado número uno del imperialismo en América del Sur, abriga bases militares estadounidenses, y recibe armas de la Casa Blanca. Además, otros aliados de los EEUU enfrentan serias dificultades con la pandemia, como es el caso de la India. El país es aliado del imperialismo en Asia, contra la creciente expansión de la influencia de China. Una inestabilidad política y social en un país con más de 1.300 millones de personas es todo lo que Biden no desea.
No es exagerado comparar la crisis actual con el mantenimiento de la pandemia, la falta de vacunas y la recesión de la economía, con una catástrofe histórica producida solamente en situaciones de guerra. Y como la propia historia ya demostró, escenarios de profunda decadencia del sistema son el preanuncio de inestabilidad y revoluciones.
Nuevos levantes sociales ciertamente ocurrirán aún en 2021 con la profundización de la crisis, una situación mundial que escapa cada vez más del control del imperialismo. Resta saber si la nueva posición de la Casa Blanca no llegó demasiado tarde.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 17/5/2021.-
Traducción: Natalia Estrada.
