En siete meses de gobierno Boluarte los problemas económicos, sociales y políticos se han agudizado, y al profundo descontento del pueblo aimara se suma ahora el de las poblaciones abandonadas ante los desastres climáticos, el dengue, desempleo y corrupción, todo lo cual llega acompañado de una “repartija” consumada y un cínico autoritarismo del gobierno y el Congreso. Eso explica los conflictos sociales que confluyen en esta nueva coyuntura de luchas con los pueblos del sur, en demanda de justicia, renuncia de Dina, elecciones inmediatas, asamblea constituyente y sanción para los asesinos.
Ni el pueblo aimara, ni las masas trabajadoras, olvidan los sesenta muertos que ocasionó el gobierno de Dina Boluarte para aferrarse al cargo en contra de la voluntad popular. Las mentiras que su gobierno inventó para justificar la sangrienta represión fueron desvirtuadas por numerosas evidencias e investigaciones de medios independientes, y estas fueron verificadas por organismos internacionales como la CIDH y Amnistía Internacional, que también comprobaron fehacientemente que los manifestantes no eran terroristas, como vilmente calumnió el gobierno.
Un asunto no cerrado
En la pasada coyuntura de luchas, Boluarte y el Congreso, en un acto infame sabotearon el adelanto de elecciones generales que ya era un consenso general como una salida a la crisis. Lo hicieron para quedarse hasta el 2026 en abierto desafío al pueblo y profundizando su ilegitimidad.
Si bien las regiones del sur suspendieron su intensa lucha en las calles, su indignación y repudio al gobierno no cesaron y se expresaron en múltiples manifestaciones repudio, desde proclamas y cánticos de “Dina asesina…” hasta expulsión de ministros y congresistas de las regiones; pero, sobre todo, preparándose para retomar la lucha en la llamada “tercera toma de Lima”.
Al quedarse, Boluarte sirvió al objetivo del Congreso que es, ante los ojos de la mayoría nacional, el principal responsable de la aguda crisis política de los últimos años. Tal vez con su acto final de declarar un golpe de Estado por fuera de la Constitución vigente, el expresidente Pedro Castillo se ilegitimó a sí mismo y habilitó con ello la sucesión presidencial; pero, el Congreso ya se había ilegitimado largamente por no reconocer y hostilizar constantemente a un gobierno elegido por el pueblo.
Una “repartija” consumada
Peor aún, desde la caída de Castillo, los grupos más reaccionarios que controlan el Congreso, en asociación incluso con los grupos de la ex bancada de Perú Libre, actuando como verdaderas pandillas delincuenciales copan instituciones claves como las del sistema judicial, con lo que buscan asegurar impunidad para la mayoría de sus líderes mafiosos; y cambiar las leyes para su particular conveniencia, como la ley Sunedu (los mercaderes de la educación privada tienen representantes en casi todas las bancadas) o la ley de colaboración eficaz con la que buscan debilitar los procesos judiciales a la corrupción.
El «cerronismo», que ya hipotecó sus votos, se lanza sobre las menudencias que caen de la mesa de los poderosos, tomando la Defensoría del Pueblo como parte de su subordinación a la reacción (el «defensor del pueblo» fue el primero en recibir a las hordas ultraderechistas de La «Resistencia, o la “pestilencia” en el argot popular); y buscan un lugar en la próxima mesa directiva del Congreso.
Todo esto supera a la frustrada repartija de hace diez años; esta vez se trata de una repartija consumada.
Esta acción de los grupos burgueses más reaccionarios y mafiosos en el gobierno y el Congreso, y los pasos dados en la dirección de un régimen autoritario y dictatorial, ha conmovido hasta a los movimientos democráticos o reformistas que también anuncian su participación en las movilizaciones del 19 de julio.
La precariedad detrás del autoritarismo
Ante el anuncio de las nuevas movilizaciones Boluarte insinuó más muertos y declaró cerrado el asunto de adelanto de elecciones. Sin embargo, ese autoritarismo solo evidencia su extrema debilidad política porque Boluarte gobierna en completa orfandad de apoyo popular.
Su principal respaldo es el Congreso, la institución más rechazada. Además, ese apoyo está condicionado a que Dina le sirva, y hasta el tiempo que le sirva, en ese sentido es un apoyo precario y con fecha de vencimiento; eso le deja una sola misión posible, la de un bonzo, destinado a quemarse más de lo que está; y eso, al mismo tiempo, lo hace muy peligroso.
Los únicos que están cómodos con el gobierno y el Congreso son las grandes empresas y corporaciones, porque por encima de todo ellos defienden la continuidad del modelo neoliberal. Lo que pagan en impuestos es tan poco que se permiten hacer «donaciones» a la policía en instrumentos de represión.
Pero el descontento social en el Perú, no olvidemos, en el fondo es consecuencia precisamente de ese sistema de sobreexplotación y expoliación que es la causa de la distribución extremadamente desigual de la riqueza nacional y la incapacidad absoluta del Estado para atender a las poblaciones afectadas por las emergencia y desastres.
Por todo lo mencionado, el tema de la continuidad del gobierno no es un asunto cerrado. Y la lucha que se va gestando podría tener un carácter decisorio para la caída del gobierno y el Congreso.
