La lucha que se ha abierto tras la caída de Castillo y la asunción al gobierno de Dina Boluarte, ha puesto en la agenda política del país, con más fuerza, la demanda de una Asamblea Constituyente, impulsada por la movilización campesina y popular que fundamentalmente desde el sur del país, sostiene la lucha contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso.
Por Víctor Montes
Esta demanda expresa el anhelo por acabar con la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura de Fujimori, y que sirve de “cerrojo” legal al sometimiento del país a la voracidad de las transnacionales mineras, petroleras y agroindustriales.
Haciendo un paralelo con la consigna que reflejó el estallido social chileno en 2019 (“no son 30 pesos, son 30 años”), la exigencia de una nueva Constitución busca, desde dichos sectores, acabar con esos 30 años de saqueo neoliberal, que se traduce en el despojo de las tierras y territorios de las comunidades campesinas e indígenas para expoliar los recursos naturales (sobre todo los mineros), la súper explotación de la clase trabajadora y la estela de desigualdad y miseria que nos llevó a tener más de 240 mil muertos durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid 19.
Del otro lado, encuentra la absoluta oposición de la patronal y sus partidos políticos, quienes muestran no estar dispuestos a tocar un ápice de la Carta Magna dictada por Fujimori en 1993, y que desapareció de un plumazo el capítulo laboral que contenía la de 1979, abrió el camino a la venta de las tierras comunales en el campo, y le otorga absoluta primacía a la inversión privada.
Por eso la caída de esa Constitución es una demanda legítima, que la clase trabajadora debe levantar junto a sus hermanos y hermanas del campo, para potenciar la movilización y unir sus acciones contra el gobierno y el Congreso, esto es, contra el régimen de la democracia corrupta y patronal que defiende la permanencia de dicha Constitución.
¿Qué debe discutir y votar una Constituyente?
Sin embargo, hay que saber que la Asamblea Constituyente por sí misma no va a resolver ninguno de los problemas del pueblo pobre y trabajador del país. Una Constituyente dominada, por ejemplo, por los mismos partidos del actual régimen político, solo sería garantía de la continuidad y profundización de la entrega del país. Incluso, como sucedió en Chile, bastaría que la Constituyente funcione bajo la lógica de una mayoría colegiada, es decir, que solo apruebe aquellas disposiciones que logren los ⅔ del total de votos, para cerrar la puerta a las demandas más sentidas de la población.
¿Y cuáles son esas medidas? La nacionalización de las minas, pozos petroleros y gasíferos del país para que esos recursos se pongan al servicio de la salud y la educación del pueblo.
La devolución de los territorios despojados a las comunidades nativas y campesinas, actualmente en manos de las transnacionales mineras y la agroindustria.
Tomar medidas para remediar y proteger el ambiente, expoliado brutalmente por la minería, las empresas forestales, las petroleras y las pesqueras. Por ejemplo, para echar a Repsol, responsable del derrame de petróleo en Ventanilla, y con sus activos remediar el ecosistema marino afectado. Otro tanto pasa en la amazonía.
Otorgar plenos derechos laborales a la clase trabajadora, acabar con la informalidad repartiendo el trabajo entre todos los que lo requiera, garantizando un salario y pensiones iguales a la canasta de consumo. A igual trabajo igual salario.
Jubilación universal financiada oportuna y de manera suficiente con impuestos a las grandes fortunas y empresas, etc.
Solo el poder obrero y popular pueden garantizar esas decisiones
Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la experiencia chilena, la Asamblea Constituyente, por sí misma, no es una salida a todos los problemas del país. Incluso, puede convertirse en una trampa para los que luchan.
Esto porque de un lado, como adelantamos, la patronal busca formas de crear cerrojos, que impidan que dicha institución apruebe las demandas obreras y populares (como la votación colegiada de ⅔).
Pero también porque, de concretarse, la patronal apostará a que miles de luchadores y luchadoras depositen su confianza en los votos, arrancándolos del único terreno en el que se pueden conquistar nuestras demandas: la lucha.
Porque es solo a condición de continuar luchando, y construir en ese camino los órganos del gobierno obrero, campesino y popular, podremos garantizar, bajo el poder de la clase trabajadora, que cualquier Constituyente tenga, por fuerza, que aplicar las demandas del pueblo pobre y trabajador.
En ese sentido, siendo correcto y necesario luchar por la Asamblea Constituyente, para unir en ese camino a la clase trabajadora y al pueblo pobre del campo y la ciudad, volvemos a plantear que solo con el poder en manos de nuestras organizaciones de lucha, los obreros, campesinos y estudiantes, el pueblo pobre podrá definir democráticamente los destinos del país.
