El gobierno de Dina Boluarte, el gobierno de los 48 manifestantes asesinados y miles heridos se va quedando, junto con un Congreso que cuenta con el rechazo general de la población; y se quedan por la fuerza de la represión, de la persecución de dirigentes, la calumnia y la mentira descarada de acusar a los que protestan como terroristas; se quedan para impulsar medidas que favorecen descaradamente a la patronal y a las grandes corporaciones en contra del pueblo trabajador; y buscan extender el control de los sistemas judicial y electoral para evadir la justicia y atornillarse en el poder. En fin, La permanencia del gobierno y el Congreso es una amenaza que no puede ser asimilada y así lo entienden las regiones que continúan en lucha, y plantean la necesidad de una lucha unitaria de todo el pueblo.
Por PST – Perú
El actual gobierno es un gobierno que trabaja centralmente para quedarse por la fuerza, y por su impunidad no solo frente a los asesinatos, que están profusamente documentados por entidades nacionales e internacionales, sino también frente a la corrupción en la que está involucrada según diferentes revelaciones. Y para esos fines privilegia los acuerdos a cualquier costo con el Congreso, principalmente el sector ultraderechista que tiene el control.
Quiénes abonan a la permanencia del gobierno
Pero el gobierno se queda no sólo por su propia contumacia. Juegan a su favor el sistema de los partidos, que también se resisten a irse. Ellos fingieron descaradamente, repetidas veces, que buscaban el adelanto de elecciones, y hoy no existe absolutamente ninguna medida para que las elecciones sean antes de 2026. Los congresistas se quedan, y a algunos, incluidas las bancadas de la izquierda reformista, ya ni les importa ser la rabera de las bancadas más reaccionarias que hacen y deshacen con el control que detentan.
La influencia de la camarilla fujimorista y las bancadas más derechistas alcanza también a instituciones claves como el Tribunal Constitucional, el poder judicial y la Fiscalía, y su permanencia también representa una amenaza que es la impunidad frente a la corrupción (no olvidar que Keyko Fujimori es acusada de liderar una organización criminal de lavado de activos), así como más leyes patronales, la derogación de tibias normas como las restricciones a la tercerización laboral, y hasta la búsqueda del control de entidades claves como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE con miras a las siguientes elecciones generales.
Por eso la crisis no ha terminado, ni mucho menos. El descontento nacional continúa, y con más fuerza en los pueblos con más muertes por balas de militares y policías, acá no cesan las acciones de repudio a miembros del gobierno y del Congreso. Y todo indica que no terminará hasta conseguir sanción a los culpables, a los responsables políticos y penales.
Otros puntales del gobierno
Ahí no queda el concierto para la permanencia del gobierno y el Congreso. También participan, por acción u omisión, las instituciones que, junto con las mencionadas, forman parte del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional se reunió el 10 de enero con la finalidad de legitimar al gobierno de Boluarte que ya había causado la muerte de 22 manifestantes, y esa reunión se suspendió por las nuevas muertes de la represión sangrienta en Puno.
A esa reunión del Acuerdo Nacional fueron integrados los gobernadores regionales recién estrenados y ellos pidieron que la reunión fuera pública, para exponer sus denuncias, pero los organizadores impusieron que sea a puerta cerrada. Igual esa reunión resultó insostenible porque el gobierno cínicamente seguía matando manifestantes, aunque los integrantes del Acuerdo aplicaron en los hechos la política de la gobernabilidad.
Todos ellos son cómplices de la actual situación y las amenazas que penden sobre las libertades y los derechos democráticos, las sentidas reivindicaciones obreras y populares, y hasta la supervivencia ante los nuevos embates de los huaicos y el Niño costero.
Lamentablemente, son también integrantes del Acuerdo Nacional los partidos de la izquierda reformista y hasta los dirigentes de las principales centrales sindicales. Ellos son los principales responsables de que la justa lucha de los movimientos regionales no se haya convertido en una lucha nacional, con lo cual la situación actual hubiera sido muy diferente.
La crisis continúa y se agrava con los huaicos
Las manifestaciones del cambio climático en el país son cada vez más graves cada vez; las poblaciones más humildes ven cómo en pocos minutos los huaicos arrasan con calles y barrios enteros destruyendo numerosas viviendas creando una tragedia social. Las inundaciones y huaicos son hechos cada vez más fuertes de una naturaleza que ha cambiado por el calentamiento global, pero los estragos no son naturales, los estragos son la consecuencia de una inacción en medidas de prevención y mitigación que en este país es algo escandaloso.
Las inundaciones y huaicos vuelven a poner en evidencia el verdadero rostro del plan neoliberal y de los sucesivos gobiernos que se subordinan a ese plan renunciando a cualquier tipo de estrategia nacional de prevención y mitigación. Todos los gobiernos siguieron el modelo en piloto automático, dado que una estrategia de tal tipo incluye obras de contención, taludes y forestación, replanteamiento urbano, canalización, etc., implica volcar grandes recursos, que solo pueden provenir mediante impuestos a las transnacionales y grandes empresas, que son las que más facturan con la riqueza nacional, y eso nunca ha estado siquiera en su pensamiento.
Incluso los recursos destinados a la pomposamente llamada “Reconstrucción con Cambios”, supuestamente para recuperar los daños provocados por los huaicos del Niño costero de 2017 y prevenir los efectos de nuevos fenómenos, han sido arrasados por los huaicos de la incapacidad y la corrupción de los gobernantes de turno.
El gobierno de Dina Boluarte no solo no es una excepción, sino que tiene un factor de incapacidad adicional pues su centro es buscar su impunidad y su principal política, la represión al pueblo. Es un gobierno de origen más incapaz de emprender las soluciones urgentes que la población afectada reclama; empezando por la provisión de motobombas para desaguar zonas inundadas y maquinaria para movimiento de tierras para intervenir las erosiones provocadas por los huaicos. Como en el 2017 proliferarán las protestas por el abandono del gobierno, pero el gobierno solo conoce la política de la represión o la ayuda condicionada.
En las condiciones mencionadas, la permanencia del gobierno y el Congreso hasta el 2026 implica más crisis, no menos. A pesar de eso, hay sectores que creen que existe una democracia que puede ser rescatada y alientan una concertación sobre la base de las siguientes condiciones: una política para los damnificados, el impulso de la sanción a los responsables de los asesinatos y la defensa de los derechos democráticos que están bajo ataque; y, lo que es un contrasentido, creen que el actual gobierno, que es la causa del problema, puede formar parte de ese proceso; esa es la inconsecuencia que caracteriza a los defensores de la “democracia” que sucedió a la dictadura fujimorista sin erradicar la constitución impuesta por ese régimen.
