El Partido Demócrata no protegió ni extendió los derechos de las mujeres. Trump planea destruirlos.

Por: Florence Oppen, Worker’s Voice, Estados Unidos

Después de 8 años de gobiernos del Partido Demócrata (PD) encabezados por Obama y de la sorprendente victoria de Donald Trump una cosa es ahora segura en EEUU: la línea burguesa liberal de “políticas de identidad,” encarnada en la retórica de “empoderamiento”, ha fracasado claramente. En las políticas de identidad, la idea era que sería suficiente dar poder a representantes de una forma particular de opresión para disminuir o eliminar la opresión, dejando de lado las múltiples relaciones sociales que constituyen la identidad, la posición de clase social. Sobre todo, dejando de lado el programa que aquellos decían defender, una vez que acceden a posiciones de poder y visibilidad. Esto ha demostrado ser una ilusión fracasada. Que haya más mujeres o políticos negros en los partidos del 1%, o más CEOs, comentaristas de TV o propietarios de pequeñas empresas, no ha eliminado las necesidades de crecientes sectores de la clase trabajadora estadounidense que no son blancos ni machos heterosexuales, ni ha garantizado más derechos democráticos.

La crisis de las políticas liberales de identidad

Es aún difícil para los medios liberales hallar sentido al hecho de que 53% de las mujeres blancas votaron por Trump, dadas sus numerosas acciones y sus comentarios misóginos.[1] En realidad, fueron las mujeres trabajadoras blancas empobrecidas las que votaron por él. El hecho de que 62% de las mujeres blancas sin título universitario, que dependen del salario de su marido y están atadas a la tarea doméstica y reproductiva sin pago, vieran en Trump una salida para expresar sus frustraciones sobre las cada vez menores posibilidades de mantener a sus familias y cumplir el “sueño americano”, merece cuidadosas consideraciones.[2]

La victoria y el éxito de Trump entre las mujeres de la clase trabajadora debe ser ligado al fracaso del Partido Demócrata en avanzar en los derechos básicos de las mujeres, corrigiendo la profunda inequidad económica y la doble tarea de la mujer trabajadora, explotada en sus trabajos pagos y no pagos. La paradoja es que el PD fue derrotado en aparecer como el campeón de los derechos democráticos, y los sectores oprimidos lo identifican con un balance negativo del primer presidente negro (Obama) y la primera candidata presidencial mujer (Hillary Clinton).

Clinton no conectó con las mujeres trabajadoras, que son la mayoría de las mujeres estadounidenses. La principal razón es que ella fue identificada como parte del 1% y el establishment político y, por eso, responsable del actual estado de cosas. Como una ex miembro del directorio de Walmart y una activa participante y sostenedora de las encarcelaciones masivas y los ataques neoliberales sobre los trabajadores, su foja de servicios para las mujeres es muy pobre.

Su campaña estuvo basada en el vago reclamo feminista de la primera oleada de luchas femeninas y sufragistas, combinado con la última expresión de la “política de identidad”: la retórica del “empoderamiento” de las Naciones Unidas y las corporaciones. Ahora, en lugar de mejorar la vida de las mujeres, y en particular de aquellas que son explotadas y oprimidas, el objetivo es poner a las mujeres en posiciones de poder y alta visibilidad, y convencer a las corporaciones que promover a mujeres incrementará sus ganancias.

Son argumentos como: “Las 25 empresas top en el Fortune 500, con los mejores registros de promociones femeninas, han logrado ingresos 69% más altos que sus competidores en su rama”.[3] El trabajo y los objetivos de la multimillonaria compañía sin fines de lucro de la Fundación Clinton –Foundation-CF– (con un valor de 350 millones de dólares en activos, comparada con el magro millón de la Fundación Trump)[4] ilustra esto. La CF se encarga de “asegurar acceso a la educación, capital de financiamiento y participación política para la mujer” como “estrategias para avances de largo plazo de un desarrollo sustentable”. También promueve esfuerzos para cambiar las “normas culturales”, es decir, imponer los “valores cristianos occidentales”.[5] Su objetivo es claro: tener un mejor desempeño capitalista mundial encubierto bajo la retórica de “empoderamiento” y “desarrollo”: “Cuando las mujeres participan de la economía, la pobreza decrece y el Producto Interno Bruto (PIB) crece. Se ha estimado que tanto como 28 billones (o 26%) podría ser agregado al PIB global hasta 2025 si las mujeres jugaran un rol idéntico a los hombres en los mercados formales de trabajo”.[6]

La campaña electoral y sus resultados muestran que, a pesar de que Clinton ganó claramente en el voto popular, no fue suficiente para ser la mujer que ganase la confianza de las mujeres trabajadoras. Muchas de ellas estaban escépticas o resentidas para creer que dejarían de sufrir su miseria por una mujer que nunca había hecho nada por mejorar sus vidas. Ahora, las mujeres trabajadoras y los trabajadores de todos los sexos tendrán que luchar contra los próximos ataques de Trump a sus derechos –mientras no aceptan caer nuevamente bajo la traicionera dirección de los demócratas– si quieren lograr algun triunfo significativo.

Con Obama, las mujeres trabajadoras no vieron mejoras en sus trabajos

Los trabajadores estadounidenses han visto permanecer estancados sus salarios mientras la productividad y las ganancias aumentaban. Según el Instituto de Política Económica: “Desde 1973 hasta 2013, el pago horario de un trabajador típico (producción) creció solo 9%, mientras la productividad se incrementó 74%”.[7] Esto significa que la riqueza producida por los trabajadores estadounidenses ha ido a los bolsillos del 1%, y la desigualdad ha explotado en los últimos 40 años: “En 2007, el último año antes de la Gran Recesión, el ingreso medio de 60% intermedio de las familias americanas fue de 76,443 dólares. Debería haber sido de 94,310 (casi 18.000 dólares o 23% más) si no se hubiera expandido una mayor desigualdad”.[8]

Esta brutal erosión del nivel de vida de los trabajadores estadounidenses y la masiva transferencia de riquezas a las clases dominantes fueron orquestadas tanto por los republicanos como por los demócratas, bajo la fase neoliberal del imperialismo de EEUU. Esta puede ser la mayor base material que comienza a explicar la victoria de Trump, a lo que por supuesto debemos agregar el latente sexismo y racismo en el país, lo que permitió que ganara este reaccionario multimillonario.

Y la situación de estancamiento de los salarios y el empobrecimiento progresivo afectó más a las mujeres trabajadoras que a los hombres. Según el último informe del Comité Económico del Congreso (abril 2016), los ingresos totales de las mujeres son solo 79% de lo que reciben los hombres, una cifra que no se ha movido desde 2007, y muy poco desde 2001 (73%).[9] Esta situación es aún peor para las mujeres afro-americanas (que solo reciben 60%) y las latinas (55%), comparadas con los hombres.[10] Realmente, la grieta salarial de género en EEUU es significativamente peor que el promedio de los integrantes de la OCDR y más alta que en países como Chile, Portugal, Italia, Grecia o Hungría. Se ha calculado recientemente que si los salarios de las mujeres trabajadoras fueran ajustados a los incrementos de la productividad desde 1974 y equiparados con los de los hombres, las mujeres tendrían un aumento de 70% en sus ingresos.[11]

El Congreso informa también que “una que trabaja tiempo completo todo el año recibe 10,800 dólares menos que un hombre, basado en los ingresos anuales medios. Esto suma cerca de medio millón de dólares en una vida laboral”.[12] La realidad muestra entonces que la Ley de Pago Igual de 1963 no ha sido realmente aplicada por ninguna autoridad pública. Una de las razones para ello es que la mayoría de la fuerza de trabajo no consigue el derecho de tener negociaciones colectivas y representación sindical (solo 11,1% de los trabajadores está sindicalizado)[13], lo que deja a las iniciativas individuales y a los recursos judiciales como formas de revertir esta desigualdad. Hasta que esta cuestión estructural no sea destacada y el “pago igual” no sea impulsado a través de las negociaciones colectivas para todos y con control público no se producirá ningún cambio significativo.

El problema, a pesar de las esperanzas que generó, es que los gobiernos de Obama han hecho poco o nada para revertir esta situación. Por el contrario, se rehusó a honrar su mayor promesa al movimiento laboral en 2008: aprobar la Ley de Libre Elección de los Empleados, que hubiera permitido sindicalizarse en todos los lugares de trabajo por simple mayoría, sin tener que soportar las intensas presiones e intimidaciones actuales en las campañas de sindicalización. Él le quitó a las mujeres trabajadoras la mayor posibilidad de reducir la grieta salarial de género y combatir la discriminación y el hostigamiento que vemos en los lugares de trabajo.

Como era esperado, Obama primero creó otra “fuerza de tareas” para tratar el tema de la grieta salarial de género, en 2010 (Fuerza de Tareas Nacional para el Pago Igualitario). Hizo aprobar en 2009 la Ley Lilly Ledbetter, que solo establecía una interpretación más generosa de la ya existente legislación anti-discriminación salarial. La nueva ley establece ahora que el límite de 180 días estipulados para presentar una demanda sobre igualdad salarial se restablece con cada cheque de pago.[14]

Habiendo incumplido con los trabajadores y rehusándose a respaldar los sindicatos, Obama propuso en 2014 la Ley del Cheque de Pago Justo, que es considerada una extensión de la Ley de Pago Igualitario y que habría ensanchado significativamente los mecanismos de una base legal para que las personas iniciaran un reclamo legal por pago igualitario.[15] Pero, al igual que muchas otras pequeñas reformas de Obama y el PD, no fueron capaces de luchar hasta el fin y aprobarla, o usar los poderes ejecutivos del Presidente para promulgarla y la ley nunca fue aprobada.

Finalmente, debemos recordar que EEUU es el único país industrializado que no garantiza ningún tipo de pago universal por maternidad y licencia para las madres trabajadoras ni ninguna licencia universal por enfermedad para los trabajadores. Este tema fue puesto sobre la mesa por la campaña de Sanders y muchos activistas y sindicatos, pero nunca fue parte de la agenda del PD. El nivel de vida de las mujeres trabajadoras no ha tenido ninguna mejoría significativa con los presidentes demócratas. Por el contrario, todos los estudios y estadísticas muestran que más bien han seguido el camino del estancamiento y la pérdida salarial que ha vivido toda la clase trabajadora, incrementando las disparidades de género y raza. El impacto de la crisis económica de 2008 solo ha empeorado estas tendencias generales.

La erosión silenciosa de los derechos al aborto y el próximo ataque de la nueva derecha

Se podía pensar que los gobiernos de Clinton como los de Obama, mientras alegremente se unían al programa neoliberal de ataques y reforma económica, podrían al menos proteger o expandir los derechos democráticos. Sin embargo, desde 2001, los ataques sobre los derechos al aborto, que se exacerbaron con Obama, muestran un cuadro diferente. Lo que continuó actuando en los últimos 15 años es un ataque bipartidista orientado a vaciar el contenido y el acceso material al aborto y a los derechos reproductivos para la mujer.

A pesar de que en 1973 la Suprema Corte, en el caso Roe vs Wade, legalizó el aborto en los EEUU, según el Instituto Guttmacher, hoy:[16]

  • 43 Estados prohibieron el aborto (generalmente exceptuando cuando es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer) después de un punto específico del embarazo, la mayoría de las veces la “viabilidad fetal”;
  • 32 Estados y Washington DC prohibieron el uso de fondos públicos, salvo en aquellos casos en que hay disponibles fondos federales: cuando la vida de la mujer está en peligro o el embarazo es resultado de violación o incesto; 11 Estados restringieron la cobertura del aborto en los planes de seguro privados y, en la mayoría de los casos, limitando la cobertura a los casos en que la vida de la mujer está en peligro si el embarazo llega a término;
  • 45 Estados permiten que los proveedores de planes de salud personales se rehúsen a participar en un aborto;
  • 42 Estados permiten que las instituciones de salud se rehúsen a practicar abortos;
  • 7 Estados mandatan que la mujer debe recibir “consejo” antes de abortar, lo que incluye como mínimo una de las siguientes informaciones: la supuesta relación entre el aborto y el cáncer de mama (5 Estados), la capacidad del feto de sentir dolor (12 Estados) o las consecuencias a largo plazo para la salud mental de la mujer (9 Estados);
  • 27 Estados requieren que la mujer que quiere abortar espere un período específico de tiempo (usualmente 24 horas) entre recibir consejo y realizar el procedimiento.

Sobre todo, el Instituto Guttmacher informa que, desde la decisión de la Suprema Corte, decisión de 1973, los Estados han aprobado 1.074 leyes para limitar el acceso al aborto, y que 334 de esas restricciones se han aprobado desde 2010, es decir, 30% de todas las restricciones promulgadas en todo el período. Podríamos preguntarnos: ¿qué hicieron los gobiernos de Obama y el PD para detener esta masiva y silenciosa erosión de los derechos al aborto? Nada, ni siquiera un debate público o una campaña nacional. Este silencio y esta actitud cómplice revelan la verdadera posición del sector liberal de la clase dominante hacia los derechos y la liberación de los sectores oprimidos.

A pesar de su retórica opuesta, tanto los republicanos como los demócratas han colaborado para hacer del derecho a realizarse un aborto una realidad virtual en ⅔ del país. Debe quedar claro lo que está en juego aquí: primero, una cuestión básica de salud para la mujer; segundo, el derecho de que la mujer decida sobre su cuerpo, ser reconocida como un sujeto político independiente e igual al hombre.

Ahora, con la elección de Trump y el nombramiento de un vicepresidente explícitamente anti-aborto y homofóbico (Mike Pence), los derechos reproductivos irán aún más a la “picadora”. Y la cultura de la aceptación pasiva de la pérdida de derechos incentivada por las elites liberales ha hecho más dura la lucha. Pence amenazó eliminar los derechos al aborto en un ayuntamiento de Michigan, en julio pasado, durante la campaña: “Veremos Roe vs. Wade enviado a las cenizas de la historia, donde pertenece”.[17] Un primer paso en esta dirección es la amenaza de la nueva administración Trump de transformar la Enmienda Hyde de 1977 (que veta el uso de fondos federales para abortos a menos que el embarazo sea el resultado de una violación, incesto o ponga en peligro la vida de la mujeres) en una ley permanente. Hasta ahora es una enmienda anexada cada año a los proyectos de ley del Congreso, y ha sido aprobada cada año.

ObamaCare fue un paso hacia los derechos reproductivos femeninos: debe ser defendido y expandido

Si exceptuamos la escandalosa concesión que Obama hizo a la derecha sobre los derechos al aborto (explícitamente se excluyen los servicios de aborto de los 10 beneficios esenciales ofrecidos en todos los planes de salud para adultos), la Ley de Salud Accesible (ACA u ObamaCare), hecha para beneficiar el complejo industrial farmacéutico y sanitario, fue un paso adelante en términos de proveer a la mujer más acceso a los servicios de salud reproductiva en EEUU. Por ejemplo, “Con ObamaCare, el control de la natalidad para la mujer es gratis en todas sus formas, desde la píldora al DIU. En 2012, 15% de mujeres americanas tuvo anticoncepción gratis; en 2015, 67%”.[18] Las mujeres ahorran ahora una importante cantidad de dinero en anticoncepción y otros servicios reproductivos. Es importante notar que hay 2.6 millones de estadounidenses que no califican para esos servicios gratuitos porque están entre Medicaid y la Ley Obamacare Act.[19] Aunque limitado, esto fue un avance.

El gobierno Trump ya ha anunciado que pretende reducir ACA y la Paternidad Planificada, que es el servicio social que provee servicios de salud reproductivos gratuitos a los pobres y las familias de bajos recursos. Debemos oponernos a cualquier intento de revocar el ACA o recortar Paternidad Planificada. Por el contrario, debemos exigir que el ACA sea transformado en un sistema gratuito y universal, en el que el Estado sea responsable por proveer servicios de salud de calidad y la salud no sea más considerada como una mercadería a ser comprada y vendida en el mercado. La demanda por un sistema general de salud para todos, totalmente financiado, incluyendo los servicios de salud reproductiva y el aborto, debería ser una exigencia a adoptar por el movimiento sindical y las organizaciones populares.

Después del fracaso de la Política de Identidad, necesitamos un contraataque de la clase trabajadora

La tarea urgente luego de la elección de Trump es cómo organizar un contraataque por los derechos de las mujeres (y de los negros, latinos y LGBTs) que tenga posibilidades de ganar. Para esto, necesitamos construir una base de resistencia en nuestros sindicatos, nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas y universidades, y llevar adelante un plan de lucha que impulse un movimiento independiente y democrático y unifique a la clase trabajadora y sus aliados para oponerse a los próximos ataques del gobierno.

Es importante que en el curso de la lucha no reproduzcamos los errores que han provocado los anteriores fracasos. En respuesta a las limitaciones de la política de identidad “desde arriba”, apoyada primero por la ONU, el Banco Mundial, el Partido Demócrata y otras instituciones neoliberales y ONGs, algunos están proponiendo desarrollar en cambio una política de identidad “desde abajo”. Este intento de defender una tendencia “progresiva” en la política de identidad sigue basándose en hacer de la identidad (raza, género, LGBT) la única plataforma política de liberación, y en defender la estrategia de grupos y estrategias atomizados y basados en la identidad, sin perspectiva de clase ni de construir una unidad inclusiva de todos los sectores con un programa independiente.

Seamos claros, cuando hablamos sobre políticas de identidad no nos estamos metiendo con la identidad personal (¿cómo podríamos?, ¡todos la tenemos!), sino con una ideología surgida en los ’80 y que se transformó en hegemónica con el neoliberalismo. Se transformó en una alternativa hegemónica para la “liberación”, en el contexto en el que el imperialismo estadounidense afirmaba que ya ningún movimiento revolucionario de la clase trabajadora podría o debería luchar por el poder para destruir el capitalismo, llevando a los trabajadores al poder y sentando las bases materiales para la liberación.

Esta ideología no es idéntica ni puede usarse para designar las luchas sociales y políticas de los oprimidos, que existieron antes. Sin embargo, todos los movimientos están compuestos por programas e ideas rivales, y a veces parcialmente convergentes. El problema de las políticas de identidad es precisamente la política limitante que lleva al movimiento: su programa reformista y la estrategia individual para la liberación, la que termina encerrada en la afirmación de una identidad individual (ser una mujer, o negro, o gay, etc.) como si tuviese un significado simple y predeterminado, usualmente liberador, asumiendo que la exhibición de la identidad propia es el gesto más revolucionario.

No negamos la importancia de la celebración de las identidades, y el rol clave de las expresiones culturales, pero la política de identidad olvida o encubre una realidad social clave: la identidad no es algo fijo o unívoco sino más bien socialmente determinado por múltiples relaciones de clase, género, raza, sexualidad o nacionalidad, ahora llamadas “intersecciones”, y que el marxismo teoriza como combinadas dialécticamente (clase y género no solo “intersectan” sino más bien modifican cada una de las otras existencias materiales y sus significados).

Desde nuestra perspectiva, ningún movimiento social será capaz de defender los derechos democráticos de los sectores oprimidos ni de impulsar las luchas por la liberación si no está arraigado en un movimiento anticapitalista, independiente y con bases de clase, con un programa que combine la lucha contra la opresión con la lucha contra la explotación.

[1] http://www.popsugar.com/news/What-Percentage-White-Women-Voted-Trump-42690419

[2] http://fortune.com/2016/11/17/donald-trump-women-voters-election/

[3] http://www.inquiriesjournal.com/articles/992/womens-issues-in-the-obama-era-expanding-equality-and-social-opportunity-under-the-obama-administration

[4] https://trust.guidestar.org/notes-on-the-clinton-and-trump-foundations

[5] https://www.clintonfoundation.org/get-involved/take-action/attend-an-event/empowering-women-and-girls

[6] https://www.clintonfoundation.org/our-work/by-topic/girls-and-women

[7] http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/

[8] http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/

[9] http://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/0779dc2f-4a4e-4386-b847-9ae919735acc/gender-pay-inequality—-us-congress-joint-economic-committee.pdf

https://thinkprogress.org/new-census-data-shows-the-gender-wage-gap-hasnt-improved-in-7-years-61758982c0d1#.yjozahw80

http://www.infoplease.com/ipa/A0193820.html

[10] http://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/0779dc2f-4a4e-4386-b847-9ae919735acc/gender-pay-inequality—-us-congress-joint-economic-committee.pdf

[11] http://www.epi.org/publication/closing-the-pay-gap-and-beyond/

[12] http://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/0779dc2f-4a4e-4386-b847-9ae919735acc/gender-pay-inequality—-us-congress-joint-economic-committee.pdf

[13] https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm

[14] En 1998, Lilly Ledbetter, una supervisora de Goodyear Tire and Rubber realizó un reclamo contra la discriminación sexual en el trabajo, después de revelar que su salario era 40% más bajo que el peor pago de los supervisores masculinos de la empresa. Aunque Ledbetter ganó el juicio y recibió 3.5 millones en compensación, la decisión fue anulada en 2007 debido al lenguaje ambiguo sobre lo estatuido por las limitaciones de tiempo para realizar procesos por discriminación sexual.

[15]La ley del Cheque de Pago Justo establece que las comparaciones salariales sean hechas en múltiples establecimientos de un mismo empleador dentro del mismo municipio o jurisdicción política. Actualmente, los empleadores son solo exigidos de comparar salarios de hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo en el mismo establecimiento. Esto significa que una mujer puede recibir menos que un hombre que está haciendo el mismo trabajo pero en otro lado. Además, los empleadores deberían tener prohibido punir a los trabajadores por compartir información salarial con los colegas. Aumentar la transparencia salarial ayudaría a todos los empleados a acceder a la información que necesitan para asegurar que están siendo remunerados justamente”.

http://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/0779dc2f-4a4e-4386-b847-9ae919735acc/gender-pay-inequality—-us-congress-joint-economic-committee.pdf

[16] https://www.guttmacher.org/article/2016/07/laws-affecting-reproductive-health-and-rights-state-trends-midyear-2016

[17] http://qz.com/834521/trump-birth-control-reproductive-rights/

[18] http://obamacarefacts.com/obamacare-birth-control/

[19] http://kff.org/uninsured/issue-brief/the-coverage-gap-uninsured-poor-adults-in-states-that-do-not-expand-medicaid/